• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: JOSE JULIAN HUARTE LAZARO
  • Nº Recurso: 826/2023
  • Fecha: 28/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto al entender que no concurre el alegado error en la valoración de la prueba que permita conducir a un pronunciamiento absolutorio, siendo la existente suficiente para enervar la presunción de inocencia. La circunstancia de que el denunciante no pueda afirmar si los dos acusados actuaron de mutuo acuerdo y la conducta del segundo pudo estar guiada por una intención de ayuda, no tiene en modo alguno la relevancia que la parte apelante pretende, partiendo de dos elementos sustanciales, el primero que como el propio testigo víctima indica se encontraba de espaldas, y el segundo que es el relevante, la secuencia de los hechos que relata el denunciante, y que recoge el juzgado a quo. La conducta llevaba a cabo por el acusado estaba ínsita en la apropiación ilegitima, en la que participó. El testigo expresamente manifestó cómo la intención de las personas que se acercaron a él era de la de robarle, descartando cualquier posible accidente o incidente, lo que claramente se deduce de la dinámica de los hechos. Las circunstancias concurrentes en los hechos en modo alguno permiten considerar que hubo una menor entidad de la violencia cuando se acredita que se abalanzaron sobre la víctima cuando iba circulando en una moto, le agarraron con fuerza con intención de hacerle perder el equilibrio. El grado de ejecución alcanzado fue completo, por lo que no cabe rebaja en dos grados de la pena. La embriaguez fue correctamente apreciada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 6576/2021
  • Fecha: 28/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto por la acusación particular contra el auto de la AP que estimó parcialmente el recurso interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción, que acordó la continuación por los trámites del Procedimiento Abreviado por presunta comisión de un delito de insolvencia punible del art. 257.1.2º CP, decretando el sobreseimiento libre respecto de un investigado y una mercantil -como responsable civil subsidiaria-. De entrada, la lectura del desarrollo argumental de los tres motivos formalizados pone de manifiesto que la impugnación que hace valer la defensa desborda la estrechez que define la naturaleza de este recurso, pues se centra en la discrepancia valorativa respecto de las "pruebas" que, a juicio del recurrente, justificarían un cuerpo indiciario para acusar a Victorio y Bernini Viajes SL. En todo caso, analizada la referencia fáctica de la resolución recurrida, en la que deja sin efecto los hechos proclamados en el auto de transformación dictado por el Juez instructor, impide todo juicio de subsunción que permita soportar ahora la acusación por un delito previsto en el art. 257 del CP, toda vez que se niega la condición de deudor de Victorio y de la entidad Bernini Viajes S.L, y descartada su participación activa en los hechos, se hace inviable cualquier encaje típico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 8178/2022
  • Fecha: 27/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala completa y matiza la doctrina sentada en la STS de 29 de noviembre de 2022 (RC 1314/2022) abordando un examen cabal del art. 46 de la Directiva 2013/32/UE (no solo de su apartado 5 sino ahora también de su apartado 6), a la luz de la STJUE de 17 de diciembre de 2020 (asunto C-808/18) -y no solo de la STJUE (Gran Sala) de 19 de junio de 2018 (asunto C-181/16, caso Gnandi), referida a la Directiva anterior 2005/85/CE, derogada por la Directiva 2013/32/UE-, en el sentido de que se impone al órgano jurisdiccional i) un juicio de ponderación para determinar si estamos ante el supuesto de la regla general -art. 46.5- o ante la excepción -art. 46.6-, exigiendo esta última una interpretación estricta. y ii) la consideración del fumus boni iuris a fin de garantizar la finalidad legítima del recurso. En consecuencia, si no se infiere de forma clara y ostensible que nos encontremos en alguno de los supuestos de rechazo de la protección internacional por alguna de las razones previstas en el art. 46.6 de la Directiva 2013/32, procede suspender cautelarmente la resolución administrativa y reconocer el derecho -al amparo del art. 46.5- a permanecer en España durante la tramitación del recurso jurisdiccional con las condiciones de acogida previstas en la Directiva 2013/33/UE , esto es, a mantener su estatuto de solicitante de asilo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA OFELIA RUIZ PONTONES
  • Nº Recurso: 435/2023
  • Fecha: 27/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La actora, actualmente jubilada parcial desde 2020 y RLT por CGT trabaja para CLECE SA como limpiadora en el HOSPITAL RAMON Y CAJAL. El 8-07-20 se procedió a adoptar los resultados definitivos de la evaluación de los trabajadores, valorando sus alegaciones, indicando respecto a la actora que como no prestó servicios efectivos durante todo el periodo temporal evaluado -no ha realizado actividad profesional desde 2014 salvo los días que le correspondía desde su jubilación parcial- se puede realizar una evaluación distinta a la realizada -0-. En 19-11-21 alcanza un Acuerdo para la regularización económica del concepto carrera profesional, que se llevó a cabo en la empresa por las comisiones de evaluación con la participación de los RLT. Se concluye que no hay discriminación por la actividad sindical porque los criterios de evaluación son iguales para todos los empleados y otros RLT han obtenido puntuación superior y quienes la valoraron no han podido decir como realizaba sus tareas por no trabajar ningún día, no habiéndose impugnado los criterios de evaluación y no se pactó que los RLT estaban excluidos de esta valoración, siendo la actora es RLT no una liberada sindical y otra puntuación sería ficticia y aunque un RLT no puede dejar de percibir una retribución que percibía antes, es un caso distinto porque la evaluación se realiza por primera vez, no pudiendo valorarse teniendo en cuenta la antigüedad, no existiendo vulneración de la libertad sindical ni discriminación.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Pamplona/Iruña
  • Ponente: ANA INMACULADA FERRER CRISTOBAL
  • Nº Recurso: 479/2023
  • Fecha: 27/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclama la demandante frente a su aseguradora y a la empresa a la que esta delegaba para tales menesteres, en lo que excedía del límite previsto en la póliza ya abonado, los gastos derivados del pago de honorarios de abogado externo designado y contratado por la actora para plantear demanda en exigencia de responsabilidad a tercero por daños personales sufridos en virtud de la cobertura de defensa jurídica incluida en seguro de hogar. En la apelación frente a la sentencia desestimatoria de primera instancia se mantiene la desestimación respecto a la demandada a la que la aseguradora le delegaba la defensa jurídica, por no tener relación contractual con la actora al estar suscrita la póliza solo con la aseguradora. Y se considera también perfectamente válida y aplicable en su integridad la cláusula que establecía el límite de indemnización por la minuta a pagar en el caso de optar el asegurado por letrado de designación particular -encuadrada dentro de la cobertura de defensa jurídica como seguro independiente por el que el asegurador asume los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención para reclamar en un procedimiento judicial para el resarcimiento de un daño en su patrimonio frente al causante y como aseguramiento voluntario y complementario de otro-, puesto que no se trataba de una cláusula limitativa ni delimitadora del riesgo sino que se limitaba a fijar la cuantía máxima de la cobertura. Pero sin incidir el IVA en el tope.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: JESUS AGUSTIN PUEYO RODERO
  • Nº Recurso: 81/2022
  • Fecha: 27/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala condena al agente de la Policía como autor de un delito contra la integridad moral y de un delito de lesiones, en concurso real. El delito contra la integridad moral del artículo 175 CP, no requiere un dolo específico o elemento intencional que vaya más allá de conocer que la conducta objetivamente afecta a la integridad moral, y consentir con ello. La integridad moral estaría compuesta por vía negativa por elementos subjetivos , tales como los constituidos por la humillación o vejación sufrida por la víctima que se ve tratada de forma instrumental y desprovista de su dignidad, pudiendo, además, concurrir la nota del dolor físico, y también por elementos objetivos en referencia a la forma y modo en que se produce el ataque. En el caso examinado se produce una agresión a la detenida cuando estaba esposada y sin capacidad de respuesta, lo que constituye un claro atentado a la integridad moral. No se aprecia en el agente la eximente de legítima defensa ni de ejercicio de un derecho o cargo. No concurre la agravante del prevalimiento del cargo público pues tal circunstancia agravatoria integra de modo inherente la calificación del delito contra la integridad moral. No es necesario acreditar el daño moral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: MARIA MACARENA MARTINEZ MIRANDA
  • Nº Recurso: 1965/2023
  • Fecha: 27/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La parte actora, empleada de hogar,laclamó del Fondo de Garantía Salarial el abono de cantidades a las que fue condenado el titular de la relación especial de trabajo. El juzgado desestimó la demanda por no haberse presentado documento justificativo de la denegación junto con la demanda. La Sala estima el recurso de la trabajadora apreciando infracción procesal causante de indefensión por haber sido efectivamente aportado el documento con la demanda presentada por vía electrónica. Se declara la nulidad de la sentencia a fin de que se dicte nueva resolución resolviendo sobre el fondo de la cuestión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ISAAC MERINO JARA
  • Nº Recurso: 947/2022
  • Fecha: 27/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se produzca una estimación parcial de las alegaciones formuladas al acta de disconformidad en el procedimiento de regularización que comporte el necesario ajuste de la sanción derivada al importe finalmente regularizado, es necesario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25.6, párrafo segundo, del RD 2063/2004, de 15 de octubre, Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario (renumerado actualmente como artículo 25.7, que se emita una nueva propuesta de sanción rectificada y se ofrezca un nuevo plazo al interesado para que pueda formular alegaciones, de manera que en caso de que no se haya otorgado tal plazo no cabe su subsanación a posteriori.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
  • Nº Recurso: 19/2023
  • Fecha: 27/11/2023
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables de delito de organización criminal, delito de estafa y delito de alteración de precios. No pueden considerarse prescritos los delitos, al no haber transcurrido el plazo de prescripción establecido en la legislación serbia ni en la española. La defensa ha tenido acceso a todas las actuaciones, por lo que no se ha producido indefensión.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 10645/2022
  • Fecha: 24/11/2023
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Una de las consecuencias que se derivan del principio acusatorio, como eje rector de nuestro modelo procesal, es que la persona investigada o acusada, ya desde los primeros momentos de su imputación, debe ser ilustrada expresa y detalladamente del hecho punible en su doble dimensión fáctica y normativa. El principio de desconfianza es una regla que tiene un alcance tanto distributivo de las cargas de prueba, conforme a las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia, como epistémico que busca enriquecer el fundamento cognitivo de la decisión judicial en materia de hechos, reduciendo los riesgos de error. La acusación formulada por un delito de estragos terroristas en grado de tentativa en concurso real con veintinueve delitos de lesiones, basada en una descripción detallada de las condiciones de depósito y almacenamiento de los explosivos y de las características de la deflagración producida, permitió al acusado defenderse, no solo de su participación afirmada por las acusaciones sino que también dispuso de toda la información acusatoria para poder cuestionar los presupuestos normativos en los que se basa su condena, decidida por el tribunal de apelación, como autor de un delito de estragos imprudentes en concurso ideal con los delitos de lesiones imprudentes: por un lado, los muchos y muy exigibles deberes de cuidado internos y externos incumplidos y, por otro, la relación entre la conducta incumplidora y los resultados de estragos.

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