Resumen: La sentencia de instancia condenó al acusado como autor de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, con acceso carnal, siendo menor de 4 años y con prevalimiento. Recurrió la defensa, alegando vulneración de la presunción de inocencia. El control sobre el citado derecho consiste en verificar la validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración. Si bien, cuando la apelación se interpone contra una sentencia de condena el tribunal ad quem dispone de plenas facultades revisoras. La sala analiza la prueba practicada y concluye que es suficiente y válida para destruir la presunción de inocencia, y fue correctamente valorada. Por ello el recurso se desestima. No obstante, ante la entrada en vigor de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, la sala considera que debe aplicarse la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En este caso, la sala de instancia, siendo imponible una pena de entre 10 y 12 años, impuso 11 años de prisión, que era la mitad de la extensión superior en la redacción anterior del artículo 183, 1, 3, 4 a) y d) del Código Penal. En la redacción actual del artículo 183.1 y 4, sería imponible, en la mitad superior, una pena de entre nueve y doce años, siendo 10 años y 6 meses, la que corresponde a la mitad de la pena. Ante ello, por aplicación del artículo 2.2 del Código Penal, se reduce la pena impuesta al recurrente a 10 años y 6 meses de prisión.
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar el alcance aplicativo del artículo 16.2 Ley 1/1996 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y, en concreto, ante la falta de constancia de la fecha de la notificación al recurrente de la designación provisional de abogado de oficio, así como la de la fecha de presentación de la solicitud, determinar si el plazo de dos meses establecido por el artículo 46.1 LJCA para la interposición del recurso contencioso-administrativo se interrumpe únicamente por el plazo máximo de quince días que, conforme al artículo 15 Ley 1/1996, dispone el Colegio de Abogados para la designación provisional de abogado, o si, por el contrario, y ante esa falta de constancia de la fecha de presentación de la solicitud y de la fecha de la notificación al recurrente de la designación provisional de abogado de oficio, la suspensión a que se refiere el artículo 16.2 Ley 1/1996 perdura hasta el momento en que el profesional designado para la defensa realice de manera efectiva alguna actuación orientada a la defensa del beneficiario de la justicia gratuita.
Resumen: El conflicto colectivo se admitió a trámite, personándose la empresa el 19-10-21 que aportó copia de poder notarial de representación en el que no figuraba la empresa, teniéndose por personada a Dª Alba en nombre de esta. El 18-11-21 en la conciliación previa al juicio ante el LAJ, comparece por la empresa Dª María con poder electrónico otorgado por Dª Alba, recogiendo el acta que ni en el poder notarial inicial ni en el electrónico figura la empresa, pero que en ese mismo acto se remiten poderes por la empresa, que son impresos y se acompañan a la sala de vistas, continuándose el acto. En el acto de juicio, el Juez no tiene por comparecida a la empresa por ser el poder aportado insuficiente -poder general para pleitos-. Con el recurso se aporta certificado de apoderamiento apud-acta electrónico de 29-10-21 vigente, en el que Dª Alba en representación de la empresa otorga poder general para pleitos, con las facultades del art. 25.1 LEC, para intervenir en este conflicto en todas las instancias, remitido por correo electrónico al JS el 18-11-21. Se señala que los defectos en los actos procesales que afecten a la capacidad y representación de las partes son subsanables -arts. 11.3 y 243.4 LOPJ, 231 y 418 LEC y jurisprudencia- y el poder general para pleitos faculta al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquéllos, por lo que el defecto inicial estaba subsanado -art 25 LEC-.
Resumen: Considera el Tribunal que no se ha practicado en el caso prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al recurrente y poder incriminarle por el delito de hurto intentado por el que ha sido condenado en la instancia, ya que el denunciante no asistió al acto del juicio, pese a estar citado de modo personal, y los tres testigos que declararon en dicho acto, un agente de la Policía Nacional y dos vigilantes de seguridad, no presenciaron la supuesta sustracción en el Metro del teléfono móvil que llevaba el perjudicado, ya que los vigilantes son testigos directos de que cachearon al acusado y le encontraron un teléfono móvil, que pertenecía al denunciante, pues le puso la clave y lo activó, pero ninguno de ellos presenció la forma en que el móvil llegó a poder del acusado, por lo que son testigos de referencia con relación a la sustracción padecida por el denunciante, sin que el testimonio de referencia pueda desplazar o sustituir al directo, salvo en aquellos casos de fallecimiento, o de material imposibilidad de incomparecencia del testigo presencial al llamamiento del juicio oral, por lo que aún siendo válido y estar admitido legalmente, dicha validez no puede admitirse incondicionalmente, pues en muchos casos supone eludir el oportuno debate sobre la realidad misma de los hechos y el dar valor a los dichos de personas que no han comparecido en el proceso.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial en que se condena a un acusado como autor material de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, absuelve a otra acusada de esos mismos delitos y condena a otros dos acusados por un delito de prevaricación administrativa. Facultades del tribunal de apelación al revisar la valoración de las pruebas realizada por el tribunal de primer grado, y sus limitaciones en referencia a las pruebas de carácter personal que no ha recibido directamente. Delito de malversación de caudales públicos. Legislación penal más beneficiosa. Aplicación de la legalidad penal dada por L.O. 1/2015 que se considera más beneficiosa para los acusados que la vigente en la fecha de su comisión, atendido que se trataría del tipo penal por destinar los caudales públicos a usos ajenos a la función pública sin haberse producido el reintegro del importe distraído dentro de los diez días siguienters a la incoación del proceso. La reforma operada en 2015 de la malversación de uso desviado de los fondos o efectos públicos no supuso su destipificación sino una tipificación por remisión al comportamiento de la administración desleal. Delito de prevaricación administrativa. Adopción consciente de resoluciones que suponían la aplicación de fondos municipales a satisfacción de los espurios intereses del acusado. Requisitos jurisprudenciales del delito de prevaricación administra.
Resumen: Se confirma la condena de los recurrentes, tanto el relativo a la intervención del primer recurrente en la confección del pagaré falseado y la presentación de la demanda cambiaria, como la del administrador y socio de la mercantil que facilitó al anterior el instrumento cambiario. De esta manera, se urdió el plan defraudatorio, buscando con la ejecución del título falseado obtener un ilícito beneficio patrimonial. El primero urdió el plan, por medio, de un lado, del falseamiento del pagaré se le otorgaba la preferencia de cobro y, además, le hacía inmune a las excepciones personales que hubiera podido oponer el librador y, por otro, decidiendo la posterior presentación de la demanda ejecutiva contra el perjudicado. El segundo, intervino activamente facilitando el instrumento cambiario y su falseamiento para que una mercantil relacionada con el anterior ejerciera la acción cambiaria en beneficio de este. Se estiman los recursos en lo concerniente a la atenuante de dilaciones indebidas, por el transcurso de casi cinco años y medio de total paralización procedimental -a salvo simples diligencias de unión a autos de determinados documentos aportados- que carece de razonable justificación. No concurriendo, además, ningún factor de especial complejidad en el objeto procesal ni, tampoco, comportamientos procesales obstativos de los acusados, lo que arroja un resultado concluyente: casi nueve años de prolongación de la causa hasta sentencia.
Resumen: Considera el recurrente que los hechos declarados probados por la sentencia no pueden incardinarse en el tipo penal de la estafa del artículo 248 del Código Penal, al no concurrir el elemento objetivo del tipo correspondiente al engaño bastante determinante del desplazamiento patrimonial. La sentencia examina la doctrina jurisprudencial del TS sobre los elementos que configuran el delito de estafa, considerando que el engaño típico es aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo para provocar el error determinante del desplazamiento patrimonial que se persigue por el autor del delito y que ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el autor, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, lo que sucede en el caso enjuiciado, en el que el engaño bastante consiste en ofrecer el acusado en una web de Internet, sin necesidad de pasar el examen, cobrando por ello 800 euros, lo que motivó el desplazamiento patrimonial por el perjudicado, ingresando aquella suma, y posteriormente, al alegar el acusado la existencia de problemas, le hizo otro ingreso por importe de 800 euros, en la cuenta bancaria de la que es titular el recurrente, no obteniendo finalmente aquel el carnet por el que había efectuado el pago de la cantidad convenida, todo lo cual determina la confirmación de la condena operada en la instancia.
Resumen: En la alzada se confirma la sentencia por la que los apelantes resultaron condenados como coautores de un delito intentado de hurto. Se recuerda la doctrina jurisprudencial acerca de la importancia del principio de inmediación para la valoración de las pruebas de índole subjetiva de modo que en el marco de la apelación el tribunal no puede ni debe revisar la convicción de conciencia del juzgador respecto de una prueba que ni ha visto ni ha oído personalmente, salvo que se compruebe que ha existido un error patente y manifiesto en tan personal función valorativa, por conducir a resultados absurdos o contrarios a lo que de ordinario conllevan las pruebas practicadas. La juzgadora hizo un uso adecuado y razonable del material probatorio, acudiendo a una prueba testifical de cargo de notoria consistencia, al tratarse de la declaración de los agentes policiales que ejercitaban funciones públicas al tiempo de los hechos. La autoría del delito y el reparto de papeles asumido por los acusados quedó fielmente justificado por lo dicho en el plenario por los agentes policiales, viendo al menos dos de ellos directamente el hecho de la sustracción y siendo recuperado el teléfono en poder de uno de los acusados. Se trata, en definitiva del descubrimiento de un delito flagrante, sin que la sala advierta atisbo alguno de error judicial en la valoración de la prueba practicada. La prueba de cargo examinada resultó suficiente y válida, no existiendo vulneración de la presunción de inocencia.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de bien inmueble. La acusada reside sin autorización del propietario en la vivienda. El delito de ocupación pacífica de inmueble requiere: a) ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia, por lo que no serán típicas penalmente las ocupaciones breves o de escasa entidad (ej. entrada para dormir); b) que la perturbación posesoria pueda ser calificada penalmente como ocupación desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad, por lo que serán atípicas las ocupaciones de inmuebles sobre los que no se ejercita una directa y manifiesta posesión, o sobre bienes abandonados, o sobre inmuebles ruinosos; c) que el ocupante carezca de título jurídico que legitime esa posesión, si hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aun temporalmente o como precarista el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar su posesión; d) que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, antes o después de producirse la ocupación; e) dolo, conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización, unido a la voluntad de afectar al bien jurídico tutelado por el delito, es decir a la posesión. No se aprecia la eximente de estado de necesidad alegado, al no ser acreditada por la defensa.
Resumen: El demandante sufrió accidente de su trabajo como marinero por colisión de su embarcación con otra. Incompetencia de jurisdicción respecto de la reclamación frente al tercero responsable del accidente. El juzgado absolvió al empresario y declaró la incompetencia de la jurisdicción social para entender de la reclamación frente al propietario el patrón y la aseguradora del barco causante de la colisión. Estos últimos recurren solicitando se supriman de la sentencia las menciones a la forma en que sucedió el accidente por causarles indefensión. La Sala desestima este recurso pues la sentencia no vincula ni afecta a un procedimiento ulterior y era necesaria esta referencia para determinar si existía responsabilidad del empresario. El recurso del trabajador se funda en jurisprudencia anterior en cuanto a responsabilidad de tercero en accidentes de trabajo, que la Sala rechaza por cuanto al no existir responsabilidad alguna del empresario no es posible resolver por la jurisdicción social respecto de la responsabilidad de un tercero en el acto del que derivó el accidente laboral.
