Resumen: Se analiza el delito de estafa agravada por abuso de relaciones personales: el elemento del engaño bastante y el deber de autoprotección; ponderación de las relaciones personales en el engaño y también, ulteriormente, en la apreciación de la agravante. Reforma peyorativa en apelación, exclusivamente en la aplicación de una regla de aplicación de la pena, a instancia de parte acusadora. Se descarta la prescripción solicitada.
Resumen: Derecho a asistencia de intérprete. En aquellos supuestos en los que el arraigo del extranjero en nuestro país no hace notorio el desamparo lingüístico del encausado en las intervenciones procesales directas en las que participa, o cuando está técnicamente asistido en una actuación procesal que no precisa su presencia, el derecho para estructurar la defensa se muestra de libre o voluntario ejercicio, siempre que al investigado o al acusado se le haya informado clara y comprensiblemente de la posibilidad de reclamar la asistencia del intérprete cuando sea preciso o lo entienda conveniente, en los términos expresados en el artículo 118.1.f) de la ley procesal. Derecho de defensa. Petición desatendida de designar un nuevo letrado que asistiera al acusado en la vista oral de un recurso de apelación y falta de preparación de la videoconferencia que se había previsto para que el recurrente pudiera concurrir a la vista de apelación desde el Centro Penitenciario en el que estaba ingresado. Estimación del recurso. Nulidad del acto de la vista. Voto particular: es necesario que de la infracción formal se derivara un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado. Actos de comunicación: para la vista del recurso de apelación el artículo 846 bis e) de la LECRIM la citación puede realizarse a través de su representación procesal.
Resumen: Confirma la condena por delito de quebrantamiento de medida cautelar. El acusado, conociendo la existencia y vigencia de la prohibición de aproximación y comunicación con su esposa, le remitió en Facebook varios mensajes. Los hechos se acreditan a través de la declaración de la víctima y de la prueba documental (impresión de los documentos acreditativos de las mensajes remitidos). El delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar, cuyo bien jurídico protegido es la efectividad de los pronunciamientos judiciales, requiere: a) un elemento normativo, una resolución judicial previa a quebrantar que imponga una prohibición de alejamiento; b) un elemento objetivo, acción natural de quebrantar; y c) un elemento subjetivo, el ánimo de hacer ineficaz la prohibición, con el pleno conocimiento de ésta y de que con su actuación el quebrantador está burlando la resolución judicial. El dolo típico del delito es el dolo genérico (voluntad de hacer ineficaz la resolución judicial, sustrayéndose a su cumplimiento, y conciencia o representación de los elementos objetivos del tipo, no requiriendo una motivación especial perseguida por el quebrantador, por ello son irrelevantes para el tipo penal los móviles o motivaciones que subyacen o son perseguidos por él.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como delito contra la salud pública. La documentación interesada por la defensa,no era necesaria para el examen de los requisitos de legalidad de la reclamación extradición. Se cumplen los requisitos documentales exigidos en la solicitud de extradición. Si bien puede decirse que los Tribunales españoles pudieran ser asimismo competentes para el conocimiento de los hechos, lo que no cabe es discutir la competencia del Estado peruano para el conocimiento del asunto. Las fuentes de prueba se hallan en el país de comisión de los hechos. No consta acreditada enfermedad mental alguna, y menos aún que a la reclamada, como consecuencia de aquella, se le impida conocer el alcance y las consecuencias del procedimiento extradicional.
Resumen: Presunción de inocencia, control casacional. La casación actúa como una tercera instancia de revisión que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial de la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior. Fijación del montante indemnizatorio del daño moral. Atenuante del artículo 21.5 CP: reparación y conducta reparadora. Satisfacer completa o sustancialmente el importe económico reclamado como responsabilidad civil no conlleva necesariamente la apreciación de la atenuante como muy cualificada; es necesario algo más. Penas accesorias del artículo 57.1 CP. Criterios de imposición. Objeto aflictivo. Sin perjuicio del «nomen iuris» al que responden tales penas, lo cierto es que no comparten el esencial rasgo constitutivo de la accesoriedad penológica pues su duración no viene determinada por la de la pena principal privativa de libertad. Esta actúa como marco temporal a efectos de identificar el arco de duración total de las penas contempladas en el artículo 57 CP. Lo que supone que el tribunal para individualizar el concreto alcance temporal de dichas penas debe tomar en cuenta no la duración de la pena privativa de libertad impuesta sino las específicas necesidades de protección.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial en que se condena a un acusado como autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y de un delito continuado de amenazas no condicionales. Limitaciones de las facultades del tribunal de apelación en orden a revisar la valoración de las pruebas personales practicadas con inmediación ante el tribunal de primer grado. Testimonio de la víctima como prueba de cargo. La alegación de infracción de precepto legal de carácter sustantivo como motivo de apelación obliga al más escrupuloso respeto a los hechos declarados probados en la sentencia recurrida. La labor individualizadora de la pena procedente corresponde al tribunal de instancia, por lo que únicamente cabrá su revisión en apelación cuando se haya recurrido a una pena inadmisible, se hayan tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o se haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria o desproporcionada. Retroactividad de la ley penal más favorable. Vigencia de la L.O. 10/2022 que modifica el abanico penológico que correspondería al delito de agresión sexual con acceso carnal rebajando el mínimo de pena. No obstante ello, no se modifica la pena impuesta al no solicitarse, y al aplicar la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial, dado que la concreta pena impuesta en la instancia también es susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma.
Resumen: Confirma parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor material de un delito continuado de abusos sexuales cometido sobre menor de dieciséis años. Acusado que en una pluralidad de ocasiones realiza sobre un menor tocamientos de naturaleza sexual y actos de masturbación a cambio de varias entregas de dinero y un teléfono móvil. Facultades del tribunal de apelación para revisar la valoración probatoria realizada por el tribunal de primer grado. Testimonio de la víctima menor de edad como prueba incriminatoria. Delito de abusos sexuales sobre menor de dieciséis años cometido de forma continuada. Incidencia de la L.O. 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, sobre la pena impuesta. Aplicación de la nueva legalidad penal en caso de sentencias no firmes pendientes de recurso. Penalidad concretada por la Audiencia en el mínimo legal de la mitad superior de la pena prevista para el delito cometido en la modalidad continuada. Las disposiciones transitorias carecen de virtualidad para restringir y, mucho menos, contradecir el principio de retroactividad de la ley penal favorable. Retroactividad de la norma favorable que lleva al tribunal a reducir la pena de prisión impuesta desde los diez años de prisión a los nueve años y un día de prisión.
Resumen: La sentencia de instancia condenó al acusado como autor de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, con acceso carnal, siendo menor de 4 años y con prevalimiento. Recurrió la defensa, alegando vulneración de la presunción de inocencia. El control sobre el citado derecho consiste en verificar la validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración. Si bien, cuando la apelación se interpone contra una sentencia de condena el tribunal ad quem dispone de plenas facultades revisoras. La sala analiza la prueba practicada y concluye que es suficiente y válida para destruir la presunción de inocencia, y fue correctamente valorada. Por ello el recurso se desestima. No obstante, ante la entrada en vigor de la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, la sala considera que debe aplicarse la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En este caso, la sala de instancia, siendo imponible una pena de entre 10 y 12 años, impuso 11 años de prisión, que era la mitad de la extensión superior en la redacción anterior del artículo 183, 1, 3, 4 a) y d) del Código Penal. En la redacción actual del artículo 183.1 y 4, sería imponible, en la mitad superior, una pena de entre nueve y doce años, siendo 10 años y 6 meses, la que corresponde a la mitad de la pena. Ante ello, por aplicación del artículo 2.2 del Código Penal, se reduce la pena impuesta al recurrente a 10 años y 6 meses de prisión.
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar el alcance aplicativo del artículo 16.2 Ley 1/1996 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y, en concreto, ante la falta de constancia de la fecha de la notificación al recurrente de la designación provisional de abogado de oficio, así como la de la fecha de presentación de la solicitud, determinar si el plazo de dos meses establecido por el artículo 46.1 LJCA para la interposición del recurso contencioso-administrativo se interrumpe únicamente por el plazo máximo de quince días que, conforme al artículo 15 Ley 1/1996, dispone el Colegio de Abogados para la designación provisional de abogado, o si, por el contrario, y ante esa falta de constancia de la fecha de presentación de la solicitud y de la fecha de la notificación al recurrente de la designación provisional de abogado de oficio, la suspensión a que se refiere el artículo 16.2 Ley 1/1996 perdura hasta el momento en que el profesional designado para la defensa realice de manera efectiva alguna actuación orientada a la defensa del beneficiario de la justicia gratuita.
Resumen: El conflicto colectivo se admitió a trámite, personándose la empresa el 19-10-21 que aportó copia de poder notarial de representación en el que no figuraba la empresa, teniéndose por personada a Dª Alba en nombre de esta. El 18-11-21 en la conciliación previa al juicio ante el LAJ, comparece por la empresa Dª María con poder electrónico otorgado por Dª Alba, recogiendo el acta que ni en el poder notarial inicial ni en el electrónico figura la empresa, pero que en ese mismo acto se remiten poderes por la empresa, que son impresos y se acompañan a la sala de vistas, continuándose el acto. En el acto de juicio, el Juez no tiene por comparecida a la empresa por ser el poder aportado insuficiente -poder general para pleitos-. Con el recurso se aporta certificado de apoderamiento apud-acta electrónico de 29-10-21 vigente, en el que Dª Alba en representación de la empresa otorga poder general para pleitos, con las facultades del art. 25.1 LEC, para intervenir en este conflicto en todas las instancias, remitido por correo electrónico al JS el 18-11-21. Se señala que los defectos en los actos procesales que afecten a la capacidad y representación de las partes son subsanables -arts. 11.3 y 243.4 LOPJ, 231 y 418 LEC y jurisprudencia- y el poder general para pleitos faculta al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquéllos, por lo que el defecto inicial estaba subsanado -art 25 LEC-.
