Resumen: La Decisión Marco no efectúa una exclusión de la entrega de todos los menores de edad, sino tan sólo de aquellos que no puedan ser objeto de enjuiciamiento o condena según la legislación del Estado de ejecución. Por tanto, cabe la ejecución de la orden de entrega, si el reclamado ha alcanzado la edad de catorce años en el momento de la comisión de los hechos. La exigencia de doble incriminación implica que los hechos atribuidos a la persona reclamada en el Estado de emisión deben ser también constitutivos de delito en el Estado de ejecución. No cabe duda que estamos en presencia de unos hechos delictivos: una operación de compra y almacenamiento ilegal de sustancias psicotrópicas con fines de venta. No es estrictamente necesario que las infracciones sean idénticas. En los procedimientos de extradición y de OEDE el único fin constitucional que cumple la prisión provisional es la evitación de la sustracción a la acción de la justicia de quien ya la eludió marchándose o negándose a regresar al país reclamante.
Resumen: MOTIVACIÓN DE SENTENCIA POR REFERENCIA. Una fundamentación de sentencia por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el juzgador "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya utilizadas por aquélla. GUARDA Y CUSTODIA DEL HIJO MENOR. Procede mantener la medida acordada en la sentencia, no apreciándose error en la valoración probatoria, constando como desde que se produjera el cambio de custodia materna a paterna, el rendimiento académico dle menor ha cambiado muy satisfactoriamente.
Resumen: Se condena en la sentencia recurrida al acusado por la comisión de un delito leve de estafa por haber ofertado por una web de compraventa por Internet un producto de pesca, que el perjudicado adquirió enviando 50 euros por Bizum a un teléfono de una empresa en la que uno de los propietarios era el denunciado, que fue ingresado en su cuenta, sin que este remitiera el producto. La sentencia de apelación señala que el denunciado no compareció al acto del juicio oral, si bien formuló alegaciones escritas en las que reconoció haber recibido los 50 euros en su cuenta por lo que no discute ni el acto de disposición patrimonial ni su ánimo de lucro, siendo objeto de controversia, conforme señala el juzgador en sentencia, la existencia o no de engaño antecedente y bastante por parte del denunciado, llegando a la convicción alcanzada sobre la comisión del acto delictivo de la propia conducta del denunciado, la que le lleva a considerar que nunca tuvo intención de enviar al comprador el producto que tenía a la venta en la plataforma, que se ratifica por el órgano de apelación, al concurrir los elementos del delito leve de estafa, a través de la figura del negocio jurídico criminalizado, el cual aparece cuando el autor simula un propósito serio de contratar pero, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales.
Resumen: Confirma la condena por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia. Se cuestiona por los apelantes la integridad de la cadena de custodia de la droga aprehendida. La cadena de custodia tiene un valor instrumental al garantizar es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que hace que, en caso de su quiebra, se pueda ver afectada la credibilidad o fiabilidad del análisis, pero no a su validez. La ruptura de la cadena de custodia debe ser probada y alegada expresamente por la parte, señalando en qué momentos, a causa de qué actuaciones y en qué medida se ha producido tal interrupción, no cabiendo la presunción de irregularidad de las actuaciones judiciales y policiales. En el caso no se ha acreditado por las defensas la ruptura de la cadena de custodia. Sostiene uno de los acusados, subsidiariamente, que su participación fue de mera complicidad y no de autoría material. El tipo penal utiliza un concepto extensivo de autor (favorecimiento o facilitación), estableciendo la jurisprudencia que deberá valorar cada caso concreto para declarar complicidad, siendo en el caso la actuación de ambos acusados de relevancia bastante para considerar a ambos autores materiales. Se alega la atenuante de drogopendencia, siendo que la base fáctica que sustenta la atenuante debe quedar absolutamente probada y pericialmente se acredita e no se acredita el consumo, pero no alteración psicobiológica.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: valoración ilógica de la prueba (ha de referirse solo a la fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos declarados probados); la compensación alegada en apelación, al afectar a deudas derivadas de forma recíproca de una misma relación contractual, en este caso el contrato de seguro, no supone una cuestión nueva. Cancelación de la póliza mediante comunicación de la aseguradora: no cabe negar su eficacia para los años posteriores a su realización, pues muestra la voluntad de la compañía de no continuar con el aseguramiento y fue realizada con la antelación suficiente. La muerte del tomador acaeció varios años después y esa comunicación servía para que la póliza quedara extinguida y no se prorrogara su vigencia en los años siguientes (la prima fue impagada en enero de 2011, en junio de 2011 se comunicó la cancelación de la póliza desde abril de 2011, no se pasaron al cobro las primas de los años sucesivos y el fallecimiento del tomador acaeció en abril de 2016). Mora del asegurador: existencia de causa justificada que supone la inexistencia de retraso culpable imputable al asegurador; interpretación restrictiva; retraso determinado por la tramitación de un proceso (está justificada la oposición de la aseguradora que aboca al perjudicado o asegurado a un proceso cuando la resolución judicial es imprescindible para despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura).
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: El deber de motivación de las resoluciones judiciales, además de venir institucionalizado en el art. 120.3 CE, es una exigencia derivada del art. 24.1 CE que permite conocer las razones de la decisión contenida en ellas y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos. Reconocimiento del derecho la pensión compensatoria: criterios de interpretación de la norma (tesis objetivista y tesis subjetivista). Doble función de la circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC: actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. El juez debe decidir tres cuestiones: a) si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria; b) cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia, y c) si la pensión debe ser definitiva o temporal. Debe probarse el desequilibrio vinculado a la ruptura y es irrelevante la existencia de necesidad. No es un mecanismo equilibrador de patrimonios de los cónyuges. No cabe equiparar el desequilibrio económico a ingresos dispares de los cónyuges. El desequilibrio ha de traer causa en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia.
Resumen: Los trabajadores demandante fueron despedido imputándoles, transgresión de la buena fe contractual, realizar servicios sin conocimiento de la empresa ni facturación y trato desconsiderado y ofensivo a un compañero. Se alega también vulneración de derechos fundamentales. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda y se declara los despidos de ambos trabajadores procedente. Se interpone recurso de Suplicación por ambos que es desestimado. En primer lugar la Sala desestima los motivos de nulidad de la sentencia alegados así como los motivos de revisión de hechos probados . En cuanto a los motivos de denuncia jurídica también se desestima. Así por lo que respecta a la prescripción a la prescripción de las faltas se desestima puesto que estando ante conductas continuadas debe estarse a la fecha de la última de las conductas y por lo que respecta a las ocultas cuando tiene conocimiento pleno la empresa siendo en todo caso quien alega la prescripción quien debe de probarla. En cuando a las conductas parte de la valoración efectuada por el Juzgador de instancia y probadas las misma que conforme al Convenio de aplicación son merecedoras de la sanción de despido. Por lo que respecta a la vulneración de los derechos fundamentales alegados, discriminación y derecho a la tutela judicial efectiva, entiende la Sala que no se ha aportado indicio alguno de tal vulneración.
Resumen: Reitera el trabajador la nulidad de la sanción (de un solo dia de suspensión) cuya procedencia se declara por entender que la misma se ha producido con vulneración de su derecho a la igualdad e indemnidad; que la Sala rechaza pues la transacción alcanzada entre las partes con anterioridad a la decisión empresarial impugnada elimina el indicio de vulneración alegado. En respuesta al motivo jurídico dirigido a cuestionar la prueba de la falta (por desobediencia) que se le imputa advierte sobre la inaplicación al expediente disciplinario laboral del principio penal de la presunción de inocencia; y siendo así que desde la crítica valoración judicial de la practicada permite subsumir la conducta del trabajador (quien contaba con información sobre sus insatisfechas obligaciones laborales) en el tipo infractor del convenio aplicable (a interpretar bajo los parámetros en que deben examinarse los actos de indisciplina y/o desobediencia) se ratifica la sanción impuesta al concurrir los requisitos de conocimiento por el trabajador de sus obligaciones, de una orden legítima, regular, de cumplimiento necesario para el buen funcionamiento de la empresa; que aquél, con sus dilaciones y protestas injustificadas, no cumplió (sin haber acreditado que se pudiera en peligro su salud o seguridad en el trabajo).
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que a su vez estimó parcialmente la demanda, sobre pago de complemento de incapacidad temporal, intereses, vulneración de derechos fundamentales y reclamación de indemnización, pues los indicios no generan una razonable apariencia, sospecha o presunción de una efectiva vulneración por la parte demandada del principio de igualdad o el de indemnidad, por lo que no puede derivarse indemnización de daños y perjuicios morales, quedando resuelta y estimada en instancia la reclamación de cantidad e intereses que constituyeron el objeto principal de la demanda.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como asesinato. Únicamente cabe comprobar la concurrencia o no de los requisitos formales de la extradición, sin indagar acerca de la existencia de indicios de responsabilidad criminal frente al reclamado. No procede aplicar el principio de reciprocidad pues no consta que el reclamado sea nacional español. Corresponde al Estado reclamante determinar si, según su propia legislación, los hechos están prescritos. La interpretación sostenida por el recurrente consistente en que el plazo de prescripción aplicable es el de diez años por haberse presentado el mismo en la audiencia a través de su defensa letrada, ha sido rechazada de forma razonable. En ningún caso el control de la doble incriminación se extiende a la valoración de los indicios incriminatorios existentes en contra del reclamado. El reclamado no es nacional español ni consta su residencia permanente con integración cierta en España que permita asimilarlo al nacional.
