• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 511/2021
  • Fecha: 10/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las sentencias de apelación de las Audiencias solo tienen casación por el nº 1 del art. 849 LECrim. En tal apartado sólo pueden invocarse preceptos penales de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio. Los recursos deben tener interés casacional, entendiéndose que el recurso tiene interés casacional: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Y es que, por la naturaleza de este nuevo recurso, el recurrente tiene que justificar el acceso al mismo, en el sentido de expresar cual es el interés casacional en el caso concreto y en el caso presente es evidente que no existe interés casacional, dado que el recurrente no alega cuál sería éste cuando vendría obligado a ello.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
  • Nº Recurso: 6148/2022
  • Fecha: 10/11/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consisten en completar, matizar o precisar la jurisprudencia sobre la libertad de expresión del abogado en el ejercicio de la actividad de defensa, y, en concreto, determinar, desde la perspectiva de los artículos 20 y 24 CE y 6 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a los efectos de determinar el alcance del tipo infractor de las obligaciones deontológicas contenidas en el Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 6 de marzo de 2019, referido a la falta de consideración en el trato con la pate contraria establecido en el artículo 13.3 del citado Código Deontológico, si es subsumible en dicho tipo infractor la conducta consistente en añadir, al identificar a la parte contraria en un escrito procesal de un procedimiento civil, unos datos, no cuestionados, referidos a su situación procesal en un procedimiento penal y en un procedimiento de carácter administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Murcia
  • Ponente: JOAQUIN ANGEL DE DOMINGO MARTINEZ
  • Nº Recurso: 14/2022
  • Fecha: 09/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ante la falta de previsión expresa de la LO 10/2022 sobre Derecho transitorio aplicable, se aplica la Disposición Transitoria 9ª LO 10/95 para concluir que corresponde a la Sala Civil y Penal, en su condición de órgano de apelación, la adecuación de la pena a la reforma operada por LO 10/2022 en la medida en que la misma resulte más beneficiosa para el acusado. Se constata que la pena con la que se sanciona el delito tipificado en el artículo 179 CP ha sufrido una clara atenuación, pasando de una pena privativa de libertad de 6 a 12 años a otra de 4 a 12 años. La rebaja en un grado correspondiente al delito intentado determina así una nueva pena de 2 años y 1 día a 4 años (y no la de 3 años y 6 meses a 6 años que correspondería conforme a la antigua redacción). Finalmente, la aplicación de la agravante del artículo 22.2 CP impone preceptivamente la aplicación de la pena antes señalada en su mitad superior, lo que arroja un saldo penológico con un mínimo de 3 años y 1 día y un máximo de 4 años. Para la concreta individualización de la pena, el TSJ entiende que procede efectuar un juicio de reproche similar o equivalente al efectuado por el tribunal a quo en el momento de concretar la pena impuesta, de forma que la nueva pena guarde con la extensión en que la nueva normativa permite imponerla la misma proporción que la pena concreta impuesta en sentencia guardaba con la extensión en que la legislación derogada permitía su concreción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: MANUEL AYO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 93/2022
  • Fecha: 09/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la construcción de algunos tipos penales, el legislador a veces utiliza conceptos globales, es decir, expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias del mismo tenor, de modo que con una sola de ellas ya queda perfeccionado el delito y su repetición no implica otro delito a añadir. El artículo 368 CP sanciona como comportamiento típico el constituido por "actos", en plural, de cultivo, elaboración o tráfico. Por lo que el número de aquellos es indiferente para la consumación del delito y de su unidad. De ahí que, por un lado, las plurales entregas a sucesivos adquirentes de drogas no acarrean pluralidad de delitos, pero, por otro lado, la cantidad de la droga objeto de tráfico, aunque sea trasmitida en plurales actos, debe ser considerada en su conjunto dando lugar, en su caso, a la calificación del subtipo agravado por la notoria importancia de la cantidad. No existen varios delitos por el hecho de que se hayan producido varios actos de venta. En general se niega la posibilidad de continuidad delictiva (sin embargo admitida en algunas ocasiones). Incluso cuando la actividad se ha desarrollado durante un largo lapso de tiempo o, más aún, aunque haya habido interrupciones temporales. La variedad de sustancias tampoco tiene un efecto multiplicador del número de infracciones por cuanto el bien jurídico protegido es idéntico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 136/2022
  • Fecha: 08/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de protección de derechos fundamentales dirigida contra el Ministerio Fiscal por considerar que el decreto de la Fiscalía fijó una mayoría de edad del demandante extranjero que no se corresponde con la documentación acompañada a la demanda. La Audiencia no concedió virtualidad a los documentos en que el demandante funda su derecho, emitidos por las autoridades de Guinea (certificado de inscripción consular, acta de nacimiento, certificado de la Embajada que ratifica fecha de nacimiento), por ser posteriores a su llegada a España y de dudosa eficacia probatoria. Se interpone recurso por infracción procesal y de casación por oposición a la jurisprudencia del TS sobre la consideración de un menor extranjero como indocumentado cuando porta documentación oficial y pública expedida en su país de origen o por las autoridades consulares. Ambos recursos se resuelven conjuntamente y se estiman. El Ministerio Fiscal denegó la revisión del decreto de mayoría de edad previamente dictado atendiendo exclusivamente a la prueba radiológica, sin mención a la documental aportada y sin realizar comprobación sobre su fiabilidad si la consideraba dudosa. Ante la falta de impugnación efectiva de la documentación aportada según la legislación del país que presenta el menor, no debió negarse su eficacia, por lo que a la fecha de la demanda estaba documentado y le correspondía la atención que dispensa la legislación española e internacional a los menores de edad extranjeros no acompañados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 4991/2020
  • Fecha: 08/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El delito está perfectamente definido, aunque no se mencionen expresamente los párrafos del artículo 257 en que queda incardinada la conducta. Es impertinente la referencia al principio de intervención mínima. No es un principio de interpretación del derecho penal sino de política criminal. Va dirigido al legislador, que es a quien incumbe, mediante la fijación de los tipos y las penas, concretar los límites de la intervención del derecho penal. El legislador penal ha entendido que también las deudas con la seguridad social han de ser tuteladas mediante una tipicidad tan clásica y y tradicional como es el alzamiento de bienes. No podemos ni cuestionar ni, menos aún, corregir esa decisión de política criminal. Se trata de una sentencia que, con toda corrección, contesta, de forma sobria pero completa, a las distintas alegaciones. Las agrupa correctamente a efectos discursivos. Los reproches del recurrente son gratuitos. Se ha impuesto una cantidad como cuota de multa tan próxima al mínimo -seis euros- que no era necesaria una justificación adicional; menos aún tratándose de quien esgrime como uno de los principales argumentos de defensa que cuenta con otros bienes patrimoniales, aunque con titularidad compartida, que impedían hablar de insolvencia. Que existan otros bienes aunque rodeados de circunstancias que dificultaban su ejecución (la cotitularidad) y la idoneidad para cubrir las deudas pendientes, no desvirtúa una condena por alzamiento de bienes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 33/2021
  • Fecha: 08/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las modificaciones de la ley procesal adoptadas en la LO 8/2021, de 4 de junio, invierten la naturaleza de la excepción de la obligación de declarar en el juicio oral. En la nueva redacción no se dispone la obligación de declaración del menor, salvo que solicitada se entendiera que era debidamente justificada en el caso concreto. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía y permite actualmente que los tribunales puedan tomar declaración testifical a los menores mediante diversos medios que aseguren, de una parte, las condiciones del testimonio del menor para su exploración en las condiciones que menos perjudiquen, y de otra, garantizando los derechos de defensa del acusado y, de forma particular, el derecho a oír los testimonios en su contra y a contradecir la prueba incriminatorio. entre ellos se ha hecho referencia en reiterada jurisprudencia a diversos medios técnicos, como la Cámara Gesell, que posibilita a través de la utilización de diversos medios técnicos. Se afirma en el hecho que las fotografías estaban borradas y que han sido obtenidas después de un análisis pericial realizado en el ordenador de su casa. El hecho de borrarlos (hemos de entender que fue inmediato a su captación) permite la duda sobre la tipicidad de la conducta pues la captación pudo realizarse en el curso de los hechos típicos del abuso -y así lo manifestó el menor víctima de los hechos-,que se realizaban a través de comunicaciones por el ordenador y su pantalla, duda que ha de favorecer al reo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3437/2020
  • Fecha: 08/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La AN condenó a los acusados como integrantes de un grupo estructurado dedicado a obtener y utilizar de forma fraudulenta, numeraciones de tarjetas bancarias extranjeras mediante "carding". La mecánica u operativa utilizada consistía en la obtención de numeraciones de tarjetas de forma fraudulenta; la tramitación de la obtención de TPV a través de la falsificación de la documentación necesaria para su adquisición, y la inscripción registral de empresas sin verdadera actividad comercial. Se estima parcialmente el recurso, subsumiendo los hechos en el art. 570bis.1º, inciso final, CP (comisión de delitos no graves). A los efectos del art. 570 bis CP habrá pluralidad de acciones delictivas, aunque éstas acaben constituyendo desde el punto de vista jurídico un único delito (como aquí). Pero, para optar por una u otra de los dos modalidades que contempla el art. 570 bis 1º CP (comisión de delitos graves; comisión de delitos no graves), hay que valorar las acciones aisladamente; y no el conjunto, globalmente considerado como delito único. Aquí el concierto se estableció para cometer una pluralidad de delitos no graves (defraudaciones encuadrables en el art. 248 CP) que acaban reunidos en un único delito continuado grave (art. 250). No podemos estar al resultado de la aplicación del art. 74 CP , sino a las acciones individualmente consideradas. Cada una de ellas constituía un delito no grave; o, al menos, del hecho probado no puede deducirse otra cosa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10285/2022
  • Fecha: 08/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La liquidación de condena que los autos recurridos confirman ha sumado las penas de prisión impuestas a cada uno de los recurrentes en la sentencia dictada en la causa de la que dimana la ejecutoria que nos ocupa, y sobre ese monto se ha operado la aplicación de los algo más de tres años durante los que los ahora penados estuvieron en situación de prisión preventiva en el mismo procedimiento, fijándose a posteriori y sobre el resto resultante el límite de 20 y 12 años fijado para ambos penados ex artículo 76 CP. Nos encontramos ante un periodo de prisión provisional sufrida en la misma causa en la que ha recaído la condena a la que se fijó en la misma sentencia un límite máximo de cumplimiento por aplicación del artículo 76 CP. No estamos ante un supuesto de doble computo, ni tampoco ante un límite máximo de cumplimiento fijado en relación a condenas impuestas en distintas causas aglutinadas en una acumulación. Si a tenor del artículo 76 CP el límite en cada caso acota el periodo máximo de cumplimiento efectivo, el juego de este precepto con el artículo 58 CP necesariamente requiere que la privación cautelar de libertad abonable lo sea de manera efectiva, es decir, sobre ese límite máximo, pues lo contrario nos llevaría hasta un periodo de cumplimiento real por encima de ese tope legalmente marcado. La aplicación del periodo de libertad provisional sobre el monto total de las penas impuestas diluye la efectividad del artículo 58 CP e infringe el artículo 76 CP.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 4787/2019
  • Fecha: 08/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es patente que el hecho probado establece una clara conexión entre la dádiva (contratación de la hija) y una actuación como funcionario (modificación de unos informes). Sin embargo, el material probatorio que apuntala de manera robusta la condena por prevaricación se revela como insuficiente por falta de carácter concluyente, para llegar a la certeza absoluta de que el recurrente sabía que esa anómala contratación obedecía a una "retribución" por una concreta actuación del funcionario a cuyo familiar se favorecía. No es descartable que ignorase ese trasfondo y actuase creyendo que era una forma de beneficiar a un familiar; pero no contrapartida a un acto del funcionario. Hay decisiones diferenciables y separadas en el tiempo con un dolo que, dentro de una inercia, ha de ser renovado y actualizado cada vez. Es un delito continuado. Hay actos administrativos diversos y secuenciados que por, sí mismos, integrarían cada uno de ellos un delito de prevaricación. No sólo es la contratación, son las sucesivas prórrogas. No toda infracción de los plazos procesales ni cualquier excesiva duración temporal de unas actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Sobre las circunstancias específicas de cada supuesto han de proyectarse los criterios objetivos (complejidad, márgenes ordinarios de duración de litigios semejantes, intereses arriesgados, conducta de las autoridades) que han de orientar al intérprete.

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