• Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: MANUEL AYO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 84/2022
  • Fecha: 06/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las declaraciones de los coimputados no poseen solidez plena como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia cuando, siendo únicas, no están mínimamente corroboradas por algún hecho, dato o circunstancia externa. Tales elementos de corroboración han de hallarse expuestos en las resoluciones judiciales recurridas como fundamentos probatorios de la condena. La exigencia de una mínima corroboración de su declaración no solo es aplicable a quien sea juzgado simultáneamente en el mismo proceso, esto es, a quien tiene la condición formal de coacusado, sino que dicha garantía de la mínima corroboración de la declaración incriminatoria debe extenderse también a los supuestos en los que tal declaración se presta por quien fue acusado de los mismos hechos en un proceso distinto y que, por esta razón, comparece como testigo en un proceso posterior en el que se juzga a otra persona. Delimitación de los elementos típicos del subtipo atenuado del art. 368, párrafo segundo: circunstancias personales del autor y escasa entidad del hecho. Requisitos jurisprudenciales para apreciación de consumo compartido.
  • Tipo Órgano: Sala de Apelación de la Audiencia Nacional
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUELA FRANCISCA FERNANDEZ PRADO
  • Nº Recurso: 9/2022
  • Fecha: 06/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Captación de jóvenes para radicalizarlos y convencerles para que se trasladasen a zonas de conflicto bélico. La decisión de proteger a un testigo ha de tomarse al margen de que los acusados estén presos o no. Riesgo de que sufran represalias las personas que declaren en su contra. Se garantizaron los derechos de defensa. Inexistencia de protesta al denegarse la realización de una pregunta al testigo. Falta de solicitud de subsanación de la falta que pudiera haber apreciado la defensa en las condiciones en las que se realizó la declaración del testigo protegido. Documentación que, por su naturaleza yihadista, promueven el empleo de la violencia y la lucha armada. Existencia de prueba de cargo. Error material en la sentencia apelada sobre el análisis a la pena a imponer, más que vulneración del principio acusatorio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10098/2022
  • Fecha: 06/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La naturaleza de la regulación de las causas de abstención y recusación se refieren "al mismo hecho", no "al mismo sujeto", lo que resulta obvio, porque el conocimiento previo determinante de la contaminación, se refiere al mismo hecho, del que hubieran conocido en fases previas y luego volvieran a conocer para enjuiciarlo. No existe una vulneración de la tutela judicial efectiva porque la vía del recurso adecuada ex lege lo sea con arreglo a la fecha de la incoación del procedimiento, que excluye la posibilidad de interponer un previo recurso de apelación ante el TSJ, habida cuenta que la regulación legal así lo prevé. Los elementos del tipo penal objeto de condena, son el empleo de violencia o intimidación en dos actos diferenciados en el tiempo y en los que sometió violentamente a la víctima a realizar el acto sexual descrito en el relato de hechos probados. Los hechos probados recogen dos hechos diferenciados que, aunque cometidos por el mismo sujeto y sobre la misma víctima, debido a la diferencia temporal y espacial devienen relevantes, en orden a no considerar como continuada su conducta.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: RUBEN PEREZ CORDON
  • Nº Recurso: 669/2022
  • Fecha: 06/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala confirma la sentencia condenatoria por un delito de apropiación indebida al no considerar que existió error en la apreciación de la prueba ni infracción de precepto legal o constitucional vinculado con la presunción de inocencia. Se recuerda que la jurisprudencia del TS ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las pruebas, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia; que haya existido en la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo. Además, tampoco es posible realizar un examen del proceso lógico- deductivo seguido por el juzgador de instancia en la valoración de las pruebas personales. Se comparte la apreciación probatoria realizada sobre el testimonio del denunciante, no pudiendo ser sustituida la convicción de la Juzgadora por la de los recurrentes. La alegación referida a que la sentencia de instancia no ha tomado en consideración la situación económica de los condenados en la imposición de la multa, tampoco se comparte, por cuanto en la misma expresamente se indica que, en la determinación de la pena, se han considerado tanto las características de los hechos como la capacidad económica de los condenados y además la cuantía fijada se encuentra dentro del tramo mínimo y tampoco hubo ninguna acreditadión de la situación económica por parte de los recurrentes que permitiese imponer una cuantía diferente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10123/2022
  • Fecha: 06/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se confirma la condena del recurrente sobre la base del testimonio de la víctima, coherente y persistente, en quien no concurren móviles espurios, y aparece corroborado por prueba pericial. El Tribunal Superior de Justicia subraya y enriquece la corrección de las inferencias que han llevado en la instancia a la condena; no excluye la veracidad de los hechos imputados las dificultades de la víctima para precisar las fechas en que aquéllos tuvieron lugar. La resolución recurrida hace frente también a la prueba de descargo que fue ofrecida en la instancia, esto es, el testimonio de la madre de A. -que depuso como acusada y amparada en el legítimo ejercicio del derecho de defensa- y su hermano -cuyo testimonio se descartó por la escasa verosimilitud que cabe conceder a sus manifestaciones, por su vinculación al entorno familiar-. El argumento invocado en el plenario por la defensa, referido a la ausencia de secuelas físicas en la menor también obtuvo respuesta desestimatoria, vistas las explicaciones ofrecidas por los facultativos forenses, por lo que ha de ser entendida como un dato neutro, que no permite confirmar pero tampoco descartar los hechos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CONCEPCION ROSARIO URESTE GARCIA
  • Nº Recurso: 3170/2019
  • Fecha: 06/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión casacional deducida por la recurrente, auxiliar administrativo, se centra en decidir si le corresponde percibir las cantidades reclamadas por las diferencias salariales existentes entre el salario percibido y el previsto en el convenio colectivo de aplicación del personal del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, es decir, entre lo que le abonan siendo personal temporal y lo que corresponde a los trabajadores fijos según la norma convencional. La Sala IV analiza el cumplimiento de los requisitos formales del escrito de formalización considerando que, aunque no se identifica el motivo de casación, su simple lectura permite discernir su incardinación en el art. 207 e) LRJS, por lo que no provoca indefensión a la contraparte. En cuanto al fondo, declara la vulneración del derecho de igualdad por infracción de la cláusula cuarta de la Directiva/CE 1999/70 y la doctrina fijada por la STJUE de 22/12/2010, sobre discriminación retributivas con el personal fijo en relación con el art. 14 CE, por cuanto ha quedado acreditado que el Ayuntamiento demandado ha retribuido a la demandante en una cuantía muy inferior a los trabajadores fijos que desarrollaban su mismo trabajo sin que se haya acreditado la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen de manera idónea, razonable y proporcionada dicho trato diferenciado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MARIA PIA CRISTINA CALDERON CUADRADO
  • Nº Recurso: 228/2022
  • Fecha: 05/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de alzada se hace eco de una corriente jurisprudencial aun minoritaria que viene a suavizar la tesis mayoritaria de que el derecho a la presunción de inocencia se proyecta sobre los hechos constitutivos de la infracción, no sobre los que excluyen o aminoran esa responsabilidad. Y así, aun siendo cierto que en materia de eximentes y atenuantes lo ordinario será que la carga de su alegación corresponda a la defensa, no es exacto, en cambio, que las dudas hayan de resolverse en contra de su apreciación. Si en el momento de decidir el Juzgador alberga dudas, habrá de inclinarse por la solución más favorable, también cuando se trata de eximentes, atenuantes o del error. Rige el principio in dubio. Se absuelve porque la cantidad de sustancia intervenida al acusado entra dentro de los límites establecido por el Tribunal Supremo para el autoconsumo. La cantidad de sustancia intervenida resulto ser 1,14 gramos de anfetamina (7,77 gramos anfetamina al 14,7%), cantidad que se rebaja a 1,083 gramos si se aplica el margen de error del 5% tal y como consta en el informe de farmacia. Dado que no se ha acreditado o alegado ningún acto de tráfico por parte del acusado, la única prueba en la que se basa la acusación y la condena es la cantidad de drogas intervenida, que no estaba dividida en dosis. El acusado ha reconocido ser consumidor habitual de la sustancia intervenida y consta informe pericial de Psicóloga Clínica que así lo corrobora.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
  • Nº Recurso: 3/2021
  • Fecha: 05/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Emisión y recepción en un centro penitenciario de cartas en las que se apoyaban mutuamente los interlocutores en materia religiosa, pero donde se incluían banderas, lemas, mensajes y consignas relacionados con los postulados de la organización terrorista DAESH, cánticos empleados por las organizaciones terroristas yihadistas para infundir ánimos en sus militantes, y textos religiosos con interpretaciones radicales, conteniendo banderas, lemas, mensajes y consignas relacionados con los postulados de la organización terrorista DAESH, emplazándoles para practicar la paciencia, la perseverancia y fortaleza. No puede apreciarse la excepción de cosa juzgada, al tratarse de hechos diferentes de los que fueron condenados anteriormente los acusados. No existe duda racional acerca de que las Magistradas del Tribunal ya se hayan pronunciado sobre la culpabilidad de uno de los acusados sobre los hechos que se juzgan, al juzgarse hechos diferentes. No se ha producido una investigación prospectiva. Los registros de las celdas se realizaron con autorización judicial y todas las garantías exigibles. No se infringió la cadena de custodia. Designación de abogado de oficio no impugnada. El derecho de defensa no se ha visto comprometido por no estar el acusado junto a su abogado. Los hechos declarados probados no tienen encaje en alguna figura delictiva. No existe prueba de la constitución de grupo criminal, ni de integración en organización terrorista ni de captación o adoctrinamiento.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER MARIA CALDERON GONZALEZ
  • Nº Recurso: 1110/2022
  • Fecha: 05/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Tribunal dice que el delito de coacciones requiere de: 1).- Una dinámica comisiva encaminada a un resultado que puede ser de doble carácter: impedir a alguien hacer lo que la ley no prohíbe, o compelerle a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto; 2).- Que tal actividad se plasme en una conducta de violencia, cuya clase ha ido ampliándose con el tiempo para incluir no sólo la "vis physica", sino también la intimidación, o "vis compulsiva" e, incluso, la fuerza en las cosas, o "vis in rebus", y ello incluso a través de terceras personas. La mera restricción de la libertad de obrar supone, de hecho, una violencia y, por tanto, una coacción, siendo lo decisorio el efecto coercitivo de la acción más que la propia acción. Esta utilización del medio coercitivo ha de ser adecuada, eficaz y causal respecto al resultado perseguido; 3).- Que esa conducta ofrezca una cierta intensidad, ya que si esta última fuera de tono menor aparecería como apropiado la apreciación de una falta -hoy delito leve-, teniendo en cuenta que, en la doctrina, además del desvalor de la acción se ha tomado también en consideración el desvalor del resultado; 4).- Existencia de un elemento subjetivo que abarque el ánimo tendencial de restringir la libertad de obrar ajena; y 5).- Una ilicitud del acto, examinado desde la normativa de la convivencia social y la jurídica que preside, o que debe regular, las actuaciones del agente, que no ha detentar autorización legítima para obrar de esa forma coactiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 12/2022
  • Fecha: 05/10/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la notificación realizada al recurrente de la resolución administrativa se le hizo sabe que podía interponer recurso contencioso-disciplinario militar ante el TMC en el plazo de 2 meses. Sin embargo, el letrado del recurrente interpuso recurso por fax remitido al Ministerio de Defensa, desde el que, posteriormente, se remitió en formato de papel al TMC, en el que entró fuera de plazo, por lo que se acordó su inadmisión. La resolución impugnada no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, pues explicita las razones que llevaron al tribunal a inadmitir el recurso contencioso-disciplinario interpuesto, razones que se exponen de forma clara, comprensible, racional y ajustada tanto a los preceptos legales como a la jurisprudencia de esta sala. El recurrente incurrió en una cadena de errores -remisión por fax el último día del plazo legal de interposición, marcando un número que no correspondía a ningún órgano jurisdiccional, sin indicar el órgano que había dictado la resolución impugnada y consignando erróneamente su fecha- que, en modo alguno, puede calificarse como equivocación disculpable, sino como error inexcusable generador de causa de inadmisión. El derecho a la tutela judicial efectiva es compatible con la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales y del lugar en que estos han de llevarse a efecto. No concurría circunstancia excepcional que permitiera interrumpir el plazo de interposición ni se solicitó su suspensión.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.