Resumen: En la medida en que la sentencia de apelación refrenda errores de la sentencia de instancia también el recurso de casación viene a fiscalizar ésta, aunque sea con el filtro de un pronunciamiento de apelación. No cabrá invocar motivos distintos a los previstos para la casación. Pero sí es viable reproducir la queja que ya fue rechazada en apelación si tiene cabida en uno de los motivos tasados de casación (arts. 849 a 852 LECrim) en la medida en que su convalidación por el Tribunal Superior de Justicia perpetua el defecto. Cuando se pone en duda la presunción de inocencia, este Tribunal ha de comprobar tres únicos aspectos: que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba. Cuando se denuncia la ruptura de la cadena de custodia, ha de aportarse los datos objetivos que racionalmente puedan llevar a esa convicción, argumentando con datos que fundamenten la denuncia. Para apreciar la atenuante de drogadicción, no es suficiente con probar un consumo habitual. Tiene que estar afectada la imputabilidad.
Resumen: La presunción de inocencia además de ser criterio informador del ordenamiento procesal penal, es un derecho fundamental en cuya virtud el acusado de un delito no puede ser considerado culpable hasta que así se declare en una Sentencia condenatoria que solo será legítima si viene precedida de una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las garantías procesales y libremente valorada por el Tribunal penal, pueda entenderse de cargo y soporte suficiente de la convicción. Para valorar la intensidad de la atenuante se debe conjugar tanto el examen del total de duración del proceso, como la pluralidad de los periodos de ralentización. Su análisis revela: a) El periodo total invertido en el enjuiciamiento ha sido desmesurado; b) En una pluralidad de momentos se han producido paralizaciones o ralentizaciones relevantes; c) Esos retrasos no venían in casu motivados por la complejidad de la investigación.
Resumen: Condena al acusado como autor material de un delito continuado de quebrantamiento de condena y medidas de seguridad, en concurso ideal con un delito de violencia de genero en su modalidad de acoso y la agravante de reincidencia en ambos delitos. Dispone su libre absolución por los delitos de agresión sexual y lesiones leves en el ámbito de la violencia de género. Configuración legal del delito de acoso, stalking u hostigamiento. Los actos intrusivos deben ser repetitivos en diversas secuencias de tiempos distintos y ha de producir una grave alteración de la vida cotidiana de la víctima. Configuración como un delito de resultado. Delito de quebrantamiento de condena. No se exige la existencia de un requerimiento previo con apercibimiento de incurrir en responsabilidad criminal. En el plano subjetivo es suficiente el conocimiento de la existencia de la orden de alejamiento. Continuidad delictiva en el delito de quebrantamiento. Concurso medial entre el delito de quebrantamiento de condena y el delito de acoso. Consumación delictiva. Agravante de reincidencia que se aprecia en ambos delitos al constar condenas previas tanto por delito de quebrantamiento como de violencia de genero en la modalidad de coacciones o acoso. Eximente de alteración psíquica. No basta la existencia de un diagnóstico de síndrome de ansiedad depresiva para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica.para las eximentes o atenuantes no rige la presunción de inocencia.
Resumen: Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido así declarado tras un previo juicio justo y como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se configura como derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable. El control casacional se orienta a verificar estos extremos, validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la valoración del material probatorio. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, pero impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable.
Resumen: La sección admite el recurso de casación 5181/20, en el que se plantea una cuestión idéntica a la que han dado respuesta favorable las sentencias estimatorias dictadas en los recursos de casación 6513, 3352, 7897, 6529, 6903, 8316/19, 221/20 y 6866/19. Al igual que en aquellos casos, la cuestión que se entiende tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si cabe la realización simultánea de los cursos para obtener la convalidación del título habilitante (Licenciado, Graduado en Derecho o Título Universitario de Grado equivalente) obtenido en el extranjero y los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para la profesión de abogado (Máster), o, por el contrario, es preciso haber obtenido previamente la convalidación del título habilitante para, posteriormente, ser admitido en el Máster. Se identifican como normas jurídicas que, en principio, deben ser objeto de interpretación: arts. 2 de la Ley 34/06 y 2 del Real Decreto 775/11.
Resumen: La Sala admite el recurso. Precisar, al igual que hicimos en los autos de esta Sección, dictados en los referenciados recursos que la cuestión que se entiende tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si cabe la realización simultánea de los cursos para obtener la convalidación del título habilitante (Licenciado, Graduado en Derecho o Título Universitario de Grado equivalente) obtenido en el extranjero y los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para la profesión de abogado (Máster), o, por el contrario, es preciso haber obtenido previamente la convalidación del título habilitante para, posteriormente, ser admitido. Identificar como normas jurídicas que, en principio, deben ser objeto de interpretación: arts. 2 de la Ley 24/06 y 2 del Real Decreto 775/11.
Resumen: La sección admite el recurso de casación 5170/20, en el que se plantea una cuestión idéntica a la que han dado respuesta favorable las sentencias estimatorias dictadas en los recursos de casación 6513, 3352, 7897, 6529, 6903, 8316/19, 221/20 y 6866/19. Al igual que en aquellos casos, la cuestión que se entiende tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si cabe la realización simultánea de los cursos para obtener la convalidación del título habilitante (Licenciado, Graduado en Derecho o Título Universitario de Grado equivalente) obtenido en el extranjero y los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para la profesión de abogado (Máster), o, por el contrario, es preciso haber obtenido previamente la convalidación del título habilitante para, posteriormente, ser admitido en el Máster. Se identifican como normas jurídicas que, en principio, deben ser objeto de interpretación: arts. 2 de la Ley 34/06 y 2 del Real Decreto 775/11.
Resumen: El artículo 849.1 LECrim que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. En cuanto a la alevosía, el TS viene aplicándola a todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato, (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada. La esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes. En el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo. El derecho de defensa del acusado absuelto impide realizar con ocasión del recurso un nuevo juicio de culpabilidad si aquél no es oído con inmediación por el Tribunal que conoce del recurso, como ocurre con el recurso de casación.
Resumen: Se cuestiona si resulta ajustada a derecho la pretensión formulada por el FOGASA en reclamación por revisión de prestaciones indebidas formulada al amparo de lo previsto en el art. 146 LRJS, cuando dichas prestaciones han sido reconocidas a la trabajadora por sentencia firme que estimó su pertinencia, en virtud del efecto del silencio positivo, al no haber resuelto el citado organismo en el plazo de tres meses la petición de prestaciones que le formuló la trabajadora. La Sala IV desestima la demanda. Sostiene que no cabe apreciar el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, ex art 222.1 LEC. Resuelve en aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada, ex art 224.4 LEC, al considerar que lo resuelto en el primer proceso, en el que se discute sobre la validez del acto administrativo presunto que se produjo porque el organismo demandado dejó transcurrir el plazo previsto normativamente para dar contestación a la petición formulada por un trabajador, aparece "como antecedente lógico" de lo que es objeto del pleito actual, siendo los mismos los litigantes. Por ello no se trata de una prestación indebida, pues es una prestación reconocida por una sentencia firme y, por lo tanto, intangible, salvo los limitados supuestos de la LEC. Lo contrario supondría vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, en su manifestación del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes.
Resumen: Remoción y cese de juez sustituto por falta de idoneidad, por no atender diligentemente los deberes del cargo incurriendo en retraso en el dictado de sentencias. Desestimación del recurso. La Comisión Permanente del CGPJ ostenta una competencia residual para todas aquellas materias que no estén atribuidas al Presidente, al Pleno o a las Comisiones legales, y la declaración de inidoneidad y cese de los jueces sustitutos no se encuentra entre las materias que corresponden a estos. Los hechos que han motivado la imposición de la declaración de inidoneidad han quedado plenamente acreditados. Inaplicación del principio de presunción de inocencia, pues el procedimiento de remoción no tiene carácter disciplinario.
