Resumen: El tribunal de instancia valoró las diversas pruebas, todas ellas lícitamente obtenidas, conforme a una estructura racional y lógica, por lo que no se vio afectado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. No hay base ninguna en las actuaciones para sostener, como hace el recurrente, que se rompió la cadena de custodia de las muestras de orina que le habían sido tomadas, sin que tengan relación alguna con los hechos imputados las alegaciones del recurrente relativas al número de personas que se sometieron a la prueba de orina el mismo día o al no envío del contenedor que alojaba el resto de pruebas de orina realizadas aquel día. En los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida no se introduce ningún elemento fáctico que no estuviera contenido en los hechos probados ni en estos se aprecia la existencia de ningún concepto jurídico predeterminante del fallo.
Resumen: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Efectos declarados en la STC 182/2021, de 26 de octubre, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL. Inexistencia de situación consolidada que impida la aplicación de sus efectos cuando la liquidación haya sdo impugnada en plazo. Inexistencia de cuestión nueva. Efecto útil de la casación.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor material de un delito de asesinato y de un delito de tenencia ilícita de armas. Acusado que concierta con otro un encuentro, al que acude armado con una pistola que apunta y dispara hacia el cuerpo de su víctima, realizando algunos disparos hacia su cabeza, produciendo su muerte. Tribunal de Jurado. Valoración de las pruebas por parte del Jurado popular y fundamentación del veredicto. Valoración de las declaraciones sumariales introducidas en el juicio oral mediante lectura de las recogidas en fase de instrucción sin la presencia del investigado y su defensa letrada, pero que había sido notificado para acudir a la diligencia. Presunción de inocencia y prueba indiciaria. Requisitos que debe reunir la prueba indiciaria para considerarla hábil para enervar la presunción de inocencia. Se aprecia una suma de elementos probados que conducen a una unívoca e inequívoca conclusión lógica final que completa el juicio de culpabilidad.
Resumen: Se recurre en suplicación por el trabajador la sentencia de instancia que había desestimado la demanda sobre despido objetivo planteada por el trabajador. La empresa procedió a despedir a varios trabajadores por causas económicas y organizativas, la sentencia ahora analizada desestima el recurso. En primer lugar la Sala desestima los motivos de nulidad planteados , el primero por no haberse invertido la intervención de las partes al ser un despido, al no haberse causado indefensión a la defensa del trabajador y no haberse formulado protesta. Y en cuanto al segundo motivo también se desestima porque la sentencia de instancia esta suficientemente motiva y no incurre en incongruencia. En cuanto a los motivos de denuncia jurídica también se desestiman, en primer lugar , y con una amplia cita de la jurisprudencia entiende la Sala que no se sobrepasan los umbrales numéricos para que estemos ante un despido colectivo. Entiende también la Sala que se ha probado la concurrencia de las causas alegadas y que estas son estructurales, extremo este probado por la empresa por lo que el haber esta la empresa en un ERTE - Covid no impide el despido objetivo. En la sentencia consta voto particular entendiendo que se superan los umbrales numéricos y por lo tanto se debería haber instado un despido colectivo y también entiende que no se han probado las causas alegadas.
Resumen: RCUD. Pleno. Prueba de videovigilancia aportada por la empleadora para justificar el despido de la empleada de hogar. Atendidas las circunstancias concurrentes, la prueba de videovigilancia debió ser tomada en consideración, conforme a la doctrina de la STEDH (Gran Sala) 17 octubre 2019 (López Ribalda II) y de la STC 39/2016, 3 de marzo de 2016. Se estima el recurso frente a la sentencia de suplicación y se confirma la sentencia de instancia. La prueba de videovigilancia aportada por la empleadora para justificar el despido de la empleada de hogar debió ser tomada en consideración. La sentencia del TSJ ahora recurrida en casación unificadora resolvió que no podía ser tomada en consideración, revocando así la sentencia de instancia que había entendido lo contrario. Se estima en Pleno.
Resumen: Denuncia de una serie de infracciones derivadas de la inclusión en el art. 56.1 del RD 135/2021 del término "preferentemente" al referirse al lugar desde el que intervendrán ante los juzgados y tribunales los profesionales de la Abogacía. Desestimación de la pretensión referida a la omisión de informe del CGPJ: no se considera una alteración sustancial la inclusión del término preferentemente en el texto final, no cambia el sentido de la norma por lo que no se debió someter el texto de nuevo a los informes preceptivos. Inalteración por el término litigioso del ppio. de igualdad, previsión puramente aclaratoria. Desestimación de la pretensión referida a la exigencia de reserva de ley: no se ve afectado derecho fundamental o libertad pública alguna de los garantizados en la Secc. 1ª del Cap.2º del Título 1º de la CE ni materia para la que ese texto legal exija de modo expreso ley orgánica. La posición física en la sala de justicia de los abogados no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Rechazo de la impugnación de los arts. 187.2 y 542.2 de la LOPJ, inalteración por el término litigioso de la obligación legal contenida en el primero de estos artículos. Inexistencia de vulneración de los ppios. de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad así como también de deficiente técnica normativa empleada en el art.56.1 del RD 135/2021
Resumen: El acusado fue condenado por el Juzgado de lo Penal como autor de un delito de resistencia agente de la autoridad en concurso con un delito básico de lesiones. Apela la sentencia, desestimando la AP su recurso. El policía local lesionado fue reiteradamente contundente al afirmar que el acusado le agredió, siendo ello la causa de sus lesiones, Que para su curación precisaron tratamiento quirúrgico y rehabilitación. En consecuencia, se practicó prueba de cargo suficiente y bastante para enervar la presunción de inocencia del recurrente, siendo irrelevante que la gente lesionado no denunciara hasta día después.
Resumen: Se recurre por el trabajador la sentencia de instancia que habiendo estimado parcialmente la demanda declara que la extinción de la relación laboral debe de calificarse como despido improcedente , desestimado la declaración de nulidad . La Sala desestima el recurso interpuesto por el trabajador y confirma la sentencia recurrida. En primer lugar analiza los requisitos que tanto por la doctrina como por la jurisprudencia se vienen exigiendo para apreciar la existencia de acoso laboral diferenciándolo de las situaciones de conflicto que se pueden presentar en el trabajo. Para concluir que el trabajador no ha venido sufriendo actos de hostigamiento , persecución o violencia sicológica, sin que exista un nexo causal entre la ansiedad causante de la Incapacidad Temporal y la situación laboral. En cuanto a la garantía de indemnidad, también se desestima pues el trabajador no ha aportado indicio alguno para que opere la inversión en la carga de la prueba y que la extinción de la relación laboral sea una represalia.
Resumen: La exigencia de que el servicio policial español que interesa la entrega controlada proporcione sus fuentes de conocimiento, no implica necesariamente que también deba proporcionar las fuentes de conocimiento de sus fuentes de conocimiento, que es lo que la parte pretendía con la declaración de los agentes de la DEA. No existe indicio de que se haya quebrantado la cadena de custodia, ya que existe una correlación entre las sustancias entregadas y las analizadas. La decisión del sujeto activo aparece de forma libre y anterior a la intervención puntual de los agentes encubiertos, y estos actuaron siempre por iniciativa de los autores de la infracción criminal, además no hay provocación delictiva. En los envíos de droga el delito se consuma siempre que existe un pacto o convenio entre los implicados para llevar a efecto la operación. La entrega no sirvió para la consumación del delito que ya lo estaba desde su encargo, sino sólo para identificar a los que formaba parte del grupo aquí en España, quienes ya habían manifestado su acuerdo con la remisión de la cocaína. Se han descrito las reuniones entre los miembros de la organización para preparar la operación, por lo que es aplicable subtipo agravado de organización criminal que se encuentra arraigada tanto en Colombia como en España que planifica sus actividades, llevando a cabo las distintas fases en los dos Estados, por lo que existe una red internacional del artículo 370.3 del Código Penal.
Resumen: Se confirma la condena del recurrente como autor de un delito contra la Seguridad Social, así como de la entidad que administraba como partícipe a título lucrativo. En el presente supuesto, el relato de hechos probados describe una serie de actuaciones del acusado que desbordan la mera omisión de abonar el importe de las cuotas o el simple impago del ingreso debido, habiéndose realizado actuaciones de ocultación o de alteración de datos de comunicación obligatoria que están directamente orientados a desdibujar y a ocultar su obligación de abono, configurándose de este modo la realidad defraudatoria que niega el recurso. Este realizó una serie de maniobras para eludir o dificultar la liquidación de la deuda que impagaba, lo que se refuerza con otros comportamientos complementarios: registró un domicilio fiscal falso; pese a afirmar que su nuevo objeto social era la actividad agraria, en el trámite de inspección solo presentó algunos contratos con explotaciones agrarias; los datos de algunos trabajadores contenían domicilios desconocidos o incorrectos; no presentaba tampoco la correspondiente documentación fiscal a la Administración Tributaria, impidiendo así el cruce de datos sobre su actividad. Todo lo expuesto configura una dinámica de ocultación que dificultó su persecución y la liquidación de las cuotas verdaderamente debidas e impagadas.
