• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 168/2019
  • Fecha: 15/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El art. 849.2 LECrim no autoriza una revisión genérica de la valoración de la prueba, como pretende la recurrente. La valoración de la declaración de la víctima, como prueba de cargo esencial, compete al Tribunal de instancia que, en el caso, se encuentra perfectamente razonada. Sobre la incongruencia omisiva denunciada, pese a no haberse solicitado la aclaración ante el Tribunal competente, se estima el motivo en aras a salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente. En el supuesto de autos, la duración de la tramitación de la causa ha sido de ocho años y en concreto siete ha durado la instrucción, cuando las diligencias de averiguación tan solo han consistido en tomar declaración a cinco testigos y a la imputada, lo que resulta un tiempo muy excesivo dada la ausencia de complejidad de la causa y de informes periciales que puedan dilatar el procedimiento.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 10596/2019
  • Fecha: 15/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En una reiterada jurisprudencia, la Sala ha considerado que el testimonio de la víctima, prestado con las debidas garantías entre las que destaca la contradicción, puede constituir prueba de cargo suficiente en la que basar la convicción del juez para la determinación de los hechos del caso. Así constatamos las declaraciones de la víctima persistente en su contenido incriminatorio a lo largo del procedimiento; y la pericial sobre la credibilidad del testimonio de la víctima que proporciona al tribunal criterios de valoración racionales surgidos de un estamento ajeno a la estructura de depuración de hechos sometidos a enjuiciamiento. El relato fáctico refiere que la menor tenía 13 años de edad cuando ocurrieron los hechos y no hay referencia alguna de un error en la edad por parte del acusado o que tuviera alguna duda sobre este extremo. La condena por el delito del artículo 183.1, 2.3 y 4 b) del Código Penal determina una pena de 8 a 15 años de prisión. La continuidad delictiva permite la imposición de pena superior en grado, la pena procedente sería de 15 años a 22 años y 6 meses, cuya mitad superior, se sitúa en los 18 años y 9 meses que constituye el límite máximo de la penalidad imponible, pena que imponemos teniendo en cuenta los criterios de individualización expuestos en la sentencia, una pena superior a la impuesta a las otros dos condenados por el delito en función del papel desempeñado en los hechos de la condena.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10184/2020
  • Fecha: 14/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena por delito de homicidio por el Tribunal del Jurado. Análisis de la prueba de indicios y contraindicios. Requisitos de la prueba indiciaria y su referencia secuenciada en la sentencia. Las instrucciones del Presidente del Tribunal del Jurado al Jurado una vez concluido el juicio. La formulación de preguntas por el Presidente del Tribunal a los testigos en un juicio de jurado. Momento de la incomunicación de los miembros del Jurado cuando las sesiones del juicio oral concluyen en viernes y la entrega del objeto del veredicto se produce el lunes. Inadmisión de testigos propuestos al inicio del juicio oral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 10575/2018
  • Fecha: 14/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: STS "Caso Gürtel" (primera época, 1999-2005). Se confirma en líneas generales, la sentencia de instancia, con ajustes en penas y multas, precisiones concursales y apreciación del art. 21.4 CP. Se analiza la vulneración de derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, la entrada y registro en despachos profesionales. El derecho de secreto profesional e intimidad. La interceptación de las comunicaciones de algunos acusados con sus abogados en situación de prisión preventiva. Doctrina del TC y TS. Se analizan los elementos objetivos y subjetivos de los delitos, la autoría y la participación y los posibles concursos. Distinción entre error tipo y error de prohibición. Se analizan las penas impuestas y su motivación. Se valoran las atenuantes de los arts, 21.6, 21.4, y 21.7. Así como la eximente del art. 20.7 CP. Falta de la doble instancia penal en el recurso casación anterior a la reforma. Cosa juzgada. Alcance del principio acusatorio. Prescripción los delitos conexos. Pleno no jurisdiccional 26-10-2010. Prescripción de los delitos fiscales instrumentales con blanqueo. Art. 65.3 en relación al extraneus. Evolución jurisprudencial. La declaración del coimputado. Cooperador necesario en los delitos fiscales de asesores, gestores, economistas, abogados o cualquier profesional especializado, art. 65.3 CP. Participación a título lucrativo. Notas que caracterizan a este partícipe. Se condena a un partido político.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 344/2020
  • Fecha: 14/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso de casación en el procedimiento seguido ante el tribunal del jurado, se dirige contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, revisando a su través tanto las respuestas que el órgano de apelación haya dado a las cuestiones que le fueron planteadas, como la misma actuación de este tribunal al tramitar y resolver dicho recurso. No se trata, pues, de una nueva oportunidad para dirigir el recurso contra la sentencia dictada por el tribunal del jurado que resolvió en la instancia tras el juicio oral, sino que el recurso de casación está orientado a la revisión de la actuación jurisdiccional del tribunal de apelación al tramitar y resolver esa clase recurso. Se considera que existe coautoría cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Lo que implica: a) la existencia de una decisión conjunta, que puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución, coautoría adhesiva. Incluso se ha admitido la sucesiva, que se produce cuando alguien suma un comportamiento al ya realizado por otro a fin de lograr la conclusión de un delito cuyos actos ejecutivos ya habían sido parcialmente realizados por éste. Y, b) en segundo lugar, la requiere una aportación al hecho que pueda valorarse como una acción esencial en la fase ejecutoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10148/2020
  • Fecha: 13/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La prueba ha de ser pertinente, necesaria, relevante y ha de ser posible. Todo ello ha de ser acreditado por el recurrente cuando se alega en vía de recurso la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes en su defensa. La fuerza a la que se refiere el artículo 178 CP ha de estar orientada a conseguir la ejecución de actos de contenido sexual y equivale a acometimiento, coacción o imposición material, al empleo de cualquier medio físico para doblegar la voluntad de la víctima y debe ser apreciada cuando sea idónea y adecuada para impedir a la víctima desenvolverse en su libre determinación, atendiendo a las circunstancias personales y fácticas concurrentes en el caso concreto. En cuanto a los daños morales, ha de tenerse en cuenta que se relacionan, de un lado, con los padecimientos de la víctima o del perjudicado derivados de las características del hecho delictivo, y, de otro lado, con las secuelas, especialmente de tipo emocional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 5396/2019
  • Fecha: 13/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala, siguiendo pronunciamientos anteriores sobre la misma cuestión, estima el recurso de casación, razonado al efecto que tras la STC 8/2017 -y la más reciente STC 85/2019-, y tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización. Esta corrección en sede de constitucionalidad del precepto, unido al hecho de que, por pura lógica, haber sufrido una prisión preventiva con ulterior absolución del delito imputado comporta un daño que ha de ser indemnizado, en la generalidad de los supuestos debe accederse a la pretensión indemnizatoria. Ahora bien, ello no significa que la prisión provisional, cuando el proceso penal concluya con un pronunciamiento de absolución (o sobreseimiento libre), de lugar a indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos, sino que habrá de atemperarse a las circunstancias de cada supuesto y sin que tenga efecto retroactivo. En el presente caso, las circunstancias a tomar en consideración para fijar la indemnización son las personales y familiares, una vez acreditada la índole de los daños irrogados a la recurrente por el tiempo de la prisión preventiva en atención a la naturaleza del delito por el que fue absuelta (delito de homicidio imprudente).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 3581/2018
  • Fecha: 09/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito contra la salud. Error en la apreciación de la prueba. Supuestos excepcionales en los que puede basarse en un informe pericial. Sentencia de conformidad: se alega que no hubo conformidad sobre la notoria importancia. La sentencia se atiene a los términos de la conformidad que se basaba en la aplicación de los artículos 368 y 369 del Código Penal, aunque el Ministerio Fiscal erró al designar el artículo correcto. Subtipo de adulteración o manipulación de la sustancia tóxica. Necesidad de la conformidad de todas las partes. Existencia de una práctica de conformidades parciales. Inexistencia de base fáctica para el subtipo aplicado: se exige que se aumente el potencial dañino. Posibilidad de recurrir en casación las sentencias de conformidad: cabe en el presente caso. No se respetan los requisitos de índole formal. Debe excluirse el subtipo agravado de manipulación. Escuchas telefónicas: requisitos constitucionales. Necesidad de la existencia de motivación basada en indicios bastantes. Presunción de inocencia: alcance del análisis cuando se alega en casación. Existencia de prueba de cargo bastante. Validez de las escuchas telefónicas como prueba de cargo. Igualdad ante la ley: doctrina jurisprudencial. Subtipo atenuado de escasa entidad: elemento objetivo y subjetivo. Grupo criminal: elementos configuradores. Diferencia entre grupo criminal y codelincuencia. Atenuante de grave adicción: carácter funcional. Dilaciones indebidas: criterios para su apreciación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 3216/2020
  • Fecha: 09/10/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Sanción por emisión de programa con contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad y con una calificación por edades inadecuada. Admisión del recurso de casación. La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si los hechos tipificados como infracción por el artículo 7.6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, deben calificarse como infracción grave - artículo 58.12 LGCA- o como infracción leve -artículo 59.2 LGCA-.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 3155/2020
  • Fecha: 09/10/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Sanción por emisión de programa con contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad y con una calificación por edades inadecuada. Admisión: artículo 7.6, en relación con los artículos 58.12 y 59.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (infracción leve o grave). La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si los hechos tipificados como infracción por el artículo 7.6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA), deben calificarse como infracción grave - artículo 58.12 LGCA- o como infracción leve -artículo 59.2 LGCA-

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