• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 5579/2019
  • Fecha: 25/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima los recursos que derivan de la demanda formulada por un exalcalde contra la editorial y el autor del libro "Fariña", por intromisión en su derecho al honor. Prevalece la libertad de información sobre el derecho al honor del demandante porque las menciones que se hacen al exregidor cumplen el requisito de la veracidad. No existe controversia sobre el interés general del asunto sobre el que versa el libro, en el que se menciona puntualmente al demandante, pues se enmarcaba en un relato sobre la historia del narcotráfico gallego, de graves consecuencias sociales, y sobre el que ha existido una vasta investigación policial y abundantes procedimientos penales. Es correcto el razonamiento de la sentencia recurrida acerca de que la información contenida en el libro sobre el demandante es veraz, tanto por reflejar la información dada a lo largo del tiempo en diversos medios de comunicación, como por lo que resulta de los diferentes sumarios en los que fue acusado y juzgado el demandante y de las sentencias penales que en unos casos le absolvieron y en otros le condenaron. Tampoco falta el requisito de la veracidad en la alusión al demandante en las entrevistas concedidas por el autor del libro como persona vinculada al narcotráfico, condenado por narcotráfico, e incluso narcotraficante (la mención al demandante era un ejemplo de los políticos que tras haber sido acusados o condenados por narcotráfico se presentaban a las elecciones y obtenían el respaldo popular).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 39/2019
  • Fecha: 20/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se presenta demanda de revisión frente a las sentencias de instancia y suplicación que declaran procedente el despido disciplinario, incoado por irregularidades en el suministro de combustible en operaciones realizadas con tarjetas titularidad del Cabildo de Gran Canaria. Tras sistematizar los requisitos para que proceda la revisión de sentencias firmes, con fundamento en sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial que absolvieron al demandante de los delitos de estafa y apropiación indebida de los que estaba acusado. La sentencia desestima la demanda de revisión por cuanto las sentencias penales no son documentos anteriores al proceso laboral que se hubieran recobrado con posterioridad a su finalización. Añade que las sentencias penales no sirven, siempre como presupuesto para la revisión de una sentencia firme en el ámbito laboral, y en el supuesto las sentencias penales evidencian que la absolución se debía a la aplicación del principio de presunción de inocencia por cuando la única prueba de carga fue la declaración de uno de los acusados. Añade que en la carta de despido no se imputa al trabajador ningún hecho con relevancia penal
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 8314/2019
  • Fecha: 18/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reitera la doctrina sentada en SSTS nº 968, 1055, 1153, 1419 y 1444/20, entre otras, en las que se analizaba idéntica cuestión. Se razona, en esencia, que hacer posible cursar el Máster de acceso a la Abogacía sin que se posea la titulación u homologación de Grado hasta el momento del examen o evaluación final del Máster, y permitiendo que se simultanee con el Máster los estudios de convalidación del título extranjero para la obtención del título de Grado en Derecho u Homologado no resulta conforme a la Ley 34/2006, artículo 2, y Real Decreto 775/2011, cuyos artículos 3 y 4 reiteran que los estudios para la capacitación profesional del abogado son "cursos de formación para abogados"; de forma que, si no se está en presencia de un título de Licenciado o Graduado en Derecho o en poder de la credencial de homologación de un título extranjero, no se puede participar en "cursos de formación para abogados". Así, la respuesta a la cuestión planteada es: "A efectos de acceso a la profesión de abogado, curso de formación especializada (Posgrado, Máster) creado por la Ley 34/2006, y reglamentado por el Real Decreto 775/2011, en el marco del Real Decreto 1393/2007 (anterior RD 56/2005), es exigible haber obtenido previamente la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (o del título español de Grado), sin que sea conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones."
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Tarragona
  • Ponente: MATILDE VICENTE DIAZ
  • Nº Recurso: 394/2019
  • Fecha: 14/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Formulada demanda de responsabilidad contra un Procurador por incumplimiento de obligaciones- no liquidación de tasas- que determinó el archivo del procedimiento y caducidad de la acción, en reclamación de daños materiales ( minuta de letrado) y morales ( perdida de oportunidad), se dictó sentencia que estima en parte la demanda. La sentencia de apelación, que la confirma, señala que el contrato entre cliente y Procurador es de arrendamiento de servicios y que la obligación del Procurador comprende hacer cuanto conduzca a la defensa de los intereses del cliente; en cuanto a las pautas sobre la valoración del daño señala que desde el año 2006 la jurisprudencia ha entendido que la responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea, lo que obliga a realizar el cálculo prospectivo del éxito de la oportunidad frustrada, sin que sea necesaria la demostración de la existencia de una relación de certeza absoluta sobre la influencia causal en el resultado del proceso del incumplimiento, pero si que la conducta disminuyó en grado apreciable las oportunidades de éxito de la acción y constatada la disminución de probabilidades de éxito de la acción podrá graduarse la responsabilidad según la proporción en la que se fije la probabilidad de contribución causal de la conducta al fracaso de la acción pudiendo dar lugar a indemnización por daños materiales, incluido lucro cesante y morales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 827/2019
  • Fecha: 13/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El acusado no se limitaba a tener los referidos sistemas de captación de imágenes, sino que, además procedía después al archivo y grabación de las imágenes así obtenidas, vulnerando abiertamente la intimidad de sus subordinadas con plena conciencia y voluntad de hacerlo. El Tribunal considera que el prevalimiento del cargo público al que el artículo 198 del Código Penal alude debe ser interpretado no en el sentido de mero aprovechamiento (laboral) del cargo, de la categoría profesional o de las facultades de dirección que el mismo proyecta sobre sus subordinados (también funcionarios públicos de ordinario), sino en atención a que el delito sea cometido prevaliéndose el sujeto activo de su condición o cargo público frente a particulares (o naturalmente frente a autoridades o funcionarios públicos al margen de su función). El citado tipo requiere en primer lugar que el sujeto activo sea autoridad o funcionario público. Ahora bien, no nos encontramos ante un tipo anudado a la función pública. No es suficiente con la condición de funcionario público del sujeto activo. Es necesario que actúe en el área de sus funciones específicas, de tal modo que aun cuando la acción sea ejecutada por una autoridad o funcionario público, si su actuación no se refiere específicamente a tales funciones y únicamente se ha aprovechado de su condición de autoridad o funcionario para facilitar la comisión del hecho, su actuación deberá ser calificada conforme al artículo 197 del Código Penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 891/2019
  • Fecha: 13/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Suele ser objeto de alegación con frecuencia la existencia de contradicciones en las declaraciones de los acusados, víctimas o testigos en sus diversas manifestaciones que llevan a cabo tanto en sede policial, como ante el juzgado de instrucción y su comparación con la llevada a cabo en el plenario. No obstante, cuando se alega el concepto de contradicción no debe perderse de vista que, técnicamente, por tal debería entenderse aquello que es antagónico u opuesto a otra cosa. Y en la mayoría de los supuestos en que se alega la pretendida contradicción se centra o ciñe más en cuestiones de matices respecto al contenido propio de las declaraciones. En casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Comete violación y no está amparado por causa alguna de justificación quien, usando fuerza o intimidación, tuviese acceso carnal con su cónyuge. No existen supuestos "derechos" a la prestación sexual, debiendo primar el respeto a la dignidad y a la libertad de la persona. La Sala II ha entendido que la conducta que se sanciona en el art. 173.2 es distinta de las concretas agresiones cometidas contra esas personas. La conducta típica viene, pues, integrada por una forma de actuar y de comportarse de manera habitual en la que la violencia está constantemente presente, creando una situación permanente de dominación.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: CARLOS VILLAGRASA ALCAIDE
  • Nº Recurso: 1040/2019
  • Fecha: 12/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Formulada demanda contra la aseguradora de la responsabilidad civil del seguro del automóvil del actor, en reclamación de la minuta abonada al Letrado a quien encomendó la defensa, en procedimiento por un accidente de tráfico, por coincidir la aseguradora de los conductores implicados y rechazar la suma ofrecida por la compañía, la sentencia de primera instancia, constatado el conflicto de intereses, entiende que la aseguradora esta obligada a abonar los gastos de la dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza. La sentencia de apelación, que estima en parte el recurso del actor, tras señalar que el seguro de responsabilidad civil no comprende, salvo contratación, un seguro de defensa jurídica, indica que respecto a la defensa del asegurado que incurre en responsabilidad civil frente a terceros, atribuye al asegurador la simple dirección jurídica "defensa estricta", siendo regla general que el asegurador asuma la dirección jurídica de su asegurado, salvo pacto en contrario o, cuando quien reclama está asegurado en la misma compañía, o concurre otro posible conflicto de intereses, en cuyo caso el asegurador debe abonar los gastos de la dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza; en cuanto a que si tal limite constituye una clausula limitativa de derechos o delimitadora, considera que en principio debe considerarse delimitadora del riesgo pero que en caso de que el limite fuera notoriamente insuficientes debe considerarse limitativa de derechos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10327/2020
  • Fecha: 30/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El escrito de conclusiones provisionales se limitará a exponer ordenadamente la calificación legal de los hechos determinando el delito que constituyan. La dosis media diaria de ketamina ha de situarse en 200 mgr, lo que supone que la cantidad de notoria importancia empezaría con la tenencia de 100 gramos de ketamina. En este caso se ocuparon 85,5 gramos puros lo que supondrían 427,75 dosis, que, sumadas a las anteriores correspondientes a otras sustancias, rebasarían ampliamente las quinientas. La ketamina se trata de una sustancia que causa daño a la salud. El Pleno de esta Sala no ha establecido, cuál es la dosis de consumo diario de esta sustancia psicotrópica y, por tanto, cuál sería la cantidad comprendida en las 500 dosis de ketamina, lo cierto es que en el presente caso el acusado transportaba casi cuatro kilos de la sustancia, lo que significa que atendiendo a su elevada nocividad y ponderando que, según se desprende del folio 179 de la causa, la dosis de abuso habitual pudiera ser de unos 200 miligramos, por muy a la baja que corrijamos esta cifra resulta patente que la ketamina que se le ocupó al recurrente supera incuestionablemente el límite jurisprudencial de la notoria importancia, vistos los baremos que barajamos al ubicar el listón del subtipo agravado en otras sustancias que causan grave daño a la salud al efecto de aplicar el art. 369.5ª del C. Penal. La ketamina es una sustancia potencialmente peligrosa para la salud, derivada de la feniciclina.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10435/2020
  • Fecha: 30/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El ánimo o intención de matar, elemento subjetivo del homicidio, pertenece al ámbito interno de la persona y requiere un juicio de inferencia para su fijación en el proceso penal, operación compleja que partiendo de datos fácticos demostrados, conduce -a través de las reglas lógicas o de experiencia- a la certeza moral que la resolución judicial necesita; y ese juicio de inferencia obliga a una indagación cuidadosa de todas circunstancias del hecho, en cuanto pueden facilitar datos o elementos significativos de la voluntad o intención del sujeto y se vienen destacando el arma o medios utilizados, la zona a la que se dirige el ataque, número de golpes, violencia o intensidad de los mismos, condiciones de espacio y tiempo en que se produjo la agresión, circunstancias conexas, las palabras del autor, previas, coetáneas y posteriores a la agresión, móvil del delito y cualesquiera otras que en función de las circunstancias del hecho puedan determinar el alcance de la intención lesiva. La Sala II ha admitido en ocasiones una modalidad especial de alevosía convivencial basada en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones del acusado. Se trataría de una alevosía doméstica, derivada de la relajación de los recursos defensivos como consecuencia de la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive día a día.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Lleida
  • Ponente: VICTOR MANUEL GARCIA NAVASCUES
  • Nº Recurso: 6/2020
  • Fecha: 23/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena por abusos sexuales sobre personas discapacitadas. Presunción de inocencia y prueba de cargo. Testifical de las víctimas que adolecen de una relevante discapacidad mental. Declaraciones recogidas durante la instrucción como pruebas preconstituidas y visionadas sus grabaciones durante las sesiones del juicio oral. Pericial psicológica sobre credibilidad de las víctimas. Testimonios de corroboración. Incorporación al proceso de conversación de Whatsapp aportada por persona diferente a quienes han mantenido el dialogo. No afecta al secreto de las comunicaciones sino a la intimidad personal de la persona. El consentimiento eficaz del sujeto particular legitima la inmisión en su derecho a la intimidad y excluye la lesión del derecho invocado. Delito continuado de abuso sexual con penetraciones anales y bucales cometido sobre persona con discapacidad. Ausencia de consentimiento valorable como libre ejercicio de su libertad sexual. Conductas sexuales ejecutadas con abuso del trastorno psíquico de la víctima. No concurre la agravante específica de especial vulnerabilidad de la víctima pues el aprovechamiento de su discapacidad ya es considerado para la presunción legal de ausencia de consentimiento. Continuidad delictiva. Delito continuado de corrupción de persona discapacitada cometido sobre víctima distinta, también con acreditado nivel de discapacidad mental. Solicitud de una relación sexual con persona discapacitada con ofrecimiento de precio o recompensa.

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