• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 2293/2019
  • Fecha: 17/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Elementos del tipo del art. 257.1 CP. Existencia de prueba de cargo suficientemente motivada por el Tribunal. Responsabilidad civil en el alzamiento de bienes cuando no es posible anular las operaciones llevadas a cabo. En la medida que la indemnización no exceda del valor del bien sustraído a la ejecución debe aplicarse como remedio subsidiario la indemnización correspondiente de daños y perjuicios. La reparación e indemnización es también un medio sustitutivo de la integridad patrimonial cercenada por el acto de disposición fraudulenta, cuando la reintegración es imposible. Individualización judicial de la pena. Adecuación de la misma en sede casacional cuando se produce por el Tribunal una exasperación punitiva sin concurrir agravante alguna y se acude a la mitad superior del arco penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10604/2020
  • Fecha: 11/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. A través del motivo formulado al amparo del artículo 849.2 LECrim se exige: a) que se trate de una verdadera prueba documental; b) que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico; c) que el dato no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; d) que el dato contradictorio así acreditado tenga virtualidad para modificar algún pronunciamiento del fallo. La indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal doloso, como es el caso que nos ocupa, que realice el Tribunal de instancia, fijando el alcance material del quantum de las responsabilidades civiles por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante, no puede ser sometida a la censura de la casación por ser una cuestión totalmente autónoma y la de discrecional facultad del órgano sentenciador
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2122/2019
  • Fecha: 04/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El acusado podía querer convencerse ilusamente de que eran mayores. Pero se trataría en todo caso, de una creencia, débil, frágil; tan frágil que conviviría necesariamente con la conciencia de que lo más probable es que fuesen menores. El error de que habla el art. 14 CP exige certeza, o quasi certeza: un conocimiento equivocado pero seguro. Si el sujeto actúa con dudas serias sobre la concurrencia de un elemento típico, que prefiere no llegar a conocer, no puede ser disculpado por ese error consciente; o, mejor, buscada situación de error. Es supuesto asimilable al dolo eventual: la sospecha de ilicitud excluye el error. El no querer despejar sus serias dudas, equivale a la conocida como ignorancia deliberada. La duda, no casa bien con el concepto de creencia errónea. Los razonamientos del recurso, en otro orden de cosas, se adentran en una materia de revaloración de pruebas de carácter personal (testifical) y de otros elementos (aspecto de las menores. rostro, facciones, timbre de la voz..) en que despliega un protagonismo muy significado la inmediación y, que, por tanto, escapan a la fiscalización en casación. Que unas menores perciban esas conductas -prostituirse por unos pocos euros- como algo trivial, supone el reflejo del negativo impacto que actuaciones como las del recurrente dejan en la formación de las menores. Que además se les remunere el favor carnal con droga agrava ese daño en su desarrollo formativo. Alguna repercusión reparatoria ha de tener ese daño moral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 1292/2019
  • Fecha: 04/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El atestado policial expresa que la confesión se efectuó voluntariamente al ser preguntado. No se duda de la voluntariedad. Pero es cuestionable la espontaneidad en la medida en que se estaba contestando a preguntas formuladas directamente por los agentes sin previa información de derechos. Ésta solo se efectuó a continuación. En consecuencia, hemos de expulsar del material probatorio esas manifestaciones. Las razones que fundan una previsión de permiso judicial en cuanto a la cesión de datos asociados a la comunicación radican en la afectación de derechos de nueva generación como son la autodeterminación informativa o el derecho a la identidad virtual. En ningún caso, se incide en el derecho al secreto de las comunicaciones. En el Pleno celebrado el 23 de febrero de 2010 se acordó, con relación a la interpretación de los arts. 6 y 7 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, que era necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos generados o tratados con tal motivo. Esa Ley no se hallaba en vigor cuando se perpetraron los hechos perseguidos en este procedimiento. Además, quien efectuó la inicial denuncia conocía legítimamente la IP y estaba obligada a denunciar facilitando cuantos datos estuviesen en su poder. Eso cambia radicalmente el enfoque. No se trata de alguien que busca pruebas mediante metodología vulneradora de derechos fundamentales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 1895/2019
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es a la Ley procesal a la que corresponde determinar los casos en que las personas públicas disponen de acciones procesales para la defensa del interés general que tienen encomendado. La actuación del Ayuntamiento en este proceso como parte acusadora popular carecería también de toda habilitación normativa. Ni podría otorgarla, desde luego, un acuerdo plenario de la Corporación ni, tampoco, las previsiones genéricas habilitantes de la Ley de Régimen Local para la defensa de intereses colectivos o públicos. La condición primaria legitimante que impone nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal es que quien ejerza la acción penal particular tenga la condición de ofendido por el delito. El delito, objeto de este proceso, protege exclusivamente el derecho a la intimidad de la persona o personas cuyos datos personales reservados, por estar al abrigo de un acceso directo público y general no condicionado, han sido ilícitamente descubiertos. Siendo cierto el gravamen de pluralidad no justificada de acusaciones no apreciamos que ello supusiera de forma efectiva, en el caso, desequilibrios graves y estructurales que afectaran a los límites de la acción penal o a los derechos de defensa del recurrente. La negativa del tribunal de instancia a que el recurrente ocupara un lugar al lado de su abogado carece de justificación suficiente. El sobreseimiento libre es un equivalente funcional y material de la sentencia absolutoria, cuya firmeza no pude verse atacada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 10594/2020
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Del relato fáctico resultan los elementos del homicidio y de la alevosía, al resultar los elementos de la selección de un medio dirigido a producir la muerte sin riesgo para el autor y sin posibilidades de defensa. Las alegaciones sobre la existencia de los presupuestos de una legítima defensa carecen de base atendible, pues aparte de la trascripción de las declaraciones y periciales, en su integridad, ningún apartado permite una justificación de la acción en la legítima defensa. Se constata un error en la imposición de la medida de libertad vigilada en el delito de asesinato. La sentencia impone la medida de 7 años y 6 meses, pena que carece de cobertura legal. El art. 105 CP prevé la duración de la medida, con carácter general, de 5 años y de 10 años, cuando el Código expresamente lo prevea. La medida se impone de acuerdo al art. 140 bis, sin previsión expresa de 10 años, por lo que el límite máximo es el de 5 años de duración máxima. A tenor de lo señalado se sustituye la duración de la medida de libertad vigilada de 7 años y 6 meses impuesta, por la de 5 años.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 10415/2020
  • Fecha: 16/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se trata de declaraciones testificales, la jurisprudencia ha venido equiparando los casos de fallecimiento del testigo con otros que supongan la imposibilidad de comparecer, como el encontrarse en ignorado paradero o bien cuando el testigo resida en país extranjero, cuando de este dato se desprenda la imposibilidad o una seria dificultad para hacerlo comparecer ante el Tribunal. Los artículos 448 y 777 de la LECrim regulan la prueba preconstituida, garantizando a las partes la posibilidad de contradicción. La diligencia deberá ser luego introducida en el plenario en la forma prevista en el artículo 730, al que se remite expresamente el artículo 777. El Tribunal debió admitir la lectura de la declaración sumarial, tal como pretendían las defensas de los recurrentes, una vez que consideró que la prueba admitida no podía ser practicada de la forma ordinaria, procediendo directamente al interrogatorio de la testigo. El funcionario policial prestó declaración por videoconferencia. Una vez que hubo finalizado su interrogatorio se procedió a la declaración de otro agente policial, percatándose en ese momento el Tribunal de que tanto el anterior como el que ahora declaraba, así como otros dos agentes también citados como testigos, se encontraban en la misma sala, de manera que la declaración del primero había sido presenciada por los otros tres. Aclarado este aspecto, se prescindió de la declaración de estos tres agentes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10232/2020
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia; pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. Podríamos hablar de un exceso intensivo en la defensa por la repetición de las puñaladas, la intensidad de las mismas y el lugar al que fueron dirigidas, sin que se pueda hablar de situación de error alguno, pues nada al respecto se desprende del relato fáctico. En todo caso, se produce un exceso extensivo o impropio, bien porque la reacción se anticipa o bien porque se prorroga indebidamente y la legitima defensa no puede apreciarse en ninguno de estos casos, ni como completa ni incompleta. El reproche penal se excluiría por el miedo insuperable ante el intenso temor o situación de angustia en que se sitúa al autor. No se ha demostrado que el acusado sufriese una situación de temor a perder su vida que afectase a su capacidad de decisión en alguna medida. Tampoco existe ninguna referencia fáctica que pudiera siquiera valorarse como un estímulo relevante a los efectos de poder analizar si alcanza las exigencias que necesariamente deben cumplirse para apreciar la atenuante de arrebato u obcecación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 10559/2020
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Los hechos probados narran un episodio de violencia de género en el matrimonio compuesto por el acusado y su víctima. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso confirmando íntegramente la sentencia de instancia. Se alega la vulneración de la presunción constitucional de inocencia, referenciada, en ocasiones, con la censura del derecho a la tutela judicial efectiva, por falta de motivación, sobre cada uno de los delitos por los que se le ha condenado. Declaración de la víctima: parámetros subjetivos, objetivos y temporales. Corroboraciones: análisis. Fases de la valoración probatoria: 1. Inmediación. 2. Valoración singular de tal rendimiento probatorio: significa trasladar lo expresado a conocimiento judicial, cristalizando en el contenido de su declaración. El Tribunal refleja aquello que resulta de utilidad para el enjuiciamiento de la causa; y se refuerza mediante otros elementos, como el grado de credibilidad en la prueba testifical o el índice de fiabilidad en la pericial. 3. Apreciación probatoria plural: las diversas fuentes probatorias, convergen en un ejercicio racional de convicción judicial. Pruebas directas e indirectas se entrelazan en esta misión, con objeto de dar por probado un relato de lo sucedido, que constituya paso previo para verificar una subsunción jurídica. 4. Todo este recorrido debe ser justificado mediante el ejercicio judicial de racionalidad, motivando cada uno de los pasos citados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1565/2019
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurrente fue condenado como autor de un delito del art. 530 y del art. 390.1.4 del CP. Los hechos se ceñían a una supuesta prolongación de la detención de dos personas implicadas en ciertos ilícitos y en la creación en el Servicio Informático de la Guardia Civil (SIGO) de un hecho delictivo y de la detención de las anteriores. El Tribunal Supremo estima el motivo al no poder concluirse que en la conducta del recurrente concurra una actuación dolosa, ni en el delito del art. 530 CP, ni en el del art. 390 CP. No hubo un dolo de que en el desarrollo de la permanencia de las detenidas en dependencias policiales se vulneraran sus derechos y garantías constitucionales. Tampoco una lesividad evidente del bien jurídico protegido, ni una extralimitación típica y punible ex art. 530 CP en el ejercicio de las funciones que tenían encomendadas, sino más bien que la praxis en el devenir de los acontecimientos en su caso pudo ser mejor. Pero ello no integra normativamente un delito del art. 530 CP. En cuanto al delito de falsedad, pudiera existir un mal proceder reglamentario de cómo se actuó, y cómo se refleja luego en el programa informático, pero no es un delito este proceder. Podría, incluso, llegar a hablarse de una irregularidad a la hora de documentar otra irregularidad al no hacer del todo correctamente lo que aconteció. En cualquier caso, lo que se reflejó es verdad, puesto que estuvieron detenidas, lo que excluye el delito.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.