Resumen: Delito de abuso sexual a menor de 16 años. El condenado es persona con discapacidad del 90%, postrado en silla de ruedas y dificultad de movimientos, que da un fugaz beso en la comisura de los labios a una niña de 7 años. i) Se alega que, acreditada dicha discapacidad, no fue tratado el acusado en condiciones de igualdad que suplieran tal falta, quejándose de que no fuera sometido a una pericial por neurólogo forense que evaluase el alcance de su parálisis, y se reprocha que tal pericia no la acordasen juez, fiscal, ni la solicitase el abogado que llevo la defensa hasta apelación. Se rechaza el motivo, tanto por plantearse ex novo; en casación, como porque durante la sustanciación del procedimiento no se encauzó la línea de defensa desde ese punto de vista, no se pudo apreciar ninguna circunstancia que lo demandase, ni prever que un ulterior abogado se acogiera a ella. ii) El beso como acto de connotación sexual, a diferencia de otro tipo de besos: doctrina asentada de la Sala sobre tocamientos fugaces inconsentidos de carácter sexual, e innecesariedad de que concurra ánimo lascivo en el dolo del autor. iii) Ley penal intermedia: problemática que plantea la Disp. Trans. 1ª LO 4/2023, que establece que «los delitos cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta ley orgánica se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión», y aplicación de la LO 10/2022, en atención al principio de la ley intermedia más favorable al reo.
Resumen: La inserción del elemento de la razonabilidad en el contenido esencial de la presunción de inocencia genera un espacio común, en el que se mezcla con el derecho a la tutela judicial efectiva; de forma que el tribunal de casación debe confirmar que el órgano de enjuiciamiento haya fijado, con claridad, las razones contempladas para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos. En lo tocante a la declaración de la víctima, puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible, lo que es frecuente que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada. La prosperabilidad del motivo esgrimido por predeterminación del fallo exige: a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) que tales expresiones sean tan sólo asequibles por regla general para los juristas y no sean compartidas en el uso del lenguaje común; c) que tengan valor causal respecto al fallo; y d) que suprimidos tales conceptos jurídicos, dejen el hecho histórico sin base alguna.
Resumen: Delito de violación. Hechos cometidos dentro del matrimonio. Se alega vulneración de preceptos constitucionales. La sentencia recuerda el alcance de la revisión casacional cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se recuerda la doctrina de la Sala sobre la declaración de la víctima y su aptitud para poder actuar como prueba de cargo. Se denuncia la inaplicación de las atenuante de drogadicción y dilaciones indebidas. El consumo de sustancias estupefacientes o de alcohol, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuante. Respecto de la atenuante de dilaciones indebidas se señala que, al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento), atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del art. 21.6ª CP.
Resumen: Concepto de violencia: Oposición de la víctima que deriva en enfrentamiento que es superado con una fuerza eficaz y suficiente desplegada por el sujeto activo. Tutela judicial efectiva: Recurso interpuesto por el fiscal por quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva. Denuncia que el TSJ, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el acusado por quebrantamiento del derecho a la presunción de inocencia, ha efectuado una irracional supervisión de la valoración probatoria practicada en la instancia y declarado la falta de probanza de un elemento del tipo penal que el Tribunal de instancia declaró concurrente, en virtud de una prueba practicada a su presencia. Estimación: el Tribunal de apelación no aporta elementos probatorios que desactiven la fuerza incriminatoria de la prueba en la que el Tribunal de instancia basó su condena, pese a que el Tribunal de apelación acepta la credibilidad que el tribunal de instancia otorgó a este último medio probatorio. Se procede a revisar la pena en virtud de LO 10/2022 y LO 4/2023.
Resumen: La sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la resolutoria del recurso de apelación. Frente a la misma el recurrente deberá plantear su disidencia, sin que -como principio general y, sobre todo, en relación con el ámbito fáctico- pueda consistir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación ni en el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Si legislativamente se considera que la agresión sexual no necesariamente será más grave, merecedora de mayor pena, por la sola circunstancia de que concurra violencia o intimidación, siendo posible, también cuando ello suceda, imponer la pena mínima que el tipo penal establece (siete años de prisión), no es dable que los órganos jurisdiccionales, a partir de un entendimiento distinto, -- legítimo, pero que no nos corresponde realizar a nosotros--, introduzcamos por la ventana lo que el legislador ha despedido por la puerta.
Resumen: Abuso sexual con víctima menor de edad. Credibilidad de la víctima. Indefensión: no concurre. Alega el recurrente y se desestima que la inacción del letrado previo que llevaba la defensa del acusado en la fase intermedia, generara indefensión. La denegación de diligencias de prueba. Las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. El abono de la cantidad exigida como fianza para el aseguramiento de las responsabilidades civiles no puede ser considerado como entrega pura y simplemente dirigida a satisfacer las consecuencias perjudiciales del delito. Descarta la incidencia de la Ley Orgánica 10/2022.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL: contacto físico sin acceso carnal en diferentes ocasiones con dos menores de dieciséis años. PRUEBA DE CARGO: validez de la declaración de la víctima. Criterios para contrastar su veracidad Existencia de pruebas periféricas que confirman estos testimonios. El retraso en la denuncia queda explicado porque se comunicó el hecho previamente a personas de confianza y por la presión derivada por la presión derivada de la relación entre profesor y alumna. CONTENIDO DEL DELITO: contacto corporal no consentido que afecta a la libertad sexual de la víctima y conectado, aunque no es imprescindible, con la búsqueda de satisfacción sexual del sujeto activo. NORMA APLICABLE: la redacción del precepto vigente en el momento de la comisión del delito resulta más favorable al reo. MOTIVACIÓN DE LA PENA: la pena se establece teniendo en cuanta la pluralidad de actos cometidos con una de las víctimas y la extrema violencia empleada con la otra. RESPONSABILIDAD CIVIL: resarcimiento por el perjuicio psíquico y moral derivado de estos hechos.
Resumen: Exploración de menores víctimas de delitos contra la libertad sexual: cambio de régimen jurídico a partir de la LO 8/21. Obligatoriedad de preconstitución de la prueba cuando el testigo sea una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. La autoridad judicial, practicada la prueba preconstituida, solo podrá acordar motivadamente su declaración en el acto del juicio oral, cuando, interesada por una de las partes, se considere necesario. Doctrina del TEDH. Alcance de la revisión de la valoración de la prueba realizada por el tribunal a quo que corresponde hacer a la sala de apelación. Valor y alcance probatorio de los informes de credibilidad basaos en la técnica conocida como CBCA, siglas en inglés de "análisis de contenido basado en criterios", que a su vez es el pilar central del llamado SVA ("evaluación de la validez de las declaraciones").
Resumen: Correcta personación de la menor como acusación particular tras alcanzar la mayoría de edad: validez del poder otorgado por el padre de la menor si, alcanzada la mayoría de edad, no lo revoca, conociendo de su existencia. Dispensa del art. 416 LECrim: excepción al régimen general que contempla la obligación de declarar, debe ser interpretada de forma restrictiva, sin desbordar los límites normativamente establecidos; siendo claro que la relación mantenida por acusado y víctima (hija de la pareja sentimental del primero), por más que ambos hubieran convivido de forma prolongada en el tiempo, no se encuentra entre las seleccionadas por el legislador a estos efectos; y, en todo caso, la dispensa no opera para aquellos testigos que ejerciten la acusación particular. La modificación operada por la LO 10/2022 impone analizar la posible aplicación retroactiva de la ley penal posterior, lo que en el caso se rechaza. Los hechos sucedidos en los años 2010 y 2011, abusos sexuales continuados sobre menor de 13 años, se castigaron con la pena de 4 años y 6 meses de prisión, expresándose en la sentencia las razones por las cuales se resolvía sobrepasar el límite mínimo legalmente previsto, con lo que no se advierten motivos para rebajar la misma. Lo mismo sucede con la agresión sexual continuada cometida en el año 2014, sin perjuicio de indicar que la penalidad resultante del art. 181.1, 2 y 3 CP (LO 10/2022) sería sensiblemente superior.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL: acceso carnal con penetración por vía vaginal a menor de dieciséis años con la que el acusado convivía. NORMA APLICABLE: la redacción vigente en el momento en el que se produjo el hecho es más favorable al reo. PRUEBA DE CARGO: prueba preconstituida de la declaración de la menor, que fue impugnada de manera genérica en el trámite de informe. Contenido incriminatorio de su declaración. Elementos corroboradores de la declaración de la víctima. CONTENIDO DEL DELITO: la intimidación se basa en la amenaza de publicar unas fotos de la menor, y la violencia en los medios físicos empleados para vencer la oposición. Relación de superioridad y convivencia, con aprovechamiento de ambas circunstancias. DELITO CONTINUADO: se da cuando se trata de ataques a un mismo sujeto pasivo ejecutados en el marco único de una relación sexual, de una cierta relación, mantenida en el tiempo y obedeciendo a un dolo único o unidad de propósito o al aprovechamiento de similares ocasiones por parte del sujeto activo y en un mismo ámbito espacial. RESPONSABILIDAD CIVIL: resarcimiento por un perjuicio moral y psicológico que condiciona la maduración personal y el equilibrio mental de la víctima.
