• Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS FRANCISCO FRAILE COLOMA
  • Nº Recurso: 8/2022
  • Fecha: 24/06/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables de un delito de administración desleal o, en su caso, de apropiación indebida. Para el análisis de los hechos, su prueba y la relativa a la participación del reclamado es preponderante la actuación de los tribunales de enjuiciamiento del Estado requirente. La descripción de los hechos contenida en la demanda extradicional y documentación que la acompaña basta para asegurar la concurrencia de la doble tipicidad penal. No puede considerarse que la solicitud de extradición, con objeto de que el reclamado comparezca personalmente para formalizar su imputación, sea contraria al principio de proporcionalidad. El libramiento de la orden de aprehensión resulta una consecuencia de la falta de localización del reclamado. Los hechos que dan lugar a la reclamación han acaecido en el territorio del Estado requirente y en este lugar se encuentran las fuentes de prueba, y, dada la naturaleza de hechos y pruebas y su complejidad, el enjuiciamiento en nuestro país presentaría serias dificultades.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Coruña (A)
  • Ponente: CARLOS MANUEL SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ
  • Nº Recurso: 45/2022
  • Fecha: 23/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso, pues nada hay que reprochar a la Audiencia de instancia en su proceder, puesto que las penas impuestas lo han sido dentro del marco legal y atendiendo a circunstancias merecedoras de la concreta penalidad elegida. Así, la Audiencia razona que procede imponer al acusado, ponderada la circunstancia modificativa de reincidencia, la pena de cinco años y seis meses de prisión en aplicación de lo previsto en el primer párrafo del art. 368 del CP, en atención a las circunstancias personales del acusado, características y funcionalidad de las dependencias del lugar de tenencia y venta de droga y la cantidad, variedad y pureza de sustancias habidas en su domicilio, por el delito contra la salud pública, y la de un año y diez meses de prisión por el de tenencia ilícita de armas en atención a la reincidencia delictiva constatada y número de armas halladas; recalcándose que el acusado ya había sido condenado por los dos delitos (contra la Salud Pública y Tenencia ilícita de armas) asimismo objeto de condena en la sentencia impugnada.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Juzgados Centrales de Instrucción
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARIA GARCIA-CASTELLON GARCIA-LOMAS
  • Nº Recurso: 96/2017
  • Fecha: 23/06/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Prescripción de presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. En cuanto al delito de coacciones, acaecido el 2/12/2019 no estaría afectado por el instituto de la prescripción, si bien resulta cuestionable que pueda sostenerse la competencia del Juzgado Central para la instrucción de este delito que no está dentro de la competencia objetiva de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 2205/2020
  • Fecha: 23/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Imputación a agentes de policía de distintas actuaciones delictivas inveraces. Dos agentes de policía que actuaron en el legítimo ejercicio de sus funciones fueron acusados en la página de Facebook del querellante de un inexistente historial de tortura, de golpear a una anciana y a su familia, de entrometerse sin autorización en los móviles de los que presenciaban los hechos y de actuar bajo los efectos de la cocaína. Es incuestionable que toda actuación de los poderes públicos está sometida a la crítica de cualquier espectador, que detecte una acción contraria a los principios constitucionales que hacen legítima la función de los agentes de la autoridad encaminada a la prevención e investigación de los delitos. Está también fuera de dudas que una interpretación restrictiva de la capacidad del ciudadano para oponerse a la actuación de los poderes públicos podría generar un indeseable efecto inhibitorio en el ejercicio legítimo del círculo de derechos que la Constitución reconoce como barrera de protección de los ciudadanos frente a los poderes públicos. Tampoco puede cuestionarse que el ejercicio del derecho de defensa puede invitar al imputado -no obligado a decir verdad- a poner en tela de juicio la versión oficial de los hechos reflejados en un atestado. Pero en el presente caso, sin embargo, el acusado no vierte sus imputaciones en el marco de un proceso penal, sino en una red social -Facebook- a sabiendas de la absoluta desconexión de la verdad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 2607/2020
  • Fecha: 23/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito de estafa continuada, cualificada por cuantía superior a 50.000 €. Elementos del delito de estafa: en particular, consideraciones en torno al dolo del autor y su diferenciación del móvil de su actuación, indiferente a efectos típicos y también en torno al ánimo de lucro, que ha de concurrir, ya sea propio o de tercero. Tratamiento de la continuidad delictiva en delitos patrimoniales, cuando la cantidad supera los 50.000 €. Incongruencia omisiva por no hacer pronunciamiento la sentencia respecto de un hecho del que el acusado se considera víctima, que se rechaza por no ser objeto del proceso (no ser el hecho justiciable). Vulneración del principio acusatorio, al ir acusado como autor y resultar condenado como cooperador necesario, que se rechaza, fundamentalmente, porque no hay mutación en lo fáctico. Límites a la legitimación del responsable civil subsidiario en su impugnación con ocasión de su recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 3013/2020
  • Fecha: 23/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para apreciar el delito de prevaricación administrativa, esta Sala exige: 1) una resolución dictada por autoridad/funcionario; 2) que sea ilegal; 3) que la ilegalidad se manifieste en la falta de competencia; en la omisión de trámites esenciales del procedimiento; o en el propio contenido sustancial de la resolución sea de tal entidad que no pueda ser explicada; 4) que ocasione un resultado materialmente injusto; 5) 5) que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho. El Código Penal de 1995 ha clarificado el tipo objetivo del delito, recogiendo lo que ya expresaba la doctrina jurisprudencial, al calificar como arbitrarias las resoluciones que integran el delito de prevaricación, es decir aquellos actos contrarios a la Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2976/2020
  • Fecha: 23/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Teniendo en cuenta las circunstancias, concretamente el hecho de que fueron varios los conductores que, circulando correctamente, advirtieron al acusado, la conclusión de los jurados no solo es inteligible, sino que resulta la más lógica, en la medida en la que entendieron que, ante las sucesivas advertencias, lo natural era concluir que el acusado se percató de que conducía en sentido contrario. Y si, a pesar de ello, continuó conduciendo, sin reducir la velocidad ni adoptar ninguna medida de precaución, es igualmente lógico concluir que, al menos, manifestó indiferencia ante cualquier resultado gravemente dañoso que, con altísima probabilidad, podría resultar de una colisión frontal con otro vehículo. Tanto la decisión de los jurados, como la del Tribunal plasmada en la sentencia de instancia, están suficientemente motivadas. En el caso, no se ha infringido el principio acusatorio. El Ministerio Fiscal apreció la concurrencia de una circunstancia atenuante y solicitó una pena de 12 años y 6 meses de prisión. Ese era el límite máximo que el Tribunal no podía superar al individualizar la pena, límite que no quedaba afectado por la solicitud de pena inferior por otras acusaciones. Las máximas de experiencia conducen a sostener que, tras las reiteradas advertencias de otros conductores, el recurrente necesariamente se dio cuenta de que circulaba incorrectamente y continuó circulando. Existe prueba sobre las bases fácticas del dolo eventual.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 4283/2020
  • Fecha: 23/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El hecho probado no ofrece la información necesaria para estimar que concurren, en la conducta de los acusados, los elementos típicos de las infracciones penales que les atribuían las acusaciones. Los márgenes que autorizan la facultad de revisión de sentencias absolutorias a través del cauce casacional de infracción de ley es muy restringido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 5633/2020
  • Fecha: 23/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La reforma de la LECRIM operada por la Ley 45/2015 de 5 de octubre, al introducir en el artículo 847.1 b) habilitó la posibilidad de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las AP y la Sala de lo Penal de la AN. Responde a un esquema que permite el acceso a casación y, con él, a la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde. Patinetes: la velocidad que puedan desarrollar es un dato esencial para incidir en el bien jurídico protegido (la seguridad vial). El enjuiciamiento de una conducción sin licencia ha de exigir la concurrencia en el factum de todos y cada uno de los elementos que configuran la conceptuación administrativa como ciclomotor, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 LSV. Deben constar en los hechos probados de la Sentencia aquellos elementos configurativos del vehículo con el que se circulaba, como lo es su potencia (tanto sea de motor de explosión como eléctrico), su velocidad máxima, si cuenta o no con sillín (y sus características), si tiene o no sistema de autoequilibrado, y cuantas características sean necesarias para su clasificación, lo que llevará a exigir que, para su uso, sea necesario obtener el oportuno permiso o licencia de conducción, y, en suma, a falta de los elementos documentales que consten en autos, sea precisa su categorización mediante el oportuno dictamen pericial que sea necesario para su determinación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 3808/2020
  • Fecha: 23/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Debe excluirse la comisión de un delito de apropiación indebida cuando se acredite que entre quienes aparecen como denunciante y denunciado se han producido relaciones mercantiles o de contenido económico de tal complejidad que sea necesaria entonces una liquidación que determine finalmente a quien corresponde el derecho a recibir una cantidad y a quien la obligación de satisfacerla como consecuencia de aquellas relaciones, pero no cuando se trata de operaciones perfectamente concretadas. Por ello la liquidación de cuentas pendientes, como causa excluyente del dolo penal, no es aplicable cuando se trata de relaciones perfectamente determinadas y separadas. La existencia de una cantidad sin liquidar de la que un porcentaje le correspondería al hoy recurrente en modo alguno permite apreciar las notas de la relación jurídica compleja integrada por sucesivas operaciones onerosas de las que se deriven créditos y obligaciones para cada una de las partes. La fase previa tardó en tramitarse casi diez años y otros tres las fases preparatorias y de juicio oral. No identificamos ningún factor de especial complejidad en el objeto procesal ni, tampoco, comportamientos procesales obstativos del recurrente al que deben sumarse los más de dos años transcurridos hasta la presente sentencia firme. El plazo total de quince años en relación con un objeto procesal sencillo resulta desmedido, por lo que procede reconocer valor privilegiado a la atenuante de dilaciones indebidas.

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