• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 4126/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Quebrantamiento de forma. Falta de claridad en los hechos. Se desestima el motivo. Los hechos son claros. Presunción de inocencia. Prueba indiciaria. Se desestima el motivo. Nos encontramos ante una deducción concluyente de la Audiencia basada en prueba indiciaria. La parte recurrente no construye una hipótesis alternativa. Infracción de ley. Agravación basada en abuso de las relaciones personales y profesionales. Se estima el motivo. Su apreciación es excepcional en el delito de apropiación indebida. Es necesario identificar un doble foco de confianza: el que nace de la relación presupuesto de la apropiación indebida y otro distinto, previo. No concurre en el presente caso. La condición de subdirector de la sucursal y la confianza que los clientes habían depositado en él no es suficiente. Dilaciones indebidas. Para su apreciación como muy cualificada se exigen unas dilaciones "fuera de toda normalidad". Individualización de la pena. La subsistencia de la agravación del art. 250.1.5º no podrá llevar a la aplicación de la mitad superior ex art. 74, al no identificarse una conducta aislada en que se haya superado el monto de 50.000 euros. Quantum indemnizatorio. En materia de responsabilidad civil no rige el principio de presunción de inocencia, sino otros estándares probatorios de menor rigor: hay que estar a la probabilidad preponderante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 5495/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Lo acordado tenía como finalidad evitar el procedimiento adecuado, incumpliendo la normativa sobre contratación establecida al efecto; y a cuyo fin la recurrente firma las certificaciones de conformidad con unas facturas que, en relación con la emitida por la empresa, sabía que no eran ciertas. De modo que fue adjudicada la obra, de modo directo, eludiendo la preceptiva licitación. Además de la gravedad que conlleva el fraccionamiento, que posibilita la falsificación de autos, que en no pocas ocasiones conlleva acusación y condena aneja por prevaricación. Esta Sala ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia. Aunque la estimación haya sido como muy cualificada, se encontraba muy próxima a los parámetros que determinan su estimación como simple, por lo que la rebaja en un solo grado, resulta plenamente justificada. No existe vulneración del principio acusatorio cuando en la fundamentación se afirma la creación ex novo por el acusado de una factura; nada diverso expresa a la emisión o expedición por el recurrente de una factura por obras que no realizó. Las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquel sean manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal, o a las recogidas en la sentencia, lo que no es el caso.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Toledo
  • Ponente: JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ
  • Nº Recurso: 36/2021
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Existe prueba de cargo suficiente, constituída por las manifestaciones de los agentes de policía, para obtener la plena convicción y fundamentar la condena por un delito contra la salud pública, a observar los mismos que el acusado estaba vendiendo cocaína a una mujer, pues es lo que se puede interpretar de ver al mismo coger dinero y entregar una bolsa con cocaína que arrojó al suelo. No cabe dudar que la droga que se ha analizado es la que se ha intervenido al acusado. No hay que acreditar que se ha respetado la cadena de custodia, sino que es preciso demostrar la ruptura de la misma, y en el caso no hay motivo por el que hubiera de dudarse de la regularidad en la obtención y traslado de la droga, pues la defensa no ha demostrado momentos concretos en los que se hubiera producido una indebida interrupción. Cabe aplicar el subtipo atenuado cuando se trata de pequeño tráfico de sustancias estupefacientes a terceros y de escasa posesión de tales sustancias preordenada a dicho tráfico, lo que sucede en el caso al tratarse de 1,17 gramos de cocaína. No existe dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento cuando los periodos de paralización injustificada no se han concretado. El plazo de seis años en celebrarse la vista, aunque pueda calificarse de poco razonable, estuvo provocado por el error de remitir la causa al Juzgado de lo Penal lo que provocó un incidente de nulidad de actuaciones, lo que se considera una dilación justificada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 5869/2020
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Correcta condena por delito de administración desleal. Se trata de un delito homogéneo respecto de la apropiación indebida, máxime tras la reunificación de ambas figuras tras la reforma del año 2015. En el caso, se produjo una actuación del acusado que causa un perjuicio en el ente social constituido entre las dos empresas, como una UTE, de modo que al integrar el numerario de la transferencia de ARAPLASA en la entidad mercantil GARACOT, administrada por el acusado, llevó a cabo un acto desleal frente al conjunto social, incurriendo en un exceso intensivo, y perjudicando al conjunto, aunque beneficiando a GARACOT, que fue declarada partícipe a título lucrativo. También se confirma esta última condena, si bien no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, es adecuado el pronunciamiento de condena en materia de responsabilidad civil, que deberá ajustarse a lo preceptuado en el art. 122 CP. No siendo la participación a título lucrativo una pena, ni una medida de seguridad, sino la condena a la devolución civil de una cantidad que se ha obtenido por un sujeto como injustamente beneficiado de la comisión de un delito, en el que no ha participado penalmente, no puede hablarse de violación del principio acusatorio. Desde el plano del principio de rogación, las cantidades reconocidas en sentencia fueron solicitadas por las acusaciones. Con la absolución de GARACOT, desapareció el delito, pero hizo acto de presencia la posible repercusión civil.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOAQUIN DELGADO MARTIN
  • Nº Recurso: 1/2019
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Concesión de préstamos o créditos por entidad bancaria. Falta de prueba de plan previamente concebido por la alta dirección de la entidad bancaria. Existencia de un PGOU, reconociendo la calificación como urbanizables de terrenos, que no podían conocer los acusados que no iba a prosperar. No existen elementos que permitan afirmar que se ocultaron datos relevantes a los órganos decisorios para autorizar las operaciones. No está acreditado que concurra dolo de los acusados en relación con que no existía ab initio la posibilidad real de devolución o retorno del dinero. No concurre ningún elemento falaz o falso en relación con el método de valoración utilizado en la tasación de los terrenos puestos como garantía. La falsedad ideológica cometida por un particular es atípica.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARLOS FRANCISCO FRAILE COLOMA
  • Nº Recurso: 5/2022
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Concurre el principio de doble incriminación. La exigencia de doble incriminación en la extradición no implica identidad de las normas penales de los Estados requirente y requerido. Los hechos por los que la entrega se demanda tienen encaje en los tipos delictivos de creación y gestión de un grupo organizado transnacional y de creación y gestión de una pirámide financiera de inversión, que tienen encaje en nuestra legislación como delito de continuado de estafa. El régimen de protección temporal otorgado al reclamado, no tiene el efecto de impedir la extradición, cuando está solicitada por un país distinto de aquel cuya situación de conflicto armado, violencia permanente o violación sistemática o generalizada de los derechos humanos generó la afluencia masiva de personas desplazadas. En este caso, no nos encontramos ante la mera alegación genérica de una situación deteriorada de los derechos humanos en el Estado requirente, sino ante concretas manifestaciones de vulneraciones de derechos fundamentales, específicamente producidas en el proceso penal seguido contra el reclamado, y que afectan de manera específica a este, especialmente en lo concerniente a sus derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 5757/2020
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La agravación del tipo debe operar cuando los actos de tráfico de drogas realizados en el establecimiento abierto al público por el regente o empleado del mismo revelen una cierta dedicación y pluralidad, por lo que no deberá apreciarse la agravante específica cuando solo conste un acto aislado de tráfico de poco entidad, en cuanto en tal supuesto no concurre la razón justificativa de la agravante, consistente en el aumento de peligro contra la salud pública, por el incremento de las transmisiones que facilita la apertura al público del local. No existe una incompatibilidad objetiva entre todos y cada uno de los tipos agravados previstos en el art. 369 del CP y la atenuación prevista en el párrafo 2º del art. 368 CP. El consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí sola la aplicación de una atenuación. La doctrina general que limita las alegaciones en casación a aquello que hubiera sido formulado en apelación, no impide que, excepcionalmente, en algunos casos se examinen por el Tribunal de casación cuestiones que, en rigor, no fueron planteadas en la apelación. En relación a la dilación se exige que supere el concepto de "extraordinaria", que sea manifiestamente "desmesurada", esto es que esté fuera de toda normalidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 5764/2020
  • Fecha: 13/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El perjudicado entregó al acusado -en su condición de abogado- 20.000 euros para la compra de un inmueble, que no cumplió el encargo de dar el destino convenido la suma que se le entregó y no se la dio a su destinatario, y tampoco se la devolvió al perjudicado una vez frustrada la venta, haciéndola suya definitivamente. También por consejo de su abogado, el perjudicado entabló demanda para reclamar el dinero supuestamente entregado al vendedor, fallándose en su contra, por ello recibió otros 6.500 euros que debía entregar como indemnización y que también hizo suyos. No existe un incumplimiento civil, sino un delito de apropiación indebida continuado por ambas cantidades ante el encargo y gestión recibida en ambas de realizar la entrega de la misma, no habiéndolo hecho y habiéndose quedado ambas cantidades bajo la vía del punto sin retorno y con claro perjuicio económico evidente. También realizó una serie de operaciones artificiosas llevadas a cabo que frustran una operación de compraventa de inmueble, más acciones judiciales que son desestimadas por la insistencia del recurrente de mantener la ficción que había creado, con lo que siguió perjudicando a su cliente una vez más. El perjuicio existe con claridad y la notoriedad de la deslealtad es palmaria. Resulta, pues, correcta en el caso la condena por ambos delitos en concurso real, pues la aplicación del art. 77 CP conllevaría una pena más grave que la punición por separado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 4862/2020
  • Fecha: 12/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cosa juzgada. Proscribe la duplicidad de procedimientos penales en caso de que exista la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Presunción de inocencia. Estudio del alcance de la casación en procedimientos incoados con anterioridad a la Ley 41/2015. A través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que el Juzgador de instancia haya deducido de su contenido. La Sala, tras analizar la eficacia probatoria de la declaración de los coimputados y los requisitos que debe cumplir la prueba indiciaria, concluye la suficiencia de las pruebas practicadas, al estar en este caso la declaración incriminatoria de la coacusada corroborada por prueba testifical. Error en la apreciación de la prueba basado en documentos. Es incompatible con una nueva valoración de prueba. Los documentos señalados no son literosuficientes. Infracción de ley. Apropiación indebida o administración desleal. La reforma excluye del ámbito de la apropiación indebida la administración desleal por distracción de dinero, pero mantiene en el ámbito del tipo de apropiación indebida, la apropiación de dinero en los supuestos en que el acusado la hubiera recibido en depósito, comisión, custodia, o en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlo o devolverlo, o negare haberlos recibido.
  • Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
  • Nº Recurso: 380/2022
  • Fecha: 11/07/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Motivación de resoluciones judiciales: No existe un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación. Una línea jurisprudencial consolidada fija en 7 millones de euros - posteriormente ampliada en ocasiones a 9 millones- el límite a partir del cual deberá entenderse que la defraudación investigada haya de tener grave repercusión en la economía nacional. La concurrencia de los presupuestos competenciales de la Audiencia Nacional tienen que aparecer suficientemente acreditadas al menos a los efectos provisionales de la determinación inicial de la competencia. La expresión "generalidad de personas" debe interpretarse en el sentido de pluralidad importante de sujetos pasivos. No existe por tanto en el caso de autos una actividad criminal suficientemente compleja, ni por su intensidad, ni por la entidad de los efectos de los delitos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.