Resumen: Presunción de inocencia: el ámbito de la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia no puede ceñirse a aspectos sujetos a la inmediación o referidos a la credibilidad de un testimonio, pues la Sala Penal no está en condiciones de realizar una valoración de la prueba sujeta la percepción inmediata de la misma, sino que el ámbito propio de la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en casación, es el de la estructura racional de la prueba que comprende tanto la regularidad de la obtención de la prueba, como la observancia de los principios que preside su realización y la racionalidad del juicio valorativo expresado en la sentencia. El alcance del contenido del derecho fundamental a la presunción de inocencia se contraerá la constatación de existencia de la precisa actividad probatoria sobre los hechos de la acusación y su inclusión en la tipicidad de los delitos por los que ha sido condenado. Dilaciones indebidas, la sentencia recuerda que los retrasos deben ser extraordinarios, no siendo suficiente un retardo en la tramitación de la casusa, que si bien debe reducirse no es suficiente para apreciar la atenuante.
Resumen: La cuestión de competencia territorial no puede suscitarse, per saltum, en el marco del recurso de casación y tras la celebración del juicio. No supone la vulneración del derecho al juez legalmente predeterminado la aplicación razonable, aunque discutible, de las normas de competencia. El art. 324 de la LECrim parte de la idea de que la fase fundamental dentro del procedimiento penal es el juicio oral, donde se deben practicar las pruebas. Considera que la instrucción debe servir para discernir acerca de la apertura o no del juicio oral.
Resumen: Condena a los recurrentes por el art. 335.2 CP, por realizar actividad de caza en zona calificada de aprovechamiento cinegético especial como coto privado de caza mayor. Aplicación de la Ley de caza y la normativa autonómica de Extremadura al tratarse de precepto considerado como norma penal en blanco. Los recurrentes se fueron a cazar en terreno cinegético, que era coto privado de caza mayor, considerado cinegético de protección especial, pero sin autorización alguna de su titular. Quisieron aprovecharse de la zona para cazar sin derecho, permiso o autorización alguna del titular y hacerlo en zona cinegética en coto privado de caza. Existió un aprovechamiento del aprovechamiento cinegético, que compete en exclusiva al titular del coto, permitiendo el ordenamiento jurídico otorgar a los titulares de estos terrenos una especial protección ante situaciones como la descrita en los hechos probados, al entrar los recurrentes con todo el instrumental para cazar y desoír la expresa prohibición que sabían que tenían, porque eran cazadores que iban a cazar. Pero se aprovecharon del terreno calificado de una de las maneras que la Ley de caza y la normativa de Extremadura otorga a los terrenos protegidos frente a terceros que pretendan cazar. Queda clara la ofensividad y que la actuación excedió de la infracción administrativa.
Resumen: Estudio de la tentativa en los delitos contra la salud pública. Se admite excepcionalmente para personas totalmente ajenas al concierto inicial para el transporte, que intervienen después con una actividad netamente diferenciada. Se estima el motivo por no constar el momento en el que el recurrente se incorporó a la operativa ni si su aportación fue relevante para el concierto que desencadenó la entrega de la droga. Dilaciones indebidas. Su apreciación como muy cualificada requiere que concurran retrasos en la tramitación de la causa de una intensidad extraordinaria. Atenuante analógica de colaboración. Se aplica cuando no se respeta el límite temporal, siempre que se reconozcan los hechos y se colabore con actos relevantes. Subtipo atenuado. Para su aplicación se exigen dos presupuestos de hecho. Uno de naturaleza objetiva (la escasa entidad del hecho) y otro de carácter subjetivo (circunstancias personales del culpable). Manifestaciones espontáneas. Valor probatorio. No se exige su ratificación en juicio, pero sí que se acredite que se prestaron libremente y que sean introducidas en el juicio oral a través de la declaración de quienes la percibieron. Inviolabilidad del domicilio. La autorización para la entrada y el registro de debe realizar en presencia de abogado cuando el afectado está detenido.
Resumen: La estructura del delito imprudente tiene dos elementos fundamentales: el psicológico (previsibilidad del resultado) y el normativo (deber de evitar el concreto daño causado). La operación de conexión jurídica entre la conducta imprudente y el resultado será objetivamente imputable a una conducta infractora de la norma de cuidado, siempre que, constatada entre ambos la relación de causalidad, pueda afirmarse que dicho comportamiento descuidado ha producido una situación de riesgo para el bien jurídico protegido, que se haya materializado en un determinado resultado lesivo. El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a un proceso con todas las garantías, lo que supone permitir a la parte acusada la posibilidad de preparar su defensa en condiciones de igualdad de armas con la acusación y exige que el órgano jurisdiccional mantenga un equilibrio, concediendo a ambas del proceso la posibilidad de someter a debate sus pretensiones probatorias, sin que se produzca indefensión.
Resumen: El delito de falsedad no es de propia mano, de manera que se convierte en partícipe de su comisión aquel que se aprovecha de la mendacidad que hubiere ejecutado un tercero, si con ello convierte su acción en beneficiosa para los planes de aquél. Por lo tanto admite tanto la coautoría como la autoría mediata (a través de otro) y, naturalmente la inducción. Asimismo, desde el punto de vista de la prueba de la acción, se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio plan delictivo justifica la inferencia de, al menos, la autoría mediata o la inducción para la ejecución de la falsedad. La "dilación indebida" es un concepto indeterminado cuya concreción se encomienda a los Tribunales. Para ello es preciso el examen de las actuaciones concretas, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. La duración total del proceso a ha sido de cinco años, cuatro meses y unos días, con una causa que ha sido declarada compleja y con la actividad instructora que describe la sentencia de instancia, sin que se indiquen paralizaciones. Las expresiones empleadas "con el propósito de que prosperase la demanda interpuesta" y "para causar error en el juzgador", son expresiones utilizadas en el lenguaje común y no son técnicas en sentido estricto.
Resumen: Una ampliación en el relato histórico del escrito de acusación en relación con la descripción de hechos contenida en el auto de transformación a procedimiento abreviado, no implica siempre una mutación sustancial a los efectos del principio acusatorio y del correlativo derecho de defensa. No se incluía en la calificación provisional, con la mención de un perjudicado que no aparecía en el auto de Procedimiento Abreviado, nada que alterase, en lo fundamental, el objeto del proceso. La inutilizabilidad de una diligencia de investigación extemporánea no afecta, desde luego, a los presupuestos estructurales que condicionan su validez. De hecho, puede ser incorporada al debate del plenario si así se solicita por el Fiscal o cualquiera de las partes mediante la propuesta probatoria que cada una de ellas puede formalizar en sus respectivos escritos de acusación y defensa. No puede quejarse el recurrente del desarrollo del interrogatorio de los testigos portugueses tal como se desarrolló, porque admitió la traducción que ofrecía el presidente del Tribunal, porque, no obstante las deficiencias que observó, no formuló protesta, y, fundamentalmente, porque, pese a esas deficiencias, el mensaje que transmitieron ofreció la suficiente claridad como para comprender lo que declaraban. Se produce una repetición de acciones separadas por ocasiones temporales diferentes, más o menos distantes en su cronología. En este supuesto no hay unidad natural de la acción.
Resumen: La clave de la indefensión material está en la exigencia de que se haga constar la trascendencia de la inadmisión a tenor de la prueba que se propone. La prueba indiciaria exige: a) la existencia de indicios probados y no meras probabilidades; b) se explique por qué la suma de indicios determine la condena; c) la condena se funde en la creencia del Tribunal que está convencido; d) exista motivación adecuada acerca de los indicios; e) se relacionen los indicios con detalle en la sentnecia; f) los indicios han de ser plurales; g) se explique el iter mental; h) que la inducción o inferencia sea razonable; i) los indicios tengan una correlación y j) que haya una probabilidad prevaleciente respecto de otras hipótesis. No existe un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación, pero sí a que el razonamiento que contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación en cada caso concreto que permita conocer los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. El TEDH permite la revisión de sentencias absolutorias cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas. Sólo el imputado tiene derecho a la presunción de inocencia, este derecho no lo tiene la parte acusadora.
Resumen: Se desestima el recurso al otorgar el Juzgador a quo mayor verosimilitud a las manifestaciones de los funcionarios policiales y testigos que a la versión exculpatoria del acusado, pues los primeros describieron características del acusado derivadas de la previa ingesta de alcohol, y la existencia de un accidente con resultado de lesiones, confirma la realidad de un peligro potencial para la conducción. Dos son los elementos del delito del art. 379 del CP: uno, objetivo, consistente en el grado de impregnación alcohólica del sujeto activo, y otro, subjetivo, que se refiere a la influencia del grado de impregnación alcohólica en la conducción. Se trata de un delito de peligro in abstracto, pues no es necesario un peligro concreto. La prueba del etilómetro se practicó con sujeción a las exigencias legales de contradicción y defensa, y las dudas sobre su fiabilidad se conculcan por los testimonios de los policías y testigos, y por la existencia del accidente protagonizado por el acusado. La condena se construyó a partir de pruebas de cargo en la que no se vislumbra infracción del principio de presunción de inocencia, pues la única hipótesis razonable es la de la acusación a partir de pruebas aptas y traídas al proceso de forma legítima.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto por el condenado por un delito de estaba y dicta sentencia absolutoria para el mismo al considerar que no se había acreditado que hubiese tenido participación en la estafa sufrida por el comprador de un motor de segadora, a través de la página Amazon, que abono su precio en una cuenta bancaria abierta a nombre del recurrente y no recibió el objeto adquirido. Se dice que en los hechos probados no se describe el empleo de maniobra engañosa alguna, se narra es un mero incumplimiento contractual, una compraventa en la que el comprador, tras abonar el precio de la mercancía, no recibió la cosa que era el objeto del contrato. Tampoco se identifica ninguna actuación cometida por el acusado, a quien solo se menciona como titular de la cuenta en la que se efectuó el ingreso del precio, sin que se refiera que hubiera tenido intervención alguna en la publicación del anuncio, en el envío del correo electrónico que informaba de la cuenta a la que debía dirigirse la transferencia o en las comunicaciones posteriores. Por otro también se dice que la sentencia orilla por completo las alegaciones defensivas expuestas, en el que el acusado manifestaba haber sido víctima de una suplantación de identidad por alguien que, haciendo uso de su DNI, estaba actuando en su nombre; o que no hay constancia alguna de que el número de teléfono móvil o la cuenta de correo electrónico utilizadas para la apertura de la cuenta.
