Resumen: La Sala confirma la sentencia condenatoria dictada al considerar acreditado el apoderamiento del terminal móvil, no solo por el parcial reconocimiento de hechos efectuado en el escrito de descargo que remitido, sino también por el hecho de que, se colige de las gestiones efectuadas por la Policía Nacional con diversas empresas de telecomunicaciones, hubiera extraído del teléfono la tarjeta SIM de su propietaria para insertar la suya. Tal cambio de tarjeta hubo de tener lugar apenas unos minutos después de que la propietaria hubiera advertido su pérdida, ya que en el plenario puso de manifiesto que para entonces el teléfono ya no se encontraba disponible ni podía ser localizado por medio de la aplicación de Google destinada al efecto, lo cual revela el animo de apropiación. Se concluye que en la conducta declarada acreditada en la instancia concurre la totalidad de los elementos del delito leve de apropiación indebida tipificado en ese precepto. En cuanto al importe de la cuota de multa se reseña que en los casos que no se ha acreditado el exacto alcance de la capacidad económica del denunciado, y dado que la imposición de cuotas próximas en el mínimo legal ha de quedar reservada a supuestos de ausencia absoluta de recursos económicos, cercanos a la indigencia, resulta adecuada una cuota como la fijada en la sentencia de instancia de seis euros, con cita de la jurisprudencia existente al efecto.
Resumen: La petición de condena postulada por la parte recurrente viene a suponer una nueva valoración de la credibilidad de testimonios prestados, en los términos propuestos en el escrito del recurso, en sentido opuesto al expresado en la sentencia apelada, lo que resulta contrario a la doctrina emanada del TS y del TC, que recogen la jurisprudencia del TEDH sobre la restricción de la revocación de las sentencias absolutorias con fundamento en una nueva valoración de pruebas personales por el órgano de apelación. Conforme a esta doctrina, constituye una vulneración del derecho al proceso con todas las garantías, la revisión y corrección por el Tribunal de apelación de la valoración y ponderación que el Juzgado de primera instancia haya efectuado de las declaraciones de los imputados, denunciantes y testigos, sin respetar los principios de inmediación y contradicción, a fin de revocar el pronunciamiento absolutorio de la instancia por una sentencia de condena o que suponga una agravación. Establece el reformado art. 792 de la LECr que la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia, por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del art. 790.2, no pudiendo ignorarse que dicha reforma plasma la voluntad del legislador de garantizar el principio de inmediación en la práctica de la prueba, en aquellos casos en los que su resultado lleva al Juez de instancia a una convicción absolutoria.
Resumen: La Orden Internacional de Investigación y Captura emitida por el Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Tánger es un título extradicional válido. La integración en el Poder Judicial supone que el Ministerio Fiscal marroquí deba ser considerado como una autoridad judicial imparcial. De la lectura del relato de hechos acompañado a la solicitud de extradición se deduce que tales hechos no son tipificables conforme a la legislación española ni como de pertenencia a organización o grupo criminal, pues en tal relato de describe un fenómeno de codelincuencia, pero no de organización o de grupo criminal. Tampoco se describe en dicho relato la existencia de ninguna conducta que pueda calificarse como de un delito de robo. Tan solo cabe apreciar el requisito de la doble incriminación respecto del delito de secuestro. En el sistema continental de extradición, modelo instaurado en nuestro país, al tribunal del Estado requerido le está vedado indagar sobre la veracidad de las imputaciones formuladas por los órganos judiciales del Estado requirente. Pero como quiera que se ha acreditado la imposibilidad material de que el reclamado pudiera ser autor material de los hechos, dado que en las fechas en que los mismos se cometieron el mismo se encontraba en España, se está en el caso de no acceder a la entrega extradicional.
Resumen: La prohibición de disponer es una medida cautelar real adoptada en el seno del proceso penal, que consiste en la restricción o limitación de la facultad dispositiva que normalmente integra el contenido de un derecho subjetivo. Tales medidas no presentan diferencias, en cuanto a sus caracteres, respecto a las demás medidas cautelares reales propias del proceso civil acumulado al penal. La recurrente y su marido son los dos únicos socios de la mercantil titular registral de la finca en cuestión, además de administradores solidarios de la misma, y únicos autorizados en las cuentas corrientes de la mercantil, por lo que ha podido ser instrumentalizada para llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública. No se ha afianzado la cantidad fijada por el Instructor, ya que los bienes inmuebles objeto de la prohibición de disponer no garantizan las cantidades que puedan exigirse en la presente causa.
Resumen: La Sala dicta sentencia absolutoria frente a los acusados de un delito de frustración de ejecución al no considerar acreditado la concurrencia de los requisitos del referido delito que castiga a quien en perjuicio de sus acreedores realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. Se reseña por el Tribunal amplia cita jurisprudencial en cuanto al delito objeto de imputación y el valor que ha de darse a la prueba indiciaria para la acreditación del delito. La prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado Se razona que lo cuestionado es la concurrencia del elemento subjetivo al negar los acusados que los negocios jurídicos de donación y compraventa estuvieran guiados por el ánimo de impedir la eficacia del embargo trabado en el procedimiento de apremio y defraudar las expectativas de La TGSS de cobrar su crédito Considera la Sala que la explicación que dan los acusados se presenta compatible con el resultado de la prueba practicada y que los indicios en que se sustentaba la acusación se ven desvirtuados por la prueba documental y testifical.
Resumen: El tenor literal de la LECr no establece la notificación personal al encausado del auto de apertura de juicio oral, lo que llevaría a estimar que bastaría la notificación a su Procurador en caso de que ya lo tuviese designado. Sin embargo, el derecho a un proceso sin indefensión y el derecho a ser informado de la acusación quedan mejor salvaguardados sí, conocido el domicilio al efecto expresamente designado, la notificación del auto de apertura con entrega del escrito de acusación se hace personalmente al encausado. Dado que no se estableció como medida cautelar la designación de domicilio en España, la notificación del auto de apertura de juicio oral y la entrega de la copia del escrito de acusación deberá hacerse en el domicilio en Suiza, mediante correo certificado con acuse de recibo. No cabe apercibir al encausado con orden de detención, ya que solo se contempla respecto al investigado que citado a efectos de ser oído no comparece, ni justificase causa legítima que lo impidiese.
Resumen: No cabe ex novo y per saltum formular alegaciones relativas a la aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir, sobre cuestiones jurídicas no formalmente planteadas ni debatidas por las partes. La grave adicción a sustancias que le provocó a la recurrente una intoxicación plena, no consta fuera alegada ni en la instancia ni en la apelación. Constituye robo con violencia cuando la violencia se ejerce durante el proceso de apoderamiento de los bienes sustraídos. Resulta evidente, conforme el relato fáctico de la sentencia de instancia, que la violencia no se ejerció con el exclusivo fin de facilitar la huida, como hubiera sido el caso de que los sujetos hubiesen abandonado el bien sustraído, sino que se utilizó como medio de lograr el apoderamiento definitivo. La lesión causada con el empujón, bien sea mero dolor o salida del hombro, fue leve. Ello unido a la mecánica comisión (empujón al tratar de huir con los objetos sustraídos; el lugar donde acontecen los hechos: centro comercial; la víctima de los hechos (vigilante de seguridad, persona preparada por su propia profesión para reducir a dos mujeres); y el escaso valor de los objetos sustraídos, permite considerar adecuada la rebaja en un grado de la pena prevista. La apreciación del subtipo atenuado está sujeta a una doble condición: la menor intensidad del ataque o coacción personal, y por otra, la escasa cuantía del perjuicio patrimonial que en este caso ni siquiera llegó a producirse.
Resumen: Presunción de inocencia. En el ámbito casacional corresponde comprobar al Tribunal Supremo la existencia de prueba lícita, suficiente, de significado incriminatorio y apreciada por el órgano decisorio de forma racional. Recuerda la sentencia que no corresponde al Tribunal Supremo desplazar esa valoración proclamada por la Audiencia, enriquecida por los principios de inmediación, publicidad y contradicción, sustituyéndola por su propia apreciación de los hechos. Estafa procesal, la sentencia concluye la corrección de la apreciación de la continuidad delictiva al entender que ha existido una homogeneidad de actos que responden a un único plan del autor, presidido por un dolo unitario que se materializa en acciones que inciden sobre un mismo sujeto pasivo. Dilaciones indebidas. Este derecho está configurado como un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, por cuanto no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental. Para determinar si ha existido dilaciones indebidas se ha de estar a la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades.
Resumen: La pena básica del art. 234.1 del Código Penal es la de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros, como era en el caso de autos. Por tanto, la pena inferior en grado, lo era de tres meses a seis meses (menos un día), y la pena inferior en dos grados resultaría encontrarse entre un mes y 15 días a 3 meses (menos un día).El art. 66.1.8ª del Código Penal establece que cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo en toda su extensión. Naturalmente, tal regla no deroga el art. 70.1.2ª del Código Penal, y la pena rebajada en dos grados, no puede ser la de tres meses, sino la de tres meses menos un día, como máximo. La reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre trata de separar formalmente las penas superiores o inferiores en grado de aquellas respecto de las que se realiza la operación aritmética, siguiendo el axioma de que no puede existir intersección entre una pena y su pena superior, evitando, por consiguiente, los solapamientos. La queja por vulneración del derecho a la tutela judicial a causa de la falta de motivación de la concreta dosimetría penal al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede tener cabida en el sistema impugnativo de la Ley 41/2015, ni en nuestro Acuerdo Plenario interpretativo de tal ley, de fecha 9 de junio de 2016.
Resumen: El principio acusatorio es una consecuencia más del sistema constitucional de garantías procesales. Se concreta en la necesidad de que se formule acusación por una parte ajena al órgano jurisdiccional y que éste se mantenga en su enjuiciamiento dentro de los términos fácticos y jurídicos delimitados por dicha acusación y los introducidos por la defensa. El art. 849.2 LECrim exige que: a) el error se funde en verdadera prueba documental; b) se evidencie el error de algún dato o elemento fáctico; c) que el dato que el documento acredite no esté en contradicción con otros medios de prueba; d) que el dato contradictorio así acreditado sea importante para modificar el fallo La teoría de la ignorancia deliberada establece que, quien se pone en esa situación, sin querer saber aquello que puede y debe saber y se beneficia de esta situación, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito actuar en que voluntariamente participa. Para apreciar la atenuante como muy cualificada, es necesario que la dilación sea "manifiestamente desmesurada" o que sin ser materialmente extraordinaria, venga acompañada de un "plus" de perjuicio para el acusado superior al propio que irroga la intranquilidad por la incertidumbre de la espera.
