• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 2436/2020
  • Fecha: 11/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tipo del artículo 295 del CP no sanciona una administración que pueda dar lugar a un resultado negativo o que no sea exitosa, ni tampoco una administración simplemente errónea, sino aquella forma de operar que suponga la superación de los límites propios de una administración normalizada dentro del sector de negocio de que se trate. El recurrente adquirió un vehículo de alta gama, con fines de representación. Pero no lo hizo para incorporar a su patrimonio, sino para el Club, y la utilización de un vehículo de esa gama para uso del Presidente en representación del Club, no podía ser ignorado por los órganos sociales No puede concluirse que conociera el carácter fraudulento de su actuación, ni la causación de un perjuicio económico que era inexistente, ya que el pago obedecía a una causa consistente en la resolución anticipada de un contrato. La prueba era pertinente y además era necesaria para la defensa, en la medida en que resultaba claramente relevante acreditar el pago de las facturas. Ninguna de las operaciones delictivas supera la cuantía de 50.000 euros, por lo que solo la suma de las mismas permite aplicar la agravación prevista en el artículo 250.1.6º del CP. No es posible, entonces, valorar ese aspecto nuevamente para considerar aplicable la regla contenida en el artículo 74.1 del CP. La expresión "nos mata" tiene un significado equívoco, y aunque pueda calificarse como desafortunada no necesariamente significa un prejuicio sobre el hecho enjuiciado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 3145/2020
  • Fecha: 11/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Estafa cometida mediante la falsificación de letras de cambio y apertura de líneas de descuento bancarias. No puede operar la doctrina de la autoprotección. No puede exigirse a un banco que en toda operación de descuento verifique de forma más o menos eficaz la legitimidad de cada una de las firmas que aparece en cada documento, máxime cuando la operación se realiza en un contexto en el que ya había surgido una relación de cierta confianza: operaciones similares anteriores habían resultado reales y se habían atendido los pagos. Tampoco depende el perjuicio de la mayor o menor vehemencia en reclamar su reparación. Es compatible con la resignada pasividad de quien, sintiéndose perjudicado, desiste de emplearse en reclamar inútilmente una deuda que duda que se vaya a abonar. Que exista propósito inicial de abonar las letras no excluye el dolo. Tener conciencia de la alta probabilidad de no poder cumplir y, pese a ello, actuar con indolencia hacia ese desenlace, desplazando injusta y delictivamente el temerario riesgo de una actividad empresarial hacia la entidad bancaria financiadora constituye dolo eventual. La existencia de periciales contradictorias sobre la autoría de las firmas falsas no excluye la responsabilidad. El acusado, que fue quien se benefició, junto con la empresa que gestionaba, del descuento de las letras, no pudo ser ajeno a su falsificación. Es indiferente que las falsificase personalmente o no, porque el delito de falsedad no es de propia mano.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3419/2020
  • Fecha: 07/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Jurisprudencia ha ido concretando los títulos que permiten la comisión del delito de apropiación indebida, aparte de los recogidos en el artículo 252 CP. Y se han recogido, el mandato, la aparcería, el transporte, la prenda, el comodato, la compraventa con pacto de reserva de dominio, la sociedad, el arrendamiento de cosas, de obras o de servicios. El contrato de leasing es título apto para generar un delito de apropiación indebida en caso de incumplimiento del deber del arrendatario de devolución de los bienes, incorporándolos a su patrimonio. El art. 849.2 LECrim recoge los motivos basados en error en la apreciación de la prueba, respecto de los que exige que dicho error se encuentre basado en "documentos que obren en autos", que tales documentos demuestren la equivocación del Juzgador, y que tales documentos no resulten "contradichos por otros elementos probatorios". Así pues, en el recurso debe designarse el documento que acredite el error en la apreciación de la prueba que se alega . El artículo 849.2 LECrim exige: a) ha de fundarse en una verdadera prueba documental; b) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de instancia por su poder demostrativo directo; c) el dato que el documento acredite no puede estar en contradicción con otros elementos de prueba; d) el dato contradictorio así acreditado ha de ser importante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 3775/2020
  • Fecha: 07/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El autoencubrimiento es, en términos generales, impune, salvo en el caso de que los actos practicados por el autoencubridor constituyan por sí mismos un nuevo delito, por lo que para decidir la absorción por el primer delito de la acción que pretende encubrirlo habrá de estarse de nuevo a los matices del caso. Las falsedades en documento mercantil que subsiguen a la ejecución de actos defraudatorios no constituyen comportamientos atípicos ni actos copenados impunes, sino que se castigan autónomamente. Poco importa la materialidad de la falsificación, siendo lo relevante la aceptación y utilización del documento falsificado. El delito de falsedad no es de propia mano, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no exige la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación, bastando el concierto y el reparto previo de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien aporta elementos necesarios para ello y quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga dominio funcional sobre la falsificación. La Sala ha relacionado la atenuación de la pena por dilaciones indebidas con el perjuicio concreto que para el acusado haya podido suponer el retraso en el pronunciamiento judicial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 5731/2020
  • Fecha: 07/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Excusa absolutoria: no puede ser reconocida, aunque el relato de hechos probados que se contiene en la sentencia recurrida aluda a situaciones antecedentes, los hechos enjuiciados (discrepancias a propósito de la gestión de la comunidad de bienes, su despatrimonialización, etc.) se cometieron cesada ya la relación sentimental de pareja que ambos mantuvieron. Alteración psíquica: un mismo padecimiento, anomalía o alteración psíquica, puede atenuar la responsabilidad respecto de un hecho, pero ese mismo padecimiento, concurriendo en la misma persona, en un momento distinto y/o con relación a un ilícito penal diferente, no resulta obstativo ni a la comprensión ni a la volición adecuadas de ese mismo individuo. La ideas delirantes de tipo celotípico en absoluto atenúan su responsabilidad respecto de los actos apropiatorios realizados durante años. Error invencible: No se advierte la existencia de error alguno, ni vencible ni invencible, ni de tipo ni de prohibición, en la actuación del acusado, que desplegó toda una operativa para aprovechar en su beneficio el trabajo de los propios empleados de la comunidad de bienes y hacer propios los depósitos de los que ésta era titular. Circunstancia mixta de parentesco: como en el caso, existen infracciones en que el vínculo familiar resulta indiferente, esto es que, aun dándose la relación familiar, no representa una mayor o menor reprochabilidad del hecho cometido.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 4683/2020
  • Fecha: 07/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El control casacional a la presunción de inocencia en casación se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria de cargo sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, y el proceso de formación y obtención de la prueba. La estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada en casación. Deben censurarse las fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o arbitrarias así como aquellas que sean contradictorias con los principios constitucionales.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Donostia-San Sebastián
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN BILDARRAZ ALZURI
  • Nº Recurso: 3151/2019
  • Fecha: 06/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia de alzada aprecia vulneración del derecho a la presunción de inocencia como resultado de la valoración en la instancia solo de las pruebas de cargo, pero no de las de descargo. Ausencia de motivación sobre las razones por las que no se atiende al contenido de las declaraciones de los testigos de descargo, así como determinada prueba documental. Revaloración de la prueba por el tribunal de apelación para concluir que de la prueba practicada, tanto la de carácter personal como la documental, resulta insuficiente para considerar acreditado, de forma inequívoca, la comisión del delito continuado de falsedad en documento mercantil. La jurisprudencia ha admitido la aplicación de la figura del delito continuado al delito societario: el delito de administración desleal se consuma con un solo acto abusivo en perjuicio de la sociedad; si se realizan varios desplegados en el tiempo estaremos ante una infracción continuada. Dilaciones indebidas apreciadas como muy cualificadas: procedimiento iniciado a finales de 2008, se toma declaración como investigado al recurrente el 4-6-2009 y el enjuiciamiento tiene lugar prácticamente 10 años de después, y con algunas paralizaciones relevantes, no reprochables al acusado.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Santander
  • Ponente: ERNESTO SAGÜILLO TEJERINA
  • Nº Recurso: 1208/2020
  • Fecha: 06/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Audiencia dicta sentencia condenatoria. La cuestión fundamental se refiere a la autenticidad del documento presentado por la parte demandada en un procedimiento civil de desahucio. El tribunal llega a la conclusión de que la firma que figura en dicho contrato no es auténtica y que, en consecuencia, el documento debe ser considerado falso al figurar que está suscrito por alguien que no lo firmó, procediendo a la condena del acusado como autor de un delito de falsedad en documento privado en concurso con otro de estafa procesal en grado de tentativa. El acusado confeccionó -por sí mismo o a través de otra persona con su conformidad- un documento, un anexo a un contrato de arrendamiento que se encabezaba como "recibo de pago", cuyo contenido no respondía a la realidad, habida cuenta que en el mismo hacía constar el pago en mano de 24.000 euros que no se produjeron, documento que fue presentado en juicio con el propósito de, causando un engaño en la juez que debía resolver la contienda, conseguir la desestimación de la demanda de desahucio por falta de pago de la renta que había sido interpuesta en su contra, encontrando más creíble el dictamen emitido por el CNP que por el perito aportado por la parte acusada pues la pericial de la policía ha sido efectuada conforme a los criterios y parámetros de habitual utilización por este cuerpo, siguiendo las reglas marcadas para la realización de esta clase de pericia y por una funcionaria preparada específicamente a tal fin.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
  • Municipio: Bilbao
  • Ponente: ROBERTO SAIZ FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 60/2022
  • Fecha: 06/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las modificaciones fácticas en beneficio del reo, operadas en la sentencia de apelación, se oponen al criterio jurisprudencial consolidado cuando el motivo de impugnación formulado lo fue al amparo del apartado b) del art. 846 bis c), es decir que la sentencia haya incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos; criterio que desautoriza la sentencia de apelación en la medida en que lo que hace es cuestionar un hecho fuera del cauce que correspondía, que era previo al relativo al debate jurídico sobre calificación. El cauce procesal de la infracción de Ley impone que se respeten en su integridad los hechos que se declaran probados en la resolución recurrida, de modo que cualquier modificación, alteración, supresión o cuestionamiento de la narración fáctica desencadena la inadmisión del motivo y, en trámite de sentencia, su desestimación. No le corresponde al tribunal de apelación formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció para, tras su valoración, confirmar o no la efectuada por el tribunal de instancia. Lo que, en todo caso, ha de examinar es si la valoración del tribunal a quo se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 5469/2020
  • Fecha: 05/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Era más ortodoxo que la Sala de apelación hubiese recompuesto, también formalmente, el hecho probado. Pero no es esa una deficiencia sustancial. Es claro, y así se deriva de la fundamentación jurídica, que en lo que respecta a la cuantía ha modificado la estimación probatoria de la Audiencia, haciendo uso de facultades que la Ley le atribuye: la apelación es un recurso ordinario en que puede revisarse la valoración probatoria del órgano de instancia. La Sala lo ha hecho de forma razonable. Su mayor o menor acierto escapa de lo revisable en casación, salvo que se detectase un razonamiento extravagante, ilógico, o contrario a máximas elementales de experiencia. No sucede así aquí en que ha encontrado alguna fisura en la convicción probatoria que le ha llevado a expulsar del hecho probado algo -unas cuantías- que, en su estimación, podrían ser realmente debidas y, por tanto, no necesariamente defraudadas. Existiendo una condena previa, nada impide revertir la absolución recaída en la apelación para reponer la inicial condena, desde la perspectiva de las limitaciones de un recurso devolutivo para revisar la valoración probatoria contra reo. Esa doctrina no constituiría aquí objeción insalvable. Sin embargo, el propio diseño de la casación impide adentrarnos en el debate a que empuja el recurso. Invoca el art. 849.2º, pero lo hace sin designar documentos literosuficientes que pongan de manifiesto el error de la Sala de apelación.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.