• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JUAN MIGUEL DONIS CARRACEDO
  • Nº Recurso: 530/2022
  • Fecha: 21/07/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Frente a la pretensión del recurrente dirigida a que se deje sin efecto el sobreseimiento provisional acordado de las actuaciones seguidas por la sustracción de un vehículo en Austria que fue adquirido en España por el recurrente, para que en su lugar se acuerde el sobreseimiento libre, considera el Tribunal que la resolución dictada y en realidad recurrida, por la que le fue acordada constituir al recurrente en depositario del vehículo, es plenamente ajustada a derecho, pues el originario propietario de ese concreto vehículo, fue indemnizado por la compañía aseguradora y esta reclama su repatriación, al haberse subrogado en la posición del propietario/asegurado, con lo cual existe contienda a dilucidar en Jurisdicción diferente a la presente. También se recuerda en la alzada que el hecho de que un vehículo aparezca como titularidad de una persona física o jurídica y se registre en Tráfico a su nombre, no tiene otra eficacia que la meramente administrativa, no prejuzgando las cuestiones de propiedad que sobre él se pudieran suscitar, por lo que para declarar esa titularidad debe acudirse a las normas contenidas en el Código Civil, por lo que la simple titularidad administrativa es irrelevante.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: MIGUEL ANGEL DE LA TORRE APARICIO
  • Nº Recurso: 537/2022
  • Fecha: 21/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona la sentencia condenatoria dictada alegando la vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo al sostener que las pruebas practicadas resultan insuficientes para llegar a un pronunciamiento de condena. En la alzada se considera que de las diligencias policiales corroboradas con las manifestaciones de los testigos y los datos técnicos consignados en el atestado se desprende que en el proceso ha existido prueba de signo incriminatorio lícitamente obtenida y válidamente practicada que es apta y suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia respecto del recurrente, la que ha sido valorada por el Juzgador, en uso de las facultades que le confiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ajustándose a principios lógicos y racionales y a las máximas de experiencia comúnmente admitidas. El hecho de que pudieran haber intervenido otra u otras personas, en la ejecución de los hechos no priva de eficacia a la prueba existente frente al aquí acusado ni excluye su responsabilidad penal por su participación directa, material y voluntaria en el delito de hurto enjuiciado. La apreciación del delito como consumado, resulta irreprochable y se ha descrito con palmaria claridad, por cuanto, el acusado obtuvo la disponibilidad de los objetos sustraídos al ser sorprendido con ellos cuando ya estaban fuera de la esfera de control de su legítimo titular. La cuota de multa es ajustada y próxima el mínimo legal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1648/2020
  • Fecha: 20/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena por delito continuado de estafa agravada por el valor de la defraudación. Expansión de un grupo empresarial de supermercados a través de un entramado societario generado para eludir las eventuales obligaciones con la Hacienda Pública o las responsabilidades civiles en las que pudieran incurrir, si el negocio no lograba los fines perseguidos; contratando a través de dichas sociedades instrumentales que otorgaban la seguridad y confianza que ofrecía el grupo. Presunción de inocencia. El principio "in dubio pro reo" solamente puede invocarse en casación en su vertiente normativa. Es decir, cuando el propio Tribunal admite en la resolución, expresa o implícitamente, la existencia de dudas sobre la participación de un acusado o sobre la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción. Error en la valoración de la prueba derivado de documentos. Estudio de la literosuficiencia en los documentos. Existencia de engaño. Estudio del delito de estafa cuando se han utilizado fórmulas negociales. Dilaciones indebidas. Reparación del daño. Se permiten pagos parciales siempre que sean relevantes. Se excluye la comunicación entre partícipes de la atenuante de reparación del daño. No cabe beneficiarse de los esfuerzos reparadores de los restantes acusados. Alcance de la responsabilidad civil. Incongruencia omisiva. Conclusiones alternativas. Dificultad de revisión peyorativa para el acusado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 4736/2021
  • Fecha: 20/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La inadmisibilidad reclamada se basa en una desviación o asimetría entre el escrito de preparación y el de formalización (con infracción del tradicional principio de unidad de alegaciones), lo que no es admisible. El escrito de preparación solo exige en este supuesto explicitar la clase de recurso. Una inadmisión por la falta de correspondencia entre los derechos, enunciados de forma innecesaria en el escrito de preparación, y en el de formalización no sería ajustada ni a la legalidad, ni al derecho al recurso de relieve constitucional. Hay congruencia plena entre la clase de recurso anunciado y el formalizado (art. 852). El Mº Fiscal defiende que la decisión de la Audiencia declarando inutilizables las pruebas derivadas de la entrada y registro anulada fue errónea y gravosa para la acusación. Se impidió usar la totalidad de los medios de prueba ofrecidos materialmente para mostrar cómo existían fuentes independientes que permitían sostener la validez de esas pruebas. La decisión anticipada del cuestionamiento de la licitud de un medio probatorio es opción ajustada a la legalidad, pero no caben soluciones apriorísticas. La declaración de nulidad de un medio probatorio con frecuencia no puede resolverse sin aclarar antes cuestiones fácticas que pueden estar precisadas de prueba específica. En el caso, la decisión de la Audiencia no admitiendo algunas de las pruebas documentales ofrecidas por el MF no fue prudente ni razonable. Se produjo una restricción que no estaba justifica
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 1515/2020
  • Fecha: 20/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se revoca la aplicación del art. 148 CP. Nada se argumentó en la sentencia, donde era necesaria la motivación sobre la calificación jurídica. La rectificación de la pena efectuada en el auto de aclaración no puede valorarse como la corrección de un error material, sino como una alteración de la valoración jurídica efectuada en la sentencia y de la decisión en la que se concretó. Por el contrario, aunque nada se razona acerca de la pertinencia de apreciar las agravantes de abuso de superioridad y de disfraz, sus presupuestos aparecen con tal claridad en el factum, que hace prácticamente innecesaria una motivación extensa. Concurre una coautoría que excluye la necesidad de individualizar la acción realizada por cada uno de ellos, por la doctrina de la imputación recíproca. Que el testimonio del coacusado no se haya considerado creíble en algunos aspectos, no excluye su valoración respecto de otros que aparecen avalados por otras pruebas. Se estima el recurso de la acusación, acordando la condena por los delitos de detención ilegal cometidos. Es claro que durante el tiempo empleado para cometer el robo, la detención queda absorbida en éste; pero, tras finalizarla actuación depredatoria, dejaron a las víctimas inmovilizadas. Esa privación de libertad, inicialmente por tiempo indefinido y presumiblemente largo, ya no puede considerarse absorbida por la acción violenta e intimidatoria ejercida sobre las víctimas con la finalidad depredatoria, y teniendo sustancialidad propia.
  • Tipo Órgano: Sección De Apelación Penal. TSJ Sala De Lo Civil Y Penal
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: CARLOS MIR PUIG
  • Nº Recurso: 13/2022
  • Fecha: 20/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial en que se condena a dos acusados como coautores materiales de un delito de asesinato mediante alevosía y de un delito de robo con violencia en las personas. Acusados que acuden a robar a un domicilio, donde atan y amordazan a su morador hasta provocar su muerte por asfixia. Tribunal de Jurado. Fundamentación del veredicto emitido por el jurado popular sobre la valoración realizada de las pruebas llevadas al juicio oral. Prueba pericial. Huellas dactilares como elementos de identificación de los acusados. Delito de asesinato. Inferencia del dolo de matar realizada a partir de la actividad desplegada de los acusados al amordazar a su víctima introduciendo una prenda de ropa en su boca que le impedía la respiración. Alevosía por desvalimiento de la víctima, al aprovecharse los acusados de una especial situación de desamparo de la víctima. Ausencia de elementos que evidencien signos de lucha o defensa por parte de la víctima. Delito de robo con violencia. Prescripción. Los delitos de asesinato y robo violento se valoran como una unidad delictiva de modo que para la prescripción de los mismos debe estarse al plazo previsto para el delito más grave, en este caso el asesinato.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JUAN MIGUEL DONIS CARRACEDO
  • Nº Recurso: 515/2022
  • Fecha: 19/07/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La sala reseña que entre las partes se acordó la ejecución de unas obras en un concreto inmueble sin aportación de materiales, como así se acredita del concreto escrito obrante en el atestado ampliatorio de la Guardia Civil; la parte comitente pagó el 60 % de la ejecución, a su vista y ciencia; y el contratista también pagó diferentes materiales, de lo que se extrae la ausencia en el denunciado de un dolo antecedente o consecuente, un negocio criminalizado, ello implica la inexistencia de la imputada estafa, sin perjuicio de las acciones susceptibles de ejercitar en Jurisdicción diferente a la presente. Sin embargo la Sala acuerda dejar sin efecto el sobreseimiento libre acordado y en su lugar el sobreseimiento provisional por cuanto el auténtico quid de la presente causa, que durante la ejecución de la obra la fachada del inmueble se desmoronó, arrastrando consigo parte del tejado y de la planta de arriba, a causa de que la obra se ejecutó con manifiesta impericia, según considera la parte apelante en su escrito de apelación, lo cual implica la posibilidad de daños por imprudencia grave del art. 267 CP, si la obra en la fachada se hubiera efectuado con esta específica imprudencia y el importe de los daños fuera superior a los 80.000 €, al no constar acreditados esos dos presupuestos legales.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Valladolid
  • Ponente: JUAN MIGUEL DONIS CARRACEDO
  • Nº Recurso: 503/2022
  • Fecha: 18/07/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se recuerda en la alzada que el actual art. 80 del CP implantó un juicio de discrecionalidad reglada, respecto a la no necesidad preventivo-especial de ejecutar una pena de prisión, como fundamento para la suspensión de esta.precisandose también una serie de presupuestos que deben tomarse en consideración, además de las condiciones que han de darse en cada caso. La concesión de la suspensión interesada al amparo del número 5 del citado art. no debe desvincularse de todos los presupuestos establecidos, los que en el caso no resultan favorables al recurrente a juicio del tribunal, quien confirma la resolución dictada por la que fue denegada la concesión, ya que en el relato de hechos probados de la sentencia condenatoria no consta que él hubiera delinquido por su dependencia a la droga, pero sí resultando ser politoxicómano de larga duración, añadiendo que el recurrente no estaba efectuando tratamiento de deshabituación en centro homologado, como así consta en el informe forense y también que muy recientemente ha sido condenado por actos plenamente homogéneos a los que propiciaron la condena que ahora se pretende suspender, Refiriendo, por último,que ni la prevención general o especial hizo mella en el penado, por lo que se desestima el recurso interpuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 4761/2020
  • Fecha: 15/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Pese a la condena del acusado como responsable del delito por el que se ejercitó acusación, no procede imponerle el pago de las costas causadas por la intervención de la acusación particular en el proceso, cuando tal condena en costas no se solicitó siquiera de modo genérico.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Logroño
  • Ponente: JOSE CARLOS ORGA LARRES
  • Nº Recurso: 35/2018
  • Fecha: 14/07/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena a un acusado como autor material de un delito de prevaricación administrativa y le absuelve de otros delitos de prevaricación y malversación. Acusado que siendo alcalde de un ayuntamiento adjudica el servicio de limpieza a una hija suya, y contrata socorristas para la piscina municipal sin seguir procedimiento alguno de acceso a esos puestos de trabajo. Delito de prevaricación administrativa. No se realiza el tipo penal con la decisión de contratar a un familiar directo en un expediente de licitación de un servicio municipal que hubiera de conllevar el deber de abstención del alcalde, al no poder calificar la adjudicación como arbitraria o injusta, puesto que la oferta presentada por la hija del alcalde era la más beneficiosa para el Ayuntamiento. Delito de malversación de caudales públicos que tampoco se realiza al constatar que los servicios contratados se prestaron efectivamente por quien presentó la oferta más económica. Adjudicación directa y sin ningún tipo de procedimiento de obras municipales de reparación de unas tuberías a una empresa propiedad del alcalde y su esposa, que no realiza un delito de malversación de caudales públicos, puesto que los trabajos se realizaron y se abonaron unas facturas proporcionales a la obra realizada, y tampoco realiza el delito de prevaricación administrativa que castiga los supuestos límite de discordancia patente, clara y carente de explicación razonable de la resolución administrativa con el ordenamiento jurídico.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.