Resumen: La sentencia que se recurre, tras el análisis conjunto del cuadro probatorio, tanto de naturaleza personal como documental, concluye que cuando la acusada detrae de la cuenta ganancial la suma de 41.500 euros, el matrimonio estaba separado de hecho, por lo que no aplica la excusa absolutoria y condena a la ahora apelante como autora de un delito continuado de apropiación indebida, que la Sala ratifica en cuanto a tales pronunciamientos. La circunstancia eximente incompleta de estado de necesidad, cuya aplicación se pretende, exige gravedad, objetividad e inmediatez en la necesidad, y ninguna se considera que se acredite en el caso, sin que una eventual estrechez o dificultad económica, no probada, lo justifique. Teniendo en cuenta que las Diligencias se inician a virtud de querella presentada el 20 de septiembre de 2019, así como que la causa no presenta especial complejidad y que han transcurrido cuatro años y medio hasta el dictado de la sentencia, y, aun rozando el plazo razonable, la Sala estima de aplicación la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas,
Resumen: Se señala en la sentencia que la solicitud de prueba en segunda instancia se debe realizar como un presupuesto previo para entrar, si se estima, en el fondo del asunto tras la correspondiente vista, por lo que no solicitada así por la parte, no cabe entrar en consideraciones sobre la correcta o no desestimación de la prueba acordada en la instancia y sobre la posibilidad de ser acordada por el Tribunal, sin que, además, el simple disenso con un informe pericial sea motivo para acordar una nueva prueba sobre el mismo objeto. Inexistencia de nulidad en el registro de un vehículo, ya que el que se utilice exclusivamente como medio de transporte no encierra un espacio en cuyo interior se ejerza o desenvuelva ese ámbito privado del individuo, conforme indica la jurisprudencia del TS que se cita, por lo que su registro por agentes de la autoridad en el desarrollo de la investigación de conductas presuntamente delictivas para descubrir y, en su caso, recoger los efectos y/o instrumentos de un delito, no precisa de resolución judicial, pues no resulta afectado ningún derecho constitucional, como sucede en cambio con el domicilio, la correspondencia o las comunicaciones, habiendo declarado en el acto del juicio el funcionario que practicó el registro, incorporando así válidamente el resultado de los hallazgos. Inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, al no constatarse que sean extraordinarias e indebidas.
Resumen: La Sala condena por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento de superioridad. Desestima como cuestión previa la recusación planteada contra un magistrado que intervino resolviendo recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en fase de instrucción, por entender que no está comprometida la imparcialidad objetiva del tribunal. La prueba de cargo en relación a estos hechos se centra en la declaración testifical de las víctimas, lo que es habitual en delitos contra la libertad sexual como es el que nos ocupa. Ya advirtió la STS 375/2015, de 15 de junio, haciéndose eco de una consolidada doctrina jurisprudencial, que "los delitos contra la libertad sexual son conductas delictivas respecto a las que, debido al componente personalista que presentan y los espacios de intimidad en que se suelen perpetrar, lo que no siempre implica aislamiento, no es fácil que exista la posibilidad de contar con otras pruebas personales distintas para acreditar el núcleo del hecho delictivo. Por lo tanto, ha de partirse del análisis del testimonio de la persona que figura como víctima, sin perjuicio de tenerlo que complementar con otros datos probatorios accesorios que lo corroboren o desdigan "(entre otras STS 61/2014 de 3 de febrero. En el caso presente no se aprecia el error de prohibición.
Resumen: Concursos públicos. Intervenciones telefónicas y entradas y registros domiciliarios: inexistencia de investigación general y prospectiva, al estar ante la existencia de la posible comisión de varias infracciones penales. Ausencia de indefensión: el Auto de Apertura de Juicio Oral incluye todos los hechos y todos los delitos contenidos en el escrito de acusación. Resolución expresamente habilitante, que autorizaba el acceso y visualización y análisis de los correos electrónicos. La conformidad de varios de los acusados al inicio de la vista oral no generó indefensión para los restantes, sin que tengan obligación de declarar a interrogatorio del resto de defensas. Elementos del delito de prevaricación. Concepto de resolución administrativa determinante de la prevaricación: la consideración de resolución administrativa la tiene tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como los informes de valoración de las ofertas. Participación del extraneus en el delito de prevaricación. Intervención neutra de varios acusados. Inexistencia de resoluciones arbitrarias. Realización de actividades sin cobertura contractual, en detrimento de otras mercantiles y de la Administración, con funcionarios no identificados. Acusación contra una persona como inductor o cooperador necesario del delito de prevaricación, cuyos posibles o eventuales autores en sentido propio no han sido acusados por no haber sido identificados. Absolución de acusados que se conformaron con la acusación.
Resumen: QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA: el acusado fue localizado en un bar en compañía de la persona protegida. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA: no depende de la valoración de quien recurre, sino de apreciar un error patente y claro del juzgador que ponga de manifiesto que la conclusión alcanzada carezca de apoyo en el conjunto de la prueba practicada. DOLO: el acusado conocía su obligación al venir impuesta en una sentencia de conformidad. Pese a que el encuentro fuese casual, la permanencia en el lugar llena la previsión típica. El dolo deriva del incumplimiento y es ajeno a la finalidad perseguida por el sujeto. Diferencia entre el dolo, relativo al conocimiento y voluntariedad de la acción, y móvil, efecto buscado por la acción. PENA: el acto de incumplimiento es único, aunque disociado en dos momentos casi consecutivos. no hay motivación suficiente sobre la pena, que se reduce al mínimo legal por las circunstancias del caso, el consentimiento de la mujer, la menor gravedad del injusto y las circunstancias personales del apelante.
Resumen: Las actuaciones no se llevaron a cabo de forma prospectiva: la investigación estaba plenamente justificada ante la seria existencia de indicios de la preparación o comisión de delitos concretos y bien determinados. Autorizaciones de intervenciones telefónicas basadas en indicios suficientes. Ausencia de indefensión en las inhibiciones realizadas por los juzgados. Competencia de la Audiencia Nacional correctamente delimitada, sin indefensión. El dies a quo del plazo para solicitar la prórroga de la instrucción en los casos de acumulación de diligencias previas procedentes de otros juzgados lo es desde la fecha del auto de incoación de las diligencias más modernas. La indagación practicada fuera de plazo es causa de anulación y pérdida de eficacia de la diligencia instructora intempestiva, pero no es un supuesto de ilicitud constitucional. Valor de las declaraciones indagatorias de los acusados. Valoración de la droga que es simple operación matemática. Falta de notificación del escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal que no produce efectiva indefensión. Entradas y registros sin indefensión. Cadena de custodia de la sustancia intervenida no interrumpida. Ausencia de error en la valoración de la prueba. No infracción de principio acusatorio. Existencia de grupo criminal. Atenuante de drogadicción inaplicable. Dilaciones indebidas no apreciable como cualificada.
Resumen: La Audiencia absuelve a los acusados de los delitos societario, estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Operaciones comerciales llevadas a cabo por los administradores sociales y su reflejo en las cuentas de la sociedad. Valoración de la prueba acerca de los hechos y sus responsables. Concepto y elementos del delito de estafa. Contratos criminalizados. La prueba indiciaria como medio para acreditar el ánimo defraudador. Protección penal respecto de quien en las relaciones del tráfico jurídico económico no guarda la diligencia que le era exigible en atención al puesto que ocupaba en el contexto en el que se produce el engaño. Concepto y elementos de la apropiación indebida: su relación con la administración desleal. El concurso de normas entre ambos. La previa liquidación como exigencia del delito de apropiación. Inexistencia de administración desleal. La falsificación de documentos mercantiles y contables. Falseamiento de cuentas como delito societario contable.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL A MENOR DE DIECISÉIS AÑOS: tocamientos a dos hermanas menores, a una de ellas en varias ocasiones. NORMA APLICABLE: es más beneficiosa la LO 10/2022, que establece unas penas de prisión de menor extensión. PRUEBA PRECONSTITUIDA: la exploración de las menores se hizo en la sala GESSEL y se incorporó en el juicio oral como prueba preconstituida. PRUEBA DE CARGO: la declaración de las menores es plenamente creíble, y viene respaldada por la pericial biológica y las manifestaciones de referencia de la madre de las menores. La postura del acusado, al responder solamente a las preguntas de su defensa, merma su eficacia como prueba. DELITO CONTINUADO: hay un dolo unitario, una identidad del precepto infringido y una identidad de victimas que permite apreciar est a figura. VULNERABILIDAD: no se puede establecer en este caso, en la medida en que la edad ya está en la base de la previsión típica. REPARACIÓN DEL DAÑO: la consignación se hizo para su entrega a una de las víctimas, por lo que la atenuante solamente opera en su caso. CUANTÍA INDEMNIZATORIA: dada la edad de las víctimas, su afectación en el ámbito del desarrollo sexual es evidente por la propia dinámica de los hechos.
Resumen: La instrucción de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, como sería el fraude de fondos europeos denunciado, corresponde a la Fiscalía Europea. Competencia de la Audiencia Nacional cuando exista una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional: se ha de atender a otras variables como la complejidad de la instrucción.
Resumen: Organización criminal establemente dedicada al cultivo de plantas de marihuana bajo techo, utilizando viviendas unifamiliares y naves industriales previamente alquiladas con opción de compra y manipulando las instalaciones eléctricas con conexiones ilegales. Falta de prueba para uno de los acusados de su participación. Delito contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia cometido en el seno de organización criminal. Delito continuado de daños. Delito continuado de defraudación de energía eléctrica.
