Resumen: En la resolución sancionadora se hace constar que el obligado tributario en la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, había declarado indebidamente la base imponible del impuesto, con la consecuencia de dejar de ingresar parte de la cuota tributaria correspondiente. Culpabilidad: La negligencia no exige un claro ánimo de defraudar, sino un cierto desprecio o menoscabo de la norma, una laxitud en la apreciación de los deberes impuestos por la misma. La esencia del concepto de negligencia radica en el descuido, en la actuación contraria al deber objetivo de respeto y cuidado del bien jurídico protegido por la norma. La contribuyente es una persona jurídica, con capacidad y medios suficientes para conocer la normativa aplicable y evitar el resultado de dejar de ingresar parte de la deuda tributaria que resulta de la correcta autoliquidación del tributo y no nos encontramos ante una compleja operación cuya tributación pudiera dar lugar a opiniones contradictorias
Resumen: Se confirma la derivación de responsabilidad puesto que el recurrente no actuó con la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la mercantil deudora. Como administrador mancomunado de la mercantil tiene el deber de desempeñar el cargo cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario. En el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones y en el caso presente no se ha realizado de modo correcto la declaración del IVA.
Resumen: Tras declarar la sentencia, primero, que no es suficiente la expedición de factura completa, la contabilización del gasto y la justificación del pago, sino que es preciso, además, que el sujeto pasivo demuestre que la adquisición del bien o la prestación del servicio, que motiva el pago, estaba ligado de forma directa o indirecta a la actividad empresarial o profesional sujeta al Impuesto, y, segundo, que la simulación supone la creación de una realidad jurídica aparente (simulada) que oculta una realidad jurídica distinta (subyacente) o que oculta la inexistencia de acto o de negocio jurídico, concluye que de la prueba se evidencia que se trata de facturas falsas que no responden a ninguna operación real, sino la de defraudar. Por ello mismo, en cuanto a la sanción, existe el elemento subjetivo requerido por la Ley General Tributaria, el cual ha sido suficientemente demostrado por la Inspección y puede inferirse razonablemente a partir del conjunto de hechos analizados.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR por la que se desestima el recurso de anulación interpuesto frente a Resolución del mismo Tribunal por la que se desestiman las reclamaciones económico administrativas acumuladas e interpuestas frente a Liquidación Provisional y sanción por el IRPF, se invocaba la ausencia de pronunciamiento sobre la caducidad del procedimiento, así como el inicio de un nuevo procedimiento sin agotar el plazo para impugnar la previa declaración de caducidad y la Sala tras recoger la normativa sobre el recurso de anulación concluye que sus causas son tasadas y no concurre la incongruencia completa y manifiesta de la resolución del TEAR, ya que en la misma si se resolvía sobre la caducidad invocada y en cuanto a los motivos impugnatorios referidos a la liquidación y a la sanción, se concluye que la caducidad del procedimiento acordada estaba motivada y expresa los recursos que cabían contra su declaración no existiendo irregularidad alguna, en cuanto al fondo se rechaza la deducibilidad como gasto por las amortizaciones y por pérdidas por deterioro de existencias, ya que no es posible acoger el resultado de un informe pericial que busca acreditar mermas acaecidas en la actividad productiva de una empresa de la que es participe el actor para un periodo cinco años anterior a su elaboración, con manifestaciones genéricas insuficientes y finalmente se confirma la sanción por concurrir los presupuestos para su imposición.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR desestimatoria de la reclamación económico administrativa contra la liquidación y sanción relativa al Impuesto sobre Sociedades, se invoca frente a la misma la falta de motivación de la liquidación en cuanto a la no aplicación a la recurrente del tipo reducido por cumplir los requisitos legales, así como la concurrencia de la prescripción. La Sala considera que la liquidación se encuentra motivada y que la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita o pormenorizada de todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión y en este caso la Resolución recurrida, no puede atribuírsele un puro decisionismo, sino que incluye referencia a hechos y fundamentos de derecho, también se rechaza la falta de competencia del órgano de gestión tributaria, habiéndose tramitado el procedimiento de comprobación limitada conforme a derecho, confirmándose igualmente la sanción al estar beneficiándose la actora de un incentivo fiscal al que no tenía derecho.
Resumen: La sentencia señala en primer lugar que, aún cuando no se impugnara la liquidación por la entidad sancionada del caso, sí que dicha entidad sancionada podía invocar la prescripción del derecho a liquidar al recurrir la sanción, toda vez la base de la misma vino determinada por la cuota tributaria.Con ese punto de partida, la sentencia concluye tanto que no había sido ganada la prescripción como que la entidad sancionada no había entrado a discrepar de la regularización practicada ya que no impugnó la liquidación tributaria, de modo que quedaba sin desvirtuar la que la sentencia considera como una amplia argumentación de la Inspección. La sentencia también rechaza la alegación sobre la fijación de la base de la sanción, señalando para ello que esa base de sanción sobre la que procedía aplicar el porcentaje proporcional era precisamente el importe de la facturación irregular, Por último, la sentencia recuerda que, para poder determinar la existencia de una infracción tributaria e imponer una sanción, es preciso la existencia de un grado mínimo de culpabilidad, correspondiendo la prueba de la culpabilidad a la Administración; sólo cuando la Administración ha razonado, en términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de culpabilidad, procede exigir al acusado que pruebe la existencia de una causa excluyente de la responsabilidad. Pues bien, la sentencia concluye que en este caso se había motivado suficientemente el grado de reprochabilidad de la infracción.
Resumen: La sentencia declara que el comportamiento de la inspeccionada puede calificarse como una deliberada y reiterada negativa por parte de la misma a entregar la documentación requerida por la Inspección, e incurre en un grado de culpabilidad que se califica de "culpa", por distinción al dolo y a la simple negligencia, lo que la Sala comparte a la vista de las circunstancias que han sido descritas. Aprecia que la imposición de la cifra máxima de 100.000 euros no es desproporcionada, en atención a las magnitudes monetarias conocidas.
Resumen: La sentencia desestima la posibilidad de poder deducir las cuotas de IVA que no se justifica estén correlacionados con la posibilidad de obtención de ingresos. Por otro lado, en cuanto a la sanción igualmente impugnada, declara que en el ámbito del derecho tributario sancionador tiene plenos efectos el principio de culpabilidad, a cuyo efecto se debe vincular la punibilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se encuentre amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables, como es el caso, en el que la motivación del acuerdo sancionador acredita que no se declararon parte de los ingresos y se dedujeron gastos no contabilizados.
Resumen: Es pleno el valor probatorio de la pericial aportada por la recurrente que determina, por un lado la inadecuación a derecho de la valoración hecha por la Dependencia de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pues siempre, la aplicación de las reglas previstas en el art. 37.1.b) LIRPF (49) quedan supeditadas a la falta de acreditación del interesado del valor de mercado de las participaciones, lo que se ha materializado ahora (es decir una estimación del presente recurso contencioso-administrativo en relación a su pretensión subsidiaria), y la inadecuación de la inicial valoración hecha por el propio contribuyente, siendo la correcta cuantificación del incremento de patrimonio la que se derive del nuevo valor de la transmisión, que pasaría de los 60€/participación a 81,51€/participación. La resolución sancionadora carece de una motivación suficiente, como se ha dicho, siendo absolutamente irrelevante que se indique "Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el obligado tributario aporta un informe pericial extemporáneo, pues es elaborado el 13 de octubre de 2021, subjetivo y no consecuente, pues el método utilizado no parece el más objetivo para valorar participaciones.
Resumen: Como en lógico, en cuanto a los automobiles, la Administración, conforme a la presunción establecida por norma, admitió la deducibilidad el 50% de las cuotas dempuesto relacionadas con gastos de estos vehículos. Sin embargo, rechazo la deducibilidad al 100% al no acreditarse por la entidad contribuyente la afectación exclusiva a la actividad económica de la misma.Pues bien, por lo que se refiere a al deducción correspondiente a vehículos, ocurría en el caso que, frente a los contundentes datos de hecho que apuntaban al uso particular por parte del administrador de la entidad contribuyente, la sentencia observaba que lo que dicha entidad contribuyente opuso enel juicio no resultaba convincente, y ello al estar basado en documentos privados, con una redacción idéntica en todos ellos, que no habían sido ratificados por los supuestos firmantes y a los que tampoco se les trajo como testigos al juicio. En cuanto a la deducibilidad correspondiente al jamon iberico, la sentencia, ante todo, recuerda que la norma dispone que no pueden ser objeto de deducción ni los alimentos ni los bienes destinados a atenciones a asalariados. Pues bien, al respecto ninguna razón conceptual ni jurídica fue opuesta en el juicio por la entidad contribuyente. Antes al contrario, lo que vino a decir la entidad contribuyente era que este jamón tenía como objeto premiar a los trabajadores de la empresa.Así las cosas, sin que figure mención a la sanción, la sentencia desestima integramente el recurso.
