Resumen: La aplicación de la doctrina sentada por esta Sala, que excluye la sanción en los supuestos del artículo 110.2 LIS, no era suficiente para resolver el debate, ya que la Inspección tiene en cuenta que Emjesa, tras haber ejercido la actividad hotelera, pone en marcha un conjunto de actuaciones, a partir del 6 de agosto de 2001, para el cese de dicha actividad y la venta del inmueble a la inmobliaria Sotomar, pocos meses después, utilizando a la entidad Lompoc, domiciliada en el País Vasco cuyos nuevos socios adquieren acciones de Emijesa a los socios fundadores de la entidad, procediendo luego el 1 de octubre de 2001, a solicitar ante la Delegación de Cantabria el cese en la actividad hotelera, el 4 de octubre de 2001 en el Registro Mercantil de Cantabria el cierre de inscripciones registrales por traslado del domicilio social a Bilbao C/ Elcano 25 ( mismo domicilio que Lompoc), y el 15 de noviembre de 2001, en la AEAT de Vizcaya y en la Diputación Foral de Vizcaya el cambio de domicilio fiscal de Santander a Bilbao, llegándose de esta forma a la protocolización el 19 de noviembre de 2001 de los acuerdos de fusión de las sociedades Lompoc y Emijesa, en un proceso de fusión impropia, ya que las acciones de esta última pertenecían al 100% a Lompoc desde el 6 de agosto de dicho año, para efectuar finalmente Lompoc la venta del inmueble adquirido por la absorción a inmobliaria Sotomar.
Resumen: La Sala IV no entra a conocer del fondo de la cuestión sobre la naturaleza laboral o administrativa de la relación de un Auxiliar del Servicio Navarro de salud, a virtud de contratos administrativos, por falta de contradicción entre las sentencias comparadas. Con remisión a recursos previos declara que ambas mantienen la misma doctrina de que la contratación administrativa solo es válida si se mantiene dentro de los limites fijados al efecto por la legislación, pero la normativa de aplicación es diferente, lo que quiebra la identidad sustancial. En la decisión recurrida el debate gira en torno a si las normas forales navarras amparaban la contratación del actor [Ley Foral 11/1992, de 20/Octubre; y Decreto Foral 1/2002, de 7/Enero], en tanto que en la de contraste, la cuestión versaba respecto de si las normas estatales podían servir de base a los contratos que se examinaban [Real Decreto Legislativo 2/2000]. Divergencia del sustrato normativo que obsta la concurrencia de la exigible contradicción.
Resumen: La omisión del procedimiento de comprobación limitada no es determinante [en este caso] de la nulidad de pleno derecho de la liquidación, en la medida en que hubo procedimiento y no se causó indefensión alguna al interesado. Dicho en otros términos, la Sala de instancia reconoce que se siguió un procedimiento distinto al procedente, que potencialmente puede causar indefensión, pero que en el presente caso no se produjo por las particularidades concretas que concurrieron en su desarrollo. El artículo 30.2 NF 10/2006, de 29 de diciembre del IRPF de Guipúzcoa no es contrario a los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad al posibilitar la determinación de los rendimientos por el sistema de módulos con reserva y cautela previamente conocida por quienes se atengan a él, de que no excusará el sometimiento a gravamen de los rendimientos reales, de forma que quien opta por dicho sistema si bien está dispensado del cumplimiento de ciertas obligaciones formales y no será sancionado por su omisión, no está obligado a acogerse a tal sistema de determinación de la base imponible, sabiendo que en caso de comprobación o inspección habrá de tributar por los rendimientos reales, y nada le impide adoptar las cautelas necesaria para acreditar la realidad de los rendimientos.
Resumen: La Sala desestima el presente recurso de casación ante lo ya declarado en la sentencia de 13 de junio de 2016 (rec. cas. núm. 2742/2015). La sentencia es congruente con las pretensiones formuladas, aunque sea íntegramente desestimatoria, y tampoco incurre en incongruencia omisiva o "ex silentio". La declaración de nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF) se hizo sin reconocer vulneración del derecho de igualdad, con base en que no respetaba el concepto de estimación objetiva. No está claro a quien se imputa la desigualdad, si a la redacción del art. 30 de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o a la práctica de la Administración Tributaria Foral que no aplicaría siempre y por igual el apartado 2 de dicho precepto. Este recurso no es equiparable a la situación resuelta por la Sentencia de 23 de octubre de 2014 (rec. cas. núm. 230/2012), que declaró la nulidad del art. 26.2 de la NFIRPF. Además, el Tribunal Constitucional examinó los efectos que pudo tener esta sentencia y rechazó la vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial.
Resumen: La Sala declara no haber lugar al recurso de casación contra la sentencia que desestimó el recurso contra la desestimación de la solicitud de la revisión de actos nulos de pleno derecho presentada contra liquidación de IRPF porque tras rechazar la existencia de incongruencia y falta de motivación coincide en que la omisión del procedimiento de comprobación limitada no es determinante, en este caso, de la nulidad de pleno derecho de la liquidación, en la medida en que hubo procedimiento y no se causó indefensión alguna al interesado. No hay infracción del principio de igualdad porque el recurrente debió acreditar que con respecto a algún contribuyente que había optado por la estimación objetiva y que se encontraba en la misma situación del recurrente, porque obraban datos de él en el Servicio de Gestión Tributaria que daban un rendimiento real de la actividad económica diferente, no se había practicado una liquidación en consonancia con tales datos.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia es la relativa a la competencia del orden social de la jurisdicción para conocer de una reclamación de cantidad interpuesta por trabajadora contratada como laboral con categoría de Oficial Administrativo y que es retribuida conforme a Convenio Colectivo, pero que realiza -aparte de otros- los cometidos de Secretaria-Interventora del Municipio. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción. Así, en el caso de autos, la relación se ha configurado y retribuido como laboral desde su inicio, siquiera el objeto de la prestación incluyese funciones de Secretaria-Interventora del Ayuntamiento, hasta el punto de que el carácter administrativo de la relación -y consiguiente competencia del orden contencioso-administrativo- no se suscita sino en trámite de Suplicación; y en la referencial, muy diversamente la misma prestación de servicios como Secretaria de la Corporación se produce por nombramiento inicial como tal y por lo mismo ya ab initio se configura como administrativa, y años después se le pretende dar al vínculo un ropaje laboral y se le superpone un contrato de tal naturaleza, persistiendo incólume el contenido prestacional y retributivo, hasta que se le impuso la sanción de separación del servicio tras el oportuno expediente disciplinario. Sentado lo anterior, la sentencia recuerda la importancia que ha de atribuirse a la voluntad de las partes en su remisión a la legislación aplicable.
Resumen: La Sala declara no haber lugar al recurso contra sentencia que confirmó la Orden Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que desestimó el recurso especial de revisión de actos nulos de pleno derecho interpuesto contra las liquidaciones provisionales por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ejercicio de 2007. El procedimiento se inició mediante propuesta de liquidación provisional basada en los ingresos que a la Hacienda Foral le constaban por información de terceros, respecto de la cual el interesado formuló alegaciones, recayendo liquidación provisional que tuvo en cuenta los gastos acreditados", por ello no se ha causado indefensión alguna al interesado, por lo que no cabe mantener que la omisión del procedimiento de comprobación limitada determine la nulidad de pleno derecho de la liquidación cuestionada. La omisión del procedimiento de comprobación limitada no es determinante en éste caso de la nulidad de pleno derecho de la liquidación, en la medida en que hubo procedimiento y no se causó indefensión.
Resumen: Conflicto de competencia para conocer de la impugnación de la desestimación por el Banco de España de la reclamación administrativa previa efectuada en relación con el proceso selectivo del concurso-oposición para proveer seis plazas en el nivel 14 del Grupo directivo, cuyas bases se publicaron por Acuerdo 38/2011, de 23 de diciembre. La competencia corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa. El criterio para la atribución competencial a favor de uno u otro orden jurisdiccional se basa en la distinción entre convocatorias por las que se accede al vínculo laboral con la Administración desde el exterior (en cuyo caso, el enjuiciamiento corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa) y aquellas otras de carácter restringido, a las que solo tienen acceso quienes ya tuviesen un vínculo laboral con la Administración (en cuyo caso la competencia corresponde al orden social).
Resumen: La Sala declara la competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para conocer de la demanda objeto del presente litigio. En el caso objeto de este concreto conflicto, la parte ejercita una pretensión relativa al contenido de la relación funcionarial, reconocimiento de trienios y reclamación de cantidad, por lo que, tras la entrada en vigor del Estatuto Marco de 16 de diciembre de 2003, dicha materia forma parte de los derechos y deberes que integran la relación funcionarial regulada en el mismo, sujeta al derecho administrativo y, por lo tanto a la revisión por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con las previsiones generales de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 9.4) y la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción (art. 1 y concordantes), y por exclusión de las competencias del Orden Jurisdiccional Social (arts. 1, 2 y 3 LPL. Esta tesis ha sido acogida por la Sala de lo Social de este Tribunal Supremo, reunido en Sala General en sendas sentencias de 14 de diciembre de 2005.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La demandante solicita la nulidad de pleno derecho del artículo 209.4 del Real Decreto Legislativo por entender que incurre en un exceso respecto a la delegación otorgada por la Ley 20/2014 de 29 de octubre. No se aprecia extralimitación o desviación alguna en la norma impugnada. Cuando el apartado cuarto del art. 209 del Real Decreto Legislativo 4/2015 dispone que 'La información a la que se refiere el apartado anterior permitirá a los clientes [...] comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa', no está presuponiendo que la mera entrega de esta información implique que el cliente ha comprendido la naturaleza del riesgo que asume, entendiendo satisfecha la obligación de información que incumbe a estas entidades financieras, sino que este párrafo hay que interpretarlo poniéndolo en relación con el apartado tercero de este mismo precepto, en el que se establece que la información entregada al cliente sobre diversos extremos (a), b) y c).
