• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 55/2020
  • Fecha: 15/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Determinación del lugar de localización de las operaciones de reaseguro y de las operaciones de seguro y capitalización cuando el tomador tiene su residencia o domicilio en el extranjero. a calificación realizada por la Junta Arbitral de la operación subyacente para negar la existencia del reaseguro, no resultaba posible atendiendo a la figura que se examina. Constituye una contradicción irresoluble, con peligro de graves consecuencias jurídicas y administrativas para la compañía de reaseguro contribuyente en el impuesto sobre sociedades cuya exacción se cuestiona, que mientras en el tráfico jurídico y asegurador gire como una aseguradora y realice las actividades propias del reaseguro, se prescinda por la Junta Arbitral de una insoslayable realidad jurídica a efectos de determinar la competencia de la Administración tributaria para la exacción por el impuesto sobre sociedades, lo cual en realidad resulta un conflicto extraño al contribuyente,pues gira el problema en torno a la determinación competencial tributaria, no a la obligación tributaria en sí. Las operaciones de reaseguro están comprendidas en la expresión de "operaciones de seguro y capitalización" que contempla el Convenio Económico. En cuanto a las operaciones en las que el tomador del seguro reside en el extranjero, se atribuirán, en su caso, a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 364/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resolución de la Junta Arbitral del Convenio Económico con Navarra. Conflicto de competencia positivo entre la Comunidad Foral y la Diputación foral de Vizcaya para establecer el domicilio fiscal, determinado por la residencia, de un contribuyente. Carga de la prueba. Presunciones legales. La valoración de la prueba, en el proceso, corresponde al Tribunal judicial, que no tiene por qué quedar vinculado por las reglas que rigen en el procedimiento administrativo. En este caso, lo decisivo es la pasividad en el despliegue de actividad probatoria por la Hacienda foral vizcaína en el proceso. La valoración sobre los abundantes indicios aportados por la Hacienda tributaria de Navarra que efectúa la Junta Arbitral es razonable y motivada, no fruto del capricho o la arbitrariedad, aun partiendo de la dificultad de una prueba directa determinante de la residencia. Dentro de las presunciones, la fundamental aquí es aquella de que goza la Junta Arbitral autora del acto recurrido. Se desestima, así, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación foral de Vizcaya.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 316/2019
  • Fecha: 17/12/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de magistrado del orden jurisdiccional social. Desestimación del recurso. El recurrente se hallaba en el turno de discapacidad, como lo estaban inicialmente cinco aspirantes más, siendo el único de todos ellos que superó la fase de baremación, y lo que realmente pretende el recurrente no es el respeto de la reserva del turno de discapacidad, sino una resolución del órgano de selección que permitiera pasar a la entrevista sin haber acreditado los conocimientos suficientes para superar la fase de dictamen. Por otra parte, la recurrente se limita a sintetizar sus respuestas en la fase de dictamen, limitándose a mostrar su discrepancia con la valoración del tribunal calificador, sin que concrete qué valoraciones están insuficientemente motivadas, ni ponga de manifiesto la contradicción de la valoración con las bases de la convocatoria; la parte ni siquiera reitera sus argumentos en el escrito de conclusiones, por lo que se carecen de elementos de juicio suficientes para sustituir el criterio utilizado al valorar el dictamen.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
  • Nº Recurso: 2766/2018
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre el Abogado del Estado en nombre del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas en casación unificadora a efectos de que se determine si la competencia para conocer de la pretensión rectora de las actuaciones corresponde al orden laboral o al contencioso-administrativo. El actor reclama el reconocimiento de su derecho al abono de la cantidad correspondiente a la compensación por sustitución del suministro de carbón. La sentencia de suplicación se ha decantado por la primera solución. Sin embargo, la sala IV revoca tal pronunciamiento y declara la competencia del orden contencioso-administrativo por entender que lo que se reclama es el abono de una subvención a cargo del Estado y porque el título jurídico que sustenta la pretensión no es el contrato de trabajo ni un acuerdo colectivo. En definitiva y, dada la naturaleza de la ayuda solicitada, el orden jurisdiccional competente para pronunciarse sobre si su abono resulta o no procedente es el contencioso-administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
  • Nº Recurso: 2875/2018
  • Fecha: 04/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre el Abogado del Estado en nombre del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas en casación unificadora a efectos de que se determine si la competencia para conocer de la pretensión rectora de las actuaciones corresponde al orden laboral o al contencioso-administrativo. El actor reclama el reconocimiento de su derecho al abono de la cantidad de 1.290,32 € en concepto de compensación por sustitución del suministro de carbón. La sentencia de suplicación se ha decantado por la primera solución. Sin embargo, la sala IV revoca tal pronunciamiento y declara la competencia del orden contencioso-administrativo por entender que lo que se reclama es el abono de una subvención a cargo del Estado y porque el título jurídico que sustenta la pretensión no es el contrato de trabajo ni un acuerdo colectivo. En definitiva y, dada la naturaleza de la ayuda solicitada, el orden jurisdiccional competente para pronunciarse sobre si su abono resulta o no procedente es el contencioso-administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Oviedo
  • Ponente: CATALINA ORDOÑEZ DIAZ
  • Nº Recurso: 1181/2020
  • Fecha: 03/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reiterando la actora la existencia de una subyacente relación de trabajo entre las partes considera constitutiva de despido el incumplimiento de la subrogación que imputa al instituto codemandado. En respuesta a la irregularidad de una contratación administrativa que expresaría a una necesidad permanente en el tiempo y de duración ilimitada, no meramente circunstancial o esporádica (bajo horario, jornada y retribución fija) recuerda la Sala las notas definitorias de la relación de trabajo (bajo criterios de ajenidad y dependencia) concluyendo que no se adecua la litigiosa a las mismas al no integrarse el recurrente bajo el circulo organizativo de la administración demandada en el desempeño de su trabajo de limpieza con los medios de ejecución de los que era titular y sin sujetarse a jornada u horario. Respecto a la denunciada ausencia de un contrato que amparase la prestación de sus servicios se remite la Sala a la regulación normativa de la contratación del servicio de limpieza en el ámbito del sector público que excluye del mismo los contratos regulados por la legislación laboral, advirtiendo que el hecho de que aquel se extendiera más allá de la fecha de su vencimiento no enerva la conclusión alcanzada en contra de la laboralidad del vínculo y consiguiente inoperatividad del hecho subrogartorio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JESUS CUDERO BLAS
  • Nº Recurso: 3456/2019
  • Fecha: 13/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de apelación: resoluciones recurribles. Cuantía litigiosa. Interpretación de los artículos 81.1.a) y 81.2.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, concretamente para determinar si es aplicable al recurso de apelación contra los autos que declaran inadmisible el recurso contencioso-administrativo la summa gravaminis; (30.000 euros) o son apelables en todo caso, a pesar de no revestir la forma de sentencia. Son apelables los autos de los órganos judiciales unipersonales que declaren la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo aun cuando la cuantía litigiosa del proceso en el que se dictaron no exceda de 30.000 euros. Así se desprende de una interpretación finalista de la ley, respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva y que evite el absurdo consistente en que, en un mismo proceso, una misma declaración (de inadmisión) pueda ser o no apelable solo en atención a la resolución judicial por la que se adopte.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO JESUS FONSECA-HERRERO RAIMUNDO
  • Nº Recurso: 7669/2019
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Auto de Admisión. La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar el orden jurisdiccional competente para conocer de las impugnaciones relativas a las autorizaciones de actividades formativas inherentes a los contratos de formación y aprendizaje.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: SALVADOR SALAS ALMIRALL
  • Nº Recurso: 5077/2019
  • Fecha: 30/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurre la empresa su condena por despido improcedente bajo un primer motivo de nulidad reiterando la incompetencia del JS de Barcelona en favor de los de Madrid y el carácter civil de la relación; excepciones que (según alega) no fueron resueltas en la instancia. Motivo (por incongruencia omisiva) que la Sala rechaza al haber dado respuesta a ambas. Desde la condicionante dimensión que ofrece su inalterado relato se examina el carácter laboral o mercantil de la relación habida en singular referencia al marco normativo rector de la litigiosa (Ley del Deporte) respecto a la naturaleza del vínculo entre los árbitros y sus federaciones. Con carácter general quien se encuentra asociado a su Federación y es titular de la licencia federativa de árbitro (ejerciendo por delegación la potestad disciplinaria deportiva) somete su relación al orden contencioso. Sin embargo quien (como ahora acontece) no está asociado ni consta que ejerciera aquella función no se encuentra sujeto al régimen jurídico aplicable a la relación entre los árbitros y la federación a la que pertenecen; situándose bajo la dependencia que resultanta de las directrices impartidas por la demandada (que le abonaba los gastos de viaje), estando sometido al presidente del Comité; nota a la que se añade la de la ajeneidad expresada por su retribución y los medios proporcionados. Siendo territorialmente competente el Organo de instancia en cuya circunscripción prestaba sus servicios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Valencia
  • Ponente: MERCEDES GALOTTO LOPEZ
  • Nº Recurso: 362/2018
  • Fecha: 21/07/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se impugna la resolución de la TGSS que declara la responsabilidad solidaria del administrador de la empresa deudora. Frente a la invocación de la falta de competencia de la TGSS porque la empresa estaba sujeta a procedimiento concursal, la sentencia confirma la competencia de la Tesorería y de la jurisdicción contenciosa para resolver el recurso. Acreditado que concurría causa de disolución sin que el administrador hubiese cumplido aquello a que la norma le obligaba, el responsable frente a la T.G.S.S. será el administrador cuyo nombramiento siga vigente en el registro mercantil. Por tanto, no lo es de las deudas posteriores al cambio de administrador.

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