Resumen: Estimación del recurso de casación interpuesto por el Banco de Santander. Modificación en el orden de resolución de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación (la cuestión planteada en casación es previa ya que afecta a la propia existencia de las acciones ejercitadas), pues su estimación determinaría la carencia de efecto útil del primero. El ejercicio de la responsabilidad contractual por la adquisición de acciones en el mercado secundario, al margen de la deducción de pretensiones por inexactitudes u omisiones relevantes que causaran perjuicios a su adquirente de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, está condicionado por una circunstancia previa que afecta a la propia existencia de la acción, que ha sido negada por la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 en esta clase de acciones formuladas por accionistas del Banco Popular. Añade que, si como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito emisora del folleto, o contra la entidad que lo suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece ese presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda.
Resumen: Concurrencia de los presupuestos y requisitos exigidos para que pueda apreciarse la acción de nulidad por error vicio en el consentimiento respecto de los contratos de adquisición de acciones y derechos de suscripción preferente de Banco Popular concertados por la parte demandante en el marco de la ampliación de capital de 2016. Se reitera que la STJUE de 5 de mayo de 2022 ha declarado que la Directiva 2014/59/UE se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. La demanda de este litigio se basaba en el presupuesto de que los accionistas del Banco Popular podían hacer valer las pretensiones cuyo ejercicio ha excluido ahora el TJUE, por lo que sus pretensiones carecen de fundamento.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo, y de otras sentencias que aplican dicha doctrina en los recursos de Ibercaja contra sentencias de las Audiencias de Cáceres y Badajoz sobre cláusulas suelo y acuerdos novatorios. Se declara la validez de la estipulación del acuerdo por la que se suprime la originaria cláusula suelo, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio. No se hace expresa imposición de las costas de los recursos de casación y apelación.
Resumen: Se opone al sentido y finalidad comunitaria de la exención del artículo 132.1 f) Directiva 2006/112/CE, una norma nacional - artículo 20. Uno. 6º Ley IVA 37/1992, de 28 de diciembre- que recoge la exigencia de que trate de servicios directos y exclusivos de la actividad exenta (" a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de la misma.") , cuando se interpreta tal exigencia para la prestación -la limpieza en el ámbito educativo- como no exclusiva de ese sector exento si bien es singular, técnica y compleja en su organización -necesaria continua limpieza y desinfección de instalaciones con afluencia y asistencia de menores en horario prolongado- y configuración así como absolutamente necesaria? ¿Se opone al sentido y finalidad comunitaria de la exención del artículo 132.1 f) Directiva 2006/112/CE, una interpretación del artículo 20. Uno.6ª Ley IVA 37/1992, de 28 de diciembre, que equipare no exclusividad de la prestación a la actividad con producción de distorsión de la competencia para denegar la misma conforme a los limites comunitarios, combinando así los limites nacionales y comunitarios para su denegación? Aclare si el límite de "no distorsión de la competencia" supone denegar la exención del principio general -reconocido por el TJUE- de sujeción al impuesto.
Resumen: Concurrencia de los presupuestos y requisitos exigidos para que pueda apreciarse la acción de nulidad por error vicio en el consentimiento respecto de los contratos de adquisición de acciones y derechos de suscripción preferente de Banco Popular concertados por la parte demandante en el marco de la ampliación de capital de 2016. Se reitera que la STJUE de 5 de mayo de 2022 ha declarado que la Directiva 2014/59/UE se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. La demanda de este litigio se basaba en el presupuesto de que los accionistas del Banco Popular podían hacer valer las pretensiones cuyo ejercicio ha excluido ahora el TJUE, por lo que sus pretensiones carecen de fundamento.
Resumen: Acción de nulidad por error vicio en el consentimiento respecto de la suscripción de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016. Examen de los presupuestos y requisitos exigidos para dicha acción. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con dicha adquisición de acciones: la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20 se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. En consecuencia, en este caso el presupuesto de las acciones ejercitadas por las demandantes ha desaparecido a raíz de la sentencia del TJUE. Estas circunstancias privan a las pretensiones de las demandantes del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que el TS, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas.
Resumen: Acción de nulidad por error vicio en el consentimiento respecto de la suscripción de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016. Examen de los presupuestos y requisitos exigidos para dicha acción. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con dicha adquisición de acciones: la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20 se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. En consecuencia, en este caso el presupuesto de las acciones ejercitadas por las demandantes ha desaparecido a raíz de la sentencia del TJUE. Estas circunstancias privan a las pretensiones de la demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que el TS, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas.
Resumen: Reiteración de doctrina en aplicación de la STJUE de 5 de mayo de 2020 que ha determinado que la Directiva 2014/59/EU, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones de una entidad de crédito objeto de un proceso de resolución, como fue el caso del Banco Popular, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una OPS, emitida antes del inicio del proceso de resolución, ejerciten acciones de responsabilidad por folleto o acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, conllevan efectos restitutorios. En consecuencia, la Sala, con estimación del recurso y desestimación de la demanda, concluye, en el caso examinado, que la demanda formulada se basaba en el presupuesto de que los accionistas del Banco Popular podían hacer valer las pretensiones cuyo ejercicio resulta excluido ahora por el TJUE. Circunstancias, que determinan a juicio de la Sala, la privación a las pretensiones de la demandante del fundamento que hubieran podido tener si no se hubiera producido la resolución del banco, ya que por mandato del art. 4 bis LOPJ, la Sala debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, con el efecto de que tales pretensiones nunca podrían ser estimadas.
Resumen: Se solicita la nulidad de la cláusula de gastos y comisión de apertura de la escritura de compraventa, subrogación y novación de préstamo hipotecario. Estimada esencialmente la demanda recurre la entidad bancaria. En cuanto a la comisión de apertura, la Sala indica que tras las ultimas sentencias, consta claramente que la misma no constituye una de las partidas principales del precio, de ahí, que esté sometida a los controles de transparencia y abusividad. En materia de transparencia, el juez competente deberá comprobar, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, que el prestatario está en condiciones de evaluar las consecuencias económicas que se derivan para él de dicha cláusula, entender la naturaleza de los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en ella y verificar que no hay solapamiento entre los distintos gastos previstos en el contrato o entre los servicios que estos retribuyen. La Sala considera que la cláusula objeto de autos no supera el control de transparencia puesto que el prestatario no está en condiciones de evaluar las consecuencias económicas de dicha cláusula; la indefinición de la misma es absoluta, sin referencia alguna a actuaciones y/o servicios y gastos que la justifiquen. En cuanto a la cláusula de gastos, la intervención del banco no es solo para ratificar la subrogación en el préstamo hipotecario, sino también su novación, lo que justifica la legitimación pasiva del mismo y su responsabilidad en los gastos.
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo incluida en escritura de modificación de préstamo hipotecario fundamentada en su carácter abusivo, en que no fue negociada individualmente y no se informó a las partes de su trascendencia económica. En primera instancia se estimó la demanda al entender que la cláusula suelo contenida en la escritura de modificación no superaba el control de transparencia y que la renuncia de acciones expresada en el documento privado de novación no impedía el ejercicio de acciones ante la imposibilidad de convalidar la cláusula suelo nula mediante su sustitución por otra que sea más favorable al consumidor. Recurrida en apelación, la Audiencia desestima el recurso. Interpuesto recurso de casación, la Sala lo estima en parte. Aprecia la validez de la estipulación primera del contrato privado que modifica el interés ordinario del préstamo y sustituye el sistema de interés variable por un interés fijo del 4% al cumplir con las exigencias de transparencia conforme a la STJUE de 9/07/20 y la jurisprudencia de esta Sala que la aplica contenida en Sentencias 489/2018, de 13 de septiembre, 548/2018, de 5 de octubre, y 101/2019, de 18 de febrero, a las que se remite la sentencia núm. 285/2023, de fecha 22 de febrero y mantiene la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones, ya que al no haber sido negociada individualmente debía cumplir las exigencias de transparencia, lo que requería que el consumidor dispusiera de la información pertinente sobre su alcance.
