Resumen: Cláusula suelo. Acuerdo que suprime la cláusula y contiene una renuncia al ejercicio de acciones. Recurre en infracción procesal y casación el demandante. La sala estima el primero: la demandada, al formular su recurso de apelación, había pedido que su estimación conllevara la desestimación de la demanda respecto de las pretensiones sobre la cláusula suelo, "sin imposición de costas de la instancia ni de la alzada a ninguna de las partes", por ello, de acuerdo con los principios dispositivo y de congruencia, la sentencia de apelación, que estimó el recurso, no podía imponer las costas de la primera instancia a los demandantes. La sala desestima el recurso de casación. En este caso, el cumplimento de la exigencia de transparencia en el contrato privado de novación no sólo resulta de las circunstancias concurrentes (se realizó unos meses después de la STS 241/2013 que generó un conocimiento generalizado de la eventual nulidad de las cláusulas suelo), sino también de lo manifestado por el demandante en su interrogatorio, que reconoce que cuando se enteró que la cláusula suelo podía ser nula, pidió al banco que la suprimiera, y también declaró que había calculado cuanto podrían llegar a devolverle. Validez de la renuncia de acciones según los parámetros fijados por STJUE de 9 de julio de 2020, ya que fue realizada con un conocimiento aproximado de lo que el banco debería restituirle si se declaraba la nulidad de la cláusula y, siendo consciente de ello, consintió en el acuerdo.
Resumen: Nulidad de las cláusulas limitativa del interés variable, imputación de gastos a cargo de la prestataria, interés de demora, cláusula de vencimiento anticipado y comisión por reclamación de posiciones deudoras por abusivas. Costas procesales. Desestimación del recurso de casación por incumplimiento de los requisitos de formulación. Concurre causa de inadmisión del motivo de casación, que se convierte en causa de desestimación, cuando el precepto legal que se cita en el motivo es el art. 394 LEC, norma de carácter procesal, sin invocarse norma sustantiva infringida. El verdadero motivo debe estar en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso. La indicación precisa de la norma infringida ha de realizarse en el encabezamiento de cada uno de los motivos en que se funde el recurso, sin que sea suficiente que pueda deducirse del desarrollo de los motivos y sin que tenga que acudirse al estudio de su fundamentación. El recurso de casación está limitado a una estricta función revisora de la aplicación de las normas sustantivas al objeto del proceso, y debe entenderse referido a las pretensiones materiales deducidas por las partes, relativas al crédito civil o mercantil y a las situaciones personales o familiares, correspondiendo al recurso extraordinario por infracción procesal controlar las cuestiones procesales, entendidas en sentido amplio. La causa de inadmisión se convierte, en causa de desestimación.
Resumen: Nulidad de clausulado multidivisa. La sala desestima el recurso de casación del banco demandado, al fundarse en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ya que el recurso parte de la entrega a la actora de la segunda hoja del documento de primera disposición, así como del denominado "dossier de preguntas frecuentes", que la sentencia recurrida no da por probada. Agotando la respuesta jurisdiccional, la sala incide sobre la necesidad de que la información que ha de facilitar la comprensión del funcionamiento de la cláusula sea recibida por el cliente con antelación suficiente, siendo intrascendente la recibida en el momento de la escritura o en otro posterior. La falta de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación en divisa del préstamo y la equivalencia en euros de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de amortizar, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe. Es intrascendente que el consumidor tuviera la oportunidad temporal de modificar la divisa a la que referenciaba el préstamo. Diferencias de tratamiento en orden a su ineficacia entre el supuesto que recoge la STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto Dziubak), préstamos indexados en divisas, y el que se aplica a los préstamos multidivisa. Denegación de planteamiento de cuestión prejudicial, remitiéndose a la sentencia 776/2021.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo, y de otras sentencias que aplican dicha doctrina en los recursos de Ibercaja contra sentencias de las Audiencias de Cáceres y Badajoz sobre cláusulas suelo y acuerdos novatorios. Se declara la validez de la estipulación de los acuerdos que rebajan y luego suprimen la originaria cláusula suelo y la nulidad de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio. No se hace expresa imposición de las costas de los recursos de casación y apelación y se mantiene la condena en costas en primera instancia.
Resumen: Reiteración de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo y renuncia de acciones. y acuerdos novatorios. Se declara la validez del acuerdo novatorio que suspende temporalmente la aplicación de la cláusula y la nulidad de la renuncia genérica al ejercicio de acciones. La nulidad de la renuncia de acciones permite entrar a analizar la transparencia de la cláusula suelo concertada en el originario préstamo hipotecario. Doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el control de transparencia. El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. No solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas. Relevancia de la información precontractual. En el examen de la transparencia se deberá tener en cuenta el conjunto de circunstancias en torno a la celebración del contrato. En el caso, no se supera el control de transparencia pues no consta que con carácter previo a su firma, los prestatarios hubieran sido informados de la cláusula. Estimación sustancial de la demanda con imposición de las costas al banco demandado.
Resumen: El demandante pretendía la extinción por prescripción de la acción de reclamación de dos pólizas de préstamo y la consecuente cancelación de datos en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE). La Audiencia Provincial confirmó la sentencia desestimatoria de primera instancia porque la acción no estaba prescrita por haberse interrumpido el plazo por comunicación extrajudicial del banco. La Sala estima el recurso porque no considera interrumpida la prescripción de 15 años. Para que la interrupción se produzca es necesario que la voluntad del acreedor se exteriorice mediante un acto por el que expresamente reclame -exija- de su deudor el cumplimiento de una obligación al mismo atribuida, no siendo suficiente para ello la mera manifestación externa de la existencia de un derecho, sin el acto volitivo de una verdadera reclamación a la persona obligada. Esa exigencia no se satisface en la comunicación que remitió el banco. En tal comunicación, la entidad financiera justifica la pertinencia de la comunicación a la CIRBE de los datos relativos a los referidos préstamos, por haber sido interrumpida la prescripción en 2002, pero no existe en toda la comunicación ninguna exigencia de que cumpla su obligación de pago de lo adeudado por los citados préstamos, ni en un tono suave ni en un tono apremiante. Al estar prescrita la acción es procedente la cancelación de datos en el CIRBE.
Resumen: La Audiencia examina la doctrina del Tribunal de Justicia sobre la prescripción de la acción de restitución en pleitos entre profesionales y consumidores. Y, también, el planteamiento de una cuestión prejudicial por el Tribunal Supremo. La aplicación de un plazo de prescripción de cinco años que comience a correr a partir de la celebración del contrato puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13/CEE confiere a este consumidor y vulnerar el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica. La Audiencia considera que el plazo de cinco años para el ejercicio de la acción restitutoria de las cantidades habrá de empezar a contarse, no desde el momento de celebración del contrato, sino desde el momento en que se declaró la nulidad de la cláusula abusiva de la que dimana la reclamación de las cantidades. No puede determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción que puede ejercitar el consumidor el que exista una jurisprudencia nacional consolidada sobre la nulidad de cláusulas similares que, supuestamente, cumpla el requisito relativo al conocimiento, por el consumidor de que se trate, del carácter abusivo de esa cláusula y de las consecuencias jurídicas que se derivan de ella.
Resumen: Préstamo hipotecario. Nulidad de cláusula multidivisa por abusiva al no superar el control de transparencia. La información relevante para superar el control de transparencia es la facilitada u obtenida por los consumidores antes de la celebración del contrato, siendo intrascendente la recibida en el momento de la escritura o en otro posterior. En el presente caso la sala considera insuficiente, para superar el control de transparencia, la información proporcionada el mismo día de la contratación. La falta de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación en divisa del préstamo y la equivalencia en euros de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de amortizar, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, no puede comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa con las de otros préstamos en euros. La sala añade que no es aplicable a este caso lo resuelto en la STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto Dziubak), ya que, en aquella sentencia, se aborda la cláusula del tipo de cambio desde el punto de vista de su desequilibrio, causante de abusividad, y no desde el punto de vista de su transparencia (aunque la falta de ésta pueda comportar aquella). Además, se trataba de un supuesto de un préstamo indexado en divisas. Tampoco considera necesario el planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales.
Resumen: Se presenta demanda de proceso cambiario por parte de tenedores de pagaré frente a la libradora cuyo contrato subyacente era la de contrato de compraventa por la demandada de un porcentaje de una escultura. Opone la demandada la existencia de acuerdo global entre el grupo de la familia de los demandantes y el existente alrededor del administrador de la demandada iniciado por operación inmobiliaria que finalizaba con la entrada de aquellos en el accionariado de mercantil de este, y por lo que al poco tiempo de la compraventa se concierta préstamo del mismo importe del pagaré, y con la garantía prendaria del mismo, por parte de otra empresa administrada por el coincidente administrador de la demandada, evitando el flujo monetario entre las partes. La demanda se desestima. El deudor cambiario puede oponer excepciones sin límites frente al tenedor con base a las relaciones personales entre ellos, y tanto de incumplimiento total como parcial del contrato y el exceso en la relación. Pero ceñida al concreto crédito incorporado al título cambiario, sin poder ir más allá ni ser eficaz la cosa juzgada ni extenderse a créditos compensables mediante la introducción de otras relaciones complejas y distintas entre las partes y de personas jurídicas extrañas a la concreta relación jurídica a la que se refiere el pagaré, y a dilucidar en juicio plenario.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la resolución de dos contratos de crédito al consumo vinculados al contrato de prestación de servicios odontológicos. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso y revocó la sentencia recurrida únicamente para reducir la suma a pagar por la demandada al no haber acreditado el demandante que todo el tratamiento aplicado hubiera sido inútil. Expone el tribunal el régimen jurídico de los contratos de financiación vinculados a prestación de servicios a consumidores, rechaza la falta de legitimación pasiva de la demandada por considerar acreditado que el contrato de financiación estaba vinculado al de prestación de servicios y afirma que la cesión del crédito no impide hacer valer ante el cesionario las excepciones personales que se puedan tener frente al cedente. Considera el tribunal cumplido el requisito de reclamación previa frente al proveedor del servicio y correcta la valoración probatoria sobre el coste del tratamiento odontológico, si bien efectúa una reducción por considerar que el tratamiento reportó alguna utilidad al demandante.
