Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había estimado una demanda de desahucio por precario ejercitada por la cotitular de un inmueble ganancial frente a la legataria del usufructo de aquel bien. Se trata de un inmueble que pertenecía a la sociedad de gananciales constituida por el causante y la demandante. Tras su divorcio, el causante contrajo un segundo matrimonio y en su testamento legó el usufructo de ese bien a su cónyuge. La sala recuerda su doctrina acerca de que en las comunidades hereditarias, si bien cada coheredero puede servirse de las cosas comunes, la utilización de un bien por uno solo de los partícipes que excluya el uso de los demás es ilegitimo. Por esta razón, se admite la acción de precario a favor de la comunidad hereditaria y frente al coheredero que disfruta de la cosa en exclusiva, aunque fuere por concesión graciosa del causante, régimen que también es aplicable a las comunidades postgananciales como a la que se refiere el supuesto litigioso, ya que la accionante es cotitular ganancial de la vivienda. No se da la falta de legitimación en el actor cuando, aunque no se haya hecho constar en la demanda de una manera expresa que se actúa en nombre de la comunidad y en interés de la misma, se trata de una pretensión que de prosperar redundará en provecho de la comunidad. En el caso, se acredita que la acción no se ejercita en beneficio exclusivo de la actora, al no reclamar la vivienda a su favor.
Resumen: Demanda de nulidad, por ser abusiva, de la cláusula suelo/techo fijada en el contrato de préstamo hipotecario por falta de transparencia. Además se pide la restitución de las cantidades cobradas en aplicación de la citada cláusula y los intereses legales de dichas cantidades. En primera instancia se estimó la demanda. Consideró que la cláusula suelo no superaba el control de transparencia exigido jurisprudencialmente y restó eficacia al contenido del posterior documento privado de novación por el que se rebajó el tipo de interés mínimo pactado. Recurrida en apelación, se desestimó porque no consideró acreditado que los demandantes al tiempo de subrogarse en la hipoteca y ampliar el préstamo hubieran recibido la información adecuada para comprender las consecuencias económicas de la cláusula suelo inserta dentro del préstamo hipotecario a promotor, ni que tampoco conocieran sus características en las ulteriores novaciones o estas tuvieran carácter confirmatorio de su validez, sin que fuera admisible la renuncia a su impugnación. Interpuesto recurso de casación y extraordinario por infracción procesal se estima el último al apreciar falta de legitimación para instar la nulidad de una cláusula suelo y reclamar las cantidades cobradas de más en aplicación de dicha cláusula, porque existió una transacción que contenía una renuncia al ejercicio de esas acciones, que es válida según los parámetros fijados por la jurisprudencia del TJUE en su sentencia de 9 de julio de 2020.
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de la cláusula suelo fijada en la escritura de préstamo hipotecario y luego rebajada en el contrato privado de novación modificativa del anterior por falta de transparencia. Además se pidió la eliminación de la cláusula y la restitución de las cantidades cobradas en aplicación de la misma. En primera instancia se desestimó la demanda ya que cuando se firmó la novación los prestatarios sabían que el préstamo originario tenía cláusula suelo y pidieron al banco su rebaja a cambio de la renuncia a su impugnación. Recurrida en apelación, se estimó el recurso. Consideró que la cláusula suelo inicial no superaba el control de transparencia exigido jurisprudencialmente y restó eficacia al contenido del posterior documento privado de novación por el que se rebajó el tipo de interés mínimo pactado, ante la imposibilidad de convalidar la cláusula nula originaria y a la renuncia al ejercicio de acciones de nulidad. Interpuesto recurso de casación, se estima parcialmente. Apreció la validez de la estipulación que rebaja la cláusula suelo, la nulidad de la inicial cláusula suelo y la renuncia contenida en el contrato transaccional según los parámetros fijados por la jurisprudencia del TJUE en su sentencia de 9 de julio de 2020. Rechazó que los demandantes no tuvieran acción, que el contrato hubiera sido ratificado válidamente por la parte y que las cláusulas del contrato hubieran sido negociadas individualmente, conforme a STJUE de 9 de julio 2020.
Resumen: Acción de nulidad por error en la contratación de un derivado financiero (contrato de "intercambio de tipo de interés") como consecuencia de la falta de información. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia la revocó, al entender que la acción había caducado. Basó su decisión en la doctrina sentada a partir de la sentencia del pleno 769/2014, de 12 de enero de 2015, que identifica como dies a quo el momento que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto adquirido por medio de un consentimiento viciado por error. Los demandantes interponen recurso de casación y la sala estima el mismo; aplica la doctrina la sentencia de pleno 89/2018, de 19 de febrero, que dispuso que, a efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la consumación de los contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato; en el presente caso, la consumación del contrato de "Intercambio" concertado por las partes tuvo lugar con su vencimiento el 4 de abril de 2013 y cuando se interpuso la demanda, el 30 de octubre de 2015, no había transcurrido el plazo de ejercicio de la acción. La sala casa la sentencia de la audiencia y, al asumir la instancia, resuelve el recurso de apelación del banco en el sentido de desestimarlo, pues este no ha acreditado que proporcionara a los demandantes la información necesaria sobre la naturaleza y riesgos propios del producto complejo contratado.
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que desestimó la pretensión de nulidad parcial de un préstamo multidivisa al considerar que el prestatario era conocedor de las características esenciales del préstamo y de los riesgos que asumía. La sala declara que las cláusulas litigiosas superan el control de incorporación, porque los adherentes tuvieron la posibilidad de conocerlas, al estar incluidas en la escritura pública y ser gramaticalmente comprensibles, dada la sencillez de su redacción. No es incompatible ser consumidor e inversor siempre que la inversión no tenga carácter profesional. Pero ello no impide que el perfil inversor del consumidor pueda ser tenido en cuenta a efectos de comprobar si hubo transparencia en la contratación. Está probado que el prestatario conocía los riesgos del préstamo, y con esa base probatoria no es posible afirmar que la cláusula multidivisa no superase el control de transparencia. Solo cuando no se supera el control de transparencia es posible realizar el control de contenido sobre los elementos esenciales del contrato; no cabe un control de abusividad directo. No procede plantear cuestión prejudicial. Tampoco hubo error. Delimitación del control judicial de oficio: no puede llegar hasta el punto de que se ignoren o sobrepasen los límites del objeto del litigio tal como las partes lo hayan definido en sus pretensiones; el juez no está obligado a ampliar el litigio más allá de las pretensiones formuladas
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que rechazó la pretensión de nulidad parcial de un préstamo multidivisa al entender que se habían cumplido las exigencias de transparencia a la vista del contenido de las comunicaciones mantenidas entre el empleado del banco y el demandante, con carácter previo a la concertación del préstamo, del que se infiere un conocimiento por parte del prestatario de cómo operaba la opción multidivisa y sus riesgos. La sala reitera su doctrina jurisprudencial acerca del control de transparencia en los préstamos multidivisa. Reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración del contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El prestatario deberá estar claramente informado de que, al suscribir un contrato de préstamo se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será, eventualmente, difícil de asumir desde un punto de vista económico en caso de devaluación de la moneda en la que percibe sus ingresos en relación con la divisa extranjera en la que se le concedió el préstamo. En el caso litigioso, el intercambio de correos electrónicos muestra que hubo un periodo previo a la firma del contrato de información y conocimiento de las condiciones de la hipoteca multidivisa, periodo en el que el propio prestatario negociaba a la vez con otro banco, y que el demandante conocía los riesgos inherentes al producto.
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió una pretensión indemnizatoria por el incumplimiento de los deberes de información en el asesoramiento con ocasión de un préstamo hipotecario que contenía un derivado implícito para la determinación del interés. La audiencia consideró que este incumplimiento afectaba solo a la condiciones en que se contrataba el derivado implícito y, en concreto, al coste de cancelación pero no a las consecuencias económicas que el derivado tendría en la fijación del interés, y por eso limitó el perjuicio indemnizable al coste de la cancelación anticipada. La sala reitera su doctrina: el marco de la relación de asesoramiento puede surgir una responsabilidad civil ex art. 1101 CC por el incumplimiento de las obligaciones de información que cause un perjuicio al inversor consistente en la pérdida total o parcial de la inversión. Esta doctrina es aplicable no solo cuando el producto adquirido conlleva una inversión sino también cuando se contrata un swap en el que propiamente no hay inversión. Recuerda, también, que debe existir un nexo causal entre el incumplimiento y el perjuicio que se pretende indemnizar. En este caso, el incumplimiento ha incidido no solo en el coste de una eventual cancelación anticipada, sino también en la determinación del interés, y por eso su reparación debe alcanzar a lo que se hubiera cobrado de más si no hubiera habido coste inicial negativo por el derivado.
Resumen: Interpuesta demanda de desahucio por precario por el dueño del suelo, la demandada se opuso alegando que había contribuido económicamente a la construcción entendiendo que el derecho de retención que resulta de los arts. 361 y 453 CC es título suficiente para enervar el desahucio, pero la AP estimó la demanda. El recurso de casación de la demandada se estima. Se alega la existencia de un derecho de retención del constructor de buena fe sobre la edificación de nueva obra ejecutada desde los cimientos, con materiales propios y en suelo ajeno, que legitimaría para continuar en la posesión. Admisibilidad del recurso: existencia de interés casacional. El art. 361 CC no atribuye automáticamente la propiedad de lo construido al dueño del suelo, sino que la supedita al ejercicio de la opción y al pago de la indemnización calculada conforme a los criterios legales. Hasta que no ejercita esa opción, el tercero es dueño de la obra y poseedor de buena fe del terreno ocupado, que forma un todo con lo edificado aunque siga perteneciendo al dueño de la finca. De ahí que el dueño del suelo no pueda reclamar la posesión de buena fe de su finca ni la propiedad de lo construido mientras no abone la indemnización, porque el que ha construido tiene un derecho de retención. Asumiendo la instancia se desestima la demanda porque la demandada no era simple precarista y opuso un título válido frente al demandante, derivado de su contribución a la construcción de la vivienda en suelo del demandante.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula inserta en préstamo hipotecario (IRPH) por falta de transparencia, se interesa la supresión de la cláusula y la condena a devolver las cantidades cobradas en exceso por ella. En ambas instancias se desestimó la nulidad, lo que se confirma en casación. Examen de los pronunciamientos previos sobre el índice IRPH en la jurisprudencia de la Sala Primera y del TJUE. Según el TS, es una condición general de la contratación si no se ha negociado individualmente, cuya validez depende de que sea transparente, pero los tribunales civiles no pueden controlar el procedimiento bancario-administrativo que configura ese índice. El control de transparencia exige publicación en BOE de los elementos principales de cálculo del IRPH, y cumplimiento por la entidad de crédito de la obligación de informar sobre la evolución previa del IRPH en los dos años anteriores. Pero que la cláusula no sea transparente no quiere decir que siempre y automáticamente sea abusiva. Los controles de transparencia y abusividad son diferentes y el primero es presupuesto o antecedente del segundo. La declaración de falta de transparencia sería condición necesaria, pero no suficiente, para la apreciación de la abusividad pues no siempre supone que las condiciones generales sean desequilibradas. Comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación.
Resumen: Demanda en la que se instaba la nulidad del pacto contenido en un préstamo hipotecario relativo al tipo de interés variable IRPH y del índice de referencia sustitutivo. La demanda se basaba en la nulidad por abusiva del citado pacto, dado que el IRPH fue impuesto a los prestatarios, sin ser objeto de negociación individual, así como por su falta de transparencia. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pronunciamiento que fue confirmado en apelación. Recurren en casación los demandantes y la sala, reunida en pleno, desestima el recurso. En primer lugar, la sala concluye que nos encontramos ante una condición general de la contratación, lo que, por sí mismo, no permite calificar a la cláusula como abusiva. Respecto de la posible abusividad de la cláusula, la sala concluye que, cuando se concertó el préstamo, el Euribor no estaba incorporado a nuestro ordenamiento como índice oficial de referencia, que en las condiciones del préstamo se especificaba que el interés variable se determinaba con base a un tipo oficial (IRPH Cajas de ahorros), que la evolución posterior del índice no podía conocerse en el momento de la contratación, que el recurrente, lo que plantea en realidad, es una comparación con el Euribor, cuya evolución fue más favorable y, por último, que el contrato litigioso confería al prestatario la facultad de desvincularse del contrato si la revisión del interés variable le resultaba gravosa a sus intereses. La sentencia contiene un voto particular.
