Resumen: El precario es una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo, y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho. Procedimiento hábil para analizar el título posesorio esgrimido por la parte demandada (el supuesto de hecho del art. 12.4 LAU, por convivencia more uxorio con el arrendatario). La Audiencia consideró que debía ventilarse en el el juicio ordinario. Se estima el recurso del arrendador. En el desahucio por precario cabe discutir la bondad del título justificativo de la posesión de la parte demandada sin las limitaciones propias de un procedimiento sumario en cuanto a los medios de ataque y defensa al tratarse de un procedimiento que, si bien limitado a ese objeto, tiene carácter plenario. No resulta acreditada la convivencia de la demandada con el arrendatario durante el periodo de dos años. Tampoco queda probado el supuesto contrato verbal de arrendamiento entre los actores y demandada. Recibir el pago de la renta, hasta la fecha pactada de abandono de la vivienda tras el desistimiento del arrendatario, no implica la existencia de la alegada relación contractual. Condición de precarista de la demandada.
Resumen: Se opone que la parte actora no ha acreditado su titularidad, pues no consta la aceptación ni la adjudicación de herencia, señalando el Tribunal que el art. 16 LEC lo autoriza y, además, no se opusieron a la sucesión procesal pretendida. Respecto del título que alega el demandado para justificar la ocupación, en este procedimiento, por su objeto, puede examinarse su validez, y en este caso no consta probada la compraventa, pues no se justifica el pago del precio y después de su fecha, la vendedora siguió declarándolo como de su propiedad en sus impuestos y, además continuó pagando los suministros.
Resumen: Supuesto de allanamiento total a la demanda que se admite y se imponen las costas al constar la existencia de una reclamación extrajudicial previa. Lejos de asumir la doctrina jurisprudencial, la entidad demandada deniega la petición, obligando a los prestatarios a impetrar el auxilio judicial para que se les reconociera su derecho, por lo que su conducta, al desoír, no una sino dos reclamaciones extrajudiciales, cada una de las cuales reunía los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos integra el supuesto que el referido precepto equipara a la mala fe y determina la condena al pago de las costas procesales. Además, en la materia, ni la existencia de serias dudas de hecho y de derecho, ni la circunstancia de que la pretensión resarcitoria derivada de la nulidad de una cláusula calificada como abusiva no se estime en su integridad, constituyen óbices para imponer las costas al predisponente de dicha cláusula contractual.
Resumen: La Audiencia declara la nulidad del contrato de préstamo, por considerar los intereses remuneratorios como usurarios. Se tiene en cuanta la estadística del Banco de España para el año 2016, con un diferencial de 5,86. Si el tipo medio era ya elevado, un 26,70% TAE debe ser considerado como notablemente superior al dinero.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda en ejercicio por el demandante de una acción reivindicatoria sobre un vehículo que afirma ser de su propiedad y condena a la demandada a restituir al actor la posesión del vehículo reclamado. Argumenta la Sala en síntesis que ejercitada por el actor una acción reivindicatoria , y no cuestionada por la demandada la titularidad dominical del actor , pues en ningún momento afirmó en su contestación que aquella le hubiera sido transmitida , sino que aludió en todo momento a la cesión de la posesión en virtud de un pacto entre las partes, no cabe duda que , califíquese aquella cesión como precario, o como comodato , la posesión deja de ser tolerada y ha de ser restituida al legítimo propietario desde el momento en que este la reclama. No hay prueba de que se pactara una duración de la cesión , y mucho menos de que esta fuera indefinida , por lo que puede el comodante reclamar el reintegro de la posesión.
Resumen: Adquirido el inmueble por adjudicación judicial en procedimiento hipotecario, le fue cedido a la parte actora, y acciona contra los ocupantes sin título del mismo, alegando la parte demandada la existencia de buena fe, al considerar que el inmueble era de un sobrino y por eso pagaba todas las facturas, existiendo una situación de tolerancia prolongada y de vulnerabilidad. El Tribunal al constatar que el actor aporta su título de dominio y que no se prueba la existencia de alguno por parte del demandado que legitime la ocupación, confirma la situación de precario, ya que no lo desvirtúa la tolerancia prolongada, pues cesa a voluntad del propietario, ni el pago de recibos u otros conceptos que no supongan la existencia de contrato. Respecto de la situación de vulnerabilidad, ya se acordó dar cuenta a los servicios sociales competentes, pero no influye en el pronunciamiento.
Resumen: La nulidad parcial del préstamo multidivisa con garantía hipotecaria en lo concerniente a sus estipulaciones relativas a la opción multidivisa, imponiendo una modificación del importe de la cantidad adeudada, resulta relevante para discernir si en el presente supuesto nos hallamos ante un incumplimiento esencial del préstamo hipotecario, en la medida en que el pronunciamiento implica, no sólo la modificación del importe del capital del préstamo que fue considerado por la entidad para emitir el certificado de saldo deudor, sino también la reducción de la cuantía de las sucesivas amortizaciones mensuales de la deuda. Era carga de la parte actora aportar el nuevo cuadro de liquidación de la deuda, verificar el importe de las nuevas cuotas de amortización y acreditar las amortizaciones parciales que, conforme al nuevo recálculo, quedaron pendientes de abono a la fecha en la que se declaró el vencimiento anticipado del contrato, lo que no consta se haya efectuado en el presente proceso. Es por ello por lo que, ante el desconocimiento de tales circunstancias, esenciales para verificar si el incumplimiento de las obligaciones de la parte demandada era esencial y grave para justificar la resolución contractual del contrato, procediendo desestimar la acción de resolución contractual.
Resumen: Se niega valor probatorio a la Nota simple registral, señalándose que con ella no se acredita la propiedad del inmueble, si bien el Tribunal señala que habiéndose aportado también escritura de compraventa y certificación de dominio y cargas, no puede ser negada la titularidad, sin que pueda considerarse extemporánea la aportación de estos dos últimos documentos en el acto de juicio, pues se hizo al haber sido negada la legitimación. Respecto del transcurso de mas de un año desde el desalojo, considerando la parte que la demanda no debió ser admitida, debe significarse que la acción ejercitada no es la de recuperación de la posesión, sino la de desahucio por precario que no exige se cumplan los requisitos de la otra. En cuanto a la falta de identificación de los demandados en la demanda, en este caso han sido correctamente emplazados y han ejercitado su derecho de defensa, por lo que no existe defecto procesal
Resumen: Se ejercita acción reivindicatoria sobre una finca (nave-almacén) y reclamación de frutos. Dado traslado de la demanda al demandado, el mismo no contestó a la demanda, por lo que se declaró la rebeldía, ni tampoco acudió a la audiencia previa, sin que acreditara el motivo de su falta de asistencia, por lo que siendo la prueba documental quedaron los autos para sentencia. Estimada la demanda recurre el demandado, solicitando la nulidad de actuaciones, con retrotracción al acto de la Audiencia previa, y que se celebre de nuevo dicho acto y continúe el procedimiento. Alega que la Letrada de la apelante se encontraba a la hora señalada para la Audiencia previa en la puerta de la Sala de vista y se quedó sentada fuera -mientras se celebraba la Audiencia previa- en la convicción de que el acto no había empezado, habiéndose celebrado el juicio sin su presencia. No puede prosperar la nulidad al no acreditarse los requisitos del art. 225.3º LEC, pues no consta que se haya prescindido de normas esenciales del procedimiento. En cuanto al fondo del asunto, la apelante no cuestiona la prueba de la actora, sino que manifiesta ser propietaria de una parte del inmueble litigioso por adquisición al anterior titular, no obstante no hay más prueba que la aportada por la actora dada la rebeldía de la demandada y su incomparecencia a la Audiencia previa, apareciendo asimismo en la escritura de adquisición del actor la ocupación en parte de la finca y como precarista del hoy demandado.
Resumen: Acuerdo previo concertado en exclusiva entre las entidades financieras y el proveedor de bienes y servicios. Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo. Incumplimiento de obligaciones asumidas por empresas proveedoras de servicios turísticos. Resolución de los contratos celebrados por los consumidores, así como de los contratos de financiación suscritos con las entidades financieras prestamistas. Extensión de la resolución e ineficacia de los contratos celebrados con las empresas proveedoras a los contratos de financiación suscritos con las entidades de crédito demandadas. La exclusividad no es incompatible con la posibilidad de que colaboren con el prestador de los bienes o servicios varias entidades financieras. La finalidad de la norma es proteger la libertad del consumidor en la elección del financiador y deben tutelarse sus intereses ante una relación trilateral con una conexión funcional y unitaria en la que el consumidor no ha participado desde la génesis de la total operación. Concurre el requisito del acuerdo previo cuando se den circunstancias que indiquen una cierta voluntad colaborativa entre el proveedor y el financiador, aunque carezca de un desarrollo institucional con voluntad de permanencia en la medida en que la decisión sobre la entidad financiera que habrá de financiar el contrato venga determinada por la empresa proveedora del servicio y no por la libertad de elección del consumidor. Propagación de la ineficacia al contrato accesorio.
