Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda de desahucio por precario y condena a los demandados al desalojo de la vivienda que ocupan. Argumenta la Sala que no existe indefensión de la recurrente por falta de emplazamiento puesto que éste se produjo en fecha anterior a la que la recurrente pasó a ocupar la vivienda objeto del procedimiento. La dificultad existente en esta clase de juicios en orden a identificar a los ocupantes, que con frecuencia cambian a lo largo del procedimiento exigen admitir la posibilidad de demandar a personas ignoradas, haciendo referencia sólo a una circunstancia: la de estar ocupando la vivienda. La legitimación pasiva la ostentan todas aquellas que lo ocupen y les afectará la sentencia que se dicte aunque hayan ocupado el inmueble con posterioridad a la fecha del emplazamiento y, por lo tanto, no hayan podido comparecer en el procedimiento por desconocer su existencia. El hecho de que el art. 250.1.2º LEC utilice el término "cedida" no significa que esté introduciendo un requisito que deba existir para la utilización del juicio verbal. El precario comprende no sólo las situaciones en que existió consentimiento del titular de la propiedad, sino cualquier otras en que éste se vea privado de su legítima posesión por cualquier causa y entre estas otras causas está la ocupación por la vía de hecho. El auto de adjudicación y la nota simple registral son títulos suficientes de la propiedad de la actora.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda de desahucio por precario y acuerda el desalojo del inmueble-vivienda- ocupado por la parte demandada. Argumenta la Sala que debe desestimarse la falta de legitimación activa invocada, ya que se ha acredita suficientemente el dominio de la parte actora. Si bien, efectivamente, la nota simple informativa del Registro de la Propiedad, a diferencia de la certificación registral, no hace prueba plena de la titularidad de la finca, tal nota no carece de valor probatorio, y se considera suficiente para acreditar la titularidad dominical de la demandante sobre la vivienda de autos en cuyo favor consta inscrita, y tanto más cuanto dicha titularidad no ha sido desvirtuada de manera ninguna por la parte demandada ni esta ha aportado elemento alguno del que pueda desprenderse que corresponde a terceros. Queda probada la suficiencia del título de la actora para determinar su legitimación activa, tanto más cuanto esta queda reforzada con la aportación con la demanda del recibo del IBI en la que figura la actora como sujeto pasivo del impuesto.
Resumen: Formulada demanda por un consumidor contra una entidad bancaria, en solicitud de nulidad de la estipulacion de gastos, por abusiva y reclamacion de rembolso de pagos realizados en cumplimiento de la cláusula, la sentencia de primera instancia estima la demanda, con imposición de costas. La sentencia de apelación, que revoca el pronunciamiento en materia de costas, señala que TS no fundamenta el caracter abusivo de la clasula de gastos en la falta de transparencia ni en la previa negociación sino en su inclusión en la lista de las tipificadas como abusivas y en el desequilibrio de las obligaciones de los contratantes; que no es efecto automatico de la declaración de nulidad de la clausula de gastos la devolución por el predisponente de los efectuados sino que es obligado analizar en cada caso quién debe soportar cada uno de los conceptos, en el caso correctamente aplicados; en cuanto a las costas indica que el desistimiento parcial no supone la estimación íntegra, que la cantidad concedida esta muy alejada de la reclamada incialmente, lo que comporta estimación parcial que justifica la no imposición de costas conforme a la LEC, crieterio que considera compatible con la jurisprudencia TJUE al no afectar al principio de efectividad y precisa que en nuestro regimen las partes no pagan las costas procesales propiamente sino su defensa y representación y que la STJUE esta condicionada por los términos en los que se formuló la cuestión y lo trasladado sobre el sistema de costas.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad del contrato de tarjeta por usurario. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. El tribunal toma como referencia la jurisprudencia establecida al respecto, pero al no existir publicación de datos sobre el tipo de interés en tarjetas "revolving" el año en el que se suscribió el contrato, aplica el criterio del duplo del tipo de referencia para préstamos a consumidores, apreciando un claro exceso que da lugar a la calificación del préstamo como usurario.
Resumen: Demanda de desahucio por precario en la que solicitaba se dictara sentencia por la que se condenara a los demandados "a dejar libre, expedita y a disposición de la actora la finca objeto del proceso, con apercibimiento de lanzamiento si no lo desalojase el inmueble y con expresa imposición de costas". El juzgado de primera instancia estimó la demanda. El demandado recurrió la sentencia, y la Audiencia desestimó la apelación. Argumentó que había quedado acreditado que la parte actora era propietaria de la vivienda y que el demandado la ocupaba sin pagar merced alguna y sin título que legitimara su posesión y que el procedimiento de desahucio por precario era el adecuado al caso, siendo indiferente que se haya ocupado con anterioridad por el demandado la casa en virtud de un contrato de compraventa, si la misma se resolvió, perdiendo la titularidad de la casa mediante un procedimiento de ejecución hipotecaria. Interpuesto recurso de casación por jurisprudencia contradictoria de Audiencias sobre la aplicación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, la demandada se opuso al recurso, alegando como óbice de admisibilidad que el recurso se basaba en una cuestión nueva no debatida en las instancias. La sala estima que el recurso se basa en un planteamiento novedoso mientras que el recurso de apelación se centró en la concurrencia o no de los presupuestos de prosperabilidad de la acción por precario y además se altera la base fáctica lo que determina la desestimación del recurso.
Resumen: Formulada demanda en la que se insta el desahucio por precario de los ocupantes no identificados de un inmueble propiedad de la actora, la sentencia de primera instancia estima la demanda. La sentencia de apelación, que la confirma, señala que al demandado declarado en rebeldía le precluye la posibilidad de controvertir los hechos en el recurso y en tal caso únicamente cabe revocar la resolución recurrida por cuestiones invocadas en primera instancia cuya resolución por el Juez de aquella no sea acorde con la solución considerada procedente por el tribunal de apelación ; que los incidentes de índole administrativa relacionados con la asistencia jurídica gratuita no se pueden hacer valer frente a la actor; la posesión de la finca "se protege" desde el punto de vista penal y desde el punto de vista civil y que del abanico de acciones que ofrece la ley ofrece corresponde al titular del derecho escoger la que considere oportuno ejercitar siempre que concurran los presupuestos legales exigidos y que es posible el ejercicio conjunto de las acciones de protección civil y penal porque se trata de ámbitos de protección superpuestos, de manera que es posible que el titular del derecho a poseer acuda sucesiva o simultáneamente, a la vía penal pues se mueven en ámbitos de protección distintos; que el dictado sentencia condenatoria contra el demandado por delito de usurpación en tramite de recurso no es causa de suspensión por prejudicialidad al no condicionar la contienda civil.
Resumen: Se desestima el recurso de los demandados y se confirma la sentencia apelada, que estima en parte la oposición a la ejecución, declara la condición de consumidora de una de los demandados -fiadora-, y la nulidad de la cláusula de renuncia a los beneficios de excusión, orden y división incluida en la póliza de préstamo, teniéndose por no puesta respecto a dicha parte, sin expresa condena en costas en ambas instancias. Se aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la naturaleza y caracteres de la fianza y el distinto tratamiento de los contratos de garantía, según el garante sea o no consumidor. Los contratos de fianza suscritos por consumidores en relación con operaciones de préstamo hipotecario no son nulos per se, ni tampoco tienen necesariamente el carácter de meras cláusulas contractuales o condiciones generales de la contratación; pero sí podrán estimarse abusivas, o contrarias a normas imperativas, algunas cláusulas contractuales o condiciones generales de la contratación que se integren en ellos. También podrán declararse ineficaces frente al fiador consumidor determinadas cláusulas del contrato de préstamo (hipotecario o personal) que puedan afectar a la liquidación de la deuda reclamable frente a aquél, y que, aun siendo válidas respecto del deudor principal no consumidor, deban calificarse de abusivas o no transparentes respecto del fiador consumidor. No hay prueba de causa de nulidad del contrato de fianza.
Resumen: La audiencia examina un complejo contrato de tarjeta de crédito revolving que contempla tres supuestos entremezclados sin la suficiente claridad, el del mero pago a fin de mes, que no conlleva intereses, el de pagos aplazados con un TAE de 29%, y el denominado revolving que no tiene más identificación que el de "cuota fácil", sin que sea comprensible la operativa financiera que conduce a la aplicación de los diferentes supuestos, considerando la Audiencia que. al margen de la normativa sobre consumidores, la trasparencia es también un requisito cuyo incumplimiento permite conformar supuestos de usura en el supuesto, que es el caso, que conduce a la aplicación de unos desorbitados intereses para los que no es justificable que los financiadores del consumo se desentiendan de una valoración del riesgo y lo colectivicen trasladando y cargando sobre el cumplidor el riesgo que supone dar crédito a quien carece de solvencia en situación desconocida por el financiador que, intencionadamente, excluyó la valoración del riesgo.
Resumen: La cláusula de vencimiento anticipado obrante en el contrato de préstamo personal no contiene modulación alguna de la gravedad del incumplimiento, pues anuda el vencimiento anticipado al impago de una sola cuota, lo que se presenta como desproporcionado, lo que implica su evidente abusividad y consiguiente nulidad, siendo indiferente que el deudor haya incumplido un número elevado de cuotas pues lo cierto es que la cláusula es nula en si misma con independencia de la aplicación que de la misma haya hecho el acreedor. Ahora bien, ello no impide con arreglo a la citada doctrina jurisprudencial puedan reclamarse las cuotas ya vencidas. Ello sentado no es posible con la documentación adjunta a la demanda conocer y determinar la suma a que ascienden las cuotas vencidas al tiempo de la demanda, por lo que procede estimar el recurso parcialmente a fin de que tras posibilitar la oportuna subsanación y si concurren los restantes requisitos, el juzgado, con libertad de criterio, resuelva si procede la admisión a trámite de la demanda exclusivamente por dicha deuda ya vencida.
Resumen: La estimación de la demanda en la que se impugnaba la cláusula que impone todos los gastos del crédito hipotecario por abusiva, cuando medio reclamación judicial previa por parte del prestatario, comporta la condena en costas del banco, aun cuando no se acoja mas que en una parte la reclamación de cantidad, y ello en virtud de los principios de protección del consumidor y del de efectividad del derecho comunitario.
