• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 3284/2018
  • Fecha: 17/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando el derivado implícito sea parte inescindible e inseparable del contrato de préstamo, el incumplimiento de los deberes de información no puede justificar la nulidad parcial del contrato por error vicio, sino, en su caso, la de todo el contrato. En la medida en que el interés del préstamo, elemento esencial del contrato, debe fijarse de acuerdo con el derivado implícito y este forma parte inescindible del préstamo, el error relevante y excusable en cuanto a sus riesgos, que repercutiría sobre el precio del préstamo, puede dar lugar a la nulidad de la totalidad del contrato, pero no a la nulidad parcial, mediante la supresión del derivado implícito y la integración del contrato mediante la inclusión de un interés variable referenciado al Euribor sin diferencial. El error cuando es sustancial, relevante y además inexcusable puede viciar la totalidad del contrato, pero no es posible declarar por este motivo la nulidad de una parte con la subsistencia del resto del contrato. En el caso: en la demanda se solicitó la nulidad de las cláusulas relativas al derivado financiero implícito y la cancelación anticipada basada en el error vicio del consentimiento; estamos ante condiciones esenciales del contrato; no procede la nulidad parcial solo de las cláusulas relativas al deriva implícito; estimación del recurso de casación, estimación del recurso de apelación del banco demandado y desestimación de la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2531/2018
  • Fecha: 17/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad de préstamo hipotecario, parte del cual era destinado a la adquisición de un producto financiero complejo y el resto se entregaba al prestatario, con los consiguientes efectos restitutorios y subsidiariamente acción de responsabilidad por incumplimiento contractual doloso y en ambos casos con una indemnización por daños morales. En primera instancia se desestima la demanda y recurrida en apelación por la demandante, se estima en parte el recurso , al constatar que fue la demandada quien comercializó -sin autorización- el producto financiero, que el préstamo hipotecario y la adquisición del producto financiero eran operaciones contractuales vinculadas, objeto de una oferta conjunta, con el atractivo de dar cobertura a los costes del préstamo con los previsibles beneficios del fondo de inversión, y que esta operación era económicamente muy arriesgada, por lo que declara la nulidad de su contratación con los consiguientes efectos restitutorios a excepción de la indemnización por daño moral. Recurrida en casación por la demandada, se desestima el recurso. Tras citar la STS 484/2020 de 22 de septiembre declara que la entidad comercializadora de estos productos carecía de autorización para realizar esta comercialización. La vinculación de ambos contratos permite extender el mismo régimen a toda la operación. Se reitera la legitimación pasiva de la entidad comercializadora del producto financiero complejo respecto de la acción de nulidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1472/2018
  • Fecha: 16/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El prestatario demanda a la prestamista y pide la declaración de nulidad parcial del préstamo hipotecario multidivisa de las cláusulas relativas a la denominación en divisa, por error en el consentimiento y subsidiariamente, la condena de la demandada por el incumplimiento de normas imperativas, así como las obligaciones básicas de información, diligencia, lealtad y buena fe contractual. En primera instancia se estimó la demanda, declaró la nulidad de las cláusulas del contrato referidas a la opción multidivisa y condenó a la demandada a restituir al demandante las cantidades abonadas en exceso hasta la cancelación del préstamo. La Audiencia estimó el recurso de apelación de la prestamista, revocó la sentencia de primera instancia, desestimó la acción de nulidad por error vicio por caducidad y estimó en parte la acción de daños y perjuicios, al apreciar la responsabilidad del banco por dilaciones en la cancelación del préstamo que había ordenado el prestatario y condenó a la entidad a indemnizar al demandante. La Sala, conforme a la STS del Pleno 417/2020 de 10 de julio, sostiene que el contrato de préstamo bancario de dinero se consuma cuando se produce la entrega del dinero al prestatario y conforme a la doctrina de la STS 769/2014 de 12 de enero dice que la consumación del contrato se produce cuando el cliente pudo tener conocimiento de los hechos determinantes del error o dolo. Rechaza realizar un control de transparencia al ser introducido ex novo en casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 4030/2018
  • Fecha: 15/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Préstamo hipotecario multidivisa. La anulación de un contrato por error vicio del consentimiento no puede ser parcial, porque solo puede afectar a la totalidad del contrato. La sentencia recurrida apreció la existencia de error vicio respecto de las cláusulas multidivisa del contrato de préstamo hipotecario, y declaró la nulidad parcial de esas cláusulas y la subsistencia del resto del contrato. Esa declaración de nulidad parcial fue congruente con la pretensión de la parte demandante, que ejercitó exclusivamente una acción de nulidad por error vicio y expresamente dejó fuera del debate el juicio de abusividad sobre las cláusulas del contrato, pero es contraria a la jurisprudencia del TS. De acuerdo con esa jurisprudencia, si el error es sustancial y relevante, y además inexcusable, podría viciar la totalidad del contrato, pero no puede declararse por este motivo la nulidad de una parte con la subsistencia del resto del contrato. El error sobre los riesgos asumidos por un contratante, en cuanto fuera relevante, además de excusable, podría dar lugar a la nulidad de la totalidad del contrato, pero no a la nulidad parcial. Se estima el recurso de casación y, al asumir la instancia, se desestima la demanda.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: FERNANDO UTRILLAS CARBONELL
  • Nº Recurso: 1169/2019
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Audiencia estudia la posible exigibilidad del ofrecimiento de un alquiler social antes de presentar la demanda de desahucio como requisito de procedibilidad para la admisión a trámite de la misma. Las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona consideraron que no se podía exigir como tal. En todo caso, la normativa que regulaba esa posibilidad fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. Tampoco se considera que la situación socioeconómica constituya causa de oposición a la demanda de desahucio. Ni puede ser objeto de un procedimiento de desahucio la constitución de un alquiler social. El derecho constitucional a la vivienda no puede ejercitarse de forma directa, sino que constituye una conminación a los poderes públicos para arbitrar los medios necesarios para cubrir ese derecho constitucional. Por el contrario, según el TEDH el retraso injustificado por las autoridades públicas del lanzamiento de una persona sin derecho a ocupar un inmueble, sí puede afectar a los derechos de su titular. En el mismo sentido el TJUE. Pues, por otro lado, también está el derecho a la ejecución de la sentencia, con rango constitucional.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Alicante/Alacant
  • Ponente: ENCARNACION CATURLA JUAN
  • Nº Recurso: 433/2020
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La adquisición de un inmueble para su arrendamiento a terceros implica la intención de obtener un beneficio económico, pero si esa actuación no forma parte del conjunto de las actividades comerciales o empresariales de quien lo realiza, no deja de ser un acto de consumo. Y en el caso que ahora nos ocupa, analizadas todas las escrituras tanto de constitución de la hipoteca como las de ampliación y modificación del préstamo suscrito por la ejecutada persona física, no consta en ningún momento que la misma haya actuado en la suscripción de dicho préstamo en su condición de empresaria o que el destino del préstamo fuese distinto a aquel para el que se otorgó (la adquisición de un local comercial), sin que conste a lo largo del procedimiento que en dicho local la ejecutada haya realizado una actividad empresarial.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN
  • Nº Recurso: 1482/2020
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala señala que no existe la menor prueba de la cláusula de gastos haya sido objeto de negociación previa, por lo que se trata de una condición general de contratación predispuesta por el profesional frente al consumidor, por lo que se haya sujeto al control de abusividad. La cláusula de gastos es nula por abusiva al implicar una falta de equilibrio de las prestaciones en perjuicio del consumidor. La consecuencia de la declaración de abusividad supone que el tribunal ha de decidir cuál de las partes ha de soportar cada uno de los gastos de acuerdo con las normas que les sea de aplicación. En esta materia el TS ha cambiado el criterio seguido por algunas audiencias sobre los gastos de gestoría y tasación, pero ello no tiene impacto en el presente caso. Es incongruente la sentencia que declara la nulidad de la cláusula de intereses moratorios porque no ha sido pedido tal pronunciamiento, y además carece de interés práctico porque no consta que hayan sido pagados intereses de esta clase.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Tarragona
  • Ponente: LUIS RIVERA ARTIEDA
  • Nº Recurso: 502/2019
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En la petición de realización de un contrato de financiación se plantean varias cuestiones. La legitimación activa por parte de la entidad absorbente respecto de la otorgante de dicha financiación. En este caso, BBVA es sucesora universal de aquélla, en aplicación de la legislación de modificaciones estructurales. Pero la Audiencia recoge dos tesis jurisprudenciales respecto a la legitimación en supuestos de titulización de los créditos. Una que considera que eso constituye cesión del crédito y, por ende, ausencia de legitimación de la entidad financiadora y otra, que es mayoritaria, que considera que sí posee legitimación para requerir el cumplimiento del contrato y la ejecución del crédito que de él dimana. Legitimación que también puede ejercitarse en procedimiento ordinario. Se pronuncia sobre condiciones generales: intereses, comisión de apertura (válida), comisión por posiciones deudoras (nula), gastos (sigue la tesis del TS), renuncia a la notificación de la cesión de crédito (nula),
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: RAMON VIDAL CAROU
  • Nº Recurso: 157/2020
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ejercitada la acción de desahucio por precario, opone el demandado que se halla posesión a titulo de comodato. La señala razona que cuando la entrega o cesión gratuita tenga por objeto un bien inmueble, se estará ante un supuesto de comodato cuando su utilización lo sea por un tiempo cierto, bien porque directamente las partes señalaron un plazo, bien porque indirectamente aquel resulta del propio uso convenido, de suerte que el comodante no tiene derecho a recuperar la finca, ni el comodatario obligación de restituirla, mientras aquel tiempo cierto no se haya completado. Por el contrario, dicha cesión responderá a una situación de precario cuando, conforme a la clásica concepción romana, el uso que se venga haciendo de la cosa responda a la mera tolerancia o graciosa concesión de su dueño, sin mayor especificación acerca del tiempo o del uso que deba dársele, de modo que su dueño puede recuperar la cosa en cualquier momento. En el caso concreto la previsión de destinar el espacio cedido a la instalación de un stand comercial se revela en exceso genérica y no permite acotar el 'tiempo cierto' para el cual se prestó la cosa, sin que tampoco la circunstancia de haber continuado usando el stand comercial durante más tiempo del inicialmente previsto por su dueño permita afirmar que dicha cesión gratuita tenía una duración determinada. En cualquier caso, el comodato habría concluido porque el plazo inicial por el que fue cedido el local se había agotado, el local quedó libre.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Palma de Mallorca
  • Ponente: ALVARO LATORRE LOPEZ
  • Nº Recurso: 571/2020
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el Juzgado de primera instancia se dicta sentencia estimando acción de desahucio por precario de una vivienda, contra ignorados ocupantes y, en concreto, contra una persona que se personó como ocupante. El recurso interpuesto se pretende fundamentar en que, como quiera que no ha habido cesión a favor de la ocupante de la vivienda, no esta con arreglo a la literalidad del art. 250 .2 de la LEC en situación de precario, sin embargo dicho motivo se desestima aplicando el criterio establecido en el acuerdo de la Junta de Magistrados del orden civil de la Audiencia Provincial de 17 de enero de 2012, que entiende, sobre el ámbito material de los juicios de desahucio por precario, que cuando el artículo 250.2 de la LEC se refiere al juicio verbal incoado en virtud de demandas "que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana cedida en precario" no alude, sólo, a aquellos supuestos en los que se ha cedido el inmueble a título gratuito, sin pago de merced -concepto de desahucio del Digesto-, sino también a aquellos otros en los que el demandado se halla en posesión de la finca sin título o con título inicialmente válido pero devenido ineficaz, -concepto de precario elaborado por la jurisprudencia antes de la promulgación de la LEC de 2000; estableciendo que las consecuencias de lo dispuesto en el RDL 37/2020, de 22 de diciembre, sobre el lanzamiento de la demandada, deben establecerse, en su caso, en ejecución de sentencia.

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