Resumen: Por el Juzgado de la primera instancia se dicta sentencia estimando la demanda ejercitando una acción de desahucio por precario. El demandado de desahucio recurre, y por el Tribunal se desestima el recurso, pues los actores eran nudos propietarios de los pisos objeto del desahucio, siendo el usufructo de la madre, que había cedido el uso al demandado; fallecida la usufructuaria, los propietarios ejercitan la acción de desahucio por precario contra quien los ocupa, alegando el demandado que el tiene la posesión del piso primero, pero no los que son objeto de desahucio de la planta tercera y cuarta, sin embargo asumiendo el Tribunal la valoración de prueba del Juez de la primera instancia, considera acreditado que el demandado reconoce un uso esporádico de dichas plantas, a las que accede con plena libertad, lo cual constituye una ocupación y por tanto, acreditada la propiedad por los actores y el uso sin título alguno de la biblioteca y capilla familiar que se encuentran en las plantas objeto de desahucio, se confirma la sentencia acordando su desahucio por precario.
Resumen: Se estima el recurso de la entidad financiera actora, sin costas de la alzada; se revoca la sentencia apelada, estimando íntegramente la demanda y condenando al demandado al pago de la cantidad que se fija, más intereses de demora pactados desde el cierre de la cuenta y costas de primera instancia. Acogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que reseña-, discrepa la Sala del criterio de la instancia sobre apreciación de abusividad de la cláusulas de vencimiento anticipado y de intereses de demora (la de comisiones no es objeto de recurso). Por el contrario, en cuanto al vencimiento anticipado, entiende que el prestatario solo abonó cinco cuotas y la cuenta se cerró varios meses después del inicio de los impagos, además de ajustarse la cláusula a lo legalmente previsto en materia de venta a plazo de bienes muebles. Tampoco son abusivos los intereses de demora, fijados en dos puntos porcentuales a añadir a los remuneratorios pactados, ajustándose plenamente al reiterado criterio jurisprudencial que se indica.
Resumen: La entidad bancaria prestamista en préstamo hipotecario sostiene que la cláusula suelo es válida porque existió una negociación individualizada de la cláusula, porque además de subrogación en el préstamo promotor tuvo lugar una novación de las condiciones del préstamo, que implica negociación individualizada. La Sala rechaza tal argumentación, ya que no ha resultado acreditado que el consumidor demandante fuera consciente, al contratar, de que la cláusula combatida podía afectar de forma importante a uno de los elementos esenciales del contrato y en consecuencia ser trascendente en el contenido de su obligación económica.
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad de la cláusula reguladora del vencimiento anticipado al no determinar una adecuada proporcionalidad y admitirla ante el impago de una sola cuota. En segundo lugar, se declara también la nulidad de la cláusula que distribuye los gastos del préstamo toda vez que impone de modo genérico la totalidad de los gastos al prestatario. Caja Rural impugna la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, que permite que un préstamo para cuyo pago se concede un aplazamiento de 420 mensualidades, pueda quedar anticipadamente resuelto por el impago de una sola de ellas, lo que resulta absolutamente desproporcionado para el consumidor. No modula con concreción la gravedad que ha de revestir el incumplimiento, ni en lo cuantitativo ni en lo temporal, para motivar la resolución anticipada. La cláusula no respeta el parámetro de referencia de tres cuotas impagadas establecido en el procedimiento ejecutivo de la Ley procesal. El TJUE tiene establecido que incumbe al tribunal nacional examinar si la facultad que concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación esencial en el marco de la relación contractual. El TS señala que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución con el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación accesoria, debe ser reputada como abusiva.
Resumen: El juez a quo declara nula la cláusula quinta reguladora de la distribución de los gastos de préstamo por su carácter abusivo, condenando a la entidad bancaria a devolver la mitad de los notariales y la totalidad de los registrales y de gestoría. La entidad bancaria impugna la sentencia alegando que el prestamo estaba cancelado desde julio de 2.006, por lo que no cabe declarar la nulidad de un préstamo ya extinguido. Además plantea que la prestataria conocía la cláusula y su lógica asunción, que le prestó la debida información, y que cumple el control de incorporacion porque su redacción es clara y sencilla. Lo cierto es que de la prueba practicada no consta ninguna negociación particularizada y específica de dichas cláusulas, resultando inverosímil que en tal escenario de libre negociación el consumidor opte y acepte asumir la totalidad de los gastos a su costa. Además, la cláusula resulta perjudicial para el consumidor por desequilibrante, se trata de una cláusula que traslada en bloque la totalidad de los gastos, de manera genérica y sin excepción, careciendo por completo de una distribución equitativa de los gastos en relación con el respectivo interés de cada contratante en los servicios remunerados con los mismos. Resulta claro que si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos derivados del contrato. Siguiendo la doctrina del TS corresponde abonar al banco el 50% de los gastos de Notaria, y el 100% del Registro Propiedad.
Resumen: Se acciona la nulidad por usurario de un préstamo hipotecario. Se concluye que es usuario dado que se retiene del importe nominal afirmado prestado una cantidad por pago anticipado de los intereses por todo el período antes de su respectivo vencimiento; otra cantidad retenida por gastos e impuestos que no se detallan; el exiguo margen del plazo de devolución del préstamo, 12 meses; realizar la tasación del bien hipotecado un intermediario del que se desconoce su capacitación y no una entidad tasadora; dedicarse el prestamista habitualmente a la concesión de estas operaciones y la situación angustiosa del prestatario en desempleo e incluido en un listado de morosos, siendo este el único modo de lograr el acceso al crédito. No dispuso el prestatario de la copia de la escritura con antelación y no se entregó la cantidad prestada ante el Notario, sino se dice entregado anteriormente en metálico, cuando fue entregado en menor cantidad posteriormente a la notaria. Los efectos de tal nulidad son que el prestatario solo debe devolver el importe realmente entregado y se acuerda la cancelación registral de la hipoteca y la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria que el prestamista planteó y donde se adjudicó la vivienda hipotecada.
Resumen: Se estima en parte el recurso, sin costas; se revoca de igual modo la sentencia apelada, siendo parcial la estimación de la demanda y condenando al demandado al pago de la cantidad que se fija, por impago de las cuotas del préstamo impagadas al tiempo de presentar la demanda, más intereses moratorios pactados hasta su completo pago, suma a determinar en ejecución de sentencia. No se aprecia abusividad de la comisión de apertura, que forma parte del precio y es transparente para el consumidor. En cuanto al interés remuneratorio (15,24% TAE), se recuerda la doctrina jurisprudencial de que la cláusula que lo estipula regula un elemento esencial del contrato -el precio del servicio-, siempre que cumpla el requisito de transparencia. En el caso, se parte de que el demandado es consumidor y se concluye que la cláusula sobre tal interés cumple los requisitos de transparencia e incorporación. Respecto al vencimiento anticipado, se pone de relieve la posibilidad del examen judicial de oficio de la eventual existencia de cláusulas abusivas en contratos con consumidores, y se aprecia abusividad de la cláusula, al admitirse por cualquier incumplimiento de la obligación de pago de liquidaciones de intereses o de cuotas de amortización; y sobre los efectos de tal abusividad, se tiene en cuenta que, a diferencia de los hipotecarios, en los contratos de préstamo personal, la supresión o expulsión de la cláusula de vencimiento anticipado abusiva no afecta a la subsistencia del contrato.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada, imponiéndole las costas, y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda y declara nula, por abusiva, la cláusula suelo, condenando a la demandada al recálculo del cuadro de amortización del préstamo, sin aplicar dicha cláusula, cuadro que regirá hasta el final de dicho préstamo; condena también a dicha demandada al reintegro de lo indebidamente cobrado, más los intereses del art. 576 LEC., y al pago de las costas procesales. Aplica la Sala la doctrina jurisprudencial del TS y TJUE sobre el denominado segundo control de transparencia de la cláusula suelo. Mantiene la Sala la consideración de abusiva de esta última cláusula, declarada en la instancia, por no constar que se haya informado debidamente a la parte demandante, al tiempo de la celebración del contrato, sobre las consecuencias jurídicas y económicas que se derivarían de la aplicación de la cláusula suelo; tampoco consta que la entidad prestamista explicara detalladamente al cliente de palabra y por escrito, todos los pormenores relativos a los intereses que debía pagar, lo que incluía lo relativo a la cláusula suelo, lo que no puede entenderse cumplido con la mera observancia, en su caso, de las previsiones de la Orden Ministerial de 5-05-1994; además, la cláusula queda enmascarada entre una abrumadora cantidad de datos, que diluyen la atención del consumidor. La falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor.
Resumen: La sentencia de instancia desestimó la demanda en la que los actores solicitaban la declaración de nulidad de la cláusula suelo incluida en el contrato de préstamo hipotecario y la condena a restituir las cantidades cobradas de más por aplicación de dicha cláusula. La Juzgadora concluyó que los acuerdos posteriores suscritos entre los prestatarios y la entidad bancaria para eliminar la cláusula suelo, renunciando a ejercitar acciones con fundamento en tal cláusula, son plenamente válidas porque los actores conocían su existencia y la oportunidad de litigar por razónde la misma. El recurso de apelación defiende de modo confuso la invalidez de éstos acuerdos, afirma que son novaciones de una cláusula nula y no superan el requisito de transparencia. La consideración de este tipo de acuerdos como transacciones no impide analizar su validez jurídica desde el prisma de la transparencia que debe ostentar todo negocio jurídico suscrito con consumidores. Incluso en los contratos de adhesión con consumidores, rige la autonomía de la voluntad de los contratantes respecto del precio y la contraprestación, el consumidor debe conocer los elementos esenciales del contrato. La validez del acuerdo transaccional pasa por comprobar su transparencia, en este caso los demandantes firmaron los acuerdos transaccionales con expresa renuncia de acciones que contenían, y nuevas cláusulas económicas, así se pone de manifiesto por los dos testigos empleados de la Caja que intervinieron en la negoción.
Resumen: El deudor pierde todo derecho a utilizar el plazo cuando después de contraída la obligación resultare insolvente, salvo que garantice la deuda, habiendo sido interpretado este precepto en el sentido de que no es justo que el deudor conserve su derecho a utilizar el plazo cuando puso en riesgo la legitima prestación del acreedor, obligando le a acudir presumiblemente al ejercicio de acciones judiciales sucesivas ante incumplimientos de la misma naturaleza del deudor de cada uno de los vencimientos aplazados, no exigiéndose una previa declaración formal de insolvencia o declaración de concurso, bastando que se compruebe cumplidamente que el deudor ha llegado a una situación de hecho de insuficiencia de bienes y de impago o incumplimiento de sus demás obligaciones.
