• Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zamora
  • Ponente: JESUS PEREZ SERNA
  • Nº Recurso: 380/2020
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula IRPH y de la cláusula de vencimieento anticipado. El recurso de apelación interpuesto por la demandada tiene por objeto revocar la nulidad de la cláusula IRPH y la impugnación deducida por la parte actora tiene como finalidad revocar el pronunciamiento sobre costas procesales con la condena de la demandada a su pago. El tribunal de apelación estima el recurso interpuesto por la demandante y deja sin efecto la nulidad de la cláusula IRPH, que no considera abusiva, y desestima la impugnación de la sentencia. El tribunal expone la jurisprudencia establecida sobre el control de transparencia y la abusividad de condiciones generales, y matiza que aunque la cláusula no supere el control de transparencia es preciso, además, un desequilibrio importante en las prestaciones en contra del consumidor, con quiebra de la buena fe por parte del empresario, en el momento de celebración del contrato. Y considera el tribunal que, en este caso, el IRPH no es más que índice de referencia previsto legalmente cuya designación no comporta mala fe en la elección del índice a aplicar, ni tampoco comporta, por sí mismo, un desequilibrio económico. Añade, además, que el IRPH entidad es supletorio respecto del pactado IRPH Cajas, por lo es aplicable por disposición legal.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: MARIA SAENZ MARTINEZ
  • Nº Recurso: 861/2020
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala concluye, con cita de la jurisprudencia de aplicación, que no cabe duda de la nulidad de la cláusula que genéricamente atribuye todos los gastos al prestatario, ya que son abusivas las cláusulas que impongan al consumidor los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario. Respecto de los efectos que tal declaración de nulidad implica, se remite a lo recogido en las sentencias del Tribunal Supremo que cita, tal y como ha valorado la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2650/2018
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acogió una pretensión indemnizatoria por el incumplimiento de los deberes de información en el asesoramiento con ocasión de un préstamo hipotecario que contenía un derivado implícito para la determinación del interés. La audiencia consideró que este incumplimiento afectaba solo a la condiciones en que se contrataba el derivado implícito y, en concreto, al coste de cancelación pero no a las consecuencias económicas que el derivado tendría en la fijación del interés, y por eso limitó el perjuicio indemnizable al coste de la cancelación anticipada. La sala reitera su doctrina: el marco de la relación de asesoramiento puede surgir una responsabilidad civil ex art. 1101 CC por el incumplimiento de las obligaciones de información que cause un perjuicio al inversor consistente en la pérdida total o parcial de la inversión. Esta doctrina es aplicable no solo cuando el producto adquirido conlleva una inversión sino también cuando se contrata un swap en el que propiamente no hay inversión. Recuerda, también, que debe existir un nexo causal entre el incumplimiento y el perjuicio que se pretende indemnizar. En este caso, el incumplimiento ha incidido no solo en el coste de una eventual cancelación anticipada, sino también en la determinación del interés, y por eso su reparación debe alcanzar a lo que se hubiera cobrado de más si no hubiera habido coste inicial negativo por el derivado.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Cartagena
  • Ponente: JOSE FRANCISCO LOPEZ PUJANTE
  • Nº Recurso: 295/2020
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se solicita la resolución del contrato de préstamo concertado con abono de la cantidad restante. Estimada la demanda recurre el demandado, alegando que no se trata de un préstamo, sino que el contrato aportado de 4 de mayo de 2018 reconoce que se trata de un reconocimiento de deuda y compraventa de participaciones que finalmente no se materializó. La Sala ratifica los razonamientos de la sentencia de instancia, añadiendo que en la práctica totalidad de las entregas o traspasos económicos que la parte actora fue realizando a favor de los demandados con anterioridad a la firma del referido contrato de 4 de mayo de 2018 se establece como concepto el de "préstamo", lo que coincide con el modo en que este contrato denomina a la parte actora (prestamista); en segundo lugar, conforme al criterio del art. 1282 del Código Civil, los actos posteriores de los demandados al vender la empresa a un tercero, muy poco después del contrato, sin previas conversaciones con la parte actora ni haciéndole entrega de su parte del precio, ayudan bastante a interpretar el documento en cuestión y no avalan en modo alguno dicha tesis, es más, la postura ahora defendida en la contestación a la demanda resulta contraria a dicha actuación, por lo que se desestima el recurso.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Zaragoza
  • Ponente: MARIA SAENZ MARTINEZ
  • Nº Recurso: 852/2020
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Declarada la nulidad de la cláusula establecida en un préstamo con garantía hipotecaria que obligaba al prestatario a pagar todos los gastos, la Sala establece, respecto de los gastos de Notaría, que deberán imputarse por mitad al prestamista y prestatario a excepción del timbre de la matriz, que deberá soportar el prestatario y las copias autorizadas que deberá pagarlas el prestamista. Si en la factura no se especifica el timbre que corresponde a la matriz y a las copias habrá de dividirse por mitad para imputar a la parte prestataria lo que pudiera corresponder a la matriz. En cuanto a los gastos de gestoría establece que serán pagados por ambas partes, pues ambas se beneficiaron del servicio.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA CRISTINA DOMENECH GARRET
  • Nº Recurso: 216/2020
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se desestima el recurso, imponiendo las costas a las apelantes, y se confirma el Auto recurrido, que acuerda el sobreseimiento de la ejecución por considerar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. Señala la Sala que, en este caso, fue despachada ejecución antes de la vigencia de la Ley 1/2013; no obstante el incidente de oposición se planteó y sustanció ya en vigor dicha Ley, de modo que conforme a su Disposición Transitoria 4ª, apartado 3, el ejecutado pudo formular oposición basada en la existencia de cláusulas abusivas. Añade que lo anterior no implica la imposibilidad de ulterior apreciación de la abusividad de las cláusulas de los contratos, ya que en los celebrados por consumidores el Juzgador puede declararlo así de oficio en cualquier momento durante la sustanciación del procedimiento, y en particular en el de ejecución hipotecaria, antes la entrega de la posesión al adjudicatario, siempre que se dé la pertinente audiencia previa a las partes; por ello, no se aprecia extemporaneidad de la abusividad declarada. El proceso se incoó después de la suspensión la ejecución hipotecaria y, a fecha del dictado del Auto apelado, no se había hecho efectivo el lanzamiento acordado en el procedimiento declarativo, no habiendo tenido lugar la entrega de la posesión al adquirente. Aplica la Sala la jurisprudencia del TS para determinar si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado está justificado y entiende procedente el sobreseimiento de la ejecución.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO POZUELO PEREZ
  • Nº Recurso: 477/2020
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de los actores, imponiéndoles las costas, y se confirma la sentencia apelada, que desestima la demanda contra la entidad bancaria. En aplicación de la jurisprudencia que reseña, señala la Sala que en el juicio ordinario posterior la parte ejecutada no puede proponer las excepciones y las causas de nulidad que ha opuesto o ha podido oponer en el previo procedimiento ejecutivo, como la pluspetición y la abusividad de ciertas cláusulas, habiendo limitado su posición respecto al desistimiento de la entidad bancaria a la cuestión de las costas. Rechaza también la alegación del recurso sobre una supuesta declaración de abusividad o un comportamiento abusivo de la entidad financiera en orden a la liquidación final del saldo, indicando que los actores en ningún momento han solicitado ni la declaración de nulidad, ni la declaración de anulabilidad, ni la declaración de nulidad por abusiva del documento redactado por la entidad demandada sobre solicitud de suspensión y desistimiento del procedimiento judicial y sobre conformidad de los mismos para que las costas judiciales derivadas del procedimiento sean exclusivamente por cuenta y cargo suyo aunque se produjera en el caso desistimiento. Tampoco aprecia la Sala la existencia de actos propios de la demandada que supongan una definición de una situación jurídica contra la cual se haya venido actuando, ni en el anterior procedimiento ni en este.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 2038/2018
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Interpuesta demanda de desahucio por precario por el dueño del suelo, la demandada se opuso alegando que había contribuido económicamente a la construcción entendiendo que el derecho de retención que resulta de los arts. 361 y 453 CC es título suficiente para enervar el desahucio, pero la AP estimó la demanda. El recurso de casación de la demandada se estima. Se alega la existencia de un derecho de retención del constructor de buena fe sobre la edificación de nueva obra ejecutada desde los cimientos, con materiales propios y en suelo ajeno, que legitimaría para continuar en la posesión. Admisibilidad del recurso: existencia de interés casacional. El art. 361 CC no atribuye automáticamente la propiedad de lo construido al dueño del suelo, sino que la supedita al ejercicio de la opción y al pago de la indemnización calculada conforme a los criterios legales. Hasta que no ejercita esa opción, el tercero es dueño de la obra y poseedor de buena fe del terreno ocupado, que forma un todo con lo edificado aunque siga perteneciendo al dueño de la finca. De ahí que el dueño del suelo no pueda reclamar la posesión de buena fe de su finca ni la propiedad de lo construido mientras no abone la indemnización, porque el que ha construido tiene un derecho de retención. Asumiendo la instancia se desestima la demanda porque la demandada no era simple precarista y opuso un título válido frente al demandante, derivado de su contribución a la construcción de la vivienda en suelo del demandante.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA TERESA SANTOS GUTIERREZ
  • Nº Recurso: 635/2019
  • Fecha: 16/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad actora, imponiéndole las costas, y se confirma la sentencia apelada, que desestima la demanda, absuelve a la entidad demandada e impone las costas a la actora. La demanda se desestima por falta de prueba e incumbe la carga probatoria a quien afirma unos hechos o sostiene una pretensión, admitiéndose en algunos casos, en virtud del principio de facilidad probatoria, trasladar la obligación de facilitar los medios de prueba a la otra parte. Concluye la Sala que, para que una cláusula reguladora de una comisión bancaria contenida en un contrato bancario tenga plena validez, es preciso que dicha cláusula haya sido pactada en forma y que obedezca a un servicio efectivamente prestado o a un gasto habido. En el caso, sobre la comisión de devolución, se indica que los importes reclamados tienen relación con una póliza de crédito bajo la modalidad de anticipo de documentos mercantiles firmada entre las partes, constando el pacto respecto del pago de los importes referidos; el acuerdo liga a las partes, sin que tenga cabida la regulación protectora de los consumidores, al carecer la actora de esta condición, por lo que las alegaciones sobre abusividad no son aplicables. La comisión de devolución fue aceptada tácitamente; la de descubierto, si ha venido siendo abonada durante un importante número de años, es presumible que la actora conociera la existencia de pacto sobre ella. Entiende probado el servicio prestado y procedente el cobro de comisiones
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DEL CARMEN ROYO JIMENEZ
  • Nº Recurso: 271/2020
  • Fecha: 16/11/2020
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Se estima el recurso, sin costas, y se revoca el Auto apelado, admitiendo a trámite la petición inicial de proceso monitorio. Respecto del vencimiento anticipado, señala la Sala que el control de oficio de abusividad de cláusulas contractuales solo puede ser realizado respecto de las que hayan sido utilizadas para fijar la cantidad reclamada. En el caso, pese a haberse realizado la liquidación del contrato de préstamo cuando aún se hallaba vigente, al tiempo de presentar la aludida petición inicial ya había vencido dicho contrato, de modo que ya no se estaba aplicando la cláusula de vencimiento, y la cantidad reclamada era ya la adeudada por incumplimiento reiterado de la demandada, lo cual impedía entrar a valorar la cláusula de vencimiento anticipado. Además, el incumplimiento del contrato ha sido esencial, al no haber cumplido el mismo prácticamente desde el principio de la relación contractual hasta su finalización, por lo que no se podría apreciar abusividad alguna. Sobre el interés de demora se establece que, si bien debe ser declarado abusivo según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la liquidación practicada no se ha aplicado, al haberse seguido los criterios jurisprudenciales y aplicado el interés remuneratorio pactado.

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