Resumen: Se desestima el recurso de la demandada y se confirma la sentencia apelada, que estima en parte la demanda y declara la nulidad parcial, por abusivo, del préstamo hipotecario multidivisa, condenando a la demandada en los términos en ella indicados; se imponen a esta última parte las costas de ambas instancias. Recuerda la Sala que la acción de nulidad por ser el clausulado multidivisa condiciones generales de la contratación que no reúnen el requisito de transparencia no tiene plazo de caducidad y puede ejercitarse en cualquier momento, conforme a la jurisprudencia del TS -que reseña-, al tratarse de nulidad radical. Además, indica que la cuestión sobre la no aplicabilidad de la Directiva 93/13/CEE a las disposiciones contractuales que, como las de autos, reflejan una disposición legislativa nacional, ya está resuelta por el TS; las cláusulas cuestionadas no se limitan a fijar la moneda en que se deben cumplir las obligaciones contractuales; tampoco su redacción concreta en la escritura pública, ni la ausencia de información precontractual y contractual sobre su trascendencia para la posición jurídica y económica de las partes en el desarrollo del contrato, son consecuencia de la trasposición al contrato de esas normas legales. No se ha probado la aludida información, ni la existencia de negociación, siendo irrelevante la iniciativa en la contratación. No hay problema de separabilidad del contenido inválido del contrato de préstamo. No se aprecian dudas de hecho o derecho.
Resumen: PRECARIO. CONCEPTO. Puede definirse como la situación de hecho que implica la utilización de un bien ajeno sin título que justifique la posesión, bien porque no se haya tenido nunca, bien porque habiéndolo tenido se haya perdido, correspondiendo a la demandada acreditar la existencia del título que justifique la posesión. REQUISITOS: 1. Que la actora tenga la posesión real de la finca a título de dueño, de usufructuario o de cualquier otro que le dé derecho a disfrutarla. 2. Que el demandado disfrute de la finca sin título que justifique el uso o disfrute del inmueble y sin pagar renta ni merced alguna. 3. Que exista identidad de la cosa objeto de desahucio. SUPUESTO. La demandante aportó copia de la nota simple del Registro de la Propiedad en la que figura como titular de la finca y se especifica el título de adquisición. El derecho de uso de la vivienda que ha sido familiar no es un derecho real, pues la clasificación de los derechos en reales y de crédito se refiere a los derechos de tipo patrimonial, y el derecho mencionado, en cambio, no es de carácter patrimonial, sino de carácter familiar (y la atribución del derecho de uso familiar conlleva un derecho a ocupar la vivienda por sus beneficiarios). Se trata de un derecho de constitución judicial. Se atribuyó a la demandada e hijo el uso de la vivienda por sentencia judicial, pero el titular era su ex marido y estaba gravada con hipoteca que es ejecutada por la entidad acreedora crediticia.
Resumen: La Audiencia considera que se ha omitido deliberada y conscientemente una fase esencial del proceso, como es la audiencia previa al juicio, con oposición expresa de la parte demandada y apelante, por lo que, en principio, se trata de una posible nulidad de actuaciones aún en las circunstancias generadas por la COVID 19. Pero constatada la infracción de normas esenciales del procedimiento, no procede declarar la nulidad de actuaciones, al no haberse producido efectiva indefensión. La cláusula suelo se declara nula y válido el contrato de novación modificativa. Y se desestima la petición relativa a la renuncia de acciones, porque es reiterada la jurisprudencia declarando la nulidad de dicha renuncia, por ser contraria a la Ley.
Resumen: El Juzgado desestima la demanda porque entiende que no se ha acreditado que la entrega de dinero lo fuera en concepto de préstamo. La Audiencia entiende que la donación es un acto inusual, que no puede presumirse una causa gratuita sino una causa onerosa. Y, en caso de duda, ha de resolverse conforme al artículo 1289 del Código Civil, a favor de la menor transmisión de derechos e intereses. No cabe invocar la presunción de liberalidad del artículo 1277 del Código Civil ya que ésta precisa de una concreta expresión de esa liberalidad y de la acreditación de un ánimo de donar. Por otra parte, la Audiencia, ya en el caso concreto, se ve obligada a considerar que no se ha probado la relación causal entre las partes. Se trata de una relación personal, y se ha acreditado una relación jurídica con intervención de la empresa que es parte en el procedimiento. El dinero fue transferido al margen de su objeto social, y su entrega, frente a terceros fue declarado como un regalo.
Resumen: Se pide la resolución de un préstamo con garantía hipotecaria en el que fue parte una persona fallecida. La prestamista demanda a las cinco herederas por incumplimiento grave. Tres de las demandadas alegan su falta legitimación pasiva como coherederas del prestatario, ya que habían renunciado, pura y simplemente, a la herencia. El juzgado acepta la excepción, las absuelve, estima la demanda respecto de la quinta y le condena al pago de las costas procesales. Respecto de las costas de la acción ejercitada contra las otras codemandadas, no hace especial imposición de las costas de la primera instancia. La heredera condenada en la instancia recurre alegando que no se ha hecho valoración de un ofrecimiento de dación en pago por su parte. La Audiencia considera que la entidad de crédito no asumió ese ofrecimiento y le remitió a su código de buenas prácticas. Y, en lo que respecta a las costas procesales causadas a las codemandadas absueltas, el hecho de haber contestado la demanda y el que la actora había constituido con diligencia y respeto la relación jurídico procesal, ya que está acreditado que la renuncia siguió al emplazamiento, a mantener el pronunciamiento del Juzgado porque existían serias dudas de hecho, llevan a la Audiencia a mantener el pronunciamiento del Juzgado.
Resumen: El contrato de préstamo con garantía hipotecaria contenía un pacto de afianzamiento solidario (aval). La Audiencia considera que ese pacto no es una condición general de la contratación, sino un contrato autónomo. No puede ser atacado por los prestatarios, sino por los fiadores, y su validez sólo se puede cuestionar desde los presupuestos de la nulidad de los contratos. Tras calificar el contrato como de garantía, invoca la STS 56/2020, de 27 de enero, sus características de accesoriedad y subsidiariedad, y los beneficios de excusión y orden. Entiende la Audiencia que esa autonomía respecto del contrato de préstamo no impide que se le apliquen las normas de protección del consumidor, también en el caso de la fianza solidaria. Se pueden ejercitar las acciones individuales en relación con la no incorporación o nulidad de las condiciones generales de la contratación, con sus eventuales consecuencias. Y ello conlleva que el contrato de préstamo pueda subsistir sin el afianzamiento declarado nulo. Examina el supuesto de la imposición de garantías desproporcionadas respecto del riesgo al que se somete al acreedor, los supuestos que la sentencia recurrida indica, la posibilidad de extender los controles de incorporación y transparencia material a este supuesto, la renuncia a los beneficios de excusión, división y orden, incompatibles con la fianza solidaria, y termina considerando que no existe una sobre-garantía.
Resumen: El Juzgado entendió que el contrato superaba el control de transparencia formal, pero no el de transparencia material porque el actor no había podido comprender qué parte de la cuota mensual venía destinada a capital y qué parte a intereses, y no estar acreditada la entrega de un cuadro de amortización. Declaro nula la condición general relativa a los intereses remuneratorios y la relativa a las comisiones. La Audiencia considera que la cláusula relativa a los intereses remuneratorios es parte del objeto principal del contrato, y, por tanto, sólo sujeta al control de incorporación (transparencia formal). Y las recogidas en el contrato lo superan. El sistema de pago es perfectamente comprensible por un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Con ello, aborda la existencia de un contrato nulo desde la perspectiva de un contrato usurario. Utiliza como referencia la del interés normal del dinero. Un TAE del 23% era superior en dos puntos a la media estadística del referente a las tarjetas de crédito, y no constando circunstancia alguna que respalde esa diferencia, es usuraria.
Resumen: La Audiencia considera que se está ejercitando una acción de nulidad de condición general de la contratación y una implícita acción de reembolso de los gastos abonados a terceros. El Juzgado consideró que esa segunda acción no estaba prescrita al contarse el plazo desde la declaración de nulidad. Recurrido este pronunciamiento, la Audiencia examina las distintas posturas de las Audiencias Provinciales que considera divergentes respecto de la posibilidad de que la acción prescriba. Considera que la STJUE de 20 de Julio del 2020 permite afirmar que la acción es independiente y prescribe. Tras examinar el recorrido seguido por su propia doctrina, mantiene el criterio del Juzgado: el plazo de prescripción empieza a correr desde que se declara la nulidad de la cláusula. El pronunciamiento en el que se condena a la entidad de crédito demandada a abonar las costas procesales se confirma invocando la STS 3572021, de 27 de enero.
Resumen: El Juzgado declaró la nulidad de una cláusula que recoge la percepción por la entidad de crédito prestamista de una comisión de apertura. La Audiencia entiende que, conforme la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio del 2020 (asuntos C-224/19 y 259/19) debe examinarse si existió un desequilibrio en las obligaciones contra la parte prestataria y que, existiendo, corresponde a la prestamista acreditar que ese pago es contraprestación de un coste distinto del propio del negocio bancario o de la prestación de un servicio al cliente. En cuanto a la prescripción de la acción de devolución de esa comisión, considera que es un efecto de la declaración de nulidad y que el plazo debe contarse desde que esa nulidad se declara. Aplica el principio de efectividad. Finalmente, al evitar el efecto disuasorio inverso, la condena en costas es correcta. A lo que se añade que la demanda se estimó en su integridad, pero aunque así no fuere, el criterio es el mismo.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda en reclamación de cantidad interpuesta por el demandante al considerar que las entregas de dinero efectuadas por este a la demandada lo fueron en virtud de un contrato de préstamo verbal .Argumenta la Sala en síntesis que la demandada recurrente niega que las entregas de dinero respondiesen a un préstamo, afirmando que obedecen al pago de una prestación o uno servicios realizados para el actor, pero lo cierto es que no concreta la naturaleza de la relación, ni las prestaciones que cada una de las partes asumió y de la documental que acompañó a su escrito de contestación a la demanda, consistente en unos mails que se remitieron las partes, no se desprende la existencia de trabajo alguno, gestión o servicio prestado por la demandada para actor. Además no constituye hecho controvertido que, de la cantidad entregada, la demandada devolvió una parte , hecho reconocido por ésta sin que haya dado ninguna explicación diferente de la misma.
