Resumen: El Juzgado declaró la nulidad de una cláusula que recoge la percepción por la entidad de crédito prestamista de una comisión de apertura. La Audiencia entiende que, conforme la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio del 2020 (asuntos C-224/19 y 259/19) debe examinarse si existió un desequilibrio en las obligaciones contra la parte prestataria y que, existiendo, corresponde a la prestamista acreditar que ese pago es contraprestación de un coste distinto del propio del negocio bancario o de la prestación de un servicio al cliente. En cuanto a la prescripción de la acción de devolución de esa comisión, considera que es un efecto de la declaración de nulidad y que el plazo debe contarse desde que esa nulidad se declara. Aplica el principio de efectividad. Finalmente, al evitar el efecto disuasorio inverso, la condena en costas es correcta. A lo que se añade que la demanda se estimó en su integridad, pero aunque así no fuere, el criterio es el mismo.
Resumen: La Audiencia considera que se está ejercitando una acción de nulidad de condición general de la contratación y una implícita acción de reembolso de los gastos abonados a terceros. El Juzgado consideró que esa segunda acción no estaba prescrita al contarse el plazo desde la declaración de nulidad. Recurrido este pronunciamiento, la Audiencia examina las distintas posturas de las Audiencias Provinciales que considera divergentes respecto de la posibilidad de que la acción prescriba. Considera que la STJUE de 20 de Julio del 2020 permite afirmar que la acción es independiente y prescribe. Tras examinar el recorrido seguido por su propia doctrina, mantiene el criterio del Juzgado: el plazo de prescripción empieza a correr desde que se declara la nulidad de la cláusula. El pronunciamiento en el que se condena a la entidad de crédito demandada a abonar las costas procesales se confirma invocando la STS 3572021, de 27 de enero.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda en reclamación de cantidad interpuesta por el demandante al considerar que las entregas de dinero efectuadas por este a la demandada lo fueron en virtud de un contrato de préstamo verbal .Argumenta la Sala en síntesis que la demandada recurrente niega que las entregas de dinero respondiesen a un préstamo, afirmando que obedecen al pago de una prestación o uno servicios realizados para el actor, pero lo cierto es que no concreta la naturaleza de la relación, ni las prestaciones que cada una de las partes asumió y de la documental que acompañó a su escrito de contestación a la demanda, consistente en unos mails que se remitieron las partes, no se desprende la existencia de trabajo alguno, gestión o servicio prestado por la demandada para actor. Además no constituye hecho controvertido que, de la cantidad entregada, la demandada devolvió una parte , hecho reconocido por ésta sin que haya dado ninguna explicación diferente de la misma.
Resumen: La AP estima el recurso y rechaza la excepción de cosa juzgada. Razona que la cuestión ha sido abordada por el TJUE en cuatro sentencias de 17 de mayo de 2022. El Tribunal de Justicia reafirma que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios y los circunscribe exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de una cláusula abusiva después del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró ese carácter abusivo. La doctrina fijada ahora por el TJUE permite al consumidor reclamar en un procedimiento posterior distinto el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario para poder ejercer efectiva y plenamente sus derechos, con el fin de obtener la reparación del perjuicio económico causado por la aplicación de dichas cláusulas.
Resumen: Se ejercita acción de desahucio por precario contra los desconocidos ocupantes de un inmueble. Estimada la demanda recurren los demandados, alegando su situación de vulnerabilidad y la inadecuación de procedimiento. Como paso previo, la Sala indica que dado que la apelante declarada fue declarada en rebeldía y no realizó ninguna alegación fáctica o jurídica frente a la demanda, deben considerarse inadmisibles las alegaciones formuladas ex novo en la segunda instancia. No obstante, en cuanto a la inadecuación del procedimiento para lograr la recuperación de la posesión de un inmueble son muchas las vías de protección a las que puede acudir el propietario del mismo, que tiene la posibilidad de optar entre ejercitar el proceso declarativo ordinario o al proceso especial o de tutela sumaria que estime pertinente. Es al titular del inmueble a quien corresponde la elección del concreto procedimiento, pudiendo optar entre: a) el procedimiento verbal de desahucio por precario del art. 250.1. 2 LEC; b) el juicio verbal especial del art. 250.1.7 LEC de efectividad de derechos reales inscritos; c) el juicio verbal especial de naturaleza interdictal, y d) el procedimiento declarativo en ejercicio de la acción reivindicatoria, por lo que se desestima la alegación. En cuanto a la situación de vulnerabilidad alegada, debe estarse a lo que se acuerde en fase de ejecución de sentencia y para el supuesto de un eventual lanzamiento, previa acreditación de las circunstancias precisas.
Resumen: Reclamación de 60.000 € derivados de contrato de préstamo entre familiares. Desestimada la demanda recurre el actor. Se alega que el actor prestó a su madre política una cantidad para la adquisición de una vivienda, no habiendo devuelto la cantidad prestada. La demandada alega que es cierta la compra de la vivienda referida, no obstante, la misma había adquirido anteriormente otra vivienda cuyo uso cedió a su hija y a su marido, el hoy actor, existiendo un acuerdo familiar en virtud del cual la vivienda cedida a su hija se hacia por el importe de 60.000 euros y en su consecuencia la entrega de esos 60.000 euros reclamados a la demandada no se realizó en concepto de préstamo sin en cumplimiento del acuerdo referido. Por otra parte, el actor no había realizado reclamación hasta los 14 años de la entrega de dicha suma, con vulneración de la doctrina de los actos propios y manifiesto abuso del derecho. La Sala tras la valoración de la prueba mantiene la sentencia de instancia, pues si bien se acredita la entrega del dinero, no ha probado que la causa del desplazamiento patrimonial fuera el préstamo, ni que existiera la obligación de devolver ni, en su caso, cual fuera el plazo de tal devolución. Por el contrario aparece que la vivienda de la demandada, fue cedida a su hija y al actor, y que posteriormente, le fue adjudicada a dicha hija cesionaria por los restantes hermanos copropietarios a cambio de 60.000 euros, acuerdo en el que estuvo presente el propio demandante.
Resumen: Se desestima el recurso de la demandada y se confirma la sentencia apelada, que estima la demanda y declara la nulidad de las cláusulas de gastos y de comisión de apertura, con los efectos restitutorios que en concreto se indican; las costas de ambas instancias se imponen a la demandada. La Sala reitera su criterio sobre la falta de cumplimiento, en estos casos, de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la validez de la comisión de apertura. Señala que la comisión de apertura no es ni debe ser asimilada al precio del contrato; la utilización del término comisión por el propio Banco es reveladora de que no se trata de una parte del precio, sino de un servicio adicional que, como tal, algunas entidades bancarias deciden cobrar o no a sus clientes; un servicio de estudio de la concesión del préstamo que es inherente a la propia actividad bancaria (se conceda o deniegue la operación) y forma parte de sus gastos generales, no individualizables ni cuantificables en un asunto concreto. Considera que en el caso no se ha probado la información precontractual previa relativa a dicha comisión; aunque es gramaticalmente clara, no superaría el doble control de transparencia; igualmente, al tratarse de una comisión, falta la prueba necesaria acerca de los servicios efectivamente prestados al cliente en su interés y gastos reales incurridos.
Resumen: Ya que se trata de un préstamo personal de consumo ordinario el término comparativo que ha de utilizarse como indicativo del «interés normal del dinero» es el interés medio correspondiente a dicha categoría, entre las que son publicadas en las estadísticas oficiales del Banco de España. correspondiente al tipo de interés medio en operaciones de préstamo al consumo a plazo no superior a 5 años. El contrato de préstamo incumple de forma palmaria el requisito de transparencia, en relación con la posibilidad de comprensión real de los términos esenciales del mismo, y ello, tras un simple análisis del reverso del documento de préstamo el cual es prácticamente ilegible.
Resumen: Se estima el recurso del demandado, sin costas de la alzada, se revoca la sentencia apelada y se desestima la demanda, imponiendo las costas de primera instancia a la actora. Sobre la legitimación activa, señala la Sala que a la solicitud de juicio monitorio se acompañaron el contrato de préstamo personal y el testimonio notarial de la cesión del crédito (se identificaba la operación con el número de contrato y datos del deudor), por lo que la adquisición del crédito por la actora está justificada. Recuerda que para la validez de la cesión de créditos no es necesaria la notificación al deudor y en la primera instancia se examinó de oficio la eventual abusividad del clausulado por la condición de consumidor del demandado, habiéndose circunscrito la reclamación actora al principal e intereses remuneratorios. El ahora apelante aduce la falta de pronunciamiento sobre las cláusulas de interés remuneratorio, penalización por mora, comisión de reclamación y vencimiento anticipado. Sobre el aludido interés, se indica que forma parte del precio del contrato y no procede efectuar el control de abusividad sobre el tipo aplicado. Sobre el vencimiento anticipado, aplica la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo que reseña, estableciendo que se prevé el vencimiento del préstamo (de refinanciación de deuda) por falta de pago de cualquier mensualidad, sin que el incumplimiento del deudor pueda calificarse de grave, siendo nula la cláusula y no puede tenerse por vencido el préstamo.
Resumen: Validez de la estipulación del contrato privado que modifica la originaria cláusula suelo (3,75%), en el sentido de rebajarla al 2,5% y la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones. Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo; los prestatarios realizaron una transcripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual, por la indicación del índice vigente y por su publicación por el Banco de España. El acuerdo transaccional contiene una cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, que es abusiva por su carácter genérico, ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. La confirmación del contrato no procede en casos de nulidad absoluta. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial. Las costas de primera instancia se imponen al banco, pese a la estimación parcial de la demanda, de acuerdo con la doctrina del TJUE.
