Resumen: Reclamada la nulidad por abusiva del acuerdo transaccional por el que se sustituye la cláusula suelo de un préstamo hipotecario por un tipo fijo de 1,650%, con renuncia por el prestatario a la acciones que pudieren corresponderle por motivo de aquella cláusula. La sala sostiene que no recae sobre el banco un deber específico de informar al cliente de la doctrina jurisprudencial sobre la cláusula suelo en el momento de suscribir el acuerdo transaccional, y acoge la exceptio pacti opuesta por el banco a la pretensión de nulidad y de reclamación de cantidad, pues da plena validez a la renuncia de acciones que contiene el pacto transaccional.
Resumen: Se discute en la alzada tan solo el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia que impone las costas al banco pese a que no ha sido estimada la totalidad de la reclamación de cantidad acumulada en reclamación del reintegro de lo pagado en exceso por consecuencia de la nulidad de una cláusula abusiva en un préstamo hipotecario. En este caso, la condena (867'12 euros) supone un 13'01% del importe de la reclamación (6.660,72 euros), por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas no deben imponerse a ninguna de las partes. La divergencia no es sólo cuantitativa sino también conceptual, pues se rechaza la principal partida objeto de la demanda (la restitución del Impuesto), siendo indiferente, a estos efectos, que el demandante haya desistido o no, una vez iniciado el procedimiento, a parte de su reclamación. Para apreciar si existe una gran disparidad entre lo pedido y lo reconocido en sentencia debe confrontarse la demanda a la que se opuso el demandado y el resultado final del pleito.
Resumen: Principio de la buena fe: actúa contra la buena fe quien contradice sin razón objetiva su conducta anterior sobre la que la otra parte ha fundado su confianza legítima. La regla jurídica según la cual no puede venirse contra los propios actos, negando todo efecto jurídico a la conducta contraria, se asienta en la buena fe, en la protección a la confianza que el acto o conducta de una persona suscita objetivamente en otra o en otras. Esta regla no descansa en la voluntad del autor sino en la confianza generada en terceros. No estamos ante una declaración de voluntad negocial manifestada por hechos o actos concluyentes, ya que la doctrina de los actos propios no ejerce su influencia en el área del negocio jurídico, sino que tiene sustantividad propia, asentada en el principio de la buena fe. En el caso, aplicación de la doctrina de los actos propios (la reclamación judicial de todos los plazos pendientes del préstamo no es coherente con la conducta anterior de la prestamista que, a pesar de haber dado por vencido anticipadamente el préstamo por impago, pasó al cobro en la cuenta de la prestataria las cuotas correspondientes a once mensualidades consecutivas del préstamo; la conducta de la prestamista fundó la legítima confianza de la prestataria en que, si pagaba las cuotas mensuales que correspondían, de acuerdo con el contrato, según iban venciendo, no se le iban a imponer las consecuencias del vencimiento anticipado). Se estima el recurso.
Resumen: Declarada la nulidad de la cláusula de gastos y estimada en parte la acción de reclamación de cantidad que pretendía el reintegro de las umas pagadas en exceso por el prestatario, se discute en la apelación tan solo el pronunciamiento por el que se imponen las costas de primera instancia al banco. La sala hace un pormenorizado estudio de la jurisprudencia, y concluye que: En este caso, la condena (406'06 euros) supone un 9'73% del importe de la reclamación (4170'26 euros), por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas no deben imponerse a ninguna de las partes. La divergencia no es sólo cuantitativa sino también conceptual, pues se rechaza la principal partida objeto de la demanda (la restitución del Impuesto), siendo indiferente, a estos efectos, que el demandante haya desistido o no, una vez iniciado el procedimiento, a parte de su reclamación. Para apreciar si existe una gran disparidad entre lo pedido y lo reconocido en sentencia debe confrontarse la demanda a la que se opuso el demandado y el resultado final del pleito.
Resumen: El cesionario del crédito hipotecario ya vencido reclama el pago del principal y los intereses remuneratorios. El demandado opone la existencia de cláusulas abusivas, y la sala rechaza el criterio del juzgador de primer grado de que hay que hacerlas valer por medio de reconvención, pues las cláusulas, pues han de ser examinadas de oficio cuando medien consumidores. En cuanto a la cláusula de gastos denunciada por la demandada, la sala rechaza el criterio de primera instancia que el prestatario no puede reclamar del cesionario el reintegro de lo que pagó en exceso por su aplicación, sino que ha de hacerlo al cedente. Arguye que en virtud del contrato de cesión el cesionario asume frente al deudor la posición del cedente, que incluye la obligación de reintegro resultante de la nulidad de las cláusulas abusivas. Son abusivas la cláusulas que imponen el pago de la comisión de apertura de y de estudio e información del préstamo. No aprecia la sala falta de transparencia en la contratación simultánea de un seguro, por lo que se rechaza la nulidad del mismo. La sala entiende que se ha estimado tan solo en parte la demanda y no hace imposición de costas.
Resumen: La Sala confirma la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado contenida en el préstamo con garantía hipotecaria concertado, ya que como indica el Tribunal Supremo, la abusividad proviene de los términos en que la condición general predispuesta permite el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es per se ilícita y que, ante el pacto de vencimiento anticipado en un contrato celebrado con consumidores y siempre que se cumplan las condiciones mínimas, los tribunales deben valorar, además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de los criterios de esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación que tiene por objeto el pronunciamiento de condena de la prestamista al pago de las costas procesales de la primera instancia. Expone el tribunal el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la distribución de los gastos del proceso cuando la estimación de la demanda solo diverge de lo solicitado en relación con el importe económico a restituir: una estimación parcial, que atribuya al consumidor el pago de los gastos de acudir al proceso, es contrario al principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, al operar como una traba que dificulta su acceso a la tutela judicial. Aplicando este criterio, el tribunal considera que la divergencia entre la cantidad solicitada y la cantidad a restituir por aplicación de cláusula abusiva no comporta estimación parcial, y considera procedente la condena de la demandada al pago de las costas de la primera instancia.
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad demandada y se confirma la sentencia apelada, que estima en parte la demanda y declara nulas las cláusulas de gastos, intereses moratorios y comisión de apertura, teniéndolas por no puestas y condenando a la demandada al pago de la suma que en concreto se fija, sin imponer costas de esa primera instancia. El recurso se centra en el pronunciamiento sobre la comisión de apertura. Refiere la Sala la evolución de su criterio sobre dicha cláusula, en aplicación la reciente jurisprudencia del TJUE que reseña. Indica que la cláusula que impone al consumidor el pago de una comisión de apertura puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido. En el presente caso, considera que no se concretan ni acreditan tales servicios, ni los gastos en que ha incurrido la prestamista que den cobertura a la suma reclamada. No impone costas al fundarse el recurso en criterios jurisprudenciales vigentes al tiempo de su interposición.
Resumen: Demanda en la que se instaba la nulidad de la cláusula de imputación de gastos contenida en una escritura de préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, anuló la cláusula y ordenó la devolución por el prestamista de las cantidades indebidamente abonadas. La audiencia confirmó la sentencia de primera instancia. Recurre en casación el banco demandado y la sala estima su recurso. La sala reitera su doctrina según la cual, una vez declarada nula y dejada sin efecto por abusiva la cláusula que atribuía todos los gastos al prestatario consumidor, el tribunal debe entrar a analizar a quién, con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, corresponde satisfacer cada uno de los gastos cuestionados; en este caso, el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y los gastos notariales. Así, declara que a estimación del recurso de casación supone modificar la sentencia de apelación, en el sentido de dejar sin efecto la condena al banco a pagar a los prestatarios el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados; y, respecto de los gastos notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, se fija la condena al banco al pago de la mitad, pues fue otorgada en interés de ambas partes.
Resumen: Cláusula suelo. Control de inclusión. Control de transparencia material. El control de inclusión es un control de cognoscibilidad, lo que requiere que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer, al tiempo de la celebración del contrato, la existencia de la condición general controvertida y que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En el caso de las denominadas cláusulas suelo, salvo prueba en contrario, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o por los contratantes suele satisfacer ambos aspectos, puesto que su claridad semántica no ofrece duda. En la práctica solamente no superarían el control de inclusión cuando se considere probado que el adherente no pudo tener conocimiento de su existencia porque no se incluyó en la escritura pública, sino en un documento privado anexo que no se le entregó, o porque el notario no leyó la escritura, supuesto no concurrente en el presente caso. Respecto del control de transparencia material, la claridad de la redacción de la cláusula incluida en la escritura y su comprensibilidad gramatical no es suficiente por sí sola para cumplir con las exigencias del control de transparencia, que requiere de una adecuada información precontractual. En el presente caso el consumidor tuvo una información adecuada sobre la existencia y trascendencia del "suelo" con antelación suficiente a concertar el contrato. Se desestima su recurso.
