Resumen: Las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario sin modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del mismo y sin posibilidad real de que el consumidor evite su aplicación mediante una conducta diligente de reparación, son abusivas, porque no respetan los estándares mínimos que ha fijado el TJUE. El préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). No puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria o extremadamente dificultosa, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato, lo que expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. Para evitar estas consecuencias, el TJUE ha admitido que la cláusula abusiva se sustituya por la disposición legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado. En el presente caso la cláusula controvertida no supera los estándares establecidos al no modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía. Interés de demora: son abusivos los que supongan un incremento de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. Se desestima el recurso de casación formulado por el banco contra la sentencia que había declarado la abusividad de ambas cláusulas.
Resumen: Vencimiento anticipado. Las cláusulas de los contratos celebrados con consumidores no están sujetas a la Directiva 93/13/CEE cuando la cláusula contractual refleje una disposición legal o reglamentaria y esta disposición sea imperativa. En este caso, a la fecha del contrato litigioso, el art. 693.2 LEC era una disposición normativa de naturaleza dispositiva, porque permitía, que no imponía u obligaba a las partes, pactar cláusulas de vencimiento anticipado, para el supuesto de falta de pago de alguno de los plazos y siempre que se inscribieran en el Registro de la Propiedad. En estos casos los tribunales deben valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado: esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia. En el caso, es una condición predispuesta que desequilibra gravemente, en perjuicio del consumidor, la posición jurídica que, en ausencia de la cláusula, le permitiría resistir eficazmente la pretensión de reclamar la totalidad de lo adeudado, al exigirse un incumplimiento grave o esencial. La cláusula controvertida no supera tales estándares: no modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación.
Resumen: No cabe desistir del recurso de casación después de que ha sido deliberado, votado y fallado, ya que está resuelto aunque todavía no se haya documentado por escrito la sentencia. Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: se plantea un tema de valoración jurídica -y no probatorio- ajeno a su ámbito. Hipoteca multidivisa: no es un instrumento financiero regulado por la LMV (doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y adaptación a ella de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo). El deber de información en los servicios de inversión: la normativa no establece en caso de incumplimiento la nulidad del contrato, sino sanciones administrativas. Derecho a una vivienda digna: no puede examinarse al margen de las nomas ordinarias aplicables. Cláusulas abusivas en contratos con consumidores: relevancia de la información precontractual para el control de transparencia en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo; aplicación en el ámbito de las hipotecas en divisas (especial riesgo de este tipo de préstamo). Plus de información sobre las condiciones generales relativas a elementos esenciales del contrato. En el caso: no hubo la información precontractual necesaria sobre el riesgo principal de este tipo de hipoteca en divisas. Nulidad parcial: la nulidad total supondría un perjuicio añadido al consumidor; sustitución de la cláusula abusiva por un régimen contractual previsto en el contrato.
Resumen: La sala desestima un recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que no había acogido una pretensión de nulidad de cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario. La sentencia recurrida valora la circunstancia excepcional de la intervención del padre, fiador de la operación, en el proceso de contratación, tanto para la concesión del préstamo, pues el prestatario en el momento de la contratación carecía de ingresos regulares, como por el hecho de haber ocupado el cargo de subdirector de la oficina, que era el encargado de informar sobre las características del producto. La sala confirma la sentencia recurrida ya que no se opone a la jurisprudencia de la sala en la materia. El control de transparencia pretende que el prestatario tenga un conocimiento cabal y completo del precio y las condiciones esenciales del contrato, de forma que disponga de plena capacidad de elección entre las diferentes ofertas existentes en el mercado. En el caso, la intervención del padre fue decisiva, no solo por su condición de fiador sino porque el deudor carecía de nómina en el momento de la firma y, también, por el hecho de haber ocupado, no cualquier trabajo en el banco, sino el puesto de subdirector, que era el encargado de explicar las características del contrato incluida la cláusula suelo, que el banco llevaba años utilizando. Además, en la publicidad de la modalidad de hipoteca comercializada (hipoteca net) se detallaba en negrita los límites de variación mínimo y máximo.
Resumen: El esposo demandante reclamaba el reconocimiento a favor de la sociedad de gananciales de un crédito por el importe de los gastos derivados de las obras de acondicionamiento de la vivienda familiar, propiedad de los padres de su exmujer. En ambas instancias se estimó la demanda. El comodato inicial se convirtió en precario cuando se rompio la unidad familiar, pero las obras se hicieron a vista, ciencia y paciencia de los demandados, y que por ello el demandante, que pagó las obras, tenía derecho a lo solicitado. Casación: discusión sobre si la posesión de la vivienda fue a título de comodato hasta la ruptura y de precario después (tesis de la Audiencia) o no, que es una discusión irrelevante atendiendo a la razón decisoria de la sentencia recurrida pues lo relevante es que las obras fueron hechas con la aceptación de los demandados y que dichas obras incrementaron el valor de su propiedad. En consecuencia, al concurrir posesión de buena fe y consentimiento del titular, la única alternativa del dueño sería, conforme a lo dispuesto en el art. 361 CC, hacer suya la obra pagando su importe o reclamar a la sociedad de gananciales que haga suya la propiedad pagando el valor del terreno y de la construcción preexistente. En este caso no es aplicable el art. 1750 CC y su jurisprudencia, dado que la posesión es de buena fe aunque no sea a título de dueño, y las obras fueron consentidas por la propiedad.
Resumen: Demanda en la que una asociación de consumidores ejercita una acción colectiva de cesación en la que solicita que se declare contraria a derecho una comisión por reclamación de posiciones deudoras. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y fue confirmada en apelación. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la entidad bancaria y la sala estima parcialmente el segundo de los recursos. En primer lugar, declara que la asociación de consumidores está legitimada activamente en el presente pleito pues la acción colectiva no se ejercita para la protección de intereses difusos, sino que pretende la defensa de consumidores perfectamente identificados, por esta razón, no se exige el requisito de la representatividad previsto en el art. 11 LEC. En segundo lugar, considera que la Audiencia no resolvió una de las pretensiones del recurso (la relativa a que la comisión tenía el carácter de cláusula penal preliquidadada); por ello, estima en este punto el recurso extraordinario por infracción procesal y resuelve en casación sobre esta pretensión. La casación se desestima, pues la sala considera que la comisión no reúne los requisitos exigidos por la normativa bancaria puesto que vendría, sin más, a sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto (ya que la cláusula permite su reiteración, se plantea como reclamación automática y no precisa las gestiones a realizar para el cobro). Se confirma la abusividad.
Resumen: Demanda solicitando la nulidad de varios contratos financieros por error derivado de la falta de información proporcionada por la entidad bancaria, así como la nulidad de varios contratos de préstamo concertados para financiar las correspondientes contrataciones. El Juzgado y la Audiencia estiman la demanda respecto de varios contratos, pero la desestiman respecto de otros por entender, en un caso, que la acción se había interpuesto pasado el plazo de 4 años del ar. 1301 CC y, en otro, que es el que interesa efectos del presente recurso, que el contrato fue válidamente confirmado. En el recurso de casación se plantea si la acción de nulidad por error vicio del consentimiento en la contratación de un producto financiero quedó extinguida por haber sido confirmado el contrato tácitamente por el cliente al ejercer los derechos de suscripción preferente. La sala, tras definir lo que entiende por confirmación y su forma expresa y tácita, estima que, en el presente caso, el recurrente recibió las acciones del banco como consecuencia de la liquidación del contrato que se impugna, por lo que al menos en ese momento ya cesó el error que pudo padecer al contratar el producto litigioso precisamente porque fruto del contrato que impugna devino accionista, pudo concurrir a la ampliación de capital mediante el ejercicio de los derechos de suscripción preferente, de lo que infiere que hubo confirmación tácita del contrato y su acción de impugnación no puede prosperar.
Resumen: La infracción de las normas que establecen los deberes de información de las entidades bancarias no determina la nulidad radical de los contratos que estas celebren, sino sanciones administrativas. Esta doctrina es aplicable también al incumplimiento de obligaciones distintas de la mera obligación de información al cliente. En caso de incumplimiento del deber de evaluar, en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, qué le era más favorable, lo relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación, en atención a los intereses del cliente minorista, como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de sus riesgos. En el caso, son datos muy relevantes la elevada cuantía de las inversiones y que los contratos se hicieron con apalancamiento. Está probado que los demandantes eran conscientes de que se trataba de contratos de naturaleza aleatoria en los que existía el riesgo de pérdidas importantes. El hecho de que una inversión sea desfavorable no convierte el producto financiero en inadecuado ni presupone el error en el consentimiento, al haber consciencia de qué se estaba contratando y qué riesgos se asumían. No hay incumplimiento del banco que haya generado un daño indemnizable. El principio de intangibilidad de las sentencias afecta a los pronunciamientos que contienen, pero no impide que el auto de complemento añada nuevos razonamientos. Se desestiman los recursos
Resumen: Contratación de un derivado implícito en un contrato de préstamo hipotecario, para calcular el interés aplicable. En cuanto el derivado implícito sea parte inescindible e inseparable del contrato de préstamo, como es el caso, el incumplimiento de los deberes de información no puede justificar, como se pretende, la nulidad parcial del contrato por error vicio, sino, en su caso, la de todo el contrato. En la medida en que el interés del préstamo pactado, elemento esencial del contrato, debía fijarse de acuerdo con el derivado implícito y este formaba parte inescindible del préstamo, el error en cuanto a sus riesgos, que repercutiría sobre el "precio" del préstamo, en cuanto fuera relevante, además de excusable, podría dar lugar a la nulidad de la totalidad del contrato, pero no a la nulidad parcial, mediante la supresión del derivado implícito y la integración del contrato mediante la inclusión de un interés variable referenciado al Euribor sin diferencial. Aunque el incumplimiento de los deberes de información respecto del derivado implícito podría tener incidencia en la apreciación del error vicio, la nulidad por este vicio del consentimiento debía en su caso afectar a la totalidad del contrato y no sólo a la cláusula que contiene un derivado implícito. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Préstamo hipotecario para financiar la compra de local para que el prestatario ejerciera su profesión (fisioterapeuta). El prestatario pidió la nulidad de la cláusula suelo inserta en el contrato. Estimada la demanda en primera instancia y apelada por la prestamista, la Audiencia rechazó su recurso al entender, en lo que interesa en casación, que el prestatario era consumidor y que la cláusula era nula por falta de transparencia. Según normativa aplicable al contrato, consumidor era quien era destinatario final de los bienes o servicios. Según normativa en vigor, quienes actúen en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Este mismo concepto de consumidor -que atiende al ámbito objetivo de la operación y no al destino final de los bienes o servicios, ni a la personalidad del contratante- es el que utiliza el TJUE, y también la jurisprudencia del TS. En este caso consta probado que el prestatario obtuvo el préstamo en el ámbito empresarial y como medio para desempeñar una actividad profesional puesto que financió la adquisición de un local comercial y el fondo de comercio del negocio previamente allí establecido, para desempeñar su profesión de fisioterapeuta. Por tanto no era consumidor, siendo doctrina reiterada la que afirma que no son procedentes los controles de transparencia y abusividad en contratos con condiciones generales de la contratación en que el adherente no es consumidor
