Resumen: En el procedimiento de nulidad del contrato por el carácter usurario de los intereses se acordó que la demandada abone los intereses abonados por la actora y que la actora abone el capital que adeudara por lo tanto en este caso quedaría acreditado que la deuda no solo no es líquida sino que proviene de un título que ha sido declarado nulo por lo tanto, ha de calificarse como indebida la inclusión en el Registro de la apelante al no respetar las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos personales. para determinar la indemnización, debe tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que sólo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos, así como el tiempo de permanencia.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de condiciones generales por abusivas. El tribunal de apelación desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia recurrida. La cuestión controvertida es la condición de consumidor de los demandantes. Expone el tribunal los criterios jurisprudenciales establecidos para valorar cuando concurre la condición de consumidor. Considera el tribunal que la condición de los deudores principales como administradores de una sociedad no obsta para que puedan realizar, como particulares, actos de consumo no vinculados a actividad empresarial, profesional o comercial, y la hipotecante no deudora no tiene vínculo empresarial alguno, sin que en la escritura de constitución de hipoteca se haga mención a financiación de operación empresarial.
Resumen: Se niega la cualidad de precaristas, alegando la apelante, que su pareja, arrendatario de la vivienda, contrató los suministros y se empadronaron y estos hechos no pueden hacerse sin consentimiento de la propiedad, si bien, se alega contrato y también consentimiento y no ha quedado acreditado la existencia de título que justifique la ocupación y si se les permitió el uso por mera tolerancia, el propietario puede solicitar la devolución del bien. Respecto de la solicitud de nulidad de actuaciones, ya que habiendo solicitado la celebración de vista, no se señaló, privándole de su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, el Tribunal señala que la infracción de normas o garantías procesales que puede alegarse en el recurso de apelación, precisa que se citen las normas infringidas, alegar la indefensión sufrida y acreditar que no pudo denunciar la infracción en Primera Instancia y en este caso, aunque la infracción procedimental existe, pues es suficiente que una de las partes pida la celebración de vista para que tenga que señalarse, respecto de la indefensión, debe acreditarse que las pruebas que quería practicar y los hechos que no pudieron acreditar y en este caso la prueba de interrogatorio no es útil para probar el título que justifica la ocupación y de la testifical no se ofrecen datos que hagan considerar la incidencia en el resultado y, por tanto, no cabe apreciar el motivo.
Resumen: La referencia al momento de la celebración del contrato no es determinante de que el mismo no pueda ser usurario como consecuencia de ulteriores modificaciones de su contenido. Cuando el contrato se convierte en nulo con nulidad radical e insubsanable dejando de ser eficaz y de producir sus efectos en ese momento, pues es en este momento cuando con la novación se vulnera la Ley de Represión de la Usura; de forma que el prestatario queda obligado a reintegrar desde dicha fecha solo la suma recibida
Resumen: Se ejercita acción de desahucio por precario de vivienda. Estimada la demanda recurre el demandado, alegando la inadecuación del procedimiento y que la sentencia es nula, pues no se trata de ocupas ni precaristas, sino que el mismo reside en la vivienda con su familia desde el 2004 en virtud de título de compraventa y fue parte demandada en el procedimiento de ejecución en la que fue subastada y adjudicada la vivienda. La Sala indica que al margen de que la acción ejercitada prospere o no, el procedimiento es adecuado, por lo cual, tampoco la sentencia resolviendo la "litis", debidamente motivada, puede ser considerada nula. En cuanto al fondo del asunto en el procedimiento de ejecución hipotecaria se dictó decreto de adjudicación de la vivienda a favor de una entidad a quien el acreedor hipotecario había cedido el remate, y que a su vez la transmitió a otra sociedad por ampliación de capital social. La Sala considera por todo ello que no cabe reconocer a la demandante la condición de tercero adquirente de buena fe desconocedor desvinculado de las vicisitudes procesales del procedimiento de ejecución hipotecaria y de la situación posesoria del inmueble. Por ello entiende que para estos supuestos el lanzamiento debe ser instado en el procedimiento de ejecución hipotecaria y que la ocupante, ejecutada en dicho procedimiento, mientras que no sea lanzada tiene título bastante para continuar utilizando el inmueble, sin que sea procedente acudir la juicio de desahucio por precario.
Resumen: Demanda interpuesta por una mercantil en la que solicitó que se declarase la no incorporación y nulidad de la cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés y se condenara a la entidad prestamista a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, al considerar que la cláusula no superaba el control de incorporación y la Audiencia la confirmó. Recurre en casación la entidad bancaria y la sala estima el recurso. Declara la sala que, en este caso, la cláusula está contenida en la escritura pública, fue leída por el notario y no tiene dificultad alguna de comprensión; al contrario, explica de forma meridiana que, como consecuencia de su inclusión, el interés pactado no podrá bajar del suelo ni superar el techo; otra cosa es que el administrador social de la compañía mercantil prestataria pudiera ser más o menos consciente de su carga jurídica y económica, pero eso es control de transparencia, no de inclusión, y no cabe en un contrato entre profesionales. En consecuencia, desde el punto de vista de la cognoscibilidad, la sala no comparte la conclusión de la sentencia recurrida, puesto que la demandante tuvo posibilidad real y efectiva, con un mínimo de diligencia, de conocer la existencia de la cláusula suelo. Se estima la apelación y, en consecuencia, se desestima la demanda.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que desestima la demanda interpuesta en solicitud de que se declarara la nulidad por abusiva de la cláusula sobre gastos contenida en la de compraventa con subrogación suscrita entre las partes. Argumenta la Sala en síntesis que la Juzgadora de instancia acierta al apreciar falta de legitimación pasiva a la entidad financiera demandada, ya que en la propia escritura el pacto de subrogación se contempla como un acuerdo entre la parte vendedora y compradora y como una forma de pago por el comprador de parte del precio pactado, sin constancia ninguna de que la entidad demandada hubiera sido parte o intervenido en dicho contrato sino que se limitó a autorizar con carácter previo a la formalización de la compraventa el cambio o la sustitución del nuevo deudor en lugar del anterior a los meros efectos liberatorios del artículo 1205 del Código Civil y sin que se llevara a cabo ninguna novación objetiva del préstamo preexistente. No se trata tampoco de una estipulación, la impugnada, que estuviera prevista o provocada por otra que de antemano hubiera sido establecida por la entidad financiera en el préstamo original en el que se subrogó la compradora demandante.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó en parte la demanda presentada para solicitar declaración de ineficacia de contrato de tratamiento dental y de contrato de préstamo vinculado, declarando resueltos ambos contratos y condenando a indemnizar por la diferencia entre lo pagado por el demandante y lo realizado correctamente, más intereses legales. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. El tribunal comparte la valoración probatoria recogida en la sentencia recurrida sobre mala praxis y declara resuelto el contrato de prestación de servicio solicitado (asistencia dental) y la consiguiente ineficacia del contrato de préstamo por estar vinculado al anterior. Expone el tribunal el régimen jurídico aplicable y jurisprudencia que lo interpreta.
Resumen: Estima el recurso y revoca la sentencia apelada, declarando no haber lugar al desahucio planteado por la parte actora al presumir que no existe una situación de precario. Para ello parte del principio de que cuando se tiene el uso de una cosa ajena rige la presunción de onerosidad y bilateralidad, pues no es normal ni lógico que determinados bienes inmuebles susceptibles de producir un determinado rendimiento económico permanezcan ociosos salvo que concurra una causa del altruismo suficiente, como relación de amistad íntima, parentesco o alguna otra, en cuyo caso el principio de normalidad, la lógica y la experiencia indican que la posesión es debida a una mera liberalidad del propietario de forma que aquella presunción se invierte, siendo de gratuidad y no de onerosidad. Entiende que no se puede exigir al demandado en precario una prueba concluyente y directa de la existencia de un arriendo o de otra relación jurídica directa que legitime la ocupación del inmueble, bastando una prueba indirecta o indiciaria del mismo. Por ello, presumiéndose la onerosidad en la concesión del disfrute del inmueble, al que afirma el precario queda atribuida la carga procesal de desvirtuarla demostrando la ausencia de título o falta de contraprestación, sino que deberán quedar demostradas las causas o motivos de la liberalidad que se afirma.
Resumen: Demanda de nulidad de la cláusula suelo contenida en escritura de préstamo hipotecario y de los posteriores acuerdos de novación (supresión de la cláusula suelo y reducción del diferencial que, junto con el índice de referencia, determinaba el interés remuneratorio) y renuncia de acciones, que fue estimada en primera y en segunda instancia. Se estima en parte el recurso de casación de la entidad bancaria. La eliminación de la cláusula suelo y la reducción del diferencial implica que no existe una nueva cláusula suelo sobre la que deban proyectarse las específicas exigencias derivadas del principio de transparencia y que no es exigible la expresión manuscrita de la Ley 1/2013. La estipulación en la que se suprime la cláusula suelo y se reduce el diferencial para el resto de la duración del préstamo supera el control de transparencia, pues un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede comprender las consecuencias jurídicas y económicas determinantes que para él se derivan de esa novación. Sin embargo, la renuncia de acciones no se considera válida, pues no se limita a las acciones relacionadas con la cláusula suelo, sino que se extiende a cualquier acción referida al préstamo hipotecario objeto de la novación. Estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula suelo, procede mantener la condena en costas en primera instancia, en aplicación de la doctrina contenida en la sentencia del TJUE.
