Resumen: Es evidente que la comisión por posiciones deudoras no es un elemento esencial del contrato lo que permite analizar su posible abusvidad por la desproporción de los derechos y obligaciones que genera a las partes del contrato. Para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente. Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio. En el presente caso, la comisión se genera sin que existan gestiones efectivas realizadas pues basta con el mero impago de una cuota para, a partir de tal momento, aplicar la comisión sin tener que realizar ninguna otras gestión real y efectiva a fin de obtener el cobro. No discrimina períodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de la comisión. Y, lo más importante, no identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo. En cuanto a la redacción de la cláusula de fianza transmite todo el conocimiento de la carga jurídica y económica que implica la asunción de la condición de fiador.
Resumen: Los consumidores demandantes suscribieron en escritura pública un contrato de compraventa de inmueble con entidad promotora, con subrogación de los adquirentes en el préstamo hipotecario que los gravaba, pactando además una ampliación y modificación del préstamo. En la demanda se interesa la declaración de nulidad, por abusiva, de la cláusula sobre gastos derivados de la constitución del préstamo. La entidad financiera alega la improcedencia de la declaración de nulidad por considerar que el préstamo ya estaba inscrito. La cláusula examinada no viene referida exclusivamente a los gastos de la compraventa y no discrimina entre éstos y los gastos inherentes a la subrogación y novación del préstamo hipotecario, sino que se refiere tanto a unos como a otros. El TS dice, si la cláusula de gastos cuestionada se insertó en un contrato de compraventa con cláusula de subrogación en el préstamo hipotecario, en el que no intervino la entidad prestataria, ésta carece de legitimación pasiva para soportar la acción de nulidad de dicha cláusula. Lo mismo sucede en el caso de que la prestataria intervenga en el otorgamiento de la escritura a los solos efectos de consentir la novación por cambio de deudor sin convenir ningún otro cambio objetivo en las condiciones pactadas. Si se formaliza una novación modificativa del contrato, con modificación del plazo de amortización, de la garantía hipotecaria, o de otras condiciones financieras, la cuestión cambia, y esto es lo sucedido en este caso.
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito en febrero de 2.016 por usurario, contiene interés del 26,82 TAE, cuanto el tipo medio para tarjetas revolving en esta fecha era del 20,96%. El TS fija los criterios a tener en cuenta para declarar un contrato de tarjeta como usurario, el término comparativo que ha de utilizare como indicativo es del "normal del dinero", interés medio correspondiente a una categoría determinada. En caso de las tarjetas revolving ha de acudirse al tipo medio de tales operaciones, no al tipo medio de las operaciones de crédito al consumo; el tipo medio de la operaciones revolving es de por sí muy elevado. En este tipo de operaciones, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, el prestatario puede convertirse en un deudor cautivo, máxime cuando los intereses y las comisiones se capitalizan para devengar el interés remuneratorio. Esta sentencia no resuelve del todo el problema, no delimita donde está la frontera de la usura, no fija un criterio objetivo para saber en qué casos el interés de las tarjetas es notablemente superior al interés normal del dinero y resulta desproporcionado. Esta Audiencia adoptó en Pleno el acuerdo de fijar el interés medio en el 15% al tiempo de la celebración del contrato. Así, el interés del 26,82 % que contiene este contrato debe considerarse usurario. En cuanto a la existencia de dos contratos, no se acredita esta cuestión, siendo una cuestión nueva.
Resumen: La sentencia de instancia declara la nulidad por usurario del contrato de tarjeta MasterCard Classic suscrito en diciembre de 2.003 que fija unos intereses remuneratorios del 23,4% (26,36 % TAE), con imposición de costas al demandado, siendo esta la única cuestión recurrida. Alegan que, aunque hubo un requerimiento previo, llegó al servicio de atención al cliente que no se encarga de estas cuestiones, en pleno estado de alarma, y que no se determinaban los intereses reclamados. Se trata de un contrato de crédito revolving mediante uso de tarjeta formalizado con Wizing Bank SA, la referencia al interés normal del dinero que ha de utilizarse para determinar si es usuario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada publicado por el BE. El TS indica que un tipo del 20% es ya muy elevado, por tanto, el de este contrato supera en gran medida el índice tomado como referencia. Además, esta Audiencia viene entendiendo que un interés del quince por ciento es ya muy elevado y notablemente superior al interés normal del dinero. La demandada no contestó al requerimiento extrajudicial, aunque se allanó a la demanda transcurrido el plazo de contestación. Con la doctrina dictada por el TS no se podían tener dudas de derecho, este es el motivo por el que la demandada se allanaba. La imposición de costas es correcta, debiéndose desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida. Con imposición de costas de la apelación al recurrente.
Resumen: Nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca. El pago por el prestatario de los gastos indebidos es el dies a quo del plazo de prescripción si atendemos a la naturaleza de la acción ejercitada que tiene por objeto la condena de la entidad prestamista a restituir la totalidad o parte de los gastos que el prestatario indebidamente abonó a un tercero (Notario, Registro de la Propiedad y Gestoría) en el momento de la formalización del préstamo cuando era la entidad prestamista a quien correspondía su pago.
Resumen: El conocimiento sobre lo que debe entenderse "interés normal del dinero" nos lo pueden facilitar las estadísticas publicadas por el Banco de España. En el presente caso, el contrato se suscribió en agosto de 2016, fecha en la que los Boletines Estadísticos del Banco de España ya publicaban información sobre el tipo medio aplicable a las tarjetas de crédito de pago aplazado. La consecuencia es que la referencia que debe tomarse para efectuar la comparación no puede ser el tipo de interés propio del crédito al consumo, sino el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España. El tipo de interés remuneratorio pactado en el contrato objeto de esta litis (26,70% TAE) es sensiblemente superior a ese tipo medio aplicado, por lo que el pactado en nuestro caso resulta notablemente superior al interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad del contrato de tarjeta por usurario. El tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia recurrida. El tribunal toma como referencia la jurisprudencia establecida al respecto, pero al no existir publicación de datos sobre el tipo de interés en tarjetas "revolving" el año en el que se suscribió el contrato, aplica el criterio del duplo del tipo de referencia para préstamos a consumidores, apreciando un claro exceso que da lugar a la calificación del préstamo como usurario.
Resumen: Demanda de desahucio por precario en la que solicitaba se dictara sentencia por la que se condenara a los demandados "a dejar libre, expedita y a disposición de la actora la finca objeto del proceso, con apercibimiento de lanzamiento si no lo desalojase el inmueble y con expresa imposición de costas". El juzgado de primera instancia estimó la demanda. El demandado recurrió la sentencia, y la Audiencia desestimó la apelación. Argumentó que había quedado acreditado que la parte actora era propietaria de la vivienda y que el demandado la ocupaba sin pagar merced alguna y sin título que legitimara su posesión y que el procedimiento de desahucio por precario era el adecuado al caso, siendo indiferente que se haya ocupado con anterioridad por el demandado la casa en virtud de un contrato de compraventa, si la misma se resolvió, perdiendo la titularidad de la casa mediante un procedimiento de ejecución hipotecaria. Interpuesto recurso de casación por jurisprudencia contradictoria de Audiencias sobre la aplicación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, la demandada se opuso al recurso, alegando como óbice de admisibilidad que el recurso se basaba en una cuestión nueva no debatida en las instancias. La sala estima que el recurso se basa en un planteamiento novedoso mientras que el recurso de apelación se centró en la concurrencia o no de los presupuestos de prosperabilidad de la acción por precario y además se altera la base fáctica lo que determina la desestimación del recurso.
Resumen: Parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución por el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de obligaciones accesorias, debe ser reputada abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves, lo que se extiende a la consecuencia anudada de sobreseer la presente ejecución al haberse fundamentado la misma en su aplicación.
Resumen: La sentencia estima la demanda que declara usurario el interés pactado en el contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes, y condena a la entidad bancaria a devolver al actor todas las cantidades abonadas en concepto de intereses que pudieran exceder del interés pactado. Resulta incontrovertido que estamos ante un contrato de tarjeta de crédito revolving con un interés pactado del 19,84% que pasó a ser del 25,64% a partir del 1 de abril de 2.012. Este interés ha de ser comparado, para determinar si es usurario, con el tipo medio aplicado por el resto de las entidades financieras al mismo producto crediticio, nunca con el interés legal del dinero ni con el de otros productos diferentes. La media de los citados tipos de interés de una tarjeta de crédito revolving a partir del año 2010 ha oscilado entre un 19,23 % y un 21,17 % frente al 19,84% y 25,64% aplicados por la demandada, y por ello, no es un interés manifiestamente desproporcionado. Tampoco acredita el actor que el crédito fue aceptado bajo la existencia de una situación angustiosa, inexperiencia o lo limitado de sus facultades mentales, como exige el precepto infringido, carga de la prueba que también recaía en él. En el caso de las tarjetas revolving ha de acudirse al tipo medio de tales operaciones, aunque no existían en la fecha del contrato, por lo que ha de compararse con el de las operaciones de crédito al consumo, entre el 9,38 y 7,88% en la fecha del contrato. El contrato analizado es usurario.
