• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 4929/2017
  • Fecha: 09/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El concepto de consumidor debe interpretarse en relación con la posición de la persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona. Al no tener los prestatarios la condición de consumidores, pues los préstamos se destinaron a financiar la compra del local en el que desarrollar el negocio de farmacia, no cabe el control de abusividad, sino únicamente del de incorporación. A diferencia de los controles de transparencia y abusividad, reservados a los contratos celebrados con consumidores, el control de incorporación o de inclusión es aplicable a cualquier contrato en que se utilicen condiciones generales. Se trata de un control de cognoscibilidad que requiere que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y que la misma tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal. En el caso de las cláusulas suelo, en principio y salvo prueba en contrario, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o, en su caso, por los contratantes suele satisfacer ambos aspectos, puesto que su claridad semántica no ofrece duda. En el presente caso (subrogación en un préstamo anterior, con novación de algunas condiciones) no consta la inclusión, aún por mera referencia al préstamo inicial, de la cláusula suelo. Se estima el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 5108/2017
  • Fecha: 09/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo en préstamo hipotecario con restitución de cantidades cobradas en exceso. El banco se allanó y la sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, estimó la demanda pero sin condenar al banco al pago de las costas porque consideró que no concurría mala fe dado el corto tiempo transcurrido entre el requerimiento extrajudicial y la demanda. Inexistente error en la valoración probatoria del documento consistente en la carta que envió el abogado del demandante al banco reclamando la anulación de la cláusula y la devolución de lo indebidamente cobrado. Cosa distinta a la valoración probatoria son las consecuencias jurídicas que cabe extraer de esos hechos en orden a imponer las costas al banco. El requerimiento previo que indica el art. 395 LEC debe ser apto para evitar el litigio, para obtener una satisfacción previa al proceso. Un requerimiento efectuado en representación de veintiséis prestatarios con un término para respuesta de dos días, siendo presentada la demanda a los seis días, no resulta idóneo para justificar la imposición de costas a la entidad allanada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG
  • Nº Recurso: 3564/2018
  • Fecha: 08/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo por falta de transparencia inserta en contrato de préstamo con garantía hipotecaria con reintegro de las cantidades percibidas a consecuencia de su aplicación desde la suscripción del préstamo hipotecario. En primera instancia se estimó la demanda y se declaró la nulidad, por tener carácter de abusivo por falta de transparencia, con imposición de costas a la parte demandada. Recurrida en apelación por la demandada se estimó parcialmente su recurso y se revocó la sentencia de primera instancia en el particular relativo a las costas causadas en la instancia que no se impusieron. En el recurso de casación de la demandante se cuestiona la exoneración de las costas que se hace a la demandada que ha visto rechazadas todas sus pretensiones negando que el asunto presentara serias dudas de derecho en relación con los efectos de la declaración de nulidad. La sala estima el recurso. Analiza la imposición de costas en procesos seguidos con consumidores y la inoponibilidad de la excepción de las serias dudas de derecho siguiendo lo dispuesto en SSTS de pleno 419/2017, de 4 de julio, 472/2020, de 17 de septiembre, 27/2021, de 27 de enero, 31/2021, de 26 de enero y 40/2021 de 2 de febrero y concluye que la excepción a la regla general del vencimiento en la imposición de las costas de primera instancia, basada en la existencia de serias dudas de derecho no es aplicable en este tipo de litigios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2757/2018
  • Fecha: 03/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ejercicio de una acción de repetición por el coavalista de un préstamo participativo impagado y reconvención en la que se solicita la nulidad del aval por vicios del consentimiento y dolo. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y estimó la reconvención. La audiencia revocó la sentencia, estimó la demanda y desestimó la reconvención. Recurre en casación la demandada y la sala estima parcialmente el recurso. Aplicada a la base fáctica de la litis fijada en la instancia la jurisprudencia sobre el dolo omisivo en el consentimiento contractual,la sala concluye que concurre aquel (se aprecia, entre otras circunstancias, que el demandado fue apartado de la gestión de la sociedad prestataria, que las cuentas que facilitaron los demandantes para obtener el préstamo participativo estaban distorsionadas y que este se utilizó para fines distintos de los previstos). Por otro lado, recuerda que el dolo, para que afecte al negocio, debe provenir de quien sea parte en él y que en el contrato de fianza del que se deriva un derecho de garantía a favor del prestamista no es parte la sociedad cofiadora demandante ejecutante del dolo. Si afecta el dolo a la relación entre cofiadores por lo que procede la desestimación de la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 1105/2020
  • Fecha: 01/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se instaba la resolución de contrato de arrendamiento por falta de pago de las rentas, el desahucio de la finca y el abono de las rentas adeudadas. La demanda se interpone por la SAREB, que se había adjudicado la finca arrendada en un procedimiento de ejecución hipotecaria. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que, al no estar inscrito en el Registro, el arrendamiento se había extinguido al ejecutarse la hipoteca que gravaba la finca pasando los antiguos arrendatarios a la situación de precaristas. La audiencia revocó la sentencia y estimó la demanda. Recurren en casación los arrendatarios demandados y la sala estima su recurso. La sala reitera la doctrina según la cual, una vez ejecutada la finca cuyo arrendamiento no estaba inscrito, este se extingue ipso iure y los inquilinos pasan a la situación de precario. En cuanto a la reclamación de las rentas debidas, la sala considera que no procede, pues ante el impago de la renta arrendaticia iniciado con el cambio de propietario por la adjudicación de la finca en ejecución hipotecaria y el aquietamiento durante un periodo de más de dos años y medio del nuevo propietario sin instar el desahucio ni reclamar las rentas atrasadas, se pretenda que reviva una relación arrendaticia que feneció automáticamente por ministerio de la ley al consumarse la enajenación forzosa de la finca. Se estima el recurso y se mantiene únicamente la obligación de desalojo de la vivienda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 2218/2018
  • Fecha: 25/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sala estima el recurso de casación frente a una sentencia que reconoció el impago de unas obras y servicios en el marco de una relación empresarial y condenó a la demandada a pagar a la actora el principal, más los intereses de demora de la Ley 3/2004, con los intereses legales del art. 576 LEC, pero rechazó la aplicación de los intereses legales del art. 1109 CC a los intereses moratorios de la Ley 3/2004. La Audiencia entendió que esos intereses moratorios especiales no estaban liquidados al momento de interponerse la demanda, ni se podían determinar, y porque a estos intereses moratorios especiales, en la medida en que establecen un régimen específico de lucha contra la morosidad con unos intereses legales más altos, no se les aplican los intereses derivados del anatocismo. La sala confirma el carácter líquido de los intereses de demora, en contra del criterio de la Audiencia asentado en el tradicional principio "in illiquidis non fit mora". Para ello atiende al canon de la razonabilidad en la oposición y a la concreción del dies a quo de su devengo, parámetros que en el caso concurren al ser cierta la deuda, no apreciarse razonabilidad en la oposición de la demandada y ser fácilmente liquidable lo adeudado. Por otro lado, el carácter de norma especial de la Ley 3/2004, no resulta incompatible con la aplicación del art. 1109 CC, en atención a su propia finalidad y ante la ausencia de una previsión expresa en contra.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 3779/2017
  • Fecha: 23/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad del clausulado del préstamo referido a las divisas, por error vicio y por su carácter abusivo y por falta de transparencia; se realizan peticiones subsidiarias a aquellas. En primera instancia se declaró nulidad de tales cláusulas por error vicio en el consentimiento. Apelada por el banco, la Audiencia estimó el recurso por considerar que no concurrió error vicio y entró a resolver sobre el resto de los motivos alegados y desestimó la nulidad por abusividad de las cláusulas relativas a las divisas. También desestimó el resto de pretensiones formuladas con carácter subsidiario. Recurrida en casación por los demandantes, la sala rechaza las infracciones de la Ley del Mercado de Valores toda vez que conforme a las SSTS 608/2017 de 15 de noviembre, 439/2019 de 17 de julio y 486/2020 de 22 de septiembre el préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por dicha ley. Estima que las cláusulas relativas a las divisas en el contrato de préstamo hipotecario celebrado por las partes son condiciones generales de la contratación según STS 599/2018 de 31 de octubre, no eran transparentes y que el banco no ofreció la información precontractual suficiente y adecuada sobre la naturaleza y riesgos del producto comercializado. Cita STS 486/2020 de 22 de septiembre.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Barcelona
  • Ponente: FERNANDO UTRILLAS CARBONELL
  • Nº Recurso: 1194/2019
  • Fecha: 19/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La ocupación del inmueble no se discute de que carece de título, pero los ocupantes alegan su situación de vulnerabilidad y el derecho a negociar un alquiler social como causa de oposición al desahucio por precario. La sentencia considera que no existe ninguna analogía entre el derecho del propietario que se ha visto privado de su vivienda en el contexto de una ejecución hipotecaria a negociar un alquiler social y la situación de quien ocupa una vivienda sin título alguno. Además, la oferta previa de la posibilidad de un alquiler social no se puede considerar como un requisito de procedibilidad. En todo caso esa obligatoriedad ha sido declarada inconstitucional. Una cosa es el derecho a la vivienda y otra que la situación de vulnerabilidad económica constituya causa de oposición al desahucio por precario. El derecho constitucional a la vivienda está dirigido a la autoridades públicas, no a los arrendadores. La notificación de la situación de precariedad a los organismos de asistencia social produce sus efectos en la fase de ejecución de la sentencia de desahucio.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO RAMON MOYA HURTADO DE MENDOZA
  • Nº Recurso: 750/2020
  • Fecha: 18/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de la entidad financiera demandada, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia recurrida, que declara nula la cláusula de intereses remuneratorios (TAE 21,99%) y condena a la demandada al reintegro de las cantidades que excedan del principal dispuesto, más el interés legal desde la fecha de cada pago, incrementándose en dos puntos desde el dictado de esa sentencia. Recoge la Sala la jurisprudencia reciente sobre la exigencia de control de incorporación en toda clase de contratos y el de transparencia reforzada en los celebrados con consumidores. Comparte el criterio de la instancia y señala que las cláusulas cumplen, en principio, el control de incorporación respecto de su posibilidad de lectura, pero no superan el control de transparencia reforzada. La información precontractual entregada a la parte actora en unidad de acto, en el momento de la firma del contrato -información normalizada europea sobre crédito al consumo-, no justifica su entrega con antelación suficiente, además de no destacarse la modalidad contratada; y la información sobre proporción de pago de amortización de capital y de intereses no puede inferirse de la simple lectura por el contratante consumidor; en definitiva, entiende el Tribunal que no consta que se hubiera facilitado a la actora información clara y suficiente que le permitiera conocer las consecuencias económicas pactadas.
  • Tipo Órgano: Audiencia Provincial
  • Municipio: Ávila
  • Ponente: JAVIER GARCIA ENCINAR
  • Nº Recurso: 24/2021
  • Fecha: 18/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Por el Juzgado de la 1ª instancia se dicta sentencia estimando la acción de desahucio por precario de una vivienda. Recurrida en apelación por la parte demandada, se alega como titulo, por primera vez en el recurso de apelación, la existencia de usucapión adquisitiva extraordinaria por la posesión de mas de 30 años, motivo que es desestimado por el Tribunal al ser una cuestión nueva introducida en el recurso de apelación, pues en primera instancia se había alegado un título hereditario justificativo de su posesión, sobre el cual no se practico prueba alguna, al ser la apelación en nuestro derecho un modelo de segunda instancia limitado o "revisio prioris instantiae", porque Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general "pendente apellatione nihil innovetur".

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.