Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda de desahucio por precario y acuerda el desalojo del inmueble-vivienda- ocupado por la parte demandada. Argumenta la Sala que debe desestimarse la falta de legitimación activa invocada, ya que se ha acredita suficientemente el dominio de la parte actora. Si bien, efectivamente, la nota simple informativa del Registro de la Propiedad, a diferencia de la certificación registral, no hace prueba plena de la titularidad de la finca, tal nota no carece de valor probatorio, y se considera suficiente para acreditar la titularidad dominical de la demandante sobre la vivienda de autos en cuyo favor consta inscrita, y tanto más cuanto dicha titularidad no ha sido desvirtuada de manera ninguna por la parte demandada ni esta ha aportado elemento alguno del que pueda desprenderse que corresponde a terceros. Queda probada la suficiencia del título de la actora para determinar su legitimación activa, tanto más cuanto esta queda reforzada con la aportación con la demanda del recibo del IBI en la que figura la actora como sujeto pasivo del impuesto.
Resumen: La sentencia de apelación confirma la de instancia que estima la demanda de desahucio por precario y condena a los demandados al desalojo de la vivienda que ocupan. Argumenta la Sala que no existe indefensión de la recurrente por falta de emplazamiento puesto que éste se produjo en fecha anterior a la que la recurrente pasó a ocupar la vivienda objeto del procedimiento. La dificultad existente en esta clase de juicios en orden a identificar a los ocupantes, que con frecuencia cambian a lo largo del procedimiento exigen admitir la posibilidad de demandar a personas ignoradas, haciendo referencia sólo a una circunstancia: la de estar ocupando la vivienda. La legitimación pasiva la ostentan todas aquellas que lo ocupen y les afectará la sentencia que se dicte aunque hayan ocupado el inmueble con posterioridad a la fecha del emplazamiento y, por lo tanto, no hayan podido comparecer en el procedimiento por desconocer su existencia. El hecho de que el art. 250.1.2º LEC utilice el término "cedida" no significa que esté introduciendo un requisito que deba existir para la utilización del juicio verbal. El precario comprende no sólo las situaciones en que existió consentimiento del titular de la propiedad, sino cualquier otras en que éste se vea privado de su legítima posesión por cualquier causa y entre estas otras causas está la ocupación por la vía de hecho. El auto de adjudicación y la nota simple registral son títulos suficientes de la propiedad de la actora.
Resumen: Recreativos Irati reclama la suma de 3.900 euros al Sr. Clemente por incumplimiento, cesó su actividad de hostelería sin previo aviso, siendo devuelta la máquina recreativa sin cobrar la recaudación pactada a la empresa. Las partes firmaron un contrato de instalación y explotación de máquinas recreativas, el demandado permitió la instalación de una máquina recreativa en el local que regentaba. A la firma del contrato recibe la cantidad de tres mil euros como anticipo de recaudación, en contraprestación el demandado concede a Recreativos Irati el derecho de exclusiva en la instalación de una máquina de juego por periodo de seis años. Se incluye una cláusula para que el nuevo inquilino mantenga instalada la máquina, con penalización en caso de incumplimiento. La acción que se ejercita es la de cumplimiento de la obligación de devolución del préstamo, no solicitando que se declare el incumplimiento de los otros pactos del contrato, ni la penalización prevista. El préstamo es un contrato real, la entrega de la cosa es uno de los requisitos esenciales, junto con el consentimiento objeto y causa. Es necesario se pruebe la entrega de la cantidad prestada y la inexistencia del pago, lo que incumbe al demandado que está en rebeldía, sin alegar hecho impeditivo o extintivo alguno. En el pacto primero del contrato se establece que el demandado se obliga a devolver la cantidad prestada, "con la parte de recaudación que le corresponde por el reparto 50%", debiendo cumplir el pacto.
Resumen: La circunstancia de que la cláusula no haya llegado a aplicarse por abusiva no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión. Y tampoco se opone a tal abusividad que sean muchas las cuotas de amortización impagadas ya que ello podrá fundar un juicio declarativo en ejercicio de la acción de cumplimiento o de resolución contractual por incumplimiento imputable a la acreditada, cuya sentencia servirá como propio título de ejecución ordinaria.
Resumen: Contrato de préstamo hipotecario con interés remuneratorio del 2,75% durante el primer año, pactándose " expresamente" en la cláusula 3ª bis, que "el tipo de interés ordinario resultante de lo anteriormente pactado no podrá ser nunca inferior al Dos con setenta y cinco por ciento anual". La demandada solicita se declare la nulidad de la cláusula suelo. Las partes suscribieron un acuerdo transaccional de eliminación de la cláusula renunciando expresamente a cualquier reclamación. Este acuerdo podrá reputarse válido si ha sido objeto de negociación individualizada, que deberá acreditarse por el profesional, y no basta con que el consumidor hubiera podido influir en su contenido, sino que es preciso que efectivamente haya influido. Para que pueda apreciarse la existencia de "un consentimiento libre e informado" que permita tener por superado el control de trasparencia, se han de constatar todas sus implicaciones económicas y jurídicas. El acuerdo pre redactado por la entidad demandada, no es lo suficientemente explícito como para concluir que la prestataria conociera con precisión las consecuencias prácticas de su renuncia a entablar reclamaciones extrajudiciales o acciones judiciales por cualquier concepto relativo a la cláusula suelo. La falta de trasparencia apreciada conlleva la nulidad del acuerdo suscrito por las partes, sin que sea posible discriminar entre los distintos pactos que contiene. La transparencia puede declararse de oficio, la sentencia no es incongruente.
Resumen: La actora concertó un contrato de tarjeta de crédito con "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.", denominado "Tarjeta a tu Ritmo". El interés aplicado a los saldos dispuestos era del 25,38% TAE en el año 2004, y posteriormente se viene aplicando un 24,60% TAE. Posteriormente concertó otra tarjeta "Affinity Card", con un interés del 22,42% TAE, y actualmente también del 24,60% TAE. Solicita se declare la nulidad de los contratos por usura; subsidiariamente se anulen las cláusulas abusivas. La sentencia estima la petición subsidiaria. Para que una operación crediticia pueda ser considerada usuraria es necesario que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. El interés a tomar en consideración es la Tasa Anual Equivalente, no el interés nominal pactado, la comparación se hace con el tipo medio del interés en el momento de la celebración del contrato. En el caso de las tarjetas revolving es correcto acudir a las estadísticas que publica el Banco de España para los créditos a través de tarjetas, y no la genérica de crédito al consumo. También se evaluarán otras circunstancias, el público al que suelen ir destinadas; las peculiaridades del crédito revolving; las cuantías de las cuotas en relación a la deuda pendiente; los pagos mensuales. En este caso el interés de los dos contratos ha de considerarse usurario, los contratos han de anularse, la actora deberá devolver la cantidad dispuesta.
Resumen: Se desestima el recurso de uno de los demandados, imponiéndole las costas de la alzada, y se confirma la sentencia recurrida, que estima la demanda y condena a los demandados a abonar solidariamente la suma que se fija, más los intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas de primera instancia. Rechaza la Sala el motivo relativo a la falta de notificación de la cesión del crédito, al carecer tal notificación de carácter constitutivo de la cesión; tampoco es nula la cesión, en aplicación de la jurisprudencia del TJUE que reseña; y no cabe aplicar el art. 1.535 CC, pues cuando se cedió el crédito aun no tenía la condición de litigioso y el retracto, según dicho precepto, sólo cabe si el crédito cedido es litigioso. Entiende la Sala probada la condición de consumidor del apelante y estima que las cláusulas sobre intereses remuneratorios superan el control de transparencia, pues el consumidor puede hacerse fácilmente una idea cabal de las consecuencias económicas y jurídicas que su inclusión le pueda suponer y evaluar el coste total de su crédito. Sobre las cláusulas de comisiones, autorización de cesión y gastos, indica que no determinan el saldo deudor que se reclama y que su abusividad se alega por vía de excepción, siendo criterio de la Sala que, si son cláusulas que no afectan a la determinación de la cantidad exigible, debe reconvenir. La sentencia apelada no impone el interés de demora pactado, sino el legal, y el apelante no ha impugnado este extremo
Resumen: Se solicita la declaración de la nulidad absoluta del contrato de préstamo mutuo suscrito entre los actores y la entidad bancaria prestamista, así como contra la cesionaria del crédito por inexistencia de causa. Desestimada la demanda recurren los actores, alegando que los mismos hicieron una dación en pago de la vivienda, con la consiguiente extinción del préstamo hipotecario, careciendo por tanto de causa el contrato de préstamo mutuo personal celebrado el mismo día de la venta al no adeudar nada del anterior contrato, habiéndolo firmado sin saber que se trataba de un nuevo préstamo y sin que hubiera recibido su importe. Los actores firmaron un contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre una vivienda, que fue abonándose hasta el momento en que no pudieron hacer frente al mismo, razón por la cual procedieron a otorgar escritura pública de compraventa, cuyo precio se destinaba para hacer pago del saldo deudor de la hipoteca mencionada anteriormente. Como no fuese suficiente para extinguir el crédito, se realizó un nuevo contrato de préstamo, cuya nulidad se pretende en este procedimiento, por el resto del importe debido, siendo ello la causa del contrato, al no constar acreditado que se extinguiese la deuda íntegramente con el precio de la vivienda. Existe causa, objeto y consentimiento, por lo que no puede estimarse la nulidad alegada, y en cuanto al consentimiento viciado ello daría en su caso lugar a la anulabilidad, acción no ejercitada y que estaría prescrita.
Resumen: La demanda se interpone contra la entidad financiera "Bankinter Consumer Finance E.F.C. S.A.", con base en el contrato de tarjeta de crédito "Bankintercard Visa Vodafone", solicitando se declare que los intereses remuneratorios impuestos en dicho contrato son usurarios, lo que determina la nulidad del contrato. La sentencia desestima la demanda por entender que el interés del 21,84% de la tarjeta no es notablemente superior al normal del dinero. La Sala entiende que no se diferencian los dos distintos tipos de interés remuneratorio, el 19,92 % nominal anual (TAE 21,84 %), y otro para disposiciones en efectivo que asciende al 24% (26,82% TAE). La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia. Para que la operación pueda ser considerada usuraria basta con que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación. En este caso procede el acogimiento del principal, declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito, el demandante deberá devolver la suma en concepto de capital.
Resumen: Formulada demanda por un consumidor contra una entidad bancaria, en solicitud de nulidad de la estipulacion de gastos, por abusiva y reclamacion de rembolso de pagos realizados en cumplimiento de la cláusula, la sentencia de primera instancia estima la demanda, con imposición de costas. La sentencia de apelación, que revoca el pronunciamiento en materia de costas, señala que TS no fundamenta el caracter abusivo de la clasula de gastos en la falta de transparencia ni en la previa negociación sino en su inclusión en la lista de las tipificadas como abusivas y en el desequilibrio de las obligaciones de los contratantes; que no es efecto automatico de la declaración de nulidad de la clausula de gastos la devolución por el predisponente de los efectuados sino que es obligado analizar en cada caso quién debe soportar cada uno de los conceptos, en el caso correctamente aplicados; en cuanto a las costas indica que el desistimiento parcial no supone la estimación íntegra, que la cantidad concedida esta muy alejada de la reclamada incialmente, lo que comporta estimación parcial que justifica la no imposición de costas conforme a la LEC, crieterio que considera compatible con la jurisprudencia TJUE al no afectar al principio de efectividad y precisa que en nuestro regimen las partes no pagan las costas procesales propiamente sino su defensa y representación y que la STJUE esta condicionada por los términos en los que se formuló la cuestión y lo trasladado sobre el sistema de costas.
