Resumen: Condena por abusos sexuales sobre personas discapacitadas. Presunción de inocencia y prueba de cargo. Testifical de las víctimas que adolecen de una relevante discapacidad mental. Declaraciones recogidas durante la instrucción como pruebas preconstituidas y visionadas sus grabaciones durante las sesiones del juicio oral. Pericial psicológica sobre credibilidad de las víctimas. Testimonios de corroboración. Incorporación al proceso de conversación de Whatsapp aportada por persona diferente a quienes han mantenido el dialogo. No afecta al secreto de las comunicaciones sino a la intimidad personal de la persona. El consentimiento eficaz del sujeto particular legitima la inmisión en su derecho a la intimidad y excluye la lesión del derecho invocado. Delito continuado de abuso sexual con penetraciones anales y bucales cometido sobre persona con discapacidad. Ausencia de consentimiento valorable como libre ejercicio de su libertad sexual. Conductas sexuales ejecutadas con abuso del trastorno psíquico de la víctima. No concurre la agravante específica de especial vulnerabilidad de la víctima pues el aprovechamiento de su discapacidad ya es considerado para la presunción legal de ausencia de consentimiento. Continuidad delictiva. Delito continuado de corrupción de persona discapacitada cometido sobre víctima distinta, también con acreditado nivel de discapacidad mental. Solicitud de una relación sexual con persona discapacitada con ofrecimiento de precio o recompensa.
Resumen: Condena al acusado como autor material de un delito continuado de agresión sexual. Acusado que aborda en la calle a una mujer sobre la que se avalanza y a la que tira al suelo, al tiempo que realiza sobre ella tocamientos de naturaleza sexual y la causa lesiones. Actos de contenido sexual que se ejecutan con empleo de violencia o fuerza física. El simple hecho de lanzar a la víctima al suelo incorpora una violencia típica. No se aprecia la modalidad agravada por introducción vaginal de dedos al no constar suficientemente acreditado que el acusado hubiere actuado con ese concreto propósito. Determinación de la pena. Circunstancias que justifica la individualización de la pena superando el Umbral de su mitad inferior. Libertad vigilada. sustitución de la pena de prisión impuesta por la expulsión del acusado del territorio nacional que se difiere hasta ser oído el penado una vez haya complida la pena en sus tres cuartas partes, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.
Resumen: Revoca parcialmente la sentencia recaída en la Audiencia Provincial en procedimiento de Jurado por delito de asesinato. Las partes acusadoras y la defensa habían mostrado su conformidad con la calificación de los hechos y la concurrencia de la circunstancia eximente completa de alteración psíquica en el acusado autor del crimen. En los términos fácticos y calificadores propuestos por las partes, la Audiencia absolvió al acusado del delito de asesinato coemtido y le sometió a la medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico cerrado por tiempo máximo de veinticinco años con las accesorias de prohibición de aproximación y comunicación con los familiares de la víctima; asimismo, le impuso la medida de seguridad de libertad vigilada por un período de diez años a ejecutar tras la finalización del internamiento. La duración máxima de la medida de internamiento (25 años) se determina en relación a la pena señalada en abstracto para el delito cometido, sin considerar para ello las circunstancias modificativas, excepción hecha de las formas imperfectas de ejecución. Aun cuando no se ha impugnado en el recurso, el pronunciamiento absolutorio de la sentencia apelada es incompatible con la imposición de cualquier tipo de pena, por tanto se dejan sin efecto las penas accesorias impuestas en la sentencia rcurrida, en concreto, las prohibiciones de aproximación y comunicación con los familiares de la víctima, previstos como penas accesorias.
Resumen: Acusado que ha sido incapacitado judicialmente al padecer un trastorno de deficiencia mental ligera con trastornos de los impulsos asociados a una parafilia de tipo pedófilo y de un trastorno psicótico no especificado, por lo que se halla interno en unidad psiquiatrica hospitalaria después de cumplir condena por delito de agresión sexual y que, valiéndose de un mecanismo que impedía cerrar la puerta de su habitación, logró salir de ella y llegar hasta la habitación de otro paciente, discapacitado psíquico, sobre quien realizó en varias ocasiones conductas sexuales consistentes en introduir su pene en la boca del paciente hasta eyacular en una ocasión. Conductas que repitió con otro interno, también con limitaciones psíquicas. El acusado tiene afectada su capacidad volitiva, pero no la esfera cognitiva ya que comprende la ilicitud de los actos que realiza. Continuidad delictiva en los delitos contra la libertad sexual. Delito continuado de agresión sexual, en el que se subsumen otra dos acciones de penetración bucal, consumada una e intentada la segunda, además de un delito leve de lesiones. Igualmente se realiza otro delito continuado de agresión sexual, sobre la segunda víctima, que absorbe otros delitos de menor gravedad constitutives de delito continuado de abusos sexuales de que también fue objeto. Responsabilidad civil subsidiaria del centro hospitalario, por defectos en la custodia sobre el acusado, y del Servicio público de salud. Responsabilidad directa asseguradora.
Resumen: El Tribunal considera que concurren todos los requisitos para apreciar la existencia de un delito de amenazas: a) Una dinámica comisiva encaminada a un resultado que puede ser de doble carácter: impedir a alguien hacer lo que la Ley no prohíbe o compelerle a hacer lo que no quiera, sea justo o injusto. b) Que tal actividad se plasme en una conducta de violencia física o intimidación o incluso la fuerza en las cosas. La mera restricción de la libertad de obrar supone de hecho una violencia y por tanto una coacción, siendo lo decisorio el efecto coercitivo de la acción más que la propia acción. Esta utilización del medio coercitivo ha de ser adecuada, eficaz, y causal respecto al resultado perseguido. c) Intensidad suficiente de la acción como para originar el resultado que se busca, pues de carecer de tal intensidad. d) Intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena, lógica consecuencia del significado que tienen los verbos "impedir" o "compeler". e) Ilicitud del acto desde la perspectiva de las normas referentes a la convivencia social y al orden jurídico.
Resumen: Se impugna la sentencia absolutoria. Las acusaciones sostenían que el acusado, aportó junto a la demanda de desahucio por precario contra su expareja, dos contratos de depósito y cuenta corriente en los que las firmas de su esposa y de su hijo estaban falsificadas, colocándolos como "meros autorizados" consiguiendo con ello engañar al Juez de 1ª Instancia y con ello que dictara sentencia de desahucio por precario. Dicha tesis es rechazada pues la Sentencia de Desahucio por precario no se apoya para nada en esos dos contratos de depósito y cuenta corriente, aparentemente firmados por Dª Genoveva y su hijo. El Juez de 1ª Instancia, no se basa para nada en esa "supuesta" falsificación de documento mercantil, sino en el hecho patente de que Dª Genoveva no demostró ni en lo más mínimo, que tuviera un contrato de arriendo vigente, ni escrito ni verbal, sobre la casa en la que aún vivía. Pero es que, además, la firma falsificada de la esposa, fue una falsificación permitida, autorizada y aprovechada por aquella, para sacar dinero, todas las veces que quiso de la cuenta corriente en la que era mera autorizada y titular único el ahora acusado. Esa falsificación, conocida, permitida y aprovechada por la recurrente, es cierta, aunque no conste su autor, pues la prueba pericial excluye al acusado, pero se trata de una falsificación formal, no material y real, al faltar el requisito de relevancia. La imitación consentida de una firma es una mera irregularidad formal sin mas trascendencia.
Resumen: Concepto de documento mercantil: No lo es el contrato de préstamo entre particulares, ni el realizado a un comerciante si no se destina a actos u operaciones de comercio. Requisitos del delito masa. El delito masa no necesariamente se caracteriza por una cantidad incontable de personas finalmente perjudicadas, pero sí precisa que el destinatario potencial de la actividad defraudadora sea una amplia e indiscriminada colectividad de individuos no singularizados por el dolo unitario del sujeto activo y sobre los que se irá replicando el engaño eficazmente generador de un menoscabo patrimonial en cada una de las víctimas. Marco punitivo previsto en el artículo 74.1 Código Penal. La norma fija un marco punitivo específico y propio para la continuidad delictiva, el cual discurre entre la mitad de la pena correspondiente a la infracción más grave y la mitad de la pena superior en grado. Esta específica previsión punitiva afecta a los condicionamientos normativos de individualización que se contemplan en el artículo 66 del Código Penal, no solo en el sentido de perfilar el límite mínimo y máximo desde el que aplicar las reglas 2.ª, 4.ª, 5.ª y 7.ª del mencionado precepto, sino resituando como punto medio lo que normalmente sería el extremo y reubicando con ello los tramos superior e inferior en los que deben operar las reglas 1.
Resumen: Revoca parcialmente la condena impuesta al acusado por el Juez Penal como autor de un delito de amanazas y otro de vejación injusta de carécter leve cometido sobre quien era su pareja sentimental, para disponer la absolución del acusado por el delito de injurias leves y la prescrión del delito de amenazas leves. Acusado que al tiempo de romper su relación con su pareja sentimental se dirige a ella a través whatsapp con mensajes escritos y de voz en que la insulta y amenazas gravemente al punto de concebir la víctima un temor fundado por si pudiera realizar las conductas con que era amenazada. Relación sentimental de pareja análoga a la de matrimonio. Continuidad de la relación, identificada con la habitualidad y de la estabilidad, que se corresponde con el concepto de permanencia en el tiempo de la relación. En el caso no se tiene por acreditada una relación de esas características. pues el acusado niega tener planes comunes con la mujer, no tenían bienes en común ni participaban en actos o eventos de sus familias respectivas. Así, las amenazas se califican como leves y a tenor del art. 171.7 del Cóigo Penal, mientras que las injurias leves se califican de atípicas al desaparecer el marco en que se decían cometidas de la violencia de genero. A su vez, dada la naturaleza del ilícito de amenazas leves, se acoge la prescripción de la infracción, por transcurso de los plazos de inactividad previstos para la prescripción de los delitos leves.
Resumen: Confirma la condena impuesta al acusado por Juez Penal como autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Acusado que está afectado por una medida cautelar que le prohibe aproximarse y comunicar con quien fue su pareja sentemiental y, a pesar de ello, coinciden ambos en un centro comercial y mantienen una fuerte discusión entre ellos. Delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar que tutela, como bien jurídico protegido, la efectividad de determinadas resoluciones judiciales en materia de ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas cautelares acordadas durante el proceso, y que en el plano subjetivo se satisface con la presencia de un dolo genérico o conocimiento por parte del autor de la vigencia de la pena o medida cautelar y de su voluntaria vulneración. En el caso, el hecho de que el encuentro inicial hubiere sido casual no excluye el dolo de quebrantamiento, dado que el acusado, que se sabía afectado por las prohibiciones referidas, no abandonó el lugar, sino que se quedó voluntariamente al lado de la persona a la que tenia prohibido acercarse, iniciando una discusión con ella que incluso exigió la intervención de un vigilante de seguridad para calmarle.
Resumen: El TS recuerda el las exigencias derivadas del control casacional de la inadmisión de prueba y se remite a la doctrina del TEDH -estándar Murtazalayeva-. En este sentido, afirma que la sentencia de Gran Sala del TEDH, de 18 de diciembre de 2018, caso Murtazalayeva c. Rusia, ofrece un método muy funcional para evaluar la compatibilidad de las decisiones de inadmisión probatoria, en particular cuando afectan a la defensa, con las exigencias del artículo 6.3 d) CEDH, que puede servir de interesante guía a los tribunales nacionales para el desarrollo de su función de control. Criterios de evaluación: (i) el potencial informativo del medio propuesto debe ir destinado a determinar la verdad o influir en el resultado del juicio; (ii) el grado de razonabilidad de la respuesta ofrecida por el tribunal, indicando que debe corresponder a las razones expuestas por la defensa, es decir, debe ser tan sustancial y detallado como aquellas; (iii) tercer nivel de control, el relativo a si la decisión del rechazo del medio de prueba propuesto afectó negativamente a la equidad del juicio, valoración del desarrollo del proceso en su conjunto pues ello permite evitar que la aplicación del estándar de control se convierta en excesivamente rígida y mecánica. El TS declara la nulidad de la sentencia y la retroacción de las actuaciones para que se celebre un nuevo juicio.
