Resumen: Condena al acusado como autor material de un delito continuado de quebrantamiento de condena y medidas de seguridad, en concurso ideal con un delito de violencia de genero en su modalidad de acoso y la agravante de reincidencia en ambos delitos. Dispone su libre absolución por los delitos de agresión sexual y lesiones leves en el ámbito de la violencia de género. Configuración legal del delito de acoso, stalking u hostigamiento. Los actos intrusivos deben ser repetitivos en diversas secuencias de tiempos distintos y ha de producir una grave alteración de la vida cotidiana de la víctima. Configuración como un delito de resultado. Delito de quebrantamiento de condena. No se exige la existencia de un requerimiento previo con apercibimiento de incurrir en responsabilidad criminal. En el plano subjetivo es suficiente el conocimiento de la existencia de la orden de alejamiento. Continuidad delictiva en el delito de quebrantamiento. Concurso medial entre el delito de quebrantamiento de condena y el delito de acoso. Consumación delictiva. Agravante de reincidencia que se aprecia en ambos delitos al constar condenas previas tanto por delito de quebrantamiento como de violencia de genero en la modalidad de coacciones o acoso. Eximente de alteración psíquica. No basta la existencia de un diagnóstico de síndrome de ansiedad depresiva para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica.para las eximentes o atenuantes no rige la presunción de inocencia.
Resumen: La reforma de la casación penal impide al recurrente incurrir en la reiteración simple del contenido de la impugnación desarrollada en la apelación. Tampoco le permite el planteamiento de cuestiones no debatidas en la apelación, pues las mismas ya han tenido respuesta desestimatoria o son cuestiones que han sido consentidas por la parte. En particular, respecto al ámbito del control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Recuerda la sentencia que no existe vinculación alguna respecto de las valoraciones que la Policía Judicial pueda realizar en relación con la hipotética tipicidad de los hechos reflejados en un atestado. El art. 297 de la LECrim atribuye al atestado el valor de denuncia. El atestado, en fin, no es lugar adecuado para valoraciones personales del agente que asume su confección. Cuestión distinta es que el atestado recoja informes de los órganos científicos de Policía Judicial que exijan para el respaldo de sus conclusiones la exposición de valoraciones técnicas que, como es lógico, estarán filtradas por la metodología suscrita en la elaboración de ese dictamen.
Resumen: El recurrente entiende que accionar una única vez un dispositivo de whatsapp, que no ha producido comunicación alguna, sin que conste intencionalidad probada sin ningún género de dudas, de que se ha querido quebrantar una orden judicial, no puede llevar a un resultado de condena, aunque sea en el grado de tentativa. El acusado practicó todos los actos que objetivamente debían permitir la comunicación con la denunciante. Pues efectivamente realizó la llamada con una evidente intención de establecer comunicación, y si no fue respondida no fue por su desistimiento, que ya no era posible, sino porque la parte receptora no la atendió, por la razón que fuere. Por lo tanto, superando los actos preparatorios llevó a cabo actos "directamente encaminados a la ejecución", desconoció el mandato derivado de la pena impuesta y llegó a poner en peligro los bienes jurídicos protegidos. La perturbación de su tranquilidad y la amenaza a su seguridad es apreciable desde el momento en que es consciente de la existencia de la llamada efectuada por aquella otra persona a la que, en función de los hechos que se le atribuyen, se le ha impuesto una prohibición de comunicación. En los casos en los que se efectúe una llamada al teléfono de la persona protegida, y esta no la atienda, el delito quedará consumado si ha sido efectiva la comunicación de la existencia de esa misma llamada efectuada por quien tiene prohibida la comunicación.En esos casos habrá existido un acto de comunicación consumado.
Resumen: La prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado. Incorporar al proceso declaraciones testificales a través de testimonios de referencia implica la elusión de la garantía constitucional de inmediación de la prueba al impedir que el Juez que ha de dictar Sentencia presencie la declaración del testigo directo, privándole de la percepción y captación directa de elementos que pueden ser relevantes en orden a la valoración de su credibilidad. El motivo de incongruencia omisiva no puede prosperar si previamente no se ha intentado su subsanación; y el recurrente, aunque formulara la oportuna protesta, ulteriormente no acudió al preceptivo y previo recurso de aclaración, que constituye presupuesto insoslayable para intentar un recurso de casación por incongruencia omisiva. La nueva definición de la coautoría acogida en el art. 28 CP 1995 como "realización conjunta del hecho" viene a superar las objeciones doctrinales a la línea jurisprudencial que ya venía incluyendo en el concepto de autoría, a través de la doctrina del "acuerdo previo", a los cooperadores no ejecutivos, es decir a quienes realizan aportaciones causales decisivas, pero ajenas al núcleo del tipo.
Resumen: El bien jurídico que directa y específicamente protege el artículo 173.2 del Código Penal es la pacífica convivencia entre personas vinculadas por los lazos familiares o por las estrechas relaciones de afecto o convivencia a las que el propio tipo se refiere. Solo esta concepción del bien jurídico, permite que la protección penal se dispense con independencia de quién de los integrantes concretos de la unidad familiar soporte cada uno de los habituales comportamientos violentos, y que se contemple una agravación específica cuando alguno de los actos de violencia se perpetre en presencia de menores, sin que la estructura de la punición de los hechos pueda modificarse a una concepción individual del hecho típico cuando los actos de violencia física se proyecten de manera reiterada sobre varios individuos. El tipo del artículo 173.2 CP se aproxima a la categoría de los delitos de estado en los que se crea un resultado antijurídico que no aparece vinculado a una concreta identidad del sujeto pasivo. La unidad de contexto relacional y espacio-temporal entre los victimarios y las víctimas de los diferentes actos de violencia y crueldad prolongados en el tiempo que se describen en los hechos probados solo permiten identificar un delito de maltrato habitual del artículo 173.2 CP. No se observa, atendido el objeto procesal que reclamaba la investigación de una situación estructural de maltrato proyectada sobre cuatro menores de edad, elementos de extraordinaria duración disfuncional.
Resumen: En las agresiones conjuntas no es preciso que se concrete en la sentencia la acción individual que realizó cada uno de los coautores, pues cada uno de los hechos ejecutados es un hecho de todos que a todos pertenece, generándose entre los coautores un vínculo de solidaridad que conlleva la imputación recíproca de las distintas contribuciones parciales. La agravante de abuso de superioridad concurre cuando la defensa de la víctima queda ostensiblemente debilitada por la superioridad personal, instrumental o medial del agresor que se ve por ello asistido de una mayor facilidad para la comisión del delito, y el elemento subjetivo del abuso de superioridad reside simplemente en el conocimiento de la misma y en su consciente aprovechamiento o dicho de otra forma, en la representación de la desigualdad de fuerzas o medios comisivos y en la voluntad de actuar al amparo o bajo la cobertura de dicha desigualdad. Es objetivo y evidente el desequilibrio de fuerzas existente entre los agresores, provistos de sendas armas de fuego, y los agredidos, desarmados. Como tampoco puede negarse, con razón, el concurso del elemento subjetivo de esa circunstancia por parte de los agresores (conocimiento y voluntad de aprovechar la situación de desequilibrio buscada por ellos con este fin). Aunque los agredidos pudieran haber previsto con cierta antelación el inminente ataque, ello no excluye la aplicación de la circunstancia agravante de abuso de superioridad.
Resumen: La ausencia de registro audiovisual del acto en el que se fijó el objeto del veredicto fue conocida y admitida por todas las partes intervinientes desde el primer momento y, así mismo, no se opuso objeción alguna por ellas. Y además, no cabe apreciar irregularidad alguna por el hecho de que no quedara grabación en soporte audio visual del acto en que se elaboró el objeto del veredicto. El Magistrado-Presidente ha de ofrecer las que considere que proceden, pero empezando por la que ofrezca la versión más grave, e ir descendiendo hasta la más leve, haciendo la advertencia expresa del carácter excluyente entre ellas y la indicación de que la deliberación ha de comenzar por la primera, si no se logra la mayoría necesaria para aprobarla, pasar a la segunda y así sucesivamente, de manera que habrá de articular una secuencia escalonada de alternativas excluyentes. No es necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo. A través del desarrollo del "pactum scaeleris" y del co-dominio funcional del hecho cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución. En presencia de trastornos de personalidad no cabe hablar de exención completa pues no se anula el conocimiento ni la voluntad, valorándose como atenuante analógica, y solo excepcionalmente como eximente incompleta en supuestos especialmente graves.
Resumen: La fuerza policial que solicitó el registro de las viviendas aportó un conjunto de datos de suficiente contenido incriminatorio para sospechar fundadamente que en cualquiera de los domicilios de ambos acusados podían encontrarse sustancias prohibidas y objetos relacionados con el tráfico ilícito de las mismas. Esos datos fueron expresamente reflejados en el auto judicial autorizante de los registros, sin que fuera preciso que los agentes policiales hubieran presenciado más encuentros personales. Los indicios deben valorarse en su conjunto, no de modo aislado o fragmentado. No cabe duda que la participación de los recurrentes se ha acreditado con suficiencia, incluido el conocimiento de aquél que transportaba la droga. El hecho de que el acusado sea consumidor habitual de las sustancias que se le ocuparon no permite suponer con automatismo y sin mayor justificación alguna que parte de dicha sustancia estuviera destinada a su auto consumo. La naturaleza y características de la participación del recurrente no permiten apreciar las notas propias de la complicidad. El recurrente intervino como adquirente y transportista de la droga. Su conducta puede encuadrarse en actos de tráfico o favorecimiento que colman las exigencias típicas del artículo 368 CP. Se estima el recurso en lo que concierne a la pena de multa fijada en una extensión de casi el doble de su cuantía mínima sin justificación alguna y sin que se aprecien circunstancias que justifiquen esa mayor intensidad punitiva.
Resumen: Condena al acusado como autor material de un delito de agresión sexual cometido con violencia y con penetración vaginal con la agravante específica de prevalimiento de la situación de superioridad que al acusado le proporcionaron la mayor complexión y fuerza física y la diferencia de edad (38 años) respecto a la víctima (16 años). Empleo de la fuerza física necesaria para doblegar y sujetar a su víctima, si bien no llegó a alcanzar el carácter particularmente degradante o vejatoria que requiere la específica forma de agravación postulada por la acusación. Acreditación del hecho y de la autoria mediante la prueba biológica reportada por el perfil genético identificado en los vestigios recogidos en el lugar de la agresión en correspondencia con la persona del acusado. Declaración de la víctima como elemento incriminatorio y sus factores de corroboración. Penalidad. Sustitución de la pena de prisión por la medida de expulsión del territorio español una vez alcance el tercer grado del tratamiento penitenciario u obtenga la libertad condicional. Condena en costas al acusado que incluirán las devengadas por la acusación particular.
Resumen: Conforme a los artículos 76.2 CP y 988 LECrim, para fijar un límite máximo de cumplimiento las sentencias cuya acumulación se pretenda deben castigar hechos que pudieran haber sido objeto de enjuiciamiento conjunto en un único proceso; segundo, esto solo cabrá cuando las condenas lo fueran con relación a hechos que no estuvieren sentenciados al tiempo de cometer otros sobre los que también haya recaído sentencia cuya acumulación se interese; tercero, solo serían susceptibles de acumulación las condenas referidas a aquellos hechos próximos o lejanos en el tiempo que no se encuentren separados por una sentencia; cuarto, una vez comprobada la posibilidad de acumulación conforme a este criterio general, habrá de determinarse si el límite máximo de cumplimiento es superior o inferior a la suma aritmética de todas las condenas impuestas, pues solo en este último caso, cuando fuera inferior, procedería la acumulación. Resalta la sentencia que cumplidos los presupuestos materiales de conexión y temporales de producción de los hechos delictivos debe procurarse la interpretación que de manera más amplia pueda favorecer a la persona condenada, lo que permite establecer combinaciones diversas para delimitar el eje temporal que comporte el menor tiempo de cumplimiento con relación a las condenas acumuladas.
