• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 1139/2019
  • Fecha: 17/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El deber de motivación debe abarcar tres aspectos relevantes: Fundamentación del relato fáctico que se declara probado, subsunción de los hechos en el tipo penal procedente (elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas), y consecuencias punitivas y civiles en el caso de condena. Aun reconociendo que la motivación fáctica referida a los hechos configuradores del delito de apropiación indebida es escueta no puede afirmarse que la sentencia carezca absolutamente de motivación si el análisis de la justificación ofrecida por el tribunal se hace desde una lectura de conjunto de la sentencia, desde una perspectiva global. La sentencia tiene el mérito de hacer una descripción muy detallada de los hechos acreditados, descripción que en modo alguno es combatida en el recurso y dada la multitud de operaciones es lógico hasta cierto punto que la valoración de todas ellas se realice de un modo general. En este caso se produjo fue una tramitación lenta de la instrucción y de la fase intermedia con una duración de 8 años. Así las cosas, la apreciación de la atenuante como muy cualificada es procedente y la reducción de la pena en un grado es proporcionada y conforme con los criterios de esta Sala que exige para una reducción de pena mayor no ya una dilación extraordinaria sino una que exceda de lo extraordinario y que, por cualquier circunstancia, haya producido a los acusados un perjuicio adicional que en este caso no consta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1783/2019
  • Fecha: 17/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El auto de transformación es equivalente para el procedimiento abreviado al auto de procesamiento en el ordinario. A él corresponde delimitar los hechos punibles y posibles partícipes. No concurre la exigencia de que haya recaído imputación judicial equivalente al procesamiento contra persona determinada, y, por ello, la falta de concurrencia de los requisitos para recurrir en casación. El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal y solo tangencialmente puede ser satisfecho. Las exigencias de contradicción efectiva, de publicidad, de igualdad de partes, de oralidad, la disciplina de garantía de la prueba, el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, etc., como notas características del sistema penal de enjuiciamiento, se compaginan mal con la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la guerra civil y la subsiguiente posguerra. En nuestro sistema de enjuiciamiento penal es preciso tener en consideración las causas de extinción de la responsabilidad penal. Pese a la posible existencia de un hecho que reviste caracteres de delito, la responsabilidad penal no puede ser declarada. Son en lo que ahora interesa, la muerte del reo y la prescripción del delito; también la amnistía, según estaba previsto en el Código penal de 1973. Se trata de supuestos en los que el Estado, a través de la ley, dispone limitaciones a la actuación jurisdiccional por extinción de la responsabilidad penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 1451/2019
  • Fecha: 15/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS afirma, en el caso concreto, que el recurrente no ha sido condenado como autor de un delito de lesiones "por estar allí", ni por ser testigo mudo de la agresión protagonizada por otros. Antes al contrario, el ahora recurrente asumió un papel decisivo en la causación del resultado lesivo asociado a la lluvia de golpes que acabó, entre otras graves heridas, con la pérdida del ojo derecho por parte de la víctima. El acusado actuó como factor primigenio en el desencadenamiento de una agresión colectiva. Ese primer puñetazo en el rostro de la víctima representó un menoscabo de la integridad física de la víctima que, a su vez, puso en marcha la actuación de otros agresores que, impulsados por el mismo fin, quebrantaron el bien jurídico tutelado. Esa acción inicial contó, en definitiva, con el relevo de otros agresores que culminaron el ataque, sin que conste otra actuación en contrario procedente del acusado. Éste se sumó con su aquiescencia a una agresión colectiva de potencial gravedad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 1325/2019
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El bien jurídico protegido por el delito de alzamiento no es tanto el derecho de crédito que nace de una concreta relación jurídica o contractual, sino la propia seguridad del tráfico jurídico mediante el fortalecimiento del principio de responsabilidad universal para el cumplimiento de las obligaciones que se consagra en el art. 1911 CC. De ahí que la naturaleza del delito sea de mera actividad y que la lesión, o no, del crédito en concreto quede fuera de la descripción típica. Pero, apunta la sentencia del TS, el ordinal segundo introduce, frente a la regulación histórica del delito de alzamiento, una modalidad de acción, que extiende el espacio de prohibición a la realización de todo negocio jurídico que dilate, dificulte o impida la eficacia de un procedimiento en curso o de inminente activación de embargo, apremio o ejecución judicial o extrajudicial. Es cierto que dicha modalidad de conducta alzadora no comporta una suerte de prohibición general de disponer o un mandato de inmovilización patrimonial mientras dure o hasta que se inicie el proceso de ejecución por las deudas prexistentes. Pero siempre y cuando los negocios que se realicen generen nuevos activos que no provoquen el resultado de "frustración ejecutiva" prohibido. La previsión legal de niveles de punición diferenciados entre el autor y el cooperador necesario obliga a justificar, para excluir la degradación punitiva del artículo 65.3 CP, las razones que permiten identificar un mismo nivel de antijuridicidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 1527/2019
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se aprecia la falta de consentimiento por consumo de alcohol de la víctima, con sustento en la declaración de la misma y de una testigo, a pesar del resultado negativo de la analítica de sangre y orina realizado pocas horas después de los hechos. Se ratifica la doctrina según la cual para que exista falta de consentimiento no es necesaria una anulación absoluta de las facultades mentales, sino una ingesta de alcohol que conlleve una anulación suficiente de los frenos inhibitorios. Para que haya abuso sexual no se precisa una ausencia total de conciencia, sino de pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y volitivas, en grado de intensidad suficiente para desconocer o desvalorar la relevancia de sus determinaciones al menos en lo que atañen los impulsos sexuales trascendentes. No se requiere que la víctima se encuentre totalmente inconsciente, pues dentro de esta expresión del tipo legal se pueden integrar también aquellos supuestos en los que existe una disminución apreciable e intensa de las facultades anímicas que haga a la víctima realmente inerme a los requerimientos sexuales, al quedar prácticamente anulados sus frenos inhibitorios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 1583/2019
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Colocación de una valla metálica impidiendo a unas personas el único acceso posible a su vivienda. Se formula un único motivo de recurso por indebida inaplicación de la prescripción en la redacción existente al tiempo de los hechos, antes de la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015. Se alega que se fue finalmente condenado por una falta de coacciones. Naturaleza de orden público del instituto de la prescripción. Tiene su fundamento en el principio general de la necesidad de la pena. De conformidad con el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 26 de octubre de 2010, los plazos de prescripción a tomar en consideración han de ser los que correspondan a los hechos definitivamente declarados probados. Como la condena fue por una falta, el plazo es de seis meses. La redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 1/2015 es más beneficiosa que la posterior. Existencia de cuatro periodos de paralización. Actos que interrumpen la prescripción. Los actos que producen la interrupción del plazo de prescripción han de ser de auténtico contenido material o sustancial. No son diligencias banales las que ordenan el procedimiento y mucho menos las que tratan de configurar el derecho de defensa del imputado. Las actuaciones de ordenación del procedimiento son actos de prosecución. La expendición de testimonios no es idónea para interrumpir la prescripción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1447/2019
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a la tutela judicial efectiva, en el caso de la quaestio facti, se concreta en el derecho a saber del tratamiento dado por el tribunal al material probatorio y del porqué del mismo. Consecuencia de la acumulación accesoria de la acción civil a la acción penal es que mientras no prescriba el delito, no prescribe la acción civil dimanante del mismo
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1231/2019
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El rechazo irregular de la prueba no determina necesariamente la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y así, tal y como ha declarado la jurisprudencia constitucional, la relación de instrumentalidad existente entre el derecho a la prueba y la prohibición de indefensión hace que la constatación de una irregularidad procesal en materia probatoria no sea por sí sola suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional. No toda exclusión de un medio de prueba propuesto por la parte implica vulneración de derechos garantizados por la Convención Europea como ha puesto de manifiesto el TEDH. La libertad vigilada es una pena accesoria impropia, porque su extensión no está vinculada a la de la pena principal y su imposición deriva de la condena por determinados delitos
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 1406/2019
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Análisis del art. 305 del Código Penal. Establece doctrina. Para calcular la cuota devengada y defraudada por el impuesto del IVA, no resulta oportuno descontar el IVA soportado si el sujeto activo del delito no lo hubiera abonado, siempre que el IVA correspondiente a aquella operación anterior no se hubiera liquidado como consecuencia exclusivamente de la actuación defraudatoria del acusado, pese a no ser sujeto pasivo del impuesto en ese tramo anterior de la cadena de valor. Dilaciones indebidas: atenuante muy cualificada. Duración del procedimiento de 7 años, con procedimiento previo de inspección tributaria y con demoras en el procedimiento penal imputables a la inactividad de la Administración Tributaria. Se estima parcialmente. Determina la cuota del impuesto del IVA defraudada y se aprecia muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 1223/2019
  • Fecha: 11/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Cuestion per saltum: no se formuló en ninguna de las instancias previas. Solo pueden debatirse en casación cuestiones que hayan sido sometidas al previo recurso de apelación. Existencia de prueba de cargo bastante. Infracción de ley: en instancia se consideró concurrente el dolo eventual a los hechos consistentes en la pérdida de la visión de un ojo a consecuencia de un puñetazo y se aplicó el delito de lesiones con deformidad. En apelación, se consideró un supuesto da concurso ideal de un delito del artículo 150 del Código Penal y de lesiones culposas. Diferencia entre la culpa consciente y el dolo eventual. Criterio normativo del dolo a partir de la sentecnia de 23 de abril de 1992. Se orilla el elemento volitivo, aunque no se descarte totalmente. Teorías sobre el dolo eventual: teoría de la probabilidad, teoría del consentimiento, teoría de la representación y teorías objetivizadoras. En el dolo eventual, el actor coocer el posible resultado lesivo y lo acepta mientras que en la culpa consciente lo rechaza. No se menciona en el hecho declarado probado que el puñetazo se dirigiese específicamente hacia el ojo, por lo que se estima que es un delito de artículo 150 en concurso ideal con un delito culposo. Sin embargo, pese a la existencia de concurso, los hechos no se degradan a lesiones básicas. Posibilidad de que de un puñetazo propinado en la cara se derive deformidad.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.