Resumen: La sola circunstancia de haber tenido contacto con la instrucción no es suficiente para generar sospechas de parcialidad, sino que hay que precisar si su actuación anterior es cuestión afectante a la existencia de indicios de culpabilidad del inculpado, como cuando el pronunciamiento es sobre la situación personal de prisión o es con ocasión del procesamiento o, en general, se realizan consideraciones que pudieran haber condicionado negativamente al inculpado, lo que no es del caso, pues la resolución que se invoca, como es el auto de transformación del procedimiento en sumario, es de un contenido básicamente procedimental, que no encierra decisión de fondo afectante a la culpabilidad. Por otra parte, mal puede prosperar una recusación planteada extemporáneamente, cuando, al menos desde el día 21 de mayo de 2019 la defensa conocía la composición del tribunal y hasta pasados cuatro meses después no presenta tal recusación, lo que, además de no respetar el plazo de diez días que establece el art. 223. LOPJ , no deja de ser una muestra de quien va contra sus propios actos, porque, dejar pasar el plazo, supone consentir una resolución, que luego se cuestiona. Es tan grande la diferencia que distancia la edad del acusado y la menor, no menos de 24 años, que, objetivamente considerado, no ya es que impida hablar de proximidad entre la edad de uno y otra, sino que es tanta su lejanía que hacen inviable apreciar el artículo 183 quáter del Código Penal como atenuante analaógica.
Resumen: Se cuestiona la valoración de la prueba por vía de presunción de inocencia, pero la condena se basa en abundante prueba documental y testifical. Se trata de la enajenación de los activos de una empresa quedándose el administrador con el dinero procedente de la venta, produciéndose posteriormente una situación de total insolvencia, dejando impagada una importante deuda a la Seguridad Social. Se cuestiona la motivación y proporcionalidad de la pena, desestimando la impugnación y se delimita la legitimación para recurrir del responsable civil subsidiario.
Resumen: Elaboración de billetes de 50 y 20 euros, que podían ser confundidos con legítimos, y su posterior entrega a otro acusado, que los utilizó para hacer compras en establecimientos, y entregó algunos a un tercer acusado, con los que realizó compras. Inaplicación de la atenuante analógica de confesión tardía, no propuesta en el momento procesal oportuno y ser irrelevante para la prueba de los hechos. Inocuidad de la existencia o no de connivencia con el falsificador.
Resumen: Se considera por la Sala de apelación que de lo declarado por los agentes de Policía en el acto del juicio se infiere la implicación de todos los encausados en el robo en el interior de un establecimiento, habiendo manifestado que observaron que la ventana y su marco se encontraban apalancados y forzados, al igual que la máquina tragaperras, hallándose destornilladores a su lado y dos pares de guantes que portaban dos de ellos, según se indica en el parte de intervención de la Policía al inicio del Atestado, tratándose de medios habitualmente empleados a estos fines. Se desestima la pretensión del Ministerio Fiscal de aplicar la atenuante de reparación del daño como simple y no como muy cualificada, al considerar que además de la integra reparación del daño se exige algo más para tal cualificación, señalando la sentencia que no se alcanza a ver que más resulta exigible en un caso como el presente cuando antes de la vista oral se ha consignado una cantidad superior a la reconocida en concepto de responsabilidad civil y su importe se corresponde con el total reclamado por la acusación pública en su escrito de calificación, justificándose su extensión al resto de encausados en cuanto que no es exigible que por cada uno de ellos se deposite una cantidad superior al perjuicio reclamado por la acusación, que se fundamenta, según la jurisprudencia del TS que se cita, en la unidad de acción en que se conjuga la actividad desarrollada por cada uno en la ejecución del hecho.
Resumen: Los hechos probados -que tuvieron lugar en fechas indeterminadas, pero en todo caso entre 2014 y 2016, y que se contraen a reiterados episodios en los que el acusado, contra la voluntad de la víctima, le dirigía frases y realizaba actos de marcado contenido sexual, masturbándose en su presencia, proponiéndole mantener relaciones sexuales, con veladas amenazas en caso de negativa, llegando a tocarle exteriormente en los genitales en alguna ocasión- constituyen un delito continuado, que se consuma cuando se ejecuta la última acción que configura el complejo delictivo, momento que determina la ley penal aplicable. Los hechos no son constitutivos de dos delitos -uno del art. 47, inciso primero, CPM y otro del art. 48 CPM-, sino de un solo delito continuado de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante del art. 47, inciso primero, CPM, ya que el delito de acoso sexual del art. 48 CPM, por aplicación de la regla 3.ª del art. 8 CP, es absorbido por aquel, que tiene señalada pena mayor. El tocamiento no debió ser calificado como un delito del art. 47, inciso segundo, CPM, sino como un delito continuado de ese tipo delictivo en concurso ideal con un delito de abuso sexual sin acceso carnal del art. 181.1 CP -ya que el abuso no exige contacto físico, pudiendo haberse añadido a aquel los actos masturbatorios- y debió aplicarse la regla punitiva específica del art. 74.1 CP, decisión que no puede alterarse por el principio acusatorio y la prohibición de la reformatio in peius.
Resumen: La falta de denuncia es un vicio susceptible de convalidación expresa o tácita mediante la posterior actuación de la parte o partes perjudicadas, bastando que la víctima comparezca en el curso del procedimiento ya iniciado, colabore en la investigación judicial al ofrecer datos precisos para el esclarecimiento de los hechos, o simplemente acepte la continuación del proceso en respuesta al ofrecimiento de acciones que se le hace en la causa. La prohibición de incluir en el escrito de conclusiones hechos que no han sido objeto del auto procesamiento es una nota definitoria del sistema. Su exigencia dibuja un presupuesto de legitimidad para el ejercicio de la acusación. No se trata de decidir si el procesado pudo o no defenderse, sino de proclamar que nunca debió haber sido acusado. El control que corresponde al Tribunal Supremo cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia consiste en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de Apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y TS sobre el alcance de la revisión, la motivación y la validez de las pruebas.
Resumen: Condena al acusado como autor material de un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal a menor de dieciséis años, con prevalimiento de la relación de confianza establecida con la víctima. Acusado que aprovecha la confianza familiar que se había ganado con una niña de once años y su madre para conducirla en su vehiculo hasta un lugar retirado donde, con la amenazas de matar a su madre y su tía, consigue penetrarla vaginalmente. Elementos típicos de la agresión sexual. Intimidación empleada para lograr el acceso carnal. Prevalimiento de la confianza con la menor por su relación familiar. Autoría material. Acreditación mediante prueba pericial de análisis sobre material genético recogido entre en la exploración ginecológica de la menor. Exploración de la menor recogida como prueba preconstituida y reproducida en el plenario. Testimonio de corroboración de la madre de la menor. Circunstancia agravante de aprovechamiento de lugar al procurar el acusado un lugar aislado y desplobado donde la víctima no pudiese pedir ayuda. Penalidad. Libertad vigilada. Resarcimiento por daño moral.
Resumen: Declaración de testigo-perito admisible sin afectar su imparcialidad. Admisibilidad de conformidad de algunos acusados, sin perjuicio de la valoración de sus declaraciones para tenerlas como prueba de cargo respecto del resto de los acusados. Validez de los correos electrónicos intervenidos: acceso a los ordenadores personales de los acusados sin su consentimiento expreso o tácito, sin autorización judicial y sin que conste que en su contrato de trabajo figurara la posibilidad de inspección de los ordenadores que estaban utilizando, por lo que no se dan los requisitos que legitiman esa intromisión, con la correspondiente nulidad de esta prueba. Posibilidad de valorar otros datos cuya fuente de información no sean los correos electrónicos obtenidos ilegítimamente. Delito de administración desleal: acreditada la causación de un gravísimo perjuicio para la entidad bancaria como consecuencia de la actuación fraudulenta de los acusados, mediante una gestión calificable de negligente a través de la realización de una serie de operaciones arriesgadas a la vista de las circunstancias de mercado. Estimación de la atenuante de dilaciones indebidas, pero no como muy cualificada. Desestimación de la atenuante de reparación del daño a un acusado: inaplicación de la consignación de dinero realizada por otros acusados. Responsabilidad civil respecto de la provisión realizada por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Resumen: Confirma la sentencia dictada por Juez Penal y mantiene la absolución de un acusado por el delito de quebrantamiento de condena. Acusado que quebranta o incumple una pena de localización permanente impuesta ante el impago de una pena de multa y como modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa impuesta. Aplica la jurisprudencia que descarta la comisión de un delito de quebrantamiento de condena por incumplimiento de una pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta como modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria. La reacción que ha de tener lugar ante el incumplimiento ha de ser la contemplada en el artículo 86 del Código Penal; de seguirse además causa por quebrantamiento se estaría siguiendo un doble efecto para un único incumplimiento. La Audiencia descarta declarar la nulidad de la sentencia del Juez Penal reclamada por el Ministerio Fiscal en su recursos al no estimar justicadas las razones requeridas en la ley procesal para declarar dicha nulidad.
Resumen: Se considera por la Sala que se ha practicado prueba de cargo, de modo que no se ha quebrantado el principio de presunción de inocencia del apelante; y de la prueba de cargo practicada no se desprenden dudas de la culpabilidad del apelante, no siendo la valoración de la prueba de la juzgadora errónea en el sentido exigido jurisprudencialmente para justificar la revocación de la sentencia. Se recuerda que dejando al margen las sentencias absolutorias y las condenatorias en que se pretenda un agravamiento de condena en caso de sentencias condenatorias el tribunal de apelación puede rectificar el relato histórico cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación. Así, padre e hijo estaban invitados a la boda y estaban en el hotel cuando la denunciante se personó para recuperar su teléfono. Aunque es cierto que el otro condenado ha asumido la responsabilidad de haber cogido él el móvil, los datos obrantes no concuerdan con esa afirmación, de modo que ambos, padre e hijo, deben ser considerados autores del presente delito. En cuanto a la falta de proporcionalidad de la pena impuesta de multa de dos meses a razón de una cuota diaria de 12 euros, siendo la prevista para el tipo la de multa de uno a tres meses, entiende que valorando que el móvil fue recuperado con rapidez, la pena de multa cabe rebajarse a un mes para cada uno de los apelantes, manteniendo la misma cuota.
