Resumen: Agresión sexual perpetrada en conjunto. Alcance de la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El control de la racionalidad del proceso valorativo no implica la sustitución de la valoración de las pruebas. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo aunque sea única. Las diligencias no practicadas, salvo la de obtención de restos biológicos, no era necesarias y no mermaron el derecho de defensa. La valoración psiquiátrica de la víctima se podía realizar mediante los informes psiquiátricos. No es una causa objetiva de duda que la víctima acuda a denunciar con ropa interior distinta de la que portaba al ser agredida. Credibilidad de la víctima, cuando sufre un trastorno de inestabilidad emocional: no había criterio de deterioro cognitivo ni tendencia a la fabulación. Principio acusatorio: el relato de hechos probados incorpora ya de por sí el propósito del acusado. La frase inexistente en el escrito de acusación carece de valor a efectos de calificación. Correlación entre fallo y acusación. Facultad del órgano judicial para alterar de forma no esencial el relato acusatorio. Daño moral: procede su indemnización cuando su existencia se deduce del propio relato de hechos probados, por la importancia del bien jurídico protegido. Exclusión de la cuantía indemnizatoria de impugnación en casación, salvo en supuestos excepcionales. Deber de motivar de la pena: correcta individualización de la pena.
Resumen: La ratificación en el juicio oral de los reconocimientos en rueda y su sometimiento a la contradicción de las partes permitió al Tribunal valorar las circunstancias en que tales reconocimientos tuvieron lugar. Para poder apreciar la circunstancia de drogadicción, es imprescindible que conste probada la concreta e individualizada situación psicofísica del sujeto en el momento comisivo. Para la especial cualificación de la atenuante de reparación del daño, se requiere que el esfuerzo realizado por el culpable sea particularmente notable, en atención a sus circunstancias personales (posición económica, obligaciones familiares y sociales, especiales circunstancias coyunturales, etc.) y al contexto global en que la acción se lleve a cabo. Para la apreciación de la reparación del daño como muy cualificada, el Tribunal únicamente ha atendido a la cuantía consignada, la cual considera relevante por ser superior a la cuantía de la responsabilidad civil interesada por el Ministerio Fiscal y cercana a la solicitada por la acusación particular. No aprecia ningún otro dato que revele una especial intensidad en los elementos que integran la atenuante o que justifique que la conducta del acusado fue más allá de la material reparación. Por su parte el condenado, en su escrito contestando el recurso, únicamente señala que ha tenido que vender un vehículo de su propiedad, sin que este hecho, por si solo, denote un especial esfuerzo reparador. Tampoco consta sentimiento de constricción.
Resumen: El Tribunal considera que se produjo un supuesto de coatoría y hace referencia a la jurisprudencia que ha venido afirmando que en el caso de concurrencia de varios delincuentes en la ejecución de un hecho punible, la individualización de la responsabilidad criminal de cada uno de ellos sólo puede tener lugar cuando entre los propósitos y los actos que hayan desencadenado exista la independencia y separación necesarias para juzgarlos aisladamente, pero no cuando aparezca afirmada la unidad de acción, recíproca cooperación y mutuo concurso con que coadyuvaron a su perpetración, porque en este caso los actos individuales no son más que accidentes de dicha acción común en que juntos tomaron parte --abstracción hecha del papel que cada uno desempeñó--, y que los constituye a todos en responsables en concepto de autores del delito a tenor de lo prevenido en el nº 1º del art 28 del C. Penal.
Resumen: Se estima parcialmente el recurso, revocando la resolución recurrida porque existe la posibilidad de formar otros bloques distintos a los apuntados y cuya acumulación es más favorable al reo. Aplicación del Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2018.
Resumen: Se condena al acusado por la comisión de un delito de estafa el acusado, ya que tras anunciar en una página de internet la venta de un teléfono y tras indicar al comprador que el pago debía realizarlo mediante trasferencia bancaría, facilitando su DNI y el número de cuenta de la que era titular, éste llevó a cabo las transferencia por importe de 500 euros, .sin que el acusado le entregara el teléfono móvil ni le reintegrase los 500 euros que pagó y la sentencia ratifica tal condena , entre otras razones, en el hecho de que el recurrente se ha visto inmerso ya en tres procedimientos por hechos idénticos y en los cuales ha ofrecido la misma justificación de haber facilitado los datos de su DNI y de su cuenta a otras personas, como favor, sin aportar datos de las mismas, resultando poco creíble que no conozca ningún dato que las permita identificar, a las que debe unirle cierta relación de amistad como para facilitarles su número de cuenta para recibir ingresos. Se desestima la pretensión de que se aplique la atenuante de reparación del daño, en razón a la consignación de 700 euros que realizó el recurrente en concepto de fianza, ya que la jurisprudencia del TS que se cita considera que la atenuante contempla una conducta «personal del culpable», lo que motiva que se excluyan, entre otros, los pagos hechos por compañías aseguradoras en cumplimiento del seguro obligatorio y los supuestos de constitución de fianza exigidos por el Juzgado, como aquí sucede.
Resumen: En la fijación del límite máximo de cumplimiento, deben computarse en exclusiva hechos delictivos que pudieran haber sido objeto de enjuiciamiento conjunto en un único proceso. Esta exigencia solo queda cubierta cuando las condenas se refieren a conductas no sentenciadas al tiempo de cometerse aquellas otras cuya acumulación se pretende. Solo son susceptibles de acumulación las condenas referidas a hechos, próximos o lejanos, que no se encuentren temporalmente separados por una sentencia. Cada sentencia levanta un muro infranqueable: hechos futuros son de imposible acumulación a los ya enjuiciados. Los Acuerdos no jurisdiccionales de 3 de febrero de 2016 y 27 de junio de 2018 de la Sala II han aclarado (i) que, descartada una acumulación por no ser favorable, nada impide reutilizar las sentencias para intentar nuevas acumulaciones con las restantes; así como (ii) que es necesario barajar todas las combinaciones posibles, pudiendo elegirse tanto la sentencia inicial, base de la acumulación, como la última del bloque refundido, siempre que se respete el esencial requisito cronológico señalado: no pueden incluirse en un mismo bloque de acumulación de condenas recaídas por hechos posteriores a la más antigua de las sentencias.
Resumen: Se recurre el Auto que acuerda y decreta el decomiso del vehículo del acusado. La decisión se basa en el hecho de haber utilizado el vehículo para la comisión del delito por el que fue condenado, delito del art. 384.1 CP, por pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de los puntos asignados, al amparo de los arts. 334, 336 y 574.1 LECrim, que permiten incautar todo tipo de bienes relacionados con la infracción criminal y que se especifican en el art. 127.1 CP, para el aseguramiento de las responsabilidades civiles. El apelante alega que no concurren los requisitos legales para justificar el decomiso: fue condenado a 4 meses de prisión y del delito cometido no se derivan responsabilidades civiles de ningún tipo, siendo improbable que pueda cometer nuevo delito dado que está cumpliendo condena en centro penitenciario, estimando desproporcionada la medida. El recurso se desestima. Es criterio jurisprudencial mayoritario la posibilidad de acordar el comiso definitivo del vehículo por aplicación de la agravante de reincidencia, pero siempre atendiendo y respetando, casuísticamente, el principio de proporcionalidad. El comiso de los bienes viene establecido legalmente no solo como posible sino como consecuencia necesaria de la condena, resultando, en casos de reincidencia, proporcional a la gravedad de la conducta. El apelante ha sido condenado en tres ocasiones por el mismo delito, penas que no han tenido ningún efecto positivo, por lo que el comiso ha de mantenerse .
Resumen: El recurrente resultó condenado por la comisión de un delito de receptación, ya que, a sabiendas de su origen ilícito, procedió a la venta, en varios desguaces, de diversas tuberías de cobre, material de grifería y de latón, procedentes de un edificio deshabitado y el Tribunal ratifica su condena tras revisar la prueba practicada, al ser suficientemente de cargo, ya que de los testimonios de los agentes policiales que instruyeron la causa, en la que se investigó el robo del material vendido por el apelante, se deriva que éstos procedían del edificio indicado, que estaba deshabitado, que no abandonado, en cuyo caso la ocupación de los mismos no sería ilícita, cuyos propietarios reclaman, ya que los materiales ocupados eran coincidentes con los que tenía el indicado edificio, así como las fechas de las sustracciones o robos en el edificio, con las fechas de las ventas de los materiales por el acusado. Se desestima la alegación subsidiaria, de concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, al existir una paralización de un año y medio, y una duración global del procedimiento que abarcaría desde junio de 2016 a septiembre de 2019, ya que si bien aquélla paralización y ésta duración determinan que concurran dilaciones indebidas, como ya se apreció en la sentencia recurrida, las mismas no son de tal intensidad como para considerar la atenuante con la extensión que se pretende, que el TS limita a supuestos con plazos mas dilatados.
Resumen: Aplicación del procedimiento de la OEDE: aplicación de la Ley 3/2003 a las órdenes europeas de detención y entrega que se emitan con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando se refieren a hechos anteriores a la misma. Las leyes que regulan la extradición y la euroorden ni son leyes penales ni leyes sancionadoras, por lo que no resulta de aplicación la prohibición constitucional de retroactividad. Quebrantamiento de condena impuesta en Portugal por hechos susceptibles de haber sido enjuiciados en España. De haberse realizado el enjuiciamiento de esos hechos en España, la pena impuesta estaría prescrita, contando el plazo de prescripción desde la fecha del quebrantamiento de la condena. Se deniega la entrega.
Resumen: La condición de la víctima menor de 16 años de edad supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador, y que no implica un mecanismo duplicativo (bis in idem), sino un bis in altera, por lo que no impide la calificación en el art. 140.1.1º del Código Penal de los hechos referidos. El art. 140.1.1 del CP no agrava lo que ya ha sido objeto de agravación en el art. 139.1, esto es, la muerte de un menor, ejecutada con alevosía por desvalimiento. El legislador ha seleccionado, entre las distintas modalidades de asesinato en las que el autor se aprovecha de la natural incapacidad de reacción defensiva de la víctima, un grupo social muy singular, a saber, el de las personas más vulnerables y, precisamente por ello, más necesitadas de protección. La reforma derivada de la LO 1/2015, introduce varias hipercualificaciones en el asesinato, que se enumeran en el nuevo art. 140, siendo la primera de ellas, que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. El fundamento de la prisión permanente revisable radica en la especial protección de los menores de 16 años (o personas vulnerables) más que sancionar el mayor reproche derivado del aseguramiento buscado por el autor frente a posibles reacciones defensivas, que es el fundamento de la alevosía. Son dos bases diferentes para dos agravaciones diferentes: no hay bis in idem sino un legítimo bis in altera.
