Resumen: Se debate si en las elecciones de los órganos de representación de los trabajadores de ADIF, los trabajadores pueden votar por correo comunicando previamente a la mesa electoral su intención de votar así. El Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, aprobó el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa y su art. 10 establece que la votación por correo exige previa comunicación del trabajador a la mesa electoral. El art. 10.6 del Real Decreto 1844/1994 permite que vote presencialmente el trabajador que había votado anticipadamente, manifestándolo ante la mesa, y emitido su voto se le entregará el que hubiese enviado por correo, que en caso de no haberse recibido se incinerará. En el Acuerdo de Elecciones Sindicales de ADIF 2019. se añade otra forma de votar por correo haciendo la comunicación personalmente ante la mesa electoral. El Acuerdo no vulnera la norma reglamentaria. No impide que pueda acudirse a la oficina de Correos. Los trabajadores que lo deseen, pueden efectuar la comunicación del voto a través de Correos, facilitándose el voto al permitir la comunicación directa del votante a la mesa electoral, lo que supone una ampliación de la garantía del derecho al voto que no puede considerarse contraria al marco normativo ni comporta perjuicio alguno para el proceso electoral.
Resumen: Recurre el sindicato demandante, contra la sentencia desestimó la demanda de conflicto colectivo en la que solicita que se declare la nulidad del acuerdo sobre jornadas y horarios de trabajo. Entienden los demandantes que el acuerdo supone la inaplicación y descuelgue del régimen de horarios de trabajo establecido en el art. 27 del Convenio sectorial de la banca, por lo que debería de haberse seguido el procedimiento previsto en el art. 82.3 ET, en lugar del establecido en el art. 41 ET. La sentencia recurrida considera que el personal afectado se encuentra comprendido en el supuesto que contempla el art. 27.4 del Convenio Colectivo supone una habilitación para negociar sin necesidad de acudir al procedimiento de descuelgue del art. 82.3 ET. Se desestima el recurso en su integridad puesto que no hay elementos de juicio que permitan admitir que el colectivo de trabajadores a los que afecta el acuerdo impugnado sea diferente al contemplado en el art. 27.4 del Convenio Colectivo cuya infracción se denuncia. La modificación del horario de trabajo de ese colectivo podrá suponer una MSCT, que deba sujetarse el procedimiento del art. 41 ET, pero no supone la inaplicación del convenio que contempla expresamente esa posibilidad. No se trata de una decisión unilateral de la empresa, sino de un acuerdo con sindicatos legitimados, tras seguir el oportuno procedimiento del art. 41 ET, en el que participó igualmente el sindicato demandante.
Resumen: Conflicto colectivo que afecta a personal de las 3 demandas que tras el acuerdo de fecha 29-3-2.016 optaron a mantener la percepción y el sistema de actualización de la compensación económica por la supresión del tabaco de fuma establecido por la STS de 5-3-2.008 afectando a trabajadores pasivos y prejubilados de toda España Se solicita que se declare que los trabajadores tienen derecho a:1.- La actualización de la compensación económica del tabaco y a cobrar los atrasos correspondientes al año 2016, conforme el coste de producción definitivo de la labor Fortuna Blando 20 en la fábrica de Logroño y de la Labor Farias superiores 50 en la fábrica de Cantabria. 2.- A que se sustituya el coste de producción de la labor Fortuna Blando 20 (producida en la fábrica de Logroño y que se cerró el 31/12/2016) por el precio de compra a la distribuidora a la que se adquiera, en cada momento a dicha labor de tabaco, o subsidiariamente a que el coste producción sea durante el año 2016 y sucesivos el último coste de producción real correspondiente al año 2016, y a que se abonen los atrasos correspondientes a los años 2017 a 2019.3.-A que se abone en consecuencia los atrasos correspondientes a los años 2016-2019. La AN aprecia de oficio la excepción de inadecuación de procedimiento por tratarse de un conflicto regulatorio o de intereses sin que conste que las partes hayan abordado en el seno de la Comisión Sindical lo que se comprometieron a negociar.
Resumen: El presidente del Comité de empresa demandante recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que desestima su demanda de conflicto colectivo. La Sala de lo Social rechaza, en primer lugar, la revisión fáctica interesada; y, en segundo lugar, desestima el recurso, pues interesada una declaración de que los trabajadores del departamento de recepción de materiales como verificadores, que se encuentran integrados en el grupo profesional 4 (operarios) del convenio de empresa, se deben encuadrar dentro del grupo profesional 3 (empleados), concluye que, el encuadramiento en el grupo 3 se refiere a las categorías de jefatura o notable cualificación técnica (Jefes de Áreas y Servicios), lo que tampoco cuadra con las categorías de oficial 1ª, 2ª y 3ª de los verificadores; por tanto, si las categorías son correctas y no existen en el grupo 3 dentro del cual pretenden ser encuadrados, funciones equivalentes, solo puede entenderse que su clasificación es conforme a derecho.
Resumen: Conflicto colectivo. Tripulantes de cabina de pasajeros con la modalidad contractual de indefinidos fijos discontinuos. Solicitan el reconocimiento del derecho de los trabajadores que recibieron el llamamiento para el periodo de actividad de la campaña de verano 2020 y que luego fue dejado sin efecto por la Compañía , a la efectiva incorporación en la empresa en fecha de inicio de actividad. La AN, previa desestimación de la excepción de inadecuación de procedimiento, estima la demanda, considera que existiendo un deber del empresario de incorporar a los trabajadores en una fecha determinada, si dicha incorporación no pudo llevarse a efecto por la situación provocada por la pandemia Covid-19-fuerza mayor que obliga a suspender la prestación efectiva de servicios ( art.45 1.i ET) -lo procedente hubiera sido actuar con relación a los mismos en la forma en que prescriben con carácter general el art. 47 E.T y con carácter excepcional el art. 22 del RD Ley 8/2.020 .No habiendo obrado la empresa de tal manera, y habiéndose desentendido de la obligación contraída con los trabajadores de darles ocupación efectiva en una fecha determinada, persiste su derecho a la incorporación en los términos solicitados.
Resumen: El 9-04-15 la empresa y la RLT modifican el art 6 del Acuerdo de Adhesión al Convenio de Hospedaje de la CAM, y pactan que en los despidos improcedentes -sin readmisión-, la cantidad que los empleados percibían en concepto de garantía personal compensatoria del porcentaje, complemento de antigüedad consolidada o complemento de antigüedad se distribuirá linealmente entre todos los empleados fijos de plantilla en el día de la fecha de efectividad de esos despidos, en el concepto de GPCP. El 22-01-19 la empresa decide distribuir el complemento GPCP de los jubilados parciales en proporción al tiempo de jornada efectivamente realizada. La Sala afirma que el origen de la medida no es una decisión unilateral empresarial, sino el fruto de la negociación colectiva y por ello no es una CMB y que constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo la decisión de 2019, porque la medida no tiene carácter temporal más allá de que la situación de jubilación parcial por su propia naturaleza tiene una duración finita -hasta la edad de jubilación definitiva- y no está justificada, pues desde 2015 se han actualizado y revalorizado las pensiones y se mantuvieron las reglas de distribución inicialmente pactadas y la decisión de 2019 implica una merma de las retribuciones salariales de este grupo en proporción a la jornada por la que optaron liberar su jornada, no quedando salvaguardada dicha quita por las oportunas actualizaciones y revalorizaciones del sistema de pensiones.
Resumen: ERTE por fuerza mayor solicitando la declaración de nulidad del acuerdo patronal de suspensión de contratos de trabajo que afecta a la plantilla de Cádiz y la declaración de la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical condenándose a la empresa a abonar la indemnización de daños y perjuicios de veinticuatro mil euros con cincuenta céntimos.Impugnandose la decisión empresarial que afecta a trabajadores de centros de trabajo ubicados en mas de una Comunidad autónoma , por un sindicato, cuya única sección sindical se circunscribe al centro de trabajo de Cádiz , por un delegado de personal, cuya elección ha sido anulada y por la propia sección sindical. La AN aprecia la excepción de falta de legitimación activa de los demandantes en aplicación del principio de correspondencia.
Resumen: Se pretende en la demanda formulada por la empresa el 25-05- 2020 que se declare que los trabajadores que se encontraban, con anterioridad a la presentación de los preavisos electorales, adheridos a la medida voluntaria de suspensión de su contrato de trabajo, prevista en el Acuerdo Colectivo Marco de Medidas Voluntarias de suspensión o extinción de contratos de trabajo en el período de 2013/2018 ( AVS) , de fecha 3 de diciembre de 2013 ( BOE de fecha 24 -1- 2014), han de quedar excluidos de la conformación de los censos electorales en los procesos de elecciones sindicales promovidos en los centros de trabajo de las empresas demandantes, y por lo tanto carecen de la condición de electores y elegibles en todos los procedimientos electorales que se han promovido en cada una de las empresas demandantes que forman, todas ellas, parte del Grupo ENDESA, se declare la nulidad de los censos electorales en los que se hubieran incluido como electores y elegibles a los trabajadores que se encontraban adheridos con anterioridad a la presentación de los preavisos electorales, a la medida voluntaria de suspensión de su contrato de trabajo, prevista en el A V S , así como de todos los actos posteriores a la aprobación dichos censos. La AN estima la excepción de inadecuación de procedimiento, lo que supone declarar la falta de competencia funcional de la Sala para conocer de la demanda que deberá presentarse, caso de impugnarse los Laudos, ante el juzgado de lo lo social territorialmente
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que estimó parcialmente la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos frente a las universidades públicas madrileñas, declarando el derecho de los trabajadores laborales temporales a solicitar el complemento por méritos docentes (quinquenios) en los mismos términos que el personal docente investigador laboral permanente, siempre y cuando concurra el elemento temporal exigido en las normas de desarrollo del complemento. La Sala 4 rechaza la alegación de incongruencia por cuanto los profesores ayudantes y ayudantes doctores no pueden superar los 5 años de duración del contrato, por lo que no tendrían derecho al complemento, por cuanto no puede existir discriminación entre trabajadores temporales e indefinidos y se reconocerá el complemento cuando concurra el elemento temporal exigido en las normas de desarrollo del complemento. En cuanto al fondo, tras sistematizar los tipos de contratación de profesorado en las universidades y los arts. 23 a 25 del Decreto 153/2002, considera que el personal permanente y temporal no se encuentra en situaciones comparables, pero el art. 24 de la norma convencional no hace distinción entre trabajadores permanentes y temporales, pidiéndose el derecho a poder solicitar la evaluación, de forma que si se denegara dicha solicitud se estaría provocando una desigualdad proscrita por el derecho comunitario y español
Resumen: Conflicto colectivo.Solicitado el reconocimiento del derecho de los trabajadores, que prestan servicio para Renfe Fabricación y Mantenimiento SME a que se les reconozca el Derecho de acceder a la jubilación parcial a partir de los 61 años, así como el resto de términos en los que se dicta el artículo 1 del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre , de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, que introduce el apartado 6 de la Disposición Transitoria cuarta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social . La AN declara la inadecuación del procedimiento de conflicto colectivo seguido para la declaración de inaplicación por ilegalidad de lo dispuesto en la cláusula7.6 del II convenio colectivo del Grupo Renfe. Explica la Sala que el proceso de conflicto colectivo es el adecuado para declarar cual de varias opciones interpretativas sobre el sentido de una disposición o cláusula es la más ajustada a derecho, pero no para la invalidación o eliminación de una regla o precepto, y la inobservancia de las reglas específicas del proceso de impugnación de convenio colectivo, relativas al contenido de la demanda, a la condición del Ministerio Fiscal de parte siempre en estos procesos, y a la publicación de la sentencia el Boletín Oficial, tiene entidad suficiente para declarar la inadecuación de procedimiento.
