Resumen: La cuestión a resolver es la de determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV reitera doctrina indicando que de la STS 9/2/2016, R. 297/14 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: Se cuestionan los efectos de la supresión del permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, que reconocía el artículo 37.3 b) ET así como de la equiparación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo de ambos progenitores (art. 48.4 ET), sobre la previsión del art. 30 del convenio colectivo de empresa. El vigente texto refundido del ET hace inaplicable el precepto del convenio colectivo de empresa que mejoraba la previsión legal sobre aquel permiso. La supresión del permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo es consecuencia directa de la equiparación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo, precisamente por «nacimiento», de los dos progenitores: en ambos casos dieciséis semanas. Si adicionalmente se mantuviera el permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, tan vinculado a la menor duración de la anterior suspensión del contrato por paternidad, se daría la paradoja de que el progenitor distinto de la madre biológica podría llegar a tener un periodo de tiempo de exoneración de la obligación de trabajar superior al de la propia madre biológica. El último párrafo del artículo 30 del convenio colectivo de empresa deviene inaplicable porque una norma sobrevenida (modificación de los artículos 37.3 d) y 48.4 ET por el Real Decreto-ley 6/2019) hace que aquel último párrafo del artículo 30 del convenio haya perdido sus originarias finalidad y alcance o, en los términos de la sentencia recurrida, su «sentido y utilidad.»ӌ
Resumen: Se cuestiona si la actuación de la televisión pública (CRTVG), consistente en encargar a una empresa la transmisión en directo de algunas noticias desde el exterior, supone una cesión a terceros de las tareas de realización y edición de los programas informativos en los que dicha noticia se emite, contraviniendo lo dispuesto al respecto en la Ley 9/2011, de 9 de noviembre. La Sala IV confirma la desestimación de la demanda al entender que entre las actividades subcontratadas por la demandada con esa tercera empresa no se incluye la realización y edición de programas informativos, por lo que no incurre en una conducta prohibida por el ordenamiento jurídico en perjuicio de las funciones y tareas que la Ley reserva a sus propios trabajadores. Los empleados de la empresa subcontratada limitan su actividad a trasladar una unidad móvil compuesta de un técnico de sonido, un cámara y un reportero, para cubrir determinadas noticias de exterior que les son encomendadas por el personal de la CRTVG. Ninguna intervención tienen en las funciones de realización y edición del programa informativo en el que dicha noticia se emite, puesto que, la noticia sobre la que se va a informar, el lugar de producción de la misma, la competencia sobre la creación del producto audiovisual, el realizador del directo, su contenido y todo lo demás que rodea a un servicio informativo, son competencias que no han sido cedidas a terceros, sino que se siguen manteniendo bajo el control y decisión de la TVG.
Resumen: La Sala IV estima la petición subsidiaria de conflicto colectivo y declara que las relaciones laborales de la Fundación de Atención y Soporte a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares con el colectivo de trabajadores afectados por el conflicto es de naturaleza indefinida no fija. Apreciada la concurrencia del fraude en la contratación, la cuestión planteada es la relativa a la mutación de la naturaleza contractual - fijeza o indefinido no fijo-. La Fundación es un organismo de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada. Para resolver la cuestión el TS acude a la doctrina sentada respecto a las sociedades mercantiles estatales y que concluyó con la condición de "indefinido no fijo". Tras analizar las condiciones de acceso al citado organismo, la normativa específica de aplicación y declarar la vigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad, sostiene que la relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) con el objetivo de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Por todo ello, se concluye que la calificación adecuada es la indefinidos no fijos.
Resumen: En cumplimiento de convenios colectivos de empresa se venía complementado la percepción de Incapacidad Temporal por parte de la entidad demandada. Tal forma de proceder se vio modificada por la entrada en vigor de diversas normas que intentaban hacer frente a la crisis económica de principios de la década. La Ley 22/2017 de presupuestos de la GV para 2018, establece que el cálculo del complemento se soportara sobre las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior a la IT, excluidos determinados conceptos. El Área de Gestión de Personas de FGV, estableció un aviso general en el que se dio cuenta de la aplicación de la nueva norma y de las consiguientes regularizaciones y atrasos. En la demanda se pretendía que se declarase que el mencionado aviso habría incumplido una condición más beneficiosa solicitando que se mantuviese la aplicación de las normas anteriores en relación al complemento de IT. No estamos en presencia de una condición más beneficiosa, no consta probada voluntad empresarial de mantener el beneficio derivado de la legislación anterior. Tampoco puede deducirse tal voluntad del retraso en aplicar la nueva normativa y no puede colegirse la existencia de una voluntad empresarial de incorporar al núcleo de derechos y obligaciones contractuales tal condición relativa al complemento de las precepciones de IT. Ha de rechazarse, igualmente la posible condición mas beneficiosa, cuando la misma se oponga a una disposición legal de cualquier orden normativo.
Resumen: Solicitado que se declare el derecho de los trabajadores afectados por el presente Conflicto Colectivo a que el dies a quo del cómputo de los permisos retribuidos señalados en el artículo 28.1 apartados a , b y d del Convenio Colectivo de Contac Center , en los casos en que el hecho causante del permiso suceda en día no laborable para el trabajador tenga que iniciarse en el primer día laborable siguiente.La empresa se allana a las pretensiones de las partes . La AN fija el "dies a quo" de tales permisos retribuidos, cuando el hecho causante del permiso en cuestión suceda en día no laborable para el trabajador, el inicio se sitúa el primer día laborable siguiente.
Resumen: La Sala de lo Social de la AN desestimó la demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por la FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la empresa ANA NAYA GARCÍA SL. y la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, en la que solicitaba que se declarase nula, o injustificada la medida adoptada por la empresa consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16/03/2020, mientras permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas respecto de la totalidad del personal afectado por la medida. La Sala IV desestima el recurso interpuesto por la FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO. Se aprecia incongruencia omisiva al no dar la SAN respuesta a la denuncia de infracción del art. 34 RD-L. 8/2020 (hecho tercero demanda), que resuelve por la Sala por tratarse de una cuestión meramente jurídica. Ante la indicación de la imposibilidad de aplicar la figura del silencio administrativo positivo si media la ausencia de un "requisito imprescindible", se resuelve por la Sala que la empresa cumplió con las exigencias del art. 22.2 del RD-L. 8/2020, por lo que nada impide que opere el silencio administrativo positivo. Se declara que el ERTE es compatible con el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrat
Resumen: Conflicto colectivo. Renfe. Los demandantes consideran que la empresa ha ido contra la doctrina de los actos propios al no abonar el anticipo a cuenta del mes de junio en cuantía de un 35% del complemento variable. La AN considera que la irrupción del Covid-19 ha determinado que los resultados de la empresa son negativos y no existe obligación de abonar el anticipo del complemento variable desde el momento en que el devengo del mismo se vincula anualmente a los objetivos fijados por la empresa que tal y como se ha acreditado iban a ser de 0 por la irrupción del Covid. Previamente se desestima la excepción de falta de legitimación activa de los sindicatos demandantes.
