Resumen: La cuestión a resolver en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, es la de determinar si los trabajadores de la empresa demandada han ganado como condición más beneficiosa (CMB), el derecho a percibir íntegramente las pagas extraordinarias de julio, septiembre y navidad, en los supuestos en los que hayan tenido suspendido el contrato de trabajo por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia de un menor de nueve meses, percibiendo las oportunas prestaciones de seguridad social. La SAN estimó en su integridad la demanda de conflicto colectivo y condenó a la empresa a pagar las cantidades correspondientes a las pagas extraordinarias de julio y septiembre de 2018. Dicho parecer es compartido por el TS que, tras recordar su consolidada doctrina sobre la CMB, declara que la actuación empresarial, ahora cuestionada, trae su origen en el momento de iniciarse la actividad empresarial en España en la década de 1970. Y se extiende progresivamente a las nuevas prestaciones de SS en esta materia, a medida que se incorporan a nuestro OJ. Abunda en esta solución, el hecho de que la empresa no hubiere rectificado definitivamente esa actuación tras la publicación del denominado "Modelo de homogeneización de nómina", que justamente versaba sobre el complemento de la prestación de maternidad hasta el 100 % del salario real, como hasta esa fecha venía haciendo con las prestaciones de IT. Tampoco supone una discriminación por trato desigual.
Resumen: La sentencia comentada se centra en resolver si la medida adoptada por la empresa, consistente en prohibir a los representantes de los trabajadores repartir comunicados e información sindicales en la sala de operaciones o plataforma en formato papel, lesiona el derecho de libertad sindical. Para ello parte de la base de que la demandada es una empresa de telemarketing telefónico y de atención al cliente, y que eso comporta el acceso a datos reservados de los clientes y usuarios del servicio, de cuya seguridad es responsable. Pero considera que dicha prohibición no supera los standards de idoneidad, necesidad y proporcionalidad constitucionalmente exigidos, por las razones que indica, aparte de que ni se ha acreditado que haya resultado vulnerado el sistema de seguridad de la empresa por ese motivo, ni tampoco la empresa ha facilitado a los representantes de los trabajadores un sistema digital fiable, eficaz y seguro para que puedan repartir comunicados e información sindical a los trabajadores.
Resumen: Formulada demanda de conflicto colectivo por los sindicatos actores en reclamación del reconocimiento de la situación de toxicidad, insalubridad o peligrosidad, con abono del correspondiente plus, mientras permanezca la pandemia causada por la COVID-19, para los trabajadores minoristas de alimentación en relación directa con el público, la Sala de lo Social conoce del mismo en instancia. Tras rechazar la excepción de inadecuación de procedimiento, desestima la demanda, ya que el percibo del plus que se reclama exige que se desempeñen funciones que entrañen peligrosidad, toxicidad, insalubridad o penosidad mientras no se adopten por el empresario las medidas de prevención necesarias para eliminar estas situaciones, y aun cuando el trabajo entraña riesgo de contraer la enfermedad, las empresas han elaborado un protocolo y han ido adoptado las medidas de prevención que de forma sucesiva se han venido imponiendo por la Administración con el fin de minimizar y eliminar el riesgo de contagio. Estamos ante una situación de carácter extraordinario y el mero riesgo de contraer la enfermedad no genera el derecho a percibir el plus que se reclama; más, siendo el colectivo que demanda como de baja probabilidad de exposición.
Resumen: Formulada demanda de conflicto colectivo por una sección sindical en reclamación de la nulidad del calendario confeccionado y entregado por la empresa Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) a los trabajadores de autobomba del operativo de prevención y extinción de incendios, la Sala de lo Social conoce en la instancia del pleito y, tras rechazar las excepciones de falta de legitimación activa y de caducidad, desestima la demanda en cuanto al fondo, dado que el art. 21.3 del Convenio de SARGA sólo regula la situación de los trabajadores que tenían una jornada inferior a la ordinaria, previéndose en tal supuesto un incremento de contratación en unos determinados porcentajes que podían dar lugar a una bolsa de horas entre la jornada incrementada y la que se realizaba hasta el momento de ese incremento, pero no excluye otros supuestos de bolsas de horas de trabajo.
Resumen: Se confirma la sentencia que estimó la demanda de conflicto colectivo condenando a Iberia a abonar a los trabajadores cualquier gasto de transporte derivado del desplazamiento, previa justificación del mismo, en que se incurra con motivo de seguimiento y actividad de control de la IT. La Sala 4ª, concluye que el art. 20.4 ET, habilita a comprobar que el estado de salud imposibilita la asistencia al trabajo, lo que debe realizarse cumpliendo con las existencias del poder de dirección (buena fe, razonabilidad, proporcionalidad y adecuación), debiendo llevarse a cabo con respeto a los derechos de los trabajadores, y es contradictorio que se admita la necesidad de que la empresa cubra los gastos de desplazamiento cuando el contrato está vivo y no se cubra cuando se impone el desplazamiento durante la IT, ya que se trata de una decisión empresarial facultativa. Rechaza el motivo subsidiario en relación a que no procede reconocer el derecho cuando no se acude al reconocimiento, al no invocarse precepto legal infringido, sin que pueda apreciarse falta de acción ya que existe conflicto real y actual cuando en caso de no responder al teléfono la persona es requerida para reconocimiento médico presencial. Por último, no entra a conocer de la cuestión de cuál debería ser la cuantía de los gastos a abonar, por cuanto se trata de una cuestión nueva
Resumen: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA es la actual adjudicataria -se subrogó en las anteriores empleadoras CABISUAR CARTAGENA SA y ENCARNACIÓN AGUILAR SL, que aplicaban el Convenio Colectivo de la Construcción de la Región de Murcia- de los servicios de mantenimiento y limpieza de la zona del litoral de Cartagena, figurando en el pliego de condiciones de la contrata que los trabajos y servicios objeto del concurso es la conservación y limpieza contratada mediante la percepción de un canon y conservación contratada mediante la valoración de suministros o de obras. La realización de obras de conservación deberá realzarse de acuerdo con las indicaciones del IMSEL (INSITUTO MUNICIPAL DE SERVICOS DEL LITORAL) y por personal distinto de las brigadas de limpieza. La Sala afirma que el objeto principal de la contratación radicaba en la conservación, para lo que se preveía la valoración de suministros y obras, siendo la limpieza algo subordinado, por lo que entiende aplicable el convenio de la construcción, indicando que tampoco se observa que el de limpieza viaria sea más favorable y que no se examina la posibilidad de que fueran aplicables ambos convenios colectivos según el tipo de personal, porque tal cuestión no se suscita.
Resumen: Conflicto colectivo. Se solicita, que se declare que el complemento Vestas 16 regulado en la Disposición Adicional Segunda del Convenio Colectivo de Empresa debe experimentar los incrementos acordados en el artículo 42 del propio convenio. La AN, aplicando las regles de interpretación de los Convenios colectivos, desestima la demanda porque no hay, por consiguiente, apoyo normativo alguno que permita sostener la tesis de la parte actora. El complemento Vestas 16 está regulado en la DA 2ª y no recoge nada respecto a los aumentos salariales y el hecho que diga que es " revalorizable", es un concepto potencial , que significa que puede ser , no que deba serlo, siendo el art 42 el que regula los aumentos salariales en una lista cerrada de "numerus clausus" , con lo cual no deja lugar a duda sobre cual debe ser la interpretación de estos preceptos, teniendo en cuenta además lo preceptuado por el artículo 1283 del Código civil en virtud del cual , cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar .
Resumen: Cuando el trabajador accedió a la prejubilación, a efectos del plan de pensiones, se le reconocía que se le seguirían haciendo las aportaciones hasta que alcanzara la edad de 64 años como si el trabajador estuviera en activo. Ello evidencia que el actor ya no estaba en situación de activo, pero que la empresa se comprometió a darle el mismo tratamiento que a los trabajadores en activo. Por tanto, cuando se acordó la suspensión de las aportaciones, en el acuerdo confirmado por la STS, el actor, como los demás participes, en activo o no, se vieron afectados y vieron suspendidas sus aportaciones. En cuanto al plan de recuperación que se pondría en marcha, no le podía ser de aplicación porque ya no era personal en activo a dicha fecha. Sin embargo, como quiera que cesó durante el periodo de suspensión, por causa de jubilación y tuvo la consideración de personal en activo hasta entonces, a efectos de las aportaciones al Plan de Pensiones, sí se encontraba en el supuesto de hecho de la norma prevista para aquellos trabajadores que no se mantuvieran en activo porque hubieran causado baja durante la suspensión de aportaciones ordinarias y adicionales, por jubilación, pues el actor había sido declarado en situación de jubilación y, ya no era prejubilado, por lo que desde entonces, no podía ser equiparado al personal en activo. Por consiguiente, tiene derecho a las aportaciones al plan de pensiones reclamadas.
Resumen: La Sala comparte el criterio de la SJS que desestimó la demanda no solo porque la cuestión litigiosa debió someterse a arbitraje, de conformidad con el artículo 2.4 del convenio que prevé que los conflictos no individuales en los que la Comisión Paritaria no llegue a conciliación o acuerdo, las partes intentarán un arbitraje aceptado expresamente, cuyo resultado tendrá carácter normativo -única conclusión posible, al no contestarse a la petición del sindicato sobre la celebración con ella de una reunión-, sino también por la falta de acreditación de todas las irregularidades que se denuncian sobre los desempeños provisionales y las atribuciones temporales que se dice realizados en fraude de ley y afirma que se sustenta en premisas que no figuran en el relato fáctico, no constando la existencia de saltos de nivel e incrementos salariales de hasta cuatro índices -existen 110 desempeños provisionales y atribuciones temporales de funciones, pero no concreta los incrementos salariales-, ni la falta de realización de pruebas en la plantilla del departamento, ni que no se acuda al resto del área de no existir personal interesado y tampoco se concretan adscripciones temporales que se están realizando y si se limitan a puestos de jefatura o las adscripciones que están siendo rechazadas.
Resumen: La Sala afirma que los tres primeros artículos del RD 1462/2018 en relación con el 27 del ET suscitan dudas de interpretación y coordinación tanto a las empresas como a los demás operadores jurídicos y que ha dado lugar a interpretaciones contradictorias de los Tribunales, entendiendo que la interpretación más correcta es la que sostiene la STSJ de Cantabria de 28-12-2018 (Rec: 755/2018), siguiendo la STS de 30-09-10 (Rec: 186/2009) y que por ello como la empresa compensa y absorbe dos conceptos dispares, no homogéneos sino heterogéneos, cuales son el salario base por unidad de tiempo con un complemento de trabajo configurado por las especiales circunstancias en que se desenvuelve el trabajo de los afectados por el conflicto en labores de inspección y control de pasajeros en el Aeropuerto en el que se utilizan radioscopia y escáneres, tienen derecho a mantener los pluses, de puesto de trabajo AENA, puesto de trabajo especial aeropuerto/puesto de trabajo de filtros como los percibían antes de 01-19.
