Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: Se cuestionan los efectos de la supresión del permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, que reconocía el artículo 37.3 b) ET así como de la equiparación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo de ambos progenitores (art. 48.4 ET), sobre la previsión del art. 30 del convenio colectivo de empresa. El vigente texto refundido del ET hace inaplicable el precepto del convenio colectivo de empresa que mejoraba la previsión legal sobre aquel permiso. La supresión del permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo es consecuencia directa de la equiparación de la duración de la suspensión del contrato de trabajo, precisamente por «nacimiento», de los dos progenitores: en ambos casos dieciséis semanas. Si adicionalmente se mantuviera el permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, tan vinculado a la menor duración de la anterior suspensión del contrato por paternidad, se daría la paradoja de que el progenitor distinto de la madre biológica podría llegar a tener un periodo de tiempo de exoneración de la obligación de trabajar superior al de la propia madre biológica. El último párrafo del artículo 30 del convenio colectivo de empresa deviene inaplicable porque una norma sobrevenida (modificación de los artículos 37.3 d) y 48.4 ET por el Real Decreto-ley 6/2019) hace que aquel último párrafo del artículo 30 del convenio haya perdido sus originarias finalidad y alcance o, en los términos de la sentencia recurrida, su «sentido y utilidad.»ӌ
Resumen: La Sala IV estima la petición subsidiaria de conflicto colectivo y declara que las relaciones laborales de la Fundación de Atención y Soporte a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares con el colectivo de trabajadores afectados por el conflicto es de naturaleza indefinida no fija. Apreciada la concurrencia del fraude en la contratación, la cuestión planteada es la relativa a la mutación de la naturaleza contractual - fijeza o indefinido no fijo-. La Fundación es un organismo de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada. Para resolver la cuestión el TS acude a la doctrina sentada respecto a las sociedades mercantiles estatales y que concluyó con la condición de "indefinido no fijo". Tras analizar las condiciones de acceso al citado organismo, la normativa específica de aplicación y declarar la vigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad, sostiene que la relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) con el objetivo de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Por todo ello, se concluye que la calificación adecuada es la indefinidos no fijos.
Resumen: En cumplimiento de convenios colectivos de empresa se venía complementado la percepción de Incapacidad Temporal por parte de la entidad demandada. Tal forma de proceder se vio modificada por la entrada en vigor de diversas normas que intentaban hacer frente a la crisis económica de principios de la década. La Ley 22/2017 de presupuestos de la GV para 2018, establece que el cálculo del complemento se soportara sobre las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior a la IT, excluidos determinados conceptos. El Área de Gestión de Personas de FGV, estableció un aviso general en el que se dio cuenta de la aplicación de la nueva norma y de las consiguientes regularizaciones y atrasos. En la demanda se pretendía que se declarase que el mencionado aviso habría incumplido una condición más beneficiosa solicitando que se mantuviese la aplicación de las normas anteriores en relación al complemento de IT. No estamos en presencia de una condición más beneficiosa, no consta probada voluntad empresarial de mantener el beneficio derivado de la legislación anterior. Tampoco puede deducirse tal voluntad del retraso en aplicar la nueva normativa y no puede colegirse la existencia de una voluntad empresarial de incorporar al núcleo de derechos y obligaciones contractuales tal condición relativa al complemento de las precepciones de IT. Ha de rechazarse, igualmente la posible condición mas beneficiosa, cuando la misma se oponga a una disposición legal de cualquier orden normativo.
Resumen: La Sala de lo Social de la AN desestimó la demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por la FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la empresa ANA NAYA GARCÍA SL. y la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, en la que solicitaba que se declarase nula, o injustificada la medida adoptada por la empresa consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16/03/2020, mientras permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas respecto de la totalidad del personal afectado por la medida. La Sala IV desestima el recurso interpuesto por la FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO. Se aprecia incongruencia omisiva al no dar la SAN respuesta a la denuncia de infracción del art. 34 RD-L. 8/2020 (hecho tercero demanda), que resuelve por la Sala por tratarse de una cuestión meramente jurídica. Ante la indicación de la imposibilidad de aplicar la figura del silencio administrativo positivo si media la ausencia de un "requisito imprescindible", se resuelve por la Sala que la empresa cumplió con las exigencias del art. 22.2 del RD-L. 8/2020, por lo que nada impide que opere el silencio administrativo positivo. Se declara que el ERTE es compatible con el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrat
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, consiste en determinar el convenio colectivo aplicable a los trabajadores que prestan servicios para la UTE Kirol Portuak II y, en concreto, si se les ha de aplicar el Convenio Colectivo de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Gipuzkoa o, por el contrario el del sector del metal, habiendo estimado la Sala de origen la demanda de conflicto colectivo deducida por el Sindicato ELA y optado por el Convenio de limpieza de Gipuzkoa. El TS tras desestimar los óbices procesales suscitados [falta de legitimación del sindicato, inadecuación de procedimiento e incongruencia interna de la sentencia recurrida], y descartada la revisión de los hechos probados, entra a decidir sobre cuál es el convenio aplicable a la vista de sus ámbitos funcionales, no obstante recordar que se trata de una materia indisponible y de orden público, por lo que no cabe elegir un convenio distinto del que debe aplicarse. Sentado lo anterior, y atendiendo a la actividad de la UTE y a las funciones que realizan los trabajadores que se insertan y encajan mejor en las expresiones de "limpieza, mantenimiento, conservación y recuperación de puertos", que en las expresiones "construcción naval y su industria auxiliar", confirma el fallo combatido y declara aplicable el Convenio de limpieza de Gipuzkoa.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina, en interpretación del art 44 ET, declarando que no procede la extensión de los derechos que tengan los trabajadores afectados por la sucesión empresarial a los que sean de nueva contratación por la empresa entrante, ya que la previsión legal no les alcanza. La empresa entrante pasa a ocupar el lugar de la saliente, pero respecto de los concretos trabajadores afectados por el cambio empresarial por lo que la obligación de mantenimiento de las condiciones solo abarca las relaciones laborales de los trabajadores subrogados. Respecto de los nuevos trabajadores que puedan entrar a prestar servicios en dicha unidad la empresa entrante no está obligada a tener que aplicarles los mismos derechos que tuvieran los subrogados porque a aquellos nos les afecta cambio alguno de empleador cuando, además, las condiciones de los subrogados no perduran indefinidamente. Y ello no implica que se esté generando una diferencia de trato entre los trabajadores subrogados respecto de los nuevos contratados en cuanto que no se encuentran en la misma situación. Tampoco contraviene el mandato de la Directiva 2001/23/CE, relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, o de centros de actividad. La misma pretende proteger los derechos de los trabajadores afectados por un cambio de empresario, pero no extiende su ámbito a los nuevos trabajadores que el cesionario pudiera contratar, ajenos a la sucesión.
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo se reclamó el derecho de los trabajadores a percibir los festivos normales, los festivos especiales, los domingos, el Plus de Idioma, el Plus de Nocturnidad y el Plus Transporte, recogidos en el anexo II del Convenio Colectivo, con arreglo a su jornada de 1600 horas anuales, sin mencionar el acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo de 24 de julio de 2014. En los hechos probados no se menciona en qué cuantía se retribuyeron los conceptos reiterados desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el momento de la reclamación. Se examina el alcance del apartado quinto del acuerdo de 24 de julio de 2014 y se concluye que la voluntad de las partes fue “mantener la estructura salarial y la cuantía de los conceptos salariales que se encontraban vigentes en el Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector Contact Center, vigente desde 2010 a 2014”. La sentencia no considera probado que los negociadores del Acuerdo se hubieran comprometido a reajustar al alza los importes de los complementos salariales conforme a la jornada reducida, deduciéndose de la literalidad del acuerdo que no se modificarían las cuantías de dichas retribuciones. Los conceptos vienen referidos a jornadas de 8 horas, obteniéndose el valor hora mediante la división del salario base entre las 1.764 horas de jornada máxima anual, debiéndose calcular en jornadas inferiores la parte proporcional. El segundo motivo de recurso no cita la norma que considera i
Resumen: La SAN resuelve la demanda de conflicto colectivo presentada por el Sindicato SITCPLA, a la que se adhirieron USO Y CCOO, declarando la inadecuación de procedimiento respecto de la primera pretensión de la demanda consistente en el derecho de los tripulantes de cabina de pasajeros que han solicitado nueva reducción de jornada voluntaria. Respecto de la segunda pretensión, referida al derecho de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros que ya disfrutaban de una reducción de jornada concedida, anterior a junio de 2018, y que no han solicitado reincorporarse a jornada completa de forma expresa y con 45 días de antelación a su fecha de finalización, a continuar disfrutándola en los términos en que lo venían haciendo, la sentencia la ha desestimado. Recurre el sindicato SITCPLA en casación y plantea dos motivos de recurso. La Sala IV desestima el primero, inadecuación de procedimiento, razonando que dentro del ámbito de aplicación del proceso especial de conflicto colectivo no se incluyen las reclamaciones que afectan a intereses individuales. Desestima asimismo el segundo motivo, relativo a la renovación de reducción de jornada voluntaria declarando que la petición de renovación de reducción de jornada voluntaria que establece el III Convenio Colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de Air Europa Líneas Aéreas, SAU., aunque es de concesión automática no impide que pueda denegarse por existir causas objetivas que lo justifiquen.
