Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: El núcleo del debate de la sentencia anotada se centra en determinar, si para el reconocimiento del complemento retributivo por formación permanente (sexenios) al profesorado de religión católica dependientes del Ministerio de Educación (MEC), es imprescindible acreditar una formación específica a través de cursos homologados por el MEC. La Sala IV, reiterando doctrina, precisa que de la STS 9/2/2016, R. 152/15 no deriva el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. Lo que sí deriva del conflicto colectivo es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, desplegando el efecto positivo de la cosa juzgada aquella sentencia en estos términos. Tras analizar la finalidad del complemento - incentivar y gratificar la propia formación del profesorado-, la sinalagmaticidad de la remuneración y las normas que equiparan el régimen retributivo, concluye que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto. Por lo que el complemento cuestionado presupone acreditar una formación específica en cursos homologados por la Autoridad Educativa.
Resumen: La Sala IV estima la petición subsidiaria de conflicto colectivo y declara que las relaciones laborales de la Fundación de Atención y Soporte a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares con el colectivo de trabajadores afectados por el conflicto es de naturaleza indefinida no fija. Apreciada la concurrencia del fraude en la contratación, la cuestión planteada es la relativa a la mutación de la naturaleza contractual - fijeza o indefinido no fijo-. La Fundación es un organismo de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada. Para resolver la cuestión el TS acude a la doctrina sentada respecto a las sociedades mercantiles estatales y que concluyó con la condición de "indefinido no fijo". Tras analizar las condiciones de acceso al citado organismo, la normativa específica de aplicación y declarar la vigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad, sostiene que la relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarse en el acceso al empleo público (no solo a la función pública) con el objetivo de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Por todo ello, se concluye que la calificación adecuada es la indefinidos no fijos.
Resumen: La Sala de lo Social de la AN desestimó la demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por la FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la empresa ANA NAYA GARCÍA SL. y la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, en la que solicitaba que se declarase nula, o injustificada la medida adoptada por la empresa consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16/03/2020, mientras permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas respecto de la totalidad del personal afectado por la medida. La Sala IV desestima el recurso interpuesto por la FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO. Se aprecia incongruencia omisiva al no dar la SAN respuesta a la denuncia de infracción del art. 34 RD-L. 8/2020 (hecho tercero demanda), que resuelve por la Sala por tratarse de una cuestión meramente jurídica. Ante la indicación de la imposibilidad de aplicar la figura del silencio administrativo positivo si media la ausencia de un "requisito imprescindible", se resuelve por la Sala que la empresa cumplió con las exigencias del art. 22.2 del RD-L. 8/2020, por lo que nada impide que opere el silencio administrativo positivo. Se declara que el ERTE es compatible con el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrat
Resumen: La cuestión suscitada en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, consiste en determinar el convenio colectivo aplicable a los trabajadores que prestan servicios para la UTE Kirol Portuak II y, en concreto, si se les ha de aplicar el Convenio Colectivo de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de Gipuzkoa o, por el contrario el del sector del metal, habiendo estimado la Sala de origen la demanda de conflicto colectivo deducida por el Sindicato ELA y optado por el Convenio de limpieza de Gipuzkoa. El TS tras desestimar los óbices procesales suscitados [falta de legitimación del sindicato, inadecuación de procedimiento e incongruencia interna de la sentencia recurrida], y descartada la revisión de los hechos probados, entra a decidir sobre cuál es el convenio aplicable a la vista de sus ámbitos funcionales, no obstante recordar que se trata de una materia indisponible y de orden público, por lo que no cabe elegir un convenio distinto del que debe aplicarse. Sentado lo anterior, y atendiendo a la actividad de la UTE y a las funciones que realizan los trabajadores que se insertan y encajan mejor en las expresiones de "limpieza, mantenimiento, conservación y recuperación de puertos", que en las expresiones "construcción naval y su industria auxiliar", confirma el fallo combatido y declara aplicable el Convenio de limpieza de Gipuzkoa.
Resumen: La Sala IV reitera doctrina, en interpretación del art 44 ET, declarando que no procede la extensión de los derechos que tengan los trabajadores afectados por la sucesión empresarial a los que sean de nueva contratación por la empresa entrante, ya que la previsión legal no les alcanza. La empresa entrante pasa a ocupar el lugar de la saliente, pero respecto de los concretos trabajadores afectados por el cambio empresarial por lo que la obligación de mantenimiento de las condiciones solo abarca las relaciones laborales de los trabajadores subrogados. Respecto de los nuevos trabajadores que puedan entrar a prestar servicios en dicha unidad la empresa entrante no está obligada a tener que aplicarles los mismos derechos que tuvieran los subrogados porque a aquellos nos les afecta cambio alguno de empleador cuando, además, las condiciones de los subrogados no perduran indefinidamente. Y ello no implica que se esté generando una diferencia de trato entre los trabajadores subrogados respecto de los nuevos contratados en cuanto que no se encuentran en la misma situación. Tampoco contraviene el mandato de la Directiva 2001/23/CE, relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, o de centros de actividad. La misma pretende proteger los derechos de los trabajadores afectados por un cambio de empresario, pero no extiende su ámbito a los nuevos trabajadores que el cesionario pudiera contratar, ajenos a la sucesión.
Resumen: En la demanda de conflicto colectivo se reclamó el derecho de los trabajadores a percibir los festivos normales, los festivos especiales, los domingos, el Plus de Idioma, el Plus de Nocturnidad y el Plus Transporte, recogidos en el anexo II del Convenio Colectivo, con arreglo a su jornada de 1600 horas anuales, sin mencionar el acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo de 24 de julio de 2014. En los hechos probados no se menciona en qué cuantía se retribuyeron los conceptos reiterados desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el momento de la reclamación. Se examina el alcance del apartado quinto del acuerdo de 24 de julio de 2014 y se concluye que la voluntad de las partes fue “mantener la estructura salarial y la cuantía de los conceptos salariales que se encontraban vigentes en el Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector Contact Center, vigente desde 2010 a 2014”. La sentencia no considera probado que los negociadores del Acuerdo se hubieran comprometido a reajustar al alza los importes de los complementos salariales conforme a la jornada reducida, deduciéndose de la literalidad del acuerdo que no se modificarían las cuantías de dichas retribuciones. Los conceptos vienen referidos a jornadas de 8 horas, obteniéndose el valor hora mediante la división del salario base entre las 1.764 horas de jornada máxima anual, debiéndose calcular en jornadas inferiores la parte proporcional. El segundo motivo de recurso no cita la norma que considera i
Resumen: La SAN resuelve la demanda de conflicto colectivo presentada por el Sindicato SITCPLA, a la que se adhirieron USO Y CCOO, declarando la inadecuación de procedimiento respecto de la primera pretensión de la demanda consistente en el derecho de los tripulantes de cabina de pasajeros que han solicitado nueva reducción de jornada voluntaria. Respecto de la segunda pretensión, referida al derecho de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros que ya disfrutaban de una reducción de jornada concedida, anterior a junio de 2018, y que no han solicitado reincorporarse a jornada completa de forma expresa y con 45 días de antelación a su fecha de finalización, a continuar disfrutándola en los términos en que lo venían haciendo, la sentencia la ha desestimado. Recurre el sindicato SITCPLA en casación y plantea dos motivos de recurso. La Sala IV desestima el primero, inadecuación de procedimiento, razonando que dentro del ámbito de aplicación del proceso especial de conflicto colectivo no se incluyen las reclamaciones que afectan a intereses individuales. Desestima asimismo el segundo motivo, relativo a la renovación de reducción de jornada voluntaria declarando que la petición de renovación de reducción de jornada voluntaria que establece el III Convenio Colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de Air Europa Líneas Aéreas, SAU., aunque es de concesión automática no impide que pueda denegarse por existir causas objetivas que lo justifiquen.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que desestimó la demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba se declarara nula la modificación operada en el sistema de remuneración, categoría profesional y cuantía salarial, aplicando el CC de la empresa Dinosol Supermercados, que expiró en su vigencia el 31-12-2015, siendo denunciado un día antes. No entra a conocer la sentencia de dos cuestiones nuevas planteadas en casación en relación al incumplimiento empresarial del deber de negociar del at. 89.1 ET, y respecto a que estando el convenio en ultraactividad sólo es posible su modificación a través del procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo del art. 82.3 ET habiéndose vulnerado la libertad sindical por aplicar el convenio sectorial en contra del deber de negociación. En cuanto al fondo, y en relación a si debería haberse seguido el procedimiento del art. 41 ET, señala la sentencia que el CC de empresa fue denunciado y perdió su vigencia, por lo que de conformidad con el art. 86.3 ET, procede aplicar la norma colectiva de ámbito superior, que sustituye al CC de la empresa, lo que opera por ministerio de la ley sin que el empleador deba acudir al procedimiento de MSCT del art. 41 ET
Resumen: La cuestión a resolver en la sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, es la de determinar si resulta ajustado a derecho el calendario de vacaciones para el año 2019 fijado por la empresa, tras finalizar el periodo de consultas sin alcanzar un acuerdo con la representación legal de los trabajadores, que no respeta lo previsto en el Convenio sectorial de aplicación, pero que se ajusta sin embargo a las peticiones efectuadas a título individual por la gran mayoría de los trabajadores. En el caso, la empresa activó el procedimiento del art. 41 ET para negociar con los representantes legales de los trabajadores el calendario de vacaciones, que finaliza sin acuerdo, y adopta finalmente la decisión de establecer dos distintos sistemas de vacaciones, en función de las peticiones individuales de los trabajadores de la empresa. La Sala de origen estimó la demanda de conflicto colectivo y declaró nulo dicho calendario, reconociendo el derecho de la plantilla a seguir rigiéndose en esta materia por lo establecido en el convenio. El TS comparte tal parecer, y declara que la empresa no puede inaplicar unilateralmente el calendario de vacaciones establecido en convenio estatutario debiendo seguir para ello el procedimiento de descuelgue del art. 82. 3 ET. Por otro lado, la aceptación individual en masa de esa decisión por una gran parte de los trabajadores, no convalida la decisión empresarial, porque vulnera el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
