Resumen: La sentencia comentada recae en proceso de conflicto colectivo en el que se impugna como modificación sustancial de condiciones de trabajo la variación del sistema de incentivos decidida por la demandada. La Sala IV, comienza por descartar la defectuosa articulación del recurso de casación unificadora por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y la inexistencia de contradicción planteadas en la impugnación del recurso. En cuanto al fondo del asunto, tras sistematizar la jurisprudencia sobre cuándo una modificación es sustancial, considera que la adoptada por la empresa no lo es, ya que el sistema de incentivos se implantó en la empresa en 2014 y el mismo ha ido variando en los ejercicios posteriores, por lo que no puede entenderse consolidado. Además, tampoco consta la repercusión cuantitativa negativa que haya podido tener el sistema de incentivos fijado para el ejercicio 2017. Sin que puedan acogerse los argumentos de la impugnante, pues ni en convenio ni en pacto individual se regulan los incentivos. En consecuencia, se estima el recurso de la empresa y se confirma la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda
Resumen: Se cuestiona si la acción de conflicto colectivo está prescrita, cuando se presenta más de un año después de la efectividad de la medida pero que sigue aplicándose cuando se inicia el conflicto colectivo. En suplicación la sala estimó que la acción no estaba prescrita al estar en liza una medida empresarial que proyecta sus efectos a lo largo del tiempo, encontrándose todavía en vigor en el momento del inicio tanto extrajudicial como judicial del conflicto colectivo. En unificación de doctrina se circunscribe la cuestión a la prescripción de la acción. La decisión empresarial no se agota en un solo acto, sino que proyecta sus efectos hacía el futuro. Al ser la prescripción extintiva una institución que atiende a pragmáticas consecuencias de dotar a las relaciones jurídicas de un mínimo de certeza y seguridad, debe ser interpretada con criterio estricto. Aunque no estemos en presencia de una obligación de tracto sucesivo “strictu senso”, existe un posible incumplimiento empresarial de las normas imperativas sobre distribución de la jornada de trabajo frente al que la representación sindical reacciona planteando un conflicto colectivo. El hecho de que la medida empresarial se prolongase en el tiempo, permite que la reclamación pueda efectuarse mientras los efectos de tales medidas sigan vigentes y en aplicación. Sostener lo contrario sería tanto como mantener que el transcurso del tiempo convierte una medida ilegal en legal.
Resumen: ERTE por causas productivas relacionadas con el Covid-19.Habiendo concluido el periodo de consultas con acuerdo, incumbe al sindicato actor la prueba de que la negociación no fue de buena fe o de que la documentación que denuncia como no facilitada sea esencial para abordar las consultas, carga con la que no ha cumplido, máxime cuando las actas evidencian la existencia un verdadero proceso negociador y cuando la mayoría de la RS consideró que la documentación entregada era suficiente para tener por acreditada la causa . Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas. En cuanto al déficit de jornada, se dispone al respecto que: "Con carácter extraordinario y como producto de la negociación colectiva habida en el seno del período de consultas, las partes acuerdan la creación de un permiso retribuido recuperable que se regirá exclusivamente por lo aquí pactado". Siendo así, por la empresa se propone un permiso retribuido recuperable de un mes a los afectados por el ERTE, disponiéndose al respecto que "el defecto de jornada generado por el trabajador será recuperable hasta el 31 de diciembre de 2021.Esta regulación de la jornada de trabajo y su posible compensación en meses posteriores cuando por necesidades del servicio un trabajador no haya agotado su jornada máxima anual, se refiere al computo de la jornada ordinaria de trabajo y a su posibilidad de distribución irregular. ( art.34 ET)
Resumen: Se interesa la declaración de nulidad o, en su caso, injustificada la decisión de modificación sustancial de condiciones de carácter colectivo, llevada a cabo por la empresa, por violación de derechos fundamentales de libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, por haber modificado la empresa por el pase al teletrabajo a consecuencia del Covid - 19 ,la jornada y horario ( de 8 a 17, con una hora de descanso ) a jornada continuada (de 8 a 16) y en tanto se mantenga la situación, se suprimen los tickets restaurante. La AN estima la demanda, teniendo en cuenta que la única medida ajustada a la situación excepcional que atravesamos es la del teletrabajo , pero no existe justificación alguna , ni ha quedado probado por parte de la empresa que exista ninguna de las causas necesarias para considerar justificada la modificación sustancial de las condiciones de trabajo , con lo cual no procede ni la supresión de los tickets comida, ni el cambio a jornada continuada de 8 horas, ya que se vulnera lo dispuesto en el articulo 10 bis del Convenio colectivo de aplicación , según el cual, como sólo modifica la manera de realizar el trabajo, el paso al teletrabajo en sí no modifica el estatuto laboral del teletrabajador.
Resumen: Conflicto colectivo. Se impugna la compensación y absorción de dos pluses con el nuevo salario base, equiparado al SMI . Se alega que no es posible legalmente compensar y absorber un concepto salarial y pluses extra salariales, sin que sea relevante que el convenio permita compensar cualquier concepto, por cuanto el ET contempla únicamente la compensación y absorción entre salarios, al igual que sucede con el SMI .La AN sin entrar a resolver el fondo del asunto, estima la excepción de falta de agotamiento de la vía previa en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del convenio colectivo de aplicación, que viene a regular la comisión de interpretación y vigilancia del mismo, atribuyéndole, entre otras, las siguientes funciones: Entender, de forma previa a la vía administrativa y judicial, en relación a los conflictos colectivos que puedan ser interpuestos, con respecto a la aplicación de los preceptos derivados del presente convenio colectivo. Este trámite preprocesal se considerará en todo caso obligatorio e inexcusable para la válida prosecución del conflicto colectivo.
Resumen: Se solicita se declare el derecho de todos los trabajadores de la empresa contratados con posterioridad al año 2000 a percibir el complemento personal en los mismos términos que lo perciben los trabajadores contratados con anterioridad a dicha fecha; es decir, el reconocimiento de los quinquenios devengados desde sus respectivas contrataciones hasta la fecha actual, así como las actualizaciones anuales producidas. La AN estima la demanda explica la Sala que, los trabajadores contratados con anterioridad al año 2000, y que tenían reconocido el concepto de "antigüedad", cada vez que consolidan un nuevo quinquenio ven aumentado el complemento personal en una cantidad a tanto alzado que incrementa dicho complemento personal como si se tratase de la consolidación de un nuevo quinquenio, produciéndose, en definitiva, una retribución encubierta de la antigüedad. Esta situación da lugar a la existencia, en la práctica, de una doble escala salarial que no viene amparada por un criterio justificado y objetivo, lo que constituye una discriminación de los trabajadores contratados con posterioridad al año 2000 frente a los trabajadores incorporados a la empresa con anterioridad a dicha fecha. Siendo evidente que la doble escala salarial establecida reconoce un derecho dinámico para ciertos trabajadores, anudado exclusivamente a su fecha de incorporación a la empresa lo que conculca el principio de igualdad.
Resumen: Impugnación ERTE por causas productivas vinculadas con los efectos del Covid-19 . La AN desestima la demanda, el informe aportado, evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan dotar de flexibilidad a la Compañía para poder adecuarse a la caída de actividad registrada en las últimas semanas y a la situación pronosticada para cada uno de los sectores en los próximos meses. Hemos también de señalar que habiendo finalizado el periodo de consultas con acuerdo , únicamente se podrá impugnar por dolo , fraude , coacción o abuso de derecho , tal y como dispone el artículo 47 ET , sin que se aprecien en el presente caso.
Resumen: Cesión ilegal de trabajadores. La AN estima la demanda y declara que que las relaciones de trabajo constituidas formal y aparentemente por contratos de trabajo con las empresas Crewlink y Workforce para prestar servicios de vuelo como Tripulantes de Cabina de Pasajeros para Ryanair DAC, constituye un supuesto de cesión ilegal de trabajadores donde el verdadero empresario es Ryanair Dac y reconoce el derecho de los trabajadores ilegalmente cedidos a optar por la condición de trabajadores en la Empresa RYANAIR DAC por apreciar un manifiesto supuesto de cesion ilegal de trabajadores.
Resumen: La Sala IV, en Pleno, confirma la sentencia recurrida que desestima la demanda en materia de vulneración de derechos fundamentales - derecho a la integridad física-, estimando en parte la excepción de falta activa en relación al punto d) del suplico de la demanda. Previamente analiza los requisitos del escrito de formalización del recurso de casación, en relación con la exigencia de cita y fundamentación de la infracción legal, concluyendo que, si bien la técnica del recurso es manifiestamente mejorable, cumple con las exigencias del art. 210.2 LRJS. Centrado el recurso en la excepción de litispendencia, se referencia la jurisprudencia relativa a la delimitación del ámbito objetivo de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales, estimando que no concurre litispendencia entre un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, en los que se denuncia la vulneración de normas en materia de prevención de riesgos laborales y de protección de la salud, descartados por la Sala de instancia, porque no se probó que tuvieran entidad suficiente para provocar daños graves y ciertos a la vida y a la integridad física o psíquica de los trabajadores, con un procedimiento de conflicto colectivo, en el que se denuncia la vulneración de dichas normas, porque no coinciden las causas de pedir entre ambos procedimientos. Y ello, aunque la pretensión fuera similar en ambos supuestos y se basara en el incumplimiento por parte de la empresa del art. 7 del RD 664/1997.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que consideró ajustada a derecho la decisión de la empresa de suspender 457 contratos y reducir la jornada del resto de la plantilla, por causa organizativa por COVID-19. Tras recordar la Sala los requisitos que tiene que tener el recurso de casación, especialmente en relación con la imposibilidad de plantear cuestiones nuevas y fundamentar el recurso en normativa y jurisprudencia, sin que sirvan meras alegaciones insistiendo en el interés de su pretensión, apurando la tutela judicial, entra a conocer de la cuestión relativa a si la medida es proporcional, señalando que ello es así, ya que conforme se señaló en la sentencia de instancia, la medida se adopta como consecuencia de que la OMS declaró la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, declarándose en España el estado de Alarma por RD 463/2020, y aprobándose el RD-Ley 8/2020, que suspendía los contratos celebrados por entidades del sector público, teniendo previsión la empresa de paralización de las obras y proyectos en curso. Añade la Sala que no se puede alegar vulneración del a buena fe negocial cuando la representación legal solicitó la aplicación de la medida al 100% de la plantilla. Respecto de que la medida adoptada por la empresa era meramente preventiva, que ello es una cuestión nueva por lo que no puede entrar a conocerse de ella.
