Resumen: La Sala confirma la sentencia que condenaba por un delito contra la seguridad vial, conducción bajo los efectos del alcohol, y un delito de atentado a agentes de la autoridad. En primer lugar hay que decir que no se ha apreciado la atenuante de reparación del daño, pues siendo esta circunstancia de carácter personal, hay que decir que la indemnización por los daños del vehículo del perjudicado, la ha pagado la compañía aseguradora, no el acusado. Por lo que se refiere al delito de atentado, ha de ser calificada la actuación del acusado como atentado y no como delito de resistencia en tanto se han producido actos de acometimiento físico a los agentes.
Resumen: El investigado interesa su libertad provisional con adopción de las medidas cautelares que se estimen oportunas. Sostiene que no existen indicios de criminalidad que justifiquen la adopción de dicha medida, entendiendo que no puede sostenerse que forme parte de la organización criminal, ni que tenga capacidad para ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba o influir en otros imputados, testigos o peritos. La Audiencia desestima el recurso. Entiende proporcionada y ajustada a derecho la medida. Se razona de forma suficiente acerca de la concurrencia de los requisitos exigidos en los arts. 502 y ss. LECrim, sin que hayan cambiado las circunstancias iniciales. Del examen de la causa, y con la provisionalidad propia de este trámite, resultan indicios de la posible comisión cuanto menos de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias de las que causan grave daño a la salud en su modalidad agravada de notoria importancia del art 368 y 369 CP así como, de la posible comisión de un delito de pertenencia a un grupo criminal del art 570 bis, indicios resultantes de las diligencias de investigación practicadas, desprendiéndose del análisis de la causa que, el recurrente, junto con los otros investigados, ha tenido una participación relevante en dichas actividades. Concurre en el apelante un evidente riesgo de fuga, vista la gravedad de los hechos y las penas imponibles, formando además parte de una organización lo que le facilitaría eludir la acción de la justicia.
Resumen: El tribunal condena por un delito de agresión sexual con penetración, introducción de dedos en la vagina, un delito de lesiones y un delito de resistencia a agentes de la Autoridad. Queda acreditado que en la agresión sexual el autor utilizó violencia e intimidación con amenazas de muerte, ejecutando el hecho contra el consentimiento de la víctima.
Resumen: El recurso de casación es extraordinario, y más aún cuando se articula contra una sentencia dictada en apelación por una Audiencia Provincial, puesto que únicamente pueden ser objeto de impugnación, cuestiones de naturaleza sustantiva. Las cuestiones nuevas, no suscitadas en apelación ni planteadas en instancia, quedan vedadas a su invocación en casación.
Resumen: Los condenados formulan recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal. Prejudicialdiad penal por denuncia presentada contra la LAJ que realizó la entrada y registro. Presunción de inocencia. Derecho al juez ordinario predeterminado por ley. Las normas de reparto son reglas de distribución del trabajo entre los órganos objetiva, funcional y territorialmente competentes y, por tanto, su vulneración no tiene esa consecuencia anulatoria. Plazos de instrucción. El artículo 324.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción dada por la Ley 41/2015, indicaba que plazos de instrucción quedaban interrumpidos en caso de acordarse el secreto de las actuaciones, durante la duración del mismo. Prórroga de la intervención de las comunicaciones. La decisión acerca del mantenimiento de la medida requiere comprobar que subsiste la base indiciaria que justificó inicialmente la misma, y que la permanencia en el tiempo de la injerencia no devalúa su especialidad, necesidad ni proporcionalidad. Inviolabilidad domiciliaria. Grupo criminal. No puede conceptuarse como organización o grupo criminal la ideación y combinación de funciones entre varios partícipes para la comisión de un solo delito. El grupo criminal se perfila como figura delictiva residual respecto de la organización criminal.
Resumen: La Sala confirma la sentencia que condenó por un delito de resistencia a agentes de la Autoridad, llegando a existir agresión física a un Policía en el ejercicio de sus funciones, existiendo una resistencia activa no grave, con agresión, (una patada) tampoco grave. Se acusó por delito de atentado, si bien se ha condenado por delito de resistencia a agentes de la Autoridad, pero se ha respetado el principio acusatorio en el caso de autos en atención a la homogeneidad de los delitos de atentado y de resistencia y a la ausencia de alteración de los hechos esenciales objeto de la acusación.
Resumen: La Sala confirma la sentencia que condena como autor de un delito de atentado a agentes de la Autoridad, pero revoca en el sentido de apreciar la atenuante del artículo 21.1 del código penal, en relación con el artículo 20.1. Por lo que se refiere a la atenuante de dilaciones indebidas, esta circunstancia, según la jurisprudencia, no es equivalente al incumplimiento de los plazos procesales, si bien impone la obligación de los órganos judiciales de resolver en un plazo razonable. En este caso es cierto que ha habido un retraso de más de un año en poner la sentencia, pero la Sala considera que no es aplicable la citada atenuante pues no está acreditado que se haya ocasionado algún perjuicio.
Resumen: El elemento subjetivo del delito de corrupción de menores exige que el dolo del autor abarque el componente del conocimiento o racional presunción de la minoría de edad de la víctima. El dolo exigido al sujeto activo puede acomodarse al dolo eventual y, dentro de este, al llamado dolo de indiferencia. Cuando el autor desconoce en detalle uno de los elementos del tipo, pero tiene razones para dudar y tiene a su alcance la opción entre desvelar su existencia o prescindir de la acción, su pasividad al no averiguar la edad del sujeto pasivo no puede calificarse de error de tipo, sino de dolo eventual. Doctrina in re ipsa loquitur, cuando la realidad del daño puede estimarse existente por resultar evidente. El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico o hecho probado, pudiendo constatarse un sufrimiento, un sentimiento de su dignidad lastimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria sin que haya en ello nada que se identifique con pura hipótesis, imposición o conjetura determinante de daños desprovistos de certidumbre o seguridad.
Resumen: El penado apela el Auto que deniega del beneficio de suspensión de la ejecución de las penas de prisión, por entender que concurren las circunstancias para acordar la suspensión, conforme al art. 80.5 C.P. La Audiencia desestima el recurso. El fundamento de la denegación de la suspensión se basa, por un lado, en la inexistencia de una relación funcional entre el delito cometido y la dependencia al consumo por entender que, además del deseo de obtener dinero para poder abastecerse de droga, está presenta también el ánimo de lucro adicional. En segundo lugar, se basa en el informe aportado por la defensa, en el que se señala que la capacidad de querer y entender en el momento de los hechos estaba conservada, si bien hay cierta disminución en cuanto a la capacidad volitiva, en relación al consumo de drogas y a la obtención de los medios necesarios para sufragarlo. Se efectúa una correcta valoración del delito cometido, las circunstancias personales del autor y el influjo que en aquel pudo tener su consumo, cuestiones sobre las que nada alega el apelante. Así, la juzgadora concluye que, en cuanto a los delitos de conducción temeraria y atentado contra agentes de la autoridad cometido con vehículo a motor, el acusado sabía lo que hacía, y su finalidad no era otra que evitar ser interceptado transportando 416 plantas de marihuana. El auto apelado valora de forma adecuada, razonada y razonable las circunstancias concurrentes y deniega el beneficio al no concurrir los requisitos.
Resumen: Las actuaciones no se llevaron a cabo de forma prospectiva: la investigación estaba plenamente justificada ante la seria existencia de indicios de la preparación o comisión de delitos concretos y bien determinados. Autorizaciones de intervenciones telefónicas basadas en indicios suficientes. Ausencia de indefensión en las inhibiciones realizadas por los juzgados. Competencia de la Audiencia Nacional correctamente delimitada, sin indefensión. El dies a quo del plazo para solicitar la prórroga de la instrucción en los casos de acumulación de diligencias previas procedentes de otros juzgados lo es desde la fecha del auto de incoación de las diligencias más modernas. La indagación practicada fuera de plazo es causa de anulación y pérdida de eficacia de la diligencia instructora intempestiva, pero no es un supuesto de ilicitud constitucional. Valor de las declaraciones indagatorias de los acusados. Valoración de la droga que es simple operación matemática. Falta de notificación del escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal que no produce efectiva indefensión. Entradas y registros sin indefensión. Cadena de custodia de la sustancia intervenida no interrumpida. Ausencia de error en la valoración de la prueba. No infracción de principio acusatorio. Existencia de grupo criminal. Atenuante de drogadicción inaplicable. Dilaciones indebidas no apreciable como cualificada.
