Resumen: Se impugna la resolucion que acuerda no admitir a trámite la solicitud de nulidad de pleno derecho formulada respecto al acuerdo de enajenación mediante subasta acordado en el curso del procedimiento administrativo de apremio. La sentencia apelada confirma la inadmisión.
Es necesario determinar si existe nulidad de pleno derecho por cuanto que se hubiera prescindido completamente del procedimiento establecido para la adopción del acuerdo recurrido, lo que tiene como causa, en las alegaciones de la recurrente, las indefensiones procedimentales denunciadas en cuanto a la no entrega de un expediente completo y la falta de notificación valida de los acuerdos.
Entiende que debe confirmarse la inadmisión puesto que el cauce de revisión de oficio es excepcional, así, ha de entenderse que la posibilidad de instar la revisión de oficio, no convierte a ésta en un modo alternativo de impugnación, debiendo interpretarse con carácter restrictivo, por afectar al principio de seguridad jurídica, al implicar un nuevo debate sobre actos administrativos, fuera de los plazos preclusivos normales.
Resumen: En el recurso se plantea la proyección del principio no bis in idem en su faceta procedimental que ya había sido analizada en previos pronunciamientos, entre ellos, la STS de 25 de febrero de 2025 (rec. 5156/2023) -recurso vinculado con el actual- y en la que se concluye que dicho principio impide un nuevo procedimiento sancionador y una nueva sanción al mismo obligado tributario y por los mismos hechos cuando se ha anulado un primer acuerdo sancionador, no por concurrencia de vicios propios o inherentes, sino debido a la anulación, por motivos formales, de la liquidación de la que dimana la sanción. La Administración recurrida se allana y la sentencia estima el recurso de casación, casando y anulando la sentencia recurrida y, consiguientemente, la resolución del TEAR.
Resumen: Las presuntas falsedades y maquinaciones que se detallan responden a afirmaciones huérfanas de soporte probatoria que efectúa la parte de forma unilateral, a raíz de su propia valoración. Dichas manifestaciones resultan irrelevantes por cuanto la sentencia cuya revisión se pretende fundamenta su fallo exclusivamente en relación a una cuestión ajena. Por tanto, la causa decidendi de la sentencia cuya revisión se interesa es ajena a las maquinaciones y falsedades que denuncia el recurrente y por tanto, no resultan determinantes ni decisivas estas argumentaciones.
Resumen: Queda acreditado que la parte recurrente no preparó el recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo ni ante la Sala de Casación Autonómica del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por aplicación del artículo 86.1 y 3 de la LJCA, sin que pueda acogerse la alegación de la parte demandante cuando señala que ha agotado todos los recursos previstos en el ordenamiento, pues la cuestión por la que interesa la declaración de error judicial es puramente fáctica y casuística, por lo que resulta impropia del objeto del recurso de casación, al no encontrarse dentro de los supuestos que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, conforme a la regulación introducida por la Ley Orgánica 7/2015, puesto que no corresponde a la parte valorar si existe o no el interés casacional determinante de la admisibilidad del recurso de casación, por ser ello competencia exclusiva de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En consecuencia, se concluye que el recurrente no ha agotado los recursos previstos en el ordenamiento, al no haber preparado recurso de casación.
Resumen: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León desestima el recurso interpuesto por Dª Esmeralda contra la resolución de la TGSS que declaró indebida su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desde el 1 de enero de 2019. La recurrente alegaba que la TGSS no podía revisar de oficio actos declarativos de derechos sin acudir al Juzgado de lo Social, invocando jurisprudencia anterior. Sin embargo, el Tribunal considera superada dicha doctrina por sentencias del Tribunal Supremo de noviembre de 2023, que reconocen a la TGSS facultades de revisión de oficio en materia de afiliación conforme al artículo 16.5 LGSS, reformado por el RD-ley 1/2023. En cuanto al fondo, se acredita que la sociedad Batán del Sil S.L., de la que la recurrente era socia administradora, carecía de actividad desde antes de la pandemia, no tenía trabajadores desde 2018, ni emitía facturas ni presentaba declaraciones con contenido económico desde 2019. Además, la recurrente estuvo en situación de incapacidad temporal durante largos periodos desde 2019. Tampoco se acredita actividad alguna en la otra sociedad mencionada, BULNESCOM S.L. Por todo ello, el Tribunal concluye que no concurren los requisitos del Estatuto del Trabajo Autónomo para mantener el alta en el RETA, desestimando el recurso con imposición de costas.
Resumen: La Sala, tras rechazar la falta de legitimación de la asociación recurrente y analizar el alcance del control jurisdiccional sobre procedimiento de elaboración reglamentaria, examina la cuestión referida a la justificación, criterios técnicos y metodología de la reducción de dotaciones netas de riego para los cultivos de almendro, pistacho y nogal, para concluir que las dotaciones asignadas carecen de oportuno soporte técnico debidamente documentado que las avale, lo que conlleva que la Administración con su aprobación ha vulnerado las previsiones relativas al control de la arbitrariedad y el principio de la buena regulación en la potestad reglamentaria. Y específicamente, sobre la limitación de no superar más de un 30% adicional las dotaciones netas máximas de riego establecidas en la Cuenca Hidrográfica del Tajo tampoco se encuentra esta limitación justificada ni motivada en el expediente administrativo que condujo a la aprobación del RD 35/2023, a la vista de los informes periciales aportados por la actora no desvirtuados. En definitiva, las dotaciones de ambas cuencas en cuestión (Guadiana y Tajo) no cubren los requerimientos hídricos necesarios para cada uno de los tres cultivos analizados y que en la mayoría de los casos se quedan muy lejos de las exigencias hídricas de tales cultivos.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución delTribunal Económico-Administrativo que desestimó la reclamación contra el Acuerdo por el que se declaró al reclamante responsable subsidiario de las deudas por el Impuesto de Sociedades. Se invoca que el obligado tributario contaba con un representante fiscal constando a la Administración que dicho representante no había podido comunicar las liquidaciones al interesado y que las notificaciones realizadas fueron defectuosas y se invoca la prescripción, pero la Sala concluye que no se trata de un supuesto en que la Administración tributaria hubiera obviado el intento de notificación al representante del obligado y tampoco hubiera constancia de la notificación electrónica a este sujeto, sino que en este caso existe notificación de las propuestas de liquidación, y trámite de audiencia, al representante del obligado y, a la vez, su puesta a disposición del segundo en la sede electrónica de la misma Administración. Y en cuanto a la prescripción que dada la validez de la notificación de las propuestas de liquidación y también de su conversión en las provisionales derivadas al recurrente, ha de concluirse que a la fecha de notificación de la incoación del expediente de derivación de responsabilidad , no había transcurrido el plazo de cuatro años de prescripción.
Resumen: En este caso expresamente se indica en el Acuerdo de 29.7.2016 que los trabajadores que hayan optado por la medida de recolocación que no hayan sido seleccionados para la cobertura de ninguna de las posiciones solicitadas mantendrán su situación laboral en las mismas condiciones económicas y profesionales que tenían en el momento de su solicitud, porque tampoco se prevé que, para los que no opten por ninguna de las medidas previstas en referidos Acuerdos Laborales, se procediera a la extinción del contrato, porque no existe ningún despido o extinción autorizados por la Dirección General de Trabajo, dado que no se está ante un expediente de despido colectivo, porque la Autoridad Laboral no ha tenido intervención alguna en sendos acuerdos laborales de 29 de julio de 2016 y 27 de abril de 2.017, que ha sido alcanzados por los representantes de la empresa y de los trabajadores, a través de sus representantes sindicales, y porque no existe constancia de perdida de ocupación por ningún trabajador que no se haya acogido a las medidas para la optimización de la plantilla, ni que el paso a la situación de jubilación haya ido precedida de una situación de desempleo que permita considerar la falta de voluntariedad del trabajador, sino que estamos ante un acuerdo voluntario entre las partes de extinción del contrato de trabajo y no de una medida impuesta al trabajador que pudo continuar en la misma situación económica y profesional. l
Resumen: En este caso expresamente se indica que los trabajadores que hayan optado por la medida de recolocación que no hayan sido seleccionados para la cobertura de ninguna de las posiciones solicitadas mantendrán su situación laboral en las mismas condiciones económicas y profesionales que tenían en el momento de su solicitud; tampoco se prevé que para los que no opten por ninguna de las medidas previstas en dicho Acuerdo se procediera a la extinción del contrato, no existe ningún despido o extinción autorizado por la Dirección General de Trabajo; de hecho, dado que no se está ante un expediente de despido colectivo la Autoridad Laboral no ha tenido intervención alguna en dicho acuerdo laboral de 29 de julio de 2016, que ha sido alcanzado por los representantes de la empresa y de los trabajadores, a través de sus representantes sindicales, no existe constancia de perdida de ocupación por ningún trabajador que no se haya acogido a las medidas para la optimización de la plantilla, ni que el paso la situación de jubilación haya sido precedida de una situación de desempleo que permita considerar la falta de voluntariedad del trabajador, sino que estamos ante un acuerdo voluntario entre las partes de extinción del contrato de trabajo y no de una medida impuesta al trabajador que pudo continuar en la misma situación económica y profesional, dado que no se desprende de los términos de dicho Acuerdo la extinción de la relación laboral de los trabajadores que no se hubieran acogido a ello.
Resumen: La sentencia analiza la legalidad de una sanción tributaria impuesta tras una regularización firmada en conformidad, relativa a la improcedente deducción de cuotas soportas por IVA por persona distinta a la que las dedujo. Declara que el elemento objetivo de la actuación de la recurrente está conformado por la improcedente deducción de la cuota de IVA soportado amparada en una factura cuyo destinatario es una persona distinta a ella. En cuanto la culpabilidad, evidente que la conducta de la recurrente ha sido activa porque, con ausencia absoluta de justificación, procede a deducirse un IVA no soportado de una factura de la que no era destinataria. Además, teniendo en cuenta el elevado importe de la factura (1.184.287,50 euros) el nivel de diligencia tendría que haber sido máximo, más teniendo en cuenta que "la cuota de dicha factura representa el 94,56% del importe del total de cuotas deducidas"como señala el acuerdo sancionador.
