Resumen: La Sala desestima el recurso. De la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida resulta que no ha existido una infracción que haya perdurado a pesar de haberse dictado una sentencia en la que se declare la existencia del incumplimiento invocado; y tampoco que existiera una sentencia prejudicial o una jurisprudencia reiterada del Tribunal en la materia de las que resulte el carácter de infracción del comportamiento controvertido. Por tanto, no puede afirmarse la existencia de una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión Europea en el presente caso. No concurriendo este requisito sustantivo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea, no es preciso analizar el resto de las cuestiones planteadas en el presente pleito.
Resumen: Incidente de nulidad de actuaciones. Estimación de la nulidad de actuaciones. Error en la identificación de la resolución recurrida. Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las cuotas de IVA soportado por servicios, cuya realidad niega la Administración Tributaria. Necesidad de regularizar las cuotas de IVA repercutido por los mismos servicios discutidos, permitiendo así una íntegra regularización y evitándose el enriquecimiento injusto a favor de la Administración tributaria.
Resumen: El canon de control de vertidos liquidado en virtud del artículo 113.6 del TRLA como consecuencia de vertidos respecto de los que su responsable carece de la autorización administrativa correspondiente, tiene naturaleza tributaria.
Resumen: i) La libre de circulación de capitales en la UE confiere el derecho a no ser discriminados por razón de residencia respecto al tratamiento fiscal a los rendimientos obtenidos: los ingresos efectuados en virtud de las retenciones cuya devolución no pudo obtenerse en virtud del procedimiento de ingresos indebidos, constituye un daño patrimonial que habilita el ejercicio de la acción de responsabilidad; ii) La incompatibilidad del régimen legal anterior a la Ley 2/2010 -por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria- con el Derecho de la UE no ha sido establecida directamente en sentencia del TJUE, pero ha sido declarada por los tribunales españoles deduciéndola de su jurisprudencia, en concreto en SSTS de 27 y 28 de marzo de 2019 , momento en que completaron los elementos fácticos y jurídicos para el ejercicio de la acción (actio nata): de aquí que al presentarse la reclamación de responsabilidad patrimonial el día 4 de junio de 2019, dicha reclamación no puede ser calificada de extemporánea al amparo del art. 67 de la Ley 39/2015; y iii) No se puede afirmar que el régimen legal anterior a la Ley 2/2010 constituyera una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la UE, pues la norma vulnerada no era clara ni precisa sobre el particular controvertido, existiendo margen de apreciación por parte del Estado.
Resumen: Admisión. Admisión. Extranjería. Doctrina sobre proporcionalidad de la medida de expulsión del territorio nacional del extranjero en situación irregular: valoración y apreciación de circunstancias agravantes. Cita de precedentes jurisprudenciales. En concreto, las cuestiones sobre las que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consisten en: a) Reafirmar, complementar, matizar y, en su caso, corregir o rectificar la doctrina jurisprudencial referida a las circunstancias agravantes que, añadidas a la situación irregular del extranjero, pueden justificar su expulsión del territorio nacional; y b) Determinar, en su caso, el número y entidad de las circunstancias agravantes que deben concurrir para poder considerar justificada la proporcionalidad de la medida de expulsión del territorio nacional del extranjero que se encuentre en situación irregular.
Resumen: Admisión. Expropiación forzosa. Determinar si el expediente de justiprecio, al que se refiere el segundo párrafo del artículo 48.e) del Real Decreto Legislativo 7/2015, debe tener por objeto los terrenos destinados a dotaciones públicas ocupados por la Administración o los terrenos de valor equivalente que se debieron adjudicar a su propietario por el instrumento de planeamiento. En atención a lo expuesto, se identifican como normas que, en principio, serán objeto de interpretación las siguientes: artículo 48.e) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Resumen: Regadío. Suministro eléctrico agrario. Obligación de desarrollo reglamentario por mandato de la ley. La Sala estima el recurso y condena a la Administración a que en un plazo de seis meses, elabore, apruebe y promulgue la norma reglamentaria a la que está obligada por la Disposición Final Cuadragésima Quinta de la Ley 11/2020, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, por la que debe regular una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad, en los términos previstos en la redacción dada a la disposición final quinta bis de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, por la disposición final tercera de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, de medidas urgentes contra la sequía.
Resumen: Desestimación de recurso cont-advo. interpuesto contra Acuerdo del Pleno del CGPJ por el que se desestima la solicitud de nulidad de la suspensión provisional de funciones de un Magistrado como consecuencia de la apertura de juicio oral por delitos de coacciones en el ámbito familiar. Requisitos de la revisión de oficio: carácter taxativo de los supuestos del art.47.1 de la Ley 39/2015, necesidad de vicio de nulidad radical. Determinación del hecho de que los vicios alegados en el asunto, ajenos al art.47.1, no son adecuados para alcanzar la nulidad pretendida. Falta de invocación expresa de alguno de los derechos susceptibles de amparo constitucional. Falta de aportación de término de comparación válido y adecuado con el que efectuar la valoración a efectos de determinar la existencia de discriminación contraria al derecho de igualdad. Consideración de la posible equiparación entre el auto de apertura de juicio oral y del de procesamiento como una cuestión de legalidad ordinaria sin implicaciones constitucionales. Ausencia de concurrencia de la causa de nulidad alegada referida al hecho de que el acuerdo es constitutivo de infracción penal. Ausencia de defecto procedimental determinante de la nulidad del acuerdo adoptado.
Resumen: Dominio público marítimo-terrestre. Régimen transitorio de la Ley de Costas. El TS resuelve el recurso de casación fijando como doctrina jurisprudencial el carácter discrecional de la prórroga de la concesión para la ocupación, por uso privativo, del dominio público marítimo-terrestre derivada del régimen transitorio de la Ley de Costas, pudiendo ser esta denegada por razones ambientales, de protección del litoral o de inseguridad para las personas. De igual forma, la Sala considera que dicha prórroga podrá concederse aunque la edificación no dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Costas, en relación con el artículo 25.1.a) de dicha ley, de forma que constituye una excepción al régimen general previsto en la propia Ley de Costas. La sentencia cuenta con voto particular formulado por la Magistrada Ángeles Huet de Sande.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo. La conducta del recurrente no tiene encaje en el art. 417.9 de la LOPJ, en el "el retraso injustificado y reiterado"; el retraso se concretó en un número de asuntos relativamente pequeño, retraso aislado y esporádico en el dictado de sentencias, no debido a un bajo rendimiento del magistrado ponente, ni a un plan preconcebido de selección, por lo que siendo el mismo injustificado no puede tacharse de reiterado, exigiendo la conducta típica acumulativamente ambas características del retraso; por el contrario sí cabe identificar un retraso injustificado, como lo acredita el hecho objetivo del retraso en el dictado de sentencias en períodos tan dilatados, del que era plenamente consciente el recurrente sin adoptar la mínima diligencia que la ocasión demandaba, y que no reparó hasta un momento muy posterior a las numerosas advertencias. Retraso injustificado que no se excusa por la situación de caos de la Sección, puesto que la causa directa y principal del retraso es la actitud individual, propia y exclusiva del ponente obligado al dictado de la sentencia en un período legalmente establecido y del que se excedió con creces, sin que la mala salud y la pandemia vengan a reducir la gravedad calificante de la infracción cometida, puesto que a finales de 2019 y a marzo de 2020, el tiempo transcurrido en el retraso del dictado de sentencias resultaban absolutamente desmedidos.
