Resumen: Reitera el criterio jurisprudencial fijado en anterior sentencia 972/2022, de 12 de julio, en el sentido de considerar que en un procedimiento de apremio en el que esté constituida una hipoteca en garantía del aplazamiento del pago de la deuda, en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento, habrá de proseguirse sin más trámite el procedimiento de apremio, en el que los órganos de recaudación procederán en primer lugar a ejecutar las garantías que se hubieran constituido; no obstante, si el recaudador ejecutivo de la Seguridad Social, en aplicación del artículo 88.1, párrafo segundo, del RGRSS, estimara insuficiente o desproporcionada la garantía, mediante acuerdo motivado notificado al deudor que deberá constar en el expediente, podrá proceder, sin esperar a su ejecución, al embargo de otros bienes del deudor.
Resumen: Seguridad Social. Actos de encuadramiento en los códigos de cuenta de cotización dictdos por la Tesorería General de la Seguridad Social. Declaración inexacta por parte del beneficiario. Posibilidad de revisión de oficio por parte de la Tesorería. Determinación de supuestos.
Resumen: El TS precisa la situación a examen y afirma que una cosa es que el acto definitivo pueda modificar el acto provisional sin necesidad de acudir a ninguna de las vías de la revisión de oficio de los actos administrativos -incluida la revocación- y otra cosa distinta es que el acto definitivo pueda introducir cualesquiera cambios y por cualesquiera razones. La reducción de puntos por servicios prestados que se recoge en la resolución de 4 de junio de 2019 (actualización definitiva) es consecuencia de la aplicación de la nueva norma reglamentaria sobre la materia, establecida por el Decreto 60/2019. Y éste es posterior a la resolución de 20 de febrero de 2019 (actualización provisional). La nueva norma reglamentaria fue aplicada a un procedimiento administrativo en curso. Por más que esto no sea retroactividad en grado máximo, entendida como aplicación de la nueva norma a situaciones y efectos ya consumados, no deja de ser retroactividad. La ilegalidad del acto recurrido: radica en haber aplicado el D. 60/2019 a un procedimiento administrativo en curso, sin justificar que la nueva norma reglamentaria exigía tal eficacia retroactiva. La Administración autonómica ha argumentado acerca del art. 9 CE pero nunca, ni en las anteriores instancias ni en casación, sobre el art. 2 del CC. Si a todo ello se añade que existe una importante línea de pensamiento según la cual el margen de retroactividad del reglamento es más estrecho que el de la ley, confirmando la sentencia recurrida.
Resumen: Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo quedando la cantidad sobrante de la muta impuesta en la cuenta titularidad de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetaria hasta su reclamación por los legítimos propietarios o hasta que transcurra el plazo de 6 años momento en el que ingresarán en el Tesoro Público. Estimación. Con ocasión de la imposición de una sanción por la infracción del artículo 34.3.a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Administración no puede subordinar la entrega de los fondos sobrantes, una vez pagada la multa, a que el interesado acredite su titularidad sino que debe proceder a su devolución a la persona a la que le fueron intervenidos.
Resumen: la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar qué órgano municipal ostenta la competencia para el ejercicio de acciones judiciales en materia expropiatoria, en particular cuando se pretende impugnar un acuerdo de justiprecio del Jurado de Expropiación dictado en expediente de expropiación por ministerio de la ley.
Resumen: Recurso contencioso-administrativo. Autorización de entrada en domicilio. ¿Hasta dónde llegan las facultades de control del Tribunal encargado de dilucidar la legalidad de la liquidación o sanción en relación con la valoración de la prueba ilícitamente obtenida por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, y, si estas facultades se ven de algún modo condicionadas, limitadas o mermadas en relación con la invocación de la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se ha autorizado por resolución firme la entrada en el domicilio del contribuyente? ¿La jurisprudencia emanada del recurso de casación ostenta carácter retrospectivo sobre las liquidaciones practicadas por la Administración tributaria con fundamento en las pruebas obtenidas en el curso de una entrada en domicilio autorizada por resolución judicial firme? Plantea idénticas cuestiones que los RCA/2086/2022, 2434/2022, 2444/2022, 2525/2022 y 2554/2022.
Resumen: Recurso contencioso-administrativo. -Autorización de entrada en domicilio.-¿Hasta dónde llegan las facultades de control del Tribunal encargado de dilucidar la legalidad de la liquidación o sanción en relación con la valoración de la prueba ilícitamente obtenida por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, y, si estas facultades se ven de algún modo condicionadas, limitadas o mermadas en relación con la invocación de la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se ha autorizado por resolución firme la entrada en el domicilio del contribuyente? ¿La jurisprudencia emanada del recurso de casación ostenta carácter retrospectivo sobre las liquidaciones practicadas por la Administración tributaria con fundamento en las pruebas obtenidas en el curso de una entrada en domicilio autorizada por resolución judicial firme? Plantea idénticas cuestiones que los RCA/2086/2022, 2434/2022, 2525/2022, 2554/2022, 2564/2022.
Resumen: Recurso contencioso-administrativo.- Autorización de entrada en domicilio.-¿Hasta dónde llegan las facultades de control del Tribunal encargado de dilucidar la legalidad de la liquidación o sanción en relación con la valoración de la prueba ilícitamente obtenida por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, y, si estas facultades se ven de algún modo condicionadas, limitadas o mermadas en relación con la invocación de la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando se ha autorizado por resolución firme la entrada en el domicilio del contribuyente? ¿El principio de seguridad jurídica y el efecto propio de la cosa juzgada impiden reconocer a la jurisprudencia contenida en las sentencias de 1 de octubre de 2020 (RCA/2966/2019: ECLI:ES:TS:2020:3023 y 23 de septiembre de 2021 (RCA/2672/2020: ECLI:ES:TS:2021:3502) efecto invalidante de las pruebas obtenidas en el curso de una entrada en domicilio constitucionalmente protegido autorizada por resolución judicial firme previa al dictado de dichas sentencias, en la que el inicio formal de las actuaciones inspectoras se produjo posteriormente a la entrada en el domicilio? ¿La jurisprudencia emanada del nuevo recurso de casación ostenta carácter retrospectivo o prospectivo sobre las liquidaciones practicadas por la Administración tributaria con fundamento en las pruebas obtenidas en el curso de una entrada en domicilio autorizada por resolución judicial firme?
Resumen: La Sección de Admisión propone que se examine si, a los efectos del procedimiento de revisión de oficio de actos nulos conforme al art. 106.1 en relación con el artículo 47.1. ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede atenderse al principio de no discriminación plasmado en la cláusula 4ª del Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 1999/70/CE , y ello en relación con el acceso al sistema de carrera profesional del personal empleado público temporal.
Resumen: Determinar si es posible declarar en sentencia la inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo al haberse excedido el plazo de dos meses previsto en el artículo 46 LJCA, cuando los plazos procesales habían quedado suspendidos por mor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Plantea idénticas cuestiones que el RCA/2790/2022.
