Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar, en relación con los gastos de personal, qué debe entenderse como gastos estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionada, si hay que estar necesariamente a los mínimos legales o fijados en el Convenio Colectivo, como entiende la sentencia recurrida, o deben considerarse todas la cantidades que perciba el trabajador en concepto de contraprestación por el trabajo realizado y estén dentro del valor de mercado, como entiende la parte recurrente.
Resumen: La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si resulta aplicable el principio de proporcionalidad a la devolución o reintegro de subvenciones procedentes de fondos de la Unión Europea.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si la nulidad de los preceptos de una norma que regulan el objeto y el hecho imponible, la base imponible y la determinación de los tipos imponibles de un tributo, en cuanto configura una ayuda de Estado contraria al ordenamiento comunitario, alcanza al tributo en su conjunto, debiéndose confirmar o no las liquidaciones tributarias por cumplir el resto de los presupuestos recogidos en dicha norma. Cuestión resuelta por las SSTS de 30 de abril de 2024 (rec. 7341/2022 y 7429/2022) y 6 de mayo de 2024 (rec. 7393/2022).
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar si la nulidad de los preceptos de una norma que regulan el objeto y el hecho imponible, la base imponible y la determinación de los tipos imponibles de un tributo, en cuanto configura una ayuda de Estado contraria al ordenamiento comunitario, alcanza al tributo en su conjunto, debiéndose confirmar o no las liquidaciones tributarias por cumplir el resto de los presupuestos recogidos en dicha norma. Cuestión resuelta por las SSTS de 30 de abril de 2024 (rec. 7341/2022 y 7429/2022) y 6 de mayo de 2024 (rec. 7393/2022).
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por la administración contra sentencia por tener interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia determinar si el profesorado asociado de las universidades contratado temporal a tiempo parcial tiene derecho a acceder al procedimiento de evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión a fin de lucrar el complemento retributivo correspondiente, en igualdad de condiciones que el personal funcionario contratado laboral a tiempo completo.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si, a efectos del supuesto de responsabilidad del artículo 43.1.h) LGT, una operación onerosa -como es el caso de una compraventa inmobiliaria-, en la que el pago del precio no es controvertido y que no ha sido declarada simulada puede colmar el requisito de utilización "abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública".
Resumen: Las cuestiones que revisten interés casacional objetivo consisten en determinar (i) cuál ha de resultar la nota de corte que debe emplearse para efectuar una prueba psicotécnica, ordenada en ejecución de sentencia, en un proceso selectivo de acceso a la función pública, para que se entienda que respeta el derecho a la igualdad; (ii) si vulnera el derecho de igualdad la remisión a la nota de corte de la promoción de origen; y (iii) en caso negativo, si la prueba a realizar en la promoción en curso tiene que contar con misma dificultad y características de tiempos de respuesta y tipos de pruebas, que en la prueba de la promoción de origen.
Resumen: Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de perdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019. Se estima exclusivamente en lo que atañe a las inversiones en IBO realizadas en los 2015 y 2017 ordenando a la Administración a que incluya esas cantidades y recalcule la retribución que le corresponde a la empresa recurrente, para ello la Administración deberá abonar la nueva retribución resultante y los intereses legales correspondientes a la diferencia de retribución resultante y la retribución percibida desde que se cobró la cantidad reconocida por la Orden impugnada hasta que se abone el total del importe debido.
Resumen: Desestima el recurso de casación y, en respuesta a la cuestión de interés casacional formulada en el auto de admisión, la conducta consistente en la desatención por parte de un operador titular de la red pública de comunicaciones electrónica de los requerimientos efectuados por la inspección en materia de telecomunicaciones para aportar los datos identificativos del prestador audiovisual que le encomienda las emisiones radioeléctricas y al que presta el servicio de red, tiene encaje en el apartado 11 del articulo 77 LGTel. En concreto, el tipo infractor del artículo 77.11 LGTel describe una actividad consistente en una negativa, una obstrucción o una falta de colaboración en relación con el ejercicio de la concreta función inspectora en materia de telecomunicaciones por los órganos que la tienen encomendada por el articulo 72 LGTel, mientras que la infracción descrita por el artículo 77.35 LGTel se refiere a la conducta consistente en no facilitar, cuando resulte exigible con arreglo a la normativa de comunicaciones electrónicas, los datos requeridos por la Administración, sin mayores precisiones, es decir, sin que sea necesaria la presencia de una de las Administraciones a que se refiere el artículo 72 LGTel en ejercicio de sus funciones inspectoras.
Resumen: Derivación de responsabilidad por deudas con la Seguridad Social. Para que la Administración de la Seguridad Social acuerde la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital resulta necesario, no sólo constatar una situación fáctica de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital (101) (RD Legislativo 1/2010), sino también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad. En este caso, ambos órganos judiciales (Juzgado y Sala de apelación) parten y asumen la reiterada jurisprudencia sobre la exigencia de la concurrencia de una causa de disolución de la sociedad, siendo así que la controversia se sustenta en una cuestión meramente probatoria sobre la justificación y acreditación de la causa contemplada en el artículo 363.1 e) de la LSC, y la valoración probatoria realizada por la Sala de instancia se sustenta en elementos objetivos bastantes y suficientes incorporados a los autos que permiten sustentar la deducción sobre la efectiva situación económica de la sociedad, por la reducción del patrimonio neto y en fin, su encaje en el precepto indicado.
