Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar, si cuando una sentencia firme en el orden social declara la improcedencia del despido, optando la empresa por la readmisión del trabajador con obligación de abonar los salarios de tramitación, puede considerarse que se trata de una cantidad liquida y exigible cuando la empresa no ha procedido a la readmisión del trabajador o debe entenderse que la liquidación de los salarios derivados de la no readmisión del trabajador y las cuotas sociales correspondientes han de realizarse en ejecución de sentencia del orden social.
Resumen: En este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la siguiente cuestión: determinar si tras haberse impugnado el informe de vida laboral y habiéndose declarado por sentencia el derecho de la parte demandante a figurar en situación de alta por los servicios prestados, cabe decidir en vía de ejecución de sentencia, la asignación de la mencionada alta como empleador, a un tercero ajeno al procedimiento principal, resultando una cuestión no planteada ni resuelta durante el proceso ni en la sentencia.
Resumen: La cuestión con interés casacional objetivo consiste en determinar si una entidad que no tenga la disponibilidad jurídica o el uso del agua, por no ser concesionaria del elemento patrimonial en el que se realizan obras hidráulicas específicas, realiza el hecho imponible de la Tarifa de utilización del agua o si realiza, por el contrario, el hecho imponible del canon de regulación.
Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Madrid que reconoció el derecho del recurrente en la instancia a que las horas de guardia de presencia física le sean retribuidas en la misma cuantía que el resto de las horas que integran su jornada de trabajo. Y ello porque las guardias sanitarias son tiempo de trabajo y deben ser adecuadamente retribuidas, pero no han de retribuirse del mismo modo que la jornada normal de trabajo y, desde luego, la idea de "horas ordinarias" es ajena a nuestra legislación: no es la unidad de cálculo de las retribuciones de los empleados públicos. Que las guardias sanitarias examinadas sean retribuidas mediante el complemento de productividad acompañado de un tiempo de descanso añadido resulta, así, ajustado a Derecho. Señala asimismo el TS que no es aquí relevante el principio a igual trabajo, igual salario. Dicho principio sirve para evitar discriminaciones retributivas entre personas que desempeñan idénticas funciones; algo que en este asunto no se ha planteado. Finalmente, se rechaza el planteamiento de dos cuestiones prejudiciales suscitadas por la recurrente.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si las previsiones del artículo 71 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado mediante Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, son aplicables a la provisión de puestos de trabajo por el personal estatutario de los servicios de salud, y más concretamente, si resulta exigible a este personal la pertenencia a un grupo de clasificación profesional en cuyo intervalo de niveles esté incluido el nivel del puesto convocado.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la delimitación de los supuestos en que las omisiones e inexactitudes constatadas en las declaraciones del beneficiario permiten la revisión de oficio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, y, en particular, en los casos de simulación de relaciones laborales.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la mercantil recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19, fundamentalmente el cierre de establecimiento. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
