Resumen: El trabajador sufrió un accidente el 23 de dic de 2020 cuando en la empresa en la que trabaja y durante la jornada recibió un fuerte golpe con el carro del pan en el hombro derecho y tras informe de Ibermutua se rechazó el proceso por entender que no cumplía criterios de accidente laboral. El beneficiario ha estado recibiendo asistencia médica por la Mutua por dolor en el hombro derecho todos los meses hasta mayo de 2021, y cada dos meses de julio a diciembre, en 2022 sigue siendo atendido por la Mutua, el 7 de abril de 2022 es atendido en el servicio público de salud con proceso clínico de rotura de tendón de supraespinosa crónica y el 9 de febrero de 2023 sufre rotura del tendón de supraespinoso.La sentencia recurrida no incurre en la infracción legal denunciada al considerar acreditado evento dañoso en y durante el trabajo que ha producido, agravado o agudizado la patología de hombro que ha continuado sin dar lugar a IT, cuando consta en los hechos probados que la Mutua rechazó el proceso en diciembre de 2020 pero siguió dando asistencia médica y sin desconocer la patología previa, el declarar contingencia de accidente de trabajo del proceso de Incapacidad temporal posterior cuando hay asistencia permanente en la misma zona y mismo diagnóstico desde el accidente dos años antes no incurre en infracción legal pues se justifica atribuir la patología invalidante a la agravación sufrida por el golpe sufrido en el trabajo, ya que antes no consta atención médica de la Mutua.
Resumen: Se denuncia por la recurrente infracción de la jurisprudencia en la materia, en concreto la doctrina legal contenida en las Sentencias de la Sala de lo Social del TS de 13 de octubre de 2021 y la 126/2023 de 9 de febrero, que se refieren a supuestos bien distintos en que los accidentes tienen lugar en el descanso del 20 minutos en el caso de la primera de las sentencias citadas y en el de media hora para el bocadillo en la 126/2023. Las lesiones causantes de la incapacidad temporal las padeció la trabajadora en un accidente de tráfico fuera del lugar y jornada de trabajo y sin que fuera con ocasión del mismo. Así, los hechos ocurrieron en la carretera, esto es, fuera del lugar de trabajo, lo que ya resulta suficiente para inaplicar la presunción del apartado 3 del art. 156 de la LGSS. Tampoco los hechos constituyeron un accidente "in itinere" de los previstos por el apartado 2-a) del art. 156, puesto que la trabajadora, tras salir del trabajo y tomar algo, se dirigió bastante después al domicilio, luego tampoco es encuadrable el hecho en el apartado 1 del art. 156 pues las lesiones no se produjeron con ocasión o consecuencia del trabajo. La consideración del descanso en la jornada como tiempo de trabajo por el convenio colectivo lo es a efectos laborales pero no de Seguridad Social y de 6 a 10 de la noche no es descanso a estos efectos.
Resumen: El 31 de julio de 2018 se reconoció al interesado incapacidad permanente total para profesión habitual de topógrafo. Tras realizar varios empleos compatibles, se le reconoció el 24 de octubre de 2022 incapacidad permanente total para profesión habitual de camarero, optando el beneficiario por la primera IPT. Posteriormente, se le reconoció prestación por desempleo contributiva entre el 21 de octubre de 2022 y el 30 de mayo de 2023, siéndole revocada con reintegro de prestaciones indebidas por incompatibilidad de la IPT de camarero con los servicios por cuenta ajena realizados. El TSJ declara que el demandante tiene tiene derecho a percibir prestaciones por desempleo al ser estas compatibles con las prestaciones de Incapacidad Permanente Total, derivadas de la primera situación reconocida por la que ha optado el trabajador y por la cual percibe la prestación de incapacidad permanente.
Resumen: En la sentencia anotada se trata de decidir si, tras la entrada en vigor del RD-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, tiene derecho al subsidio de desempleo para mayores de 52 años el beneficiario a quien se le había reconocido esa misma prestación conforme a la legislación anterior y le fue extinguida el 14-6-2018, al alcanzar la edad que le permitía la jubilación anticipada, que solicita el reconocimiento del derecho al amparo de la nueva normativa legal que amplía su duración hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Y, TS, en contra del parecer de la Sala de origen, da una respuesta negativa. Razona al respecto que la nueva normativa legal introduce dos importantes modificaciones: 1) rebaja a los 52 años la edad para acceder al subsidio, y 2) extiende su duración hasta la edad ordinaria de jubilación, cuando la norma anterior la fijaba en el momento de alcanzar la edad que permitía la jubilación anticipada del trabajador. Ahora bien, lo que no contempla es la posibilidad de rehabilitar o reanudar el derecho al subsidio que hay hubiere sido extinguido mediante resolución firme con anterioridad a la vigencia de esta nueva norma. Tampoco las reglas transitorias contemplan ningún mecanismo que permita la rehabilitación del subsidio ya extinguido, ni contemplan la posibilidad de su reanudación. Se estima el recurso del SEPE.
Resumen: Solicitado el pago único de la prestación por desempleo se reconoció en fecha 16.07.2021. Levantada acta de infracción al trabajador se le impuso sanción de extinción de la prestación y reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La sentencia desestimó la demanda y el TSJ declara la nulidad de la sentencia porque, siendo la imputación la existencia de fraude de ley, hay una insuficiencia de hechos probados ya que en relato fáctico la sentencia se limita a citar las actuaciones seguidas en la vía previa, pero no recoge los hechos que constituye la presunción del fraude. Aunque en los fundamentos jurídicos se refieren algunas aseveraciones de hechos, falta un dato fundamental y al que se acude con reiteración para sustentar la solución judicial, que es el contenido o los conceptos de las diversas facturas proformas que se dicen emitidas, así como una concreción mayor de la petición y contenido de la subvención a la que también se hace referencia.
Resumen: La Sala parte de la STS de 17-10-2.024, rec. 3336/2022, que se refiere a una aplicación con "criterios flexibles y "conceptos abiertos que permitan una mejor atención a las situaciones de necesidad" para acreditar la situación de violencia de género y la conexión temporal con la separación o divorcio, lo que se considera acreditado por la Sentencia de instancia. Se acredita tanto la condición de la actora de víctima de violencia de género como la conexión temporal con su divorcio producido mediante sentencia de fecha 8 de febrero de 2.021 y ello en base al testimonio de una amiga del matrimonio y a lo relatado por la psicóloga de la Asociación para la defensa de la Mujer "La Rueda", tal como se indica en los ordinales cuarto y quinto, cuyo criterio se mantiene al haber sido obtenido valorando el material probatorio que se ha estimado oportuno conforme a las reglas de la sana crítica en base a lo dispuesto por el artículo 97.2 de la LRJS, de una manera objetiva e imparcial, debiendo tener en cuenta que la acreditación de la situación de violencia de género podrá tener lugar mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho y que la prueba para acreditar la referida situación de violencia de género al tiempo de la separación debe ser interpretada de una manera flexible, valorando los indicios aportados y el contexto en el que se producen, y sobre todo teniendo en cuenta las especiales dificultades de las víctimas de violencia de género a la hora de probar su situación.
Resumen: La cuestión que se suscita se centra en decidir si se debe compartir la responsabilidad del pago de la prestación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, reconocida a un trabajador que estuvo dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) con anterioridad al 1/1/2004 que no optó por mejorar la cobertura de prestaciones por enfermedad profesional y que posteriormente pasó a proteger esa contingencia con la mutua. Esto es, se cuestiona si la entidad gestora es responsable del pago de una pensión de IPT por EP en relación con el periodo en que no hubo cobertura de la referida contingencia profesional, por estar el trabajador dado de alta en el RETA y no haber optado tampoco cuando pudo -a partir del 1/1/2004 - por su cobertura voluntaria. La Sala IV reitera doctrina y con ello desestima la demanda. En interpretación de la normativa de aplicación, resulta que en el periodo anterior a dicha fecha, momento en que acaece la ampliación de la acción protectora del RETA con las contingencias profesionales, el Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, no tenía que atender las contingencias profesionales de los trabajadores autónomos cuando dicho fondo no se nutría de cotización o prima alguna por parte de dichos trabajadores que, entonces, carecían de una específica protección de contingencias profesionales que tuviera que ser cubierta por aquel.
Resumen: Decidir si el Servicio Público de Salud (Andaluz) debe reintegrar a la Mutua Fremap la totalidad de los gastos sanitarios farmacéuticos (9124,62€) abonadas por un trabajador en situación de incapacidad temporal inicialmente derivada de accidente de trabajo, cuando se produce un cambio de la contingencia a enfermedad común, o esa obligación de reintegro ha de limitarse al 60% de su importe. El TS confirma que el servicio público de salud debe reintegrar a la Mutua el 100% del gasto farmacéutico asumido por la misma. Sin deducir el porcentaje de la aportación del 10% o 40% que corresponda al beneficiario. Sin perjuicio de reclamarle ulteriormente su abono. Aplica, sin citarla, la doctrina de STS 950/2023, de 7 de noviembre (rcud. 5141/2022), sin perjuicio de la STS 165/2023, de 23 de febrero (rcud. 4738/2019) que para gastos de transporte sanitario deniega el reintegro en situación jurídica contraria o distinta,
Resumen: La demandante tenía reconocida prestación contributiva por desempleo para el periodo 01/07/2021 al 30/02/2022. Tras visita de inspección de 28 de octubre de 2021 a una empresa se levantó Acta manifestando que la demandante era trabajadora por cuenta y bajo dependencia de la empresa referenciada, imponiéndose a la trabajadora sanción de extinción desde el 28/10/2021 y el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, por falta muy grave de compatibilizar el percibo de prestaciones por desempleo con el trabajo por cuenta ajena. No hay hechos que acrediten las alegaciones de la demandante desconocer que seguía dada de alta en la prestación por desempleo y que la empresa no había tramitado el alta en Seguridad Social, y su otra alegación de para que la falta se califique como grave no es admisible porque los hechos imputados y concurrentes describen que se vino percibiendo prestación de desempleo al mismo tiempo que se trabajaba por cuenta ajena, supuesto de hecho de la infracción muy grave sancionada.
Resumen: La cuestión suscitada se centra en determinar si tiene derecho a la pensión de viudedad una pareja de hecho que convivía como tal sin haber documentado públicamente o inscrito esa unión en los registros de pareja de hecho. Se discute si, a efectos de reconocer la prestación de viudedad, puede acreditarse la constitución de la pareja de hecho por cualquier medio admitido en derecho, o exclusivamente por los medios previstos en el art. 221.2 de la LGSS. El TS, reiterado doctrina, declara que se argumenta que el art. 221.2 LGSS exigen dos requisitos simultáneos: convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años y publicidad de la situación de convivencia more uxorio, con antelación mínima de dos años al fallecimiento en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia o constancia de su constitución como pareja en documento público. Los dos mandatos legales van referidos a una exigencia material de convivencia como estable pareja de hecho (mínimo cinco años); y formal de verificación de su constitución dotada de «análoga relación de afectividad a la conyugal», con dos años de antelación al hecho causante. La Sala ha sostenido al respecto la falta de validez como medio de prueba de otros documentos: tarjeta sanitaria, certificado de empadronamiento, Libro de Familia, etc., sin que exista exigencia legal de seguir la jurisprudencia de otro orden jurisdiccional. Estima el recurso del INSS.
