Resumen: CONTRATAS y SUBCONTRATAS: una Comunidad de propietarios que actúa como empresa principal responde de las deudas de la empresa contratada por aquella para atender los servicios de conserjería de esa Comunidad. Tanto la sentencia del Juzgado como la de la Sala de suplicación absolvieron a la Comunidad. Ahora, esta sentencia unificadora, estima el recurso del trabajador, y condena a la referida Comunidad de propietarios.
Resumen: INCAPACIDAD PERMANENTE:el rechazo a someterse a una intervención quirúrgica no puede ser la causa que impida el acceso a una Gran Invalidez cuando el trabajador presenta reducciones funcionales graves de incierta recuperación. La razón no es otra que la obligatoriedad impuesta por el INSS como requisito para poder lucrar esa prestación es contraria al derecho a la integridad física y moral, además, de que no es legal, a tenor de la dicción del art. 193.1 TRLGSS, que señala que -no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta-, lo que permite que puede negarse a ello, y la voluntad así manifestada no puede ser un obstáculo que impida calificar el grado de incapacidad que reclama. En este caso, su gran dependencia de una tercera persona justifica el grado de invalidez que le fue denegada, por lo que se estima el recurso.
Resumen: INCONGRUENCIA OMISIVA: Seguridad Social. Rechazada la pretensión principal de incapacidad permanente total, no se pronuncia sobre la subsidiaria de incapacidad permanente parcial. Se estima el recurso de casación para la unificación de la doctrina y se anula la sentencia recurrida acordando la reposición de las actuaciones al momento anterior a dictarse dicha sentencia para que la Sala de procedencia, con absoluta libertad de criterio, proceda a dictar nueva sentencia en la que se resuelva sobre el pedimento subsidiario contenido en la demanda.
Resumen: La trabajadora prestó servicios como agente clasificador con sucesivos contratos temporales de interinidad y eventuales (22 en total) para CORREOS desde 2002, el último eventual iniciado en agosto de 2018 recogía como causa el absentismo en la empresa de 5.78%, en septiembre de 2018 se le comunicó la finalización por expiración del tiempo convenido, está embarazada desde mayo de 2018, en junio lo comunicó. Participó en dos pruebas sin superar el examen. Reclamó por despido. El JS desestimó, el TSJ confirmó la ruptura de la unidad del vínculo por mediar 93 días, examinó desde 2009 a 2018, los contratos eventuales indican como causa el absentismo no hay fraude. La Sala Cuarta estimó contradicción a fortiori, el absentismo de la empresa siempre superior al 5% es previsible al ausentarse por causas lícitas (IT, permisos, vacaciones) no es ajustado a derecho la cobertura temporal mediante el contrato eventual. Las ausencias se producen dentro del normal desarrollo del CT forman parte de la previsión organizativa, la situación es estructural, también lo es el incremento del tráfico en épocas del año. Los periodos de descansos, vacaciones, suspensiones que conforman un determinado nivel de absentismo es incompatible con la causalidad de la temporalidad del art. 15 ET. Aplica cláusula 5ª Directiva 199/70. Se reitera sistemáticamente no existe situación coyuntural utilizando contratos temporales sucesivos durante tan largo periodo. El despido es nulo y la trabajadora readmitida INF.
Resumen: El vendedor padecía distrofia retiniana pigmentaria al incorporarse a la ONCE, solicitó en 2016 IP denegada por el INSS. El JS reconoce la IP en grado de GI por presentar un cuadro clínico más agravado que en 2012, ahora no percibe luz por amaurosis en los dos ojos y necesita ayuda de tercera persona. El TSJ revoca niega que el retraso en el pago pudiera justificar inadmisión del recurso habiéndose realizado pago retroactivo, considera que las dolencias iniciales no se han agravado. La Sala IV sobre la cuestión previa por indebida admisión a trámite en suplicación por retraso en el pago de la pensión, al no haberse planteado como motivo, ni identificado sentencia contradictoria, en esas condiciones no es posible examinarlo desbordaría la competencia unificadora. Resuelve sobre el reconocimiento de la GI por ceguera legal, se remite a su jurisprudencia sobre quienes con anterioridad a la afiliación al Sistema son merecedoras ya de ayuda de tercera persona, las lesiones determinantes de la solicitud de GI son las mismas que las padecidas con anterioridad a la incorporación al mercado, la doctrina de la recurrida es la de la Sala, no concurren deficiencias novedosas no cabe hablar de agravación de las lesiones iniciales, mismo diagnóstico, misma causa de ceguera, la amaurosis estaba ya presente en 1987. Las sentencias no contienen doctrina contradictoria, las soluciones se proyectan sobre realidades heterogéneas, en la referencial la agravación era evidente, la misma en la SR.
Resumen: Se suscita por el INSS en materia de integración de lagunas para calcular la base reguladora de una prestación de incapacidad permanente cuando los períodos a integrar vienen precedidos de actividad en el sector agrario con el correspondiente encuadramiento en el REA o SEA. El art. 256 del TRLSS, sobre Acción protectora, dispone el derecho de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios a las prestaciones de la Seguridad Social en los términos y condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social, pero con la suerte de peculiaridades entre las que figura la coincidente con la del art. 6.6 de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social. El actor a lo largo de su carrera profesional cotizó un total de 2.921 días, 551 en el régimen especial agrario, y 2.370 en el régimen general, y permaneció de alta por última vez en el sistema especial agrario (inactivo) entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de enero de 2015, estando de alta en el régimen general al tiempo de la solicitud y del hecho causante de la IP. Consta probado que inició proceso de incapacidad temporal el 1 de abril de 2016, que se prolongó hasta el 27 de febrero de 2017, en el que se cursó alta con propuesta de incapacidad. Ese encuadramiento determinaba inexorablemente la cobertura del art. 197.4 TRLGSS en toda su dimensión.
Resumen: La beneficiaria tiene reconocida pensión de jubilación desde 2011, y derecho a percibir el complemento por mínimos. El INSS revisó de oficio la cuantía del complemento, regularizó su importe de 194,99€ a 92,67€, reclamando el reintegro de lo indebidamente percibito (511,60€). El JS estimó la demanda y fijo el tipo de cambio entre el peso y euros. El TSJ estimó el recurso del INSS, siendo recurrible aunque la cuantía sea inferior a 3.000€ por aplicación de la doctrina TS en materia de complemento, y declara que el tipo de cambio es otro. En cud. recurre el INSS para solicitar un factor de conversión de euro por peso argentino diferente. Indiscutido el derecho al complemento se debate la fórmula correcta del tipo de conversión. La sentencia de suplicación no refleja afectación general. Remite a su STS de 2/02/21 que declaró incompetencia funcional de la sala de suplicación. Aun no concurriendo las identidades de la contradicción correspondería examinar de oficio si la sentencia de instancia es recurrible en suplicación y se proyecta sobre la competencia del TS porque el rcud procede contra sentencias dictadas en suplicación. Resuelve que lo reclamado no es el derecho al percibo del complemento (cabe recurso si se cuestiona el derecho, por tener autonomía propia y diferenciada de la pensión) sino el importe de dicho complemento a mínimos, que en cómputo anual no alcanza los 3.000€. Debe estarse al importe cuando ya se reconoció, art. 192.3 y.4 LRJS.
Resumen: El actor estuvo en IT desde abril de 2016, fue prorrogada en abril de 2017 hasta el máximo de 6 meses, se resuelve no calificación de IP y por resolución de 26 de febrero de 2018 se deniega, la notificación se recibe el 22 de marzo de 2018. Reclama 1.9557,13€ de subsidio por IT entre la fecha de resolución y la de notificación. El JS desestimó, el TSJ inadmite la recurribilidad en suplicación por razón de la cuantía. La Sala Cuarta resuelve que la competencia funcional es cuestión de orden público, se debe conocer de oficio y no es exigible el requisito de la contradicción. Se remite a la jurisprudencia de las SSTS de 6 y 27 de abril de 2022, en el caso no está en juego el reconocimiento de una prestación de Seguridad Social (art. 191.3 c LRJS), ya reconocida, solo se está ante el alcance temporal del subsidio, siendo el objeto de la pretensión la fecha de efectos de su extinción. La notoriedad de la afectación general se produce por el elevado número de rcud interpuestos, suficientemente importante para activar la función unificadora del art. 191.3 b) LRJS y declara que la sentencia de instancia es recurrible en suplicación por el llevado nivel de litgiosidad de los que tiene constancia el TS que evidencian el carácter notorio de la afectación general. El debate se refiere a la fecha de abono del subsidio de IT. Se estima el recurso, anulando la sentencia del TSJ recurrida, repone las actuaciones al momento anterior a dictarla para que entre a conocer en suplicación.
Resumen: RCUD. Capitalización del desempleo por extranjero retornado. Sin reintegro de prestaciones indebidas. La persona que ostenta una nacionalidad extranjera(Ecuador), aunque esté casada con otra de nacionalidad española y amparada por el RD 2407/2007, tiene derecho a capitalizar la prestación por desempleo en las condiciones previstas por el RDL 4/2008 (retorno). El beneficiario de la prestación por desempleo aunque sea extranjero y posea los beneficios propios de su condición conyugal de una española la concede opciones o posibilidades adicionales, pero no le restringe las que son inherentes a su condición de persona extranjera. No hay discriminación por razón de matrimonio pues el mismo trato que a las personas casadas con persona de ciudadanía comunitaria se aplica a quien contrae matrimonio con ella, a su pareja de hecho, a los descendientes o a los ascendientes. Con el abono de esta modalidad de prestación se favorecerá la reinserción laboral y profesional en sus países de origen, se fortalecerá el desarrollo de estos países con el retorno de trabajadores con una cualificación y experiencia laboral enriquecida y formativa y permitirá reforzar la relación de nuestro país con los países de origen. (RDL 4/2018). Nuestra CE (art 41) y el canon interpretativo (art 53.3 CE) aconsejan esta solución.
Resumen: RCUD. Sanción por infracción grave en grado mínimo de la normativa de salud y seguridad laboral (2046€ por insuficiencia de iluminación en escaleras). Efectos vinculantes de la sentencia firme dictada en procedimiento de recargo de prestaciones; con los mismos hechos y elementos probatorios en ambos procedimientos judiciales, declara no probada la insuficiente iluminación (doctrina constitucional sobre efectos de cosa juzgada positiva STC 16/2008). La sentencia recurrida no contiene ninguna motivación de las razones por las que se aparta del criterio fijado en la anterior. Lo resuelto en la sentencia firme en materia de recargo de prestaciones es vinculante en el posterior procedimiento. Recurribilidad aún no exceder de 18.000€ por invocación de derechos fundamentales ante autoridad laboral. Las discrepancias sobre la valoración de la prueba exceden del ámbito del RCUD, pero el efecto de cosa juzgada se aprecia de oficio por ser cuestión de orden público procesal. Casa y anula la sentencia recurrida, no en orden a unificar la doctrina aplicada por las sentencias comparadas, sino a efectos de dar cumplimiento al mandato impuesto por el art. 222.4 LEC, en relación con los arts. 9.3 y 24.1 CE, y resolver la controversia de acuerdo con lo ya decidido en sentencia firme, para estimar el recurso de suplicación formulado por la empresa Telefónica, revocar la sentencia de instancia, estimar íntegramente la demanda y dejar sin efecto la resolución administrativa impugnada. Sin costas
