Resumen: La sentencia casa y anula la de suplicación para reconocer el derecho de la actora, enfermera en un servicio de emergencias sanitarias que presta servicios a turnos y nocturnos, a la prestación de riesgo durante la lactancia. Aplica la sentencia lo establecido en la STS (Pleno) 26-06-2018 (Rec. 1398/2016) y otras muchas, en que se determinó que tras la STJUE de 19-10-2017, Otero Ramos C-531/15, cuando la evaluación de riesgos no se hubiera llevado a cabo con arreglo a lo dispuesto en el art. 4.1 Directiva 92/95, que impone al empresario el deber de determinar los riesgos para la lactancia en atención a la situación de la trabajadora y del puesto de trabajo, se admitía la inversión de la carga de la prueba, ya que la falta de evaluación de dicho riesgos suponía un trato menos favorable para la mujer vinculado a la lactancia, y por lo tanto constituye discriminación por razón de sexo conforme al art. 2.2 c) Directiva 2006/54/CE. De este modo, la falta de precisa evaluación de riesgos específicos para la lactancia, no puede, por sí misma, privar a la trabajadora de la prestación cuando de dicha evaluación se puede deducir la existencia de riesgos para la lactancia. En relación con el sistema de trabajo a turnos y nocturno, considera la Sala que ello, en sí mismo, no supone un riesgo para la lactancia, aunque podría serlo en los supuestos en que no es posible garantizar la extracción de leche y su conservación
Resumen: La Sala de lo Social de la AN desestimó la demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por la FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la empresa ANA NAYA GARCÍA SL. y la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, en la que solicitaba que se declarase nula, o injustificada la medida adoptada por la empresa consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16/03/2020, mientras permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas respecto de la totalidad del personal afectado por la medida. La Sala IV desestima el recurso interpuesto por la FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO. Se aprecia incongruencia omisiva al no dar la SAN respuesta a la denuncia de infracción del art. 34 RD-L. 8/2020 (hecho tercero demanda), que resuelve por la Sala por tratarse de una cuestión meramente jurídica. Ante la indicación de la imposibilidad de aplicar la figura del silencio administrativo positivo si media la ausencia de un "requisito imprescindible", se resuelve por la Sala que la empresa cumplió con las exigencias del art. 22.2 del RD-L. 8/2020, por lo que nada impide que opere el silencio administrativo positivo. Se declara que el ERTE es compatible con el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrat
Resumen: Se presenta demanda solicitando el abono del subsidio de incapacidad temporal entre el 31 de mayo de 2017 (fecha en que se le deniega al actor la incapacidad permanente), y el 12 de junio de 2017 (fecha de notificación a la empresa de la resolución del INSS), con base reguladora diaria de 108,89 euros brutos. Por sentencia de instancia confirmada en suplicación se desestimó la demanda. La sentencia tras recordar que las cuestiones relativas a la competencia funcional son apreciables de oficio, sin que sea precisa la existencia de contradicción, declara la incompetencia funcional, y señala que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación por razón de la cuantía, puesto que lo que se reclaman son 13 días de prestación de IT que alcanza sólo 1.415, 57 euros, cantidad inferior a los 3.000 a que refiere el art. 191.2 g) y 192.3 LRJS. Considera igualmente, tras sistematizar la jurisprudencia sobre la cuestión, que no puede apreciarse la existencia de afectación general que no es notoria y ni siquiera ha sido alegada o probada en el proceso por ninguna de las partes.
Resumen: En la demanda rectora de las actuaciones la 2ª esposa del causante reclama el derecho a la percepción íntegra de la pensión de viudedad, dado que la 1ª esposa es beneficiaria de pensión de jubilación, incompatible con la pensión de viudedad que le fue reconocida en la prorrata correspondiente. Consta que la 1ª esposa optó por la pensión de viudedad. La sentencia de suplicación, con revocación de la de instancia, declaró el derecho dela 2ª esposa a percibir íntegra la pensión de viudedad. Recurre en casación unificadora el INSS alegando la incompatibilidad de la pensión de viudedad y la de jubilación. La sala IV, tras apreciar la existencia de contradicción entre sentencias, estima el recurso, interpretando la d.t. 13ª.2 de la LGSS 2015, que exige a los solicitantes de la pensión de viudedad que no tengan derecho a otra pensión pública. Se establece que el devengo de la pensión de jubilación implica que la perceptora deba optar entre dicha prestación y la de viudedad, pero no priva del derecho a la 1ª esposa a esta última prestación. Esto es, es incompatible la percepción simultánea de ambas prestaciones, pero ello no obsta al devengo de la de viudedad reclamada. Recurre también la 1ª esposa del causante, pero la Sala desestima el recurso por falta de contradicción entre sentencias. Por todo ello, se estima el recurso del INSS, confirmando la sentencia de instancia desestimatoria de la demanda formulada por la 2ª esposa en reclamación del importe íntegro de la prestación.
Resumen: Se estima el recurso de casación deducido por el INSS y se anula sentencia de suplicación que confirmó el reconocimiento del derecho de la actora la asistencia sanitaria. La actora, de nacionalidad rusa, tiene concedida tarjeta de residencia temporal por reagrupamiento familiar instado por su hija, de nacionalidad española. En el recurso de casación unificadora instado por el INSS se denuncia infracción del art. 2.1.b del RD 1192/2012. La sala IV, tras remitirse a la normativa aplicable en materia de asistencia sanitaria y de reagrupación familiar, centra la cuestión debatida en la determinación de la aplicabilidad o no del artículo 7 del RD 240/2007 a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles. A tales efectos, se citan varias sentencias de la Sala III del TS. Concluye la sala IV que la concesión de la tarjeta de residencia no supone el reconocimiento inmediato del derecho a la asistencia sanitaria, sino que debe darse los requisitos previstos en el citado art. 7, esto es, que el reagrupante disponga de recursos para no convertirse en una carga para la asistencia social en España y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado. Todo ello, a la luz de los principios de universalidad, financiación pública y sostenibilidad que rigen el sistema nacional de salud y sin que pueda invocarse desprotección del familiar reagrupado, pues debe tener cubierta la asistencia sanitaria por vía distinta a la pública.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en decidir si el demandante, quien percibe una renta activa de inserción, reconocida por la CAM, por importe de 532, 51 euros mensuales, cuyos beneficiarios son el actor, su esposa y cuatro hijos, debe considerarse como propia y exclusiva del demandante, en cuyo caso superaría el 75% del salario mínimo interprofesional, lo que le vetaría el acceso al subsidio de desempleo, o, por el contrario, debe considerarse únicamente la prestación básica de 375, 55 euros mensuales, sin computar los complementos adicionales por su esposa y sus hijos, en cuyo caso le correspondería el subsidio de desempleo. La sentencia recurrida estimó el recurso del beneficiario dejando sin efecto la resolución del SPEE que acordó revocar el reconocimiento del subsidio. Sin embargo, tal parecer no es compartido por el TS, porque de una interpretación coordinara de la Ley 15/2011 (art. 9.1), y del Reglamento aprobado por Decreto 126/2014 (art. 28.1) se concluye que el tope cuantitativo ingresos del 75 % SMI está referido en exclusiva al beneficiario solicitante y no está condicionado al número de miembros que integran la unidad familiar, debiendo computarse la totalidad de la renta activa de inserción reconocida por la CAM.
Resumen: Se cuestiona el derecho al reconocimiento a la asistencia sanitaria en España con cargo fondos públicos, a través del sistema nacional de Salud, siendo extranjera, nacional de un Estado no miembro de la Unión Europea que tiene autorización de residencia temporal en España por reagrupación familiar. Se denuncia la infracción del art. 2.1 b) del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos, en relación con el art. 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de la Salud y con las normas reguladoras de los requisitos necesarios para la concesión de permisos de residencia a extranjeros por reagrupación familiar. Reitera doctrina de la Sala IV en recursos los que se invocaba la misma resolución de contraste. Recordamos su doctrina en reciente pronunciamiento (10.12.2020, rcud 1881/2018). El derecho de reagrupación se establece haciéndolo depender de unas condiciones legales que deben cumplirse necesariamente para poder estar residiendo en España, figurando entre las mismas, en los casos que aquí interesa de familiares a cargo del ciudadano solicitante, que éste suscriba un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España del familiar, sin que en ningún caso la residencia de éste pueda generar una carga para la asistencia social.
Resumen: En la demanda reclama la actora el abono de10 días de subsidio por incapacidad temporal (importe de 398,45 euros). La Sala IV aborda, con carácter previo, la competencia funcional dado que no concurre cuantía suficiente. Al efecto y con remisión a anteriores resoluciones, sostiene que no consta en el presente litigio una afectación general ni ésta puede calificarse de notoria en relación con la materia planteada. Se trata de una mera reclamación de unos pocos días de prestación, para cuya resolución ha habido que interpretar la norma aplicable como ocurre en la práctica totalidad de los conflictos, pero sin que tal circunstancia determine, por si misma, la afectación general pues no están afectados gran número de trabajadores por la cuestión debatida en el litigio. Además, la cuantía litigiosa es inferior al límite legal, máxime cuando lo que se discute no es el derecho a percibir el subsidio por incapacidad temporal sino su eventual prolongación durante diez días más de lo que el INSS considera correcto. Se litiga a propósito del abono del subsidio de IT correspondiente al periodo que medió entre el alta médica, tras denegarse la situación de incapacidad permanente, y la notificación por la Entidad Gestora de su resolución, cuya traducción económica no llegaba al quantum exigido por el texto procesal para articular en su día el pertinente recurso de suplicación. En consecuencia la sentencia de instancia no era susceptible de recurso de suplicación.
Resumen: La cuestión a resolver es la de establecer la fecha en la que deben fijarse los efectos económicos derivados del procedimiento judicial de determinación de contingencia de la prestación de incapacidad temporal, reconocida en vía administrativa por enfermedad común y calificada como derivada de accidente de trabajo en el proceso judicial. Esto es, si han de retrotraerse la fecha del hecho causante y reconocimiento de la incapacidad temporal, o ha de ser la de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de determinación de contingencia. La Sala IV, tras admitir la recurribilidad de la sentencia y la competencia funcional, sostiene, en interpretación del art 53.1 LGSS y del art 6 RD 1430/06, y conforme a sentencia previa que, dado que el trabajador presenta la solicitud de determinación de la contingencia una vez transcurrido el plazo de tres meses desde el hecho causante, ello obliga a limitar los efectos económicos derivados del reconocimiento de esta pretensión a los tres meses anteriores a la fecha de dicha solicitud.
Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada consiste en determinar si procede o no recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia cuando, al margen de la cuantía litigiosa, lo que se discute es un complemento a mínimos en una pensión de jubilación. La sala de suplicación declaró de oficio la irrecurribilidad de la sentencia de instancia, porque el importe del complemento por mínimo controvertido en cómputo anual no alcanzaba la cuantía de 3.000 euros del art. 192.3 LRJS. Sin embargo, tal parecer no es compartido por la Sala Cuarta. Se funda esta decisión en doctrina previa (TS 13-12-2011, rec. 702/11), con arreglo a la cual, la especial naturaleza del complemento de mínimos constituye el fundamento principal en la medida en que se trata de prestaciones complementarias de SS que están dotadas de autonomía propia y diferenciada de la pensión principal, que se rigen por el cumplimiento de determinados requisitos específicos de los que depende el derecho a su percepción. Nos encontramos ante un proceso que versa sobre el "reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de la Seguridad Social", lo que da derecho al acceso a la suplicación con independencia de la cuantía económica. Asimismo, el principio pro actione, impone la interpretación de las normas procesales más favorables al acceso al recurso.
